Por mucho que el grupo mayoritario socialista se empeñe en publicitarlo, la Junta General se ha convertido en una institución en la práctica ingobernable, más allá de algún que otro debate de medio pelo. Algo más de un año con 'Mister Tranquilidad' al frente del Ejecutivo autonómico ha servido -eso sí, hay que ponerlo en su haber- para aprobar los presupuestos generales del ejercicio en curso. Pero no para mucho más, por muy bien que traten los protagonistas de vendérnoslo.
No hay que olvidar que Javier Fernández accedió a la Presidencia del Principado mediante un acuerdo no escrito con Izquierda Unida, que le apoyaría puntualmente asunto por asunto, y un pacto de legislatura con el solitario diputado de Unión, Progreso y Democracia, ostentador del voto llave necesario para alcanzar la mayoría absoluta. Pues bien, ahora mismo, una parte relevante -mediáticamente, la parte más relevante- de esos consensos está a punto de irse al traste por la constatación continuada de que las "mayorías necesarias" se cotizan muy por encima del discurso interesado de los dirigentes de turno.
Primero fue la reforma de la ley electoral, bandera de combate de los dos socios de gobierno de los socialistas, que no acaban de entender cómo el grupo mayoritario está dispuesto a quitarles la miel de los labios que antes les había acercado al no aceptar como suficiente la mágica cifra de 23 sufragios para reformar una normativa del calado de la ley electoral. Estatutariamente es suficiente ese número de apoyos, pero el PSOE no quiere seguir adelante con este proceso sabedor de que, de la misma manera que ahora se aprobaría, podría recibir otro vuelco dentro de un par de años, en función de la nueva composición que pudiera tener el Parlamento asturiano. Porque sabe que, pese a sus intentos, ni Foro Asturias ni el Partido Popular van a ayudarle en este conflicto. Por otra parte, seguir adelante e intentar nuevas negociaciones a cinco bandas lo único que le reportará será una ostensible pérdida de estabilidad en la gestión de la Administración autonómica y, por ende, el riesgo de enfrentarse a la aprobación de los presupuestos para 2014 en minoría o, lo que es lo mismo, perder esa batalla y enfrentarse a una prórroga de las cuentas del Principado. IU y UPyD ya se lo han dejado muy claro en los últimos días.
El segundo y más reciente revés para el Ejecutivo de Javier Fernández podría haber sido el rechazo del diputado Ignacio Prendes, hoy mismo, a la inicialmente pactada -eso parece, aunque alguno de los protagonistas lo niega- reforma del sistema de retribuciones de los señores diputados autonómicos, una reforma afrontada a la trágala tras el escándalo social desatado tras hacerse público que sus señorías cobraban dietas cuando no trabajaban y kilometrajes que no hacían, además de no tributar por estos conceptos, circunstancia no procedente de un error administrativo, sino de la normativa que ellos mismos aprobaron en su momento para retribuirse 'convenientemente'.
Primero, se desmarcó el partido de Francisco Álvarez-Cascos; le siguió el de Mercedes Fernández y hoy mismo lo hizo el 'multidiputado' magenta, quien tras un minucioso estudio de la letra pequeña del presunto acuerdo lo rechazó a causa de su desacuerdo con el hecho en sí de que se pague kilometraje a los parlamentarios.
De nada les ha valido a PSOE e IU, quienes estaban dispuestos a seguir adelante con su reforma nominal de conceptos y consideraciones para poder seguir cobrando lo mismo, atacar a sus adversarios, a los que tacha de inconsecuentes y les responsabiliza de un boicot. En todo caso, cabría recordar que durante varias legislaturas gobernaron conjuntamente y fue bajo su mandato cuando se establecieron las actuales retribuciones repudiadas por una aplastante mayoría de los asturianos, como hoy refleja un sondeo del diario 'La Nueva España'. No solamente durante todo este tiempo no se modificaron, sino que las cobrarón escrupulosamente sin hacerles ascos a estos 'sobres' legales.
Queda ahora la parte más importante. Y no es otra que convencer a la sociedad de que todo este reciente proceso no ha sido una cortina de humo para intentar un lavado de cara sin perder privilegios. El hecho de que la falta de un acuerdo haga que se mantengan el por ellos mismos considerado poco presentable sistema retributivo por el que se rigieron hasta ahora sitúa a todos -y digo absolutamene a todos, cada uno con su cuota parte de responsabilidad- bajo sospecha. Una sospecha que solamente podrían disipar si renunciasen desde ahora mismo a aquellas partidas de difícil justificación ética. Pero eso ya sabemos que no van a hacerlo.
martes, 30 de julio de 2013
lunes, 29 de julio de 2013
Jugar de farol
Ha pasado ya más de una semana desde que se destapara la caja de los truenos en el Ayuntamiento de Gijón. El detonante, la decisión de la alcaldesa de suspender, nada más iniciarse, el pleno convocado por la oposición (¿.....?) para tratar un tema de 'interés vital' para el municipio cuál es una ordenanza de subvenciones para la reforma de fachadas. Y eso solamente unos pocos días antes de otra sesión reglamentada, la conocida como debate sobre el estado del municipio, foro adecuado -parece- para plantear los 'desastres' de la gestión del gobierno monocolor que preside Carmen Moriyón.
Hacía falta un pretexto y valía cualquiera. En ello anda toda la oposición, cada cual por su lado, buscando que les salgan las cuentas en el objetivo común de lograr que el ejecutivo municipal no llegue 'vivo' a los comicios de dentro de algo menos de dos años. El pastel se reparte mejor entre dos (o entre tres) que con otro invitado incómodo a la mesa. No vaya a ser que el partido de Cascos vuelva a sacar un puñado abundante de concejales que le permitan tener opciones de seguir gobernando la villa.
En ello está el desconcertado Santiago Martínez Argüelles, que dos años después de la anterior cita con las urnas todavía sigue sin entender cómo pudo perder la alcaldía que su partido mantuvo desde las primeras elecciones democráticas de la transición. Su balance de este tiempo no gusta siquiera a los suyos y ya suenan tambores internos de guerra sobre el cartel que los socialistas podrían presentar en 2015. Lo de las primarias a dos euros sonaría a chiste malo si no fuera porque lo han puesto en negro sobre blanco.
En ello anda también Izquierda Unida, que ha sido muleta con alguna que otra 'pedrea' de los gobiernos socialistas locales y que no sabe como capitalizar la buena imagen que tuvo el relevo de 'Churruca' por Jorge Espina. Sus arengas tienen como destinataria la Agrupación Socialista gijonesa, que las escucha y las hace suyas, aunque no acaba de encontrar la pócima mágica para transformarlas en poder.
Y en ello anda también el Partido Popular, aunque en este caso la escenificación resulta mucho más complicada de vender. "¿Cómo vamos a dar la Alcaldía al PSOE? ¿Hemos perdido la cabeza?", aseguraba la presidenta de la gestora local de los populares -imagen animada de la ventrílocua 'Cherines'- después de que algunos concejalillos traviesos hubieran intentado relaciones inconfesables precisamente con los socialistas.
El Partido Popular de Mercedes Fernández tiene un grave problema desde hace tiempo y no acaba de hallar la forma de resolverlo. Su crecimiento pasa por el retroceso del partido de Cascos y tal afán se ha convertido en su meta; pero, claro, ¿cómo arrebatarle el poder municipal sin dárselo al enemigo reconocido? "Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio", parecen decirse 'Cherines' y su equipo.
En algún momento, a una mente preclara de las filas conservadoras se le ocurrió la idea de que la única forma de vender el derribo de Foro en Gijón era si el bastón de mando pasaba a sus manos. A fin de cuentas, ¿no es ese el objetivo de todos los partidos políticos, gobernar?
Fue entonces cuando apareció sobre el tapete de los conciliábulos a tres bandas el nombre del actual portavoz del PP en el Consistorio. "Habrá moción de censura si el candidato alternativo es Manuel Pecharromán". Y éste, que nunca lo vio tan gordo, se subió a la tribuna y elevó el tono -ese que nunca le habíamos visto- de las críticas a los casquistas. El otrora 'recadero' de Ovidio Sánchez, de infausto recuerdo; el submarino de la dirección regional en el perseguido equipo de Pilar Fernández Pardo; el hábil nadador, siempre, entre dos aguas, ya se veía de regidor, 'banda de honor' incluida.
Pero, claro, si el PP no puede dar la Alcaldía al PSOE, mucho menos concebible es la operación a la inversa. ¡Con cinco concejales! Y eso lo plantean los mismos que han basado su labor de desgaste a Moriyón y su equipo en ésta dispone sólo de nueve escaños. Los socialistas quieren derrocar al ejecutivo municipal, pero no a costa de hacerse el 'harakiri'. Todo ello sin contar con el tercero en discordia, IU, que encomendaría su alma al diablo (o a Francisco -el Papa, quiero decir, no FAC-) antes que aliarse con los populares ni para ir a 'apañar duros', como se decía antiguamente.
Al final, tras la algarada, cada uno volvió a su pupitre y se puso a haceren sus deberes. El farol no había colado. Para jugar con él hace falta tener mucho temple y esconder las intenciones tras lo que denominan cara de póquer. Y eso no lo tiene ninguno de los protagonistas de esta tremenda farsa.
Hacía falta un pretexto y valía cualquiera. En ello anda toda la oposición, cada cual por su lado, buscando que les salgan las cuentas en el objetivo común de lograr que el ejecutivo municipal no llegue 'vivo' a los comicios de dentro de algo menos de dos años. El pastel se reparte mejor entre dos (o entre tres) que con otro invitado incómodo a la mesa. No vaya a ser que el partido de Cascos vuelva a sacar un puñado abundante de concejales que le permitan tener opciones de seguir gobernando la villa.
En ello está el desconcertado Santiago Martínez Argüelles, que dos años después de la anterior cita con las urnas todavía sigue sin entender cómo pudo perder la alcaldía que su partido mantuvo desde las primeras elecciones democráticas de la transición. Su balance de este tiempo no gusta siquiera a los suyos y ya suenan tambores internos de guerra sobre el cartel que los socialistas podrían presentar en 2015. Lo de las primarias a dos euros sonaría a chiste malo si no fuera porque lo han puesto en negro sobre blanco.
En ello anda también Izquierda Unida, que ha sido muleta con alguna que otra 'pedrea' de los gobiernos socialistas locales y que no sabe como capitalizar la buena imagen que tuvo el relevo de 'Churruca' por Jorge Espina. Sus arengas tienen como destinataria la Agrupación Socialista gijonesa, que las escucha y las hace suyas, aunque no acaba de encontrar la pócima mágica para transformarlas en poder.
Y en ello anda también el Partido Popular, aunque en este caso la escenificación resulta mucho más complicada de vender. "¿Cómo vamos a dar la Alcaldía al PSOE? ¿Hemos perdido la cabeza?", aseguraba la presidenta de la gestora local de los populares -imagen animada de la ventrílocua 'Cherines'- después de que algunos concejalillos traviesos hubieran intentado relaciones inconfesables precisamente con los socialistas.
El Partido Popular de Mercedes Fernández tiene un grave problema desde hace tiempo y no acaba de hallar la forma de resolverlo. Su crecimiento pasa por el retroceso del partido de Cascos y tal afán se ha convertido en su meta; pero, claro, ¿cómo arrebatarle el poder municipal sin dárselo al enemigo reconocido? "Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio", parecen decirse 'Cherines' y su equipo.
En algún momento, a una mente preclara de las filas conservadoras se le ocurrió la idea de que la única forma de vender el derribo de Foro en Gijón era si el bastón de mando pasaba a sus manos. A fin de cuentas, ¿no es ese el objetivo de todos los partidos políticos, gobernar?
Fue entonces cuando apareció sobre el tapete de los conciliábulos a tres bandas el nombre del actual portavoz del PP en el Consistorio. "Habrá moción de censura si el candidato alternativo es Manuel Pecharromán". Y éste, que nunca lo vio tan gordo, se subió a la tribuna y elevó el tono -ese que nunca le habíamos visto- de las críticas a los casquistas. El otrora 'recadero' de Ovidio Sánchez, de infausto recuerdo; el submarino de la dirección regional en el perseguido equipo de Pilar Fernández Pardo; el hábil nadador, siempre, entre dos aguas, ya se veía de regidor, 'banda de honor' incluida.
Pero, claro, si el PP no puede dar la Alcaldía al PSOE, mucho menos concebible es la operación a la inversa. ¡Con cinco concejales! Y eso lo plantean los mismos que han basado su labor de desgaste a Moriyón y su equipo en ésta dispone sólo de nueve escaños. Los socialistas quieren derrocar al ejecutivo municipal, pero no a costa de hacerse el 'harakiri'. Todo ello sin contar con el tercero en discordia, IU, que encomendaría su alma al diablo (o a Francisco -el Papa, quiero decir, no FAC-) antes que aliarse con los populares ni para ir a 'apañar duros', como se decía antiguamente.
Al final, tras la algarada, cada uno volvió a su pupitre y se puso a haceren sus deberes. El farol no había colado. Para jugar con él hace falta tener mucho temple y esconder las intenciones tras lo que denominan cara de póquer. Y eso no lo tiene ninguno de los protagonistas de esta tremenda farsa.
sábado, 27 de julio de 2013
Lecciones de filosofía
Revuelto anda estas semanas el Parlamento asturiano empeñado en cerrar de alguna manera los deberes extraordinarios que esta legislatura les ha impuesto como consecuencia de la complicada composición reflejo de los últimos comicios autonómicos. Otros años, por estas fechas, sus señorías estaban de vacaciones pagadas 'descansando' de su intenso trabajo del curso ordinario. Al menos en esto si se aprecia un acomodo a los tiempos que corren. Estas última sesiones de la Junta General harán que cobren por trabajar y no por 'folgar'.
Otra cosa bien distinta es el escandaloso método que los grupos parlamentarios han encontrado para justificarse y seguir siendo generosamente remunerados sin tener que renunciar a sus privilegios adquiridos. Alardean los firmantes del pre-acuerdo de que el mismo pone fin a los impresentables estatus actuales según los cuales sus señorías cobran siempre, trabajen o no trabajen; reciben dinero por kilometrajes que no hacen, y no tributan a Hacienda por alguno de los conceptos que engorda el bruto de sus pecunios públicos. Era una imagen difícil de sostener ante la sociedad asturiana y un riesgo para su integridad física cuando se proponían cumplir con sus presuntas funciones por aldeas y 'caleyes' de esta nuestra Asturias.
Se han tomado tiempo para encontrar la fórmula de suavizar esa imagen sin que ello comporte una pérdida del 'salario' que se 'ganan' con su trabajo. Y para ello han encontrado un camino la mar de sencillo, el de empezar a resolver un problema por el final, a partir de la solución que queremos que refleje la operación. Si nadie lo remedia, los diputados pasarán a cobrer sueldos brutos equivalentes a los de consejeros o directores generales en los que se subsumen aquellas cantidades de difícil defensa a las que me refería antes.
Como decía, les ha llevado tiempo a los grupos parlamentarios el 'lifting' de dignidad necesario para salvar la cara y, de paso, sus carteras. Cambiar algo para que todo siga igual. Esto es, en definitiva, el resultado buscado y, al parecer, logrado.
Ocurre que no hace falta ser demasiado listo para atisbar el engaño y por eso, una vez alcanzado el consenso de 'supervivencia', ha llegado el momento de 'desmarcarse' de la patraña, incluso cuando, como Foro Asturias, se rechaza el cambio y se defiende el inmoral sistema actual, o como el Partido Popular, que recurre a la ausencia de unanimidad para desmarcarse a última hora del pre-acuerdo inicial. Tanto desacuerdo se diluirá seguramente en el momento en que la mayoría suficiente restante acuerde la nueva fórmula y ésta se haga efectiva. También habrá que saber, es verdad, si al diputado de Unión, Progreso y Democracia le salen los números que dice estar haciendo para comprobar lo que llama la letra pequeña del acuerdo, con cuya 'filosofía' dice estar de acuerdo. Seguro que las cuentas le cuadran.
En definitiva, la 'filosofía' la ha resumido, quizá sin quererlo, el inafable portavoz socialista, quien ha asegurado que la aplicación del presumible acuerdo respeta la partida presupuestaria destinada a tal fin. Lo que parece querer decir Fernando Lastra es que sus señorías no van a costarnos mas a partir de ahora. Lo que ocurre es que lo que piensa una mayoría de asturianos es que todo este trasiego de reuniones debería haberse enfocado para que nos costasen menos no para seguir igual que antes aunque hayamos cambiado la denominación. Si estamos en tiempos de recortes, los que ellos mismos nos solitan, o nos imponen por la brava, a diario, que empiecen por ellos mismos. Y los apaños de sus 'nóminas' no responden a esa 'filosofía'.
Otra cosa bien distinta es el escandaloso método que los grupos parlamentarios han encontrado para justificarse y seguir siendo generosamente remunerados sin tener que renunciar a sus privilegios adquiridos. Alardean los firmantes del pre-acuerdo de que el mismo pone fin a los impresentables estatus actuales según los cuales sus señorías cobran siempre, trabajen o no trabajen; reciben dinero por kilometrajes que no hacen, y no tributan a Hacienda por alguno de los conceptos que engorda el bruto de sus pecunios públicos. Era una imagen difícil de sostener ante la sociedad asturiana y un riesgo para su integridad física cuando se proponían cumplir con sus presuntas funciones por aldeas y 'caleyes' de esta nuestra Asturias.
Se han tomado tiempo para encontrar la fórmula de suavizar esa imagen sin que ello comporte una pérdida del 'salario' que se 'ganan' con su trabajo. Y para ello han encontrado un camino la mar de sencillo, el de empezar a resolver un problema por el final, a partir de la solución que queremos que refleje la operación. Si nadie lo remedia, los diputados pasarán a cobrer sueldos brutos equivalentes a los de consejeros o directores generales en los que se subsumen aquellas cantidades de difícil defensa a las que me refería antes.
Como decía, les ha llevado tiempo a los grupos parlamentarios el 'lifting' de dignidad necesario para salvar la cara y, de paso, sus carteras. Cambiar algo para que todo siga igual. Esto es, en definitiva, el resultado buscado y, al parecer, logrado.
Ocurre que no hace falta ser demasiado listo para atisbar el engaño y por eso, una vez alcanzado el consenso de 'supervivencia', ha llegado el momento de 'desmarcarse' de la patraña, incluso cuando, como Foro Asturias, se rechaza el cambio y se defiende el inmoral sistema actual, o como el Partido Popular, que recurre a la ausencia de unanimidad para desmarcarse a última hora del pre-acuerdo inicial. Tanto desacuerdo se diluirá seguramente en el momento en que la mayoría suficiente restante acuerde la nueva fórmula y ésta se haga efectiva. También habrá que saber, es verdad, si al diputado de Unión, Progreso y Democracia le salen los números que dice estar haciendo para comprobar lo que llama la letra pequeña del acuerdo, con cuya 'filosofía' dice estar de acuerdo. Seguro que las cuentas le cuadran.
En definitiva, la 'filosofía' la ha resumido, quizá sin quererlo, el inafable portavoz socialista, quien ha asegurado que la aplicación del presumible acuerdo respeta la partida presupuestaria destinada a tal fin. Lo que parece querer decir Fernando Lastra es que sus señorías no van a costarnos mas a partir de ahora. Lo que ocurre es que lo que piensa una mayoría de asturianos es que todo este trasiego de reuniones debería haberse enfocado para que nos costasen menos no para seguir igual que antes aunque hayamos cambiado la denominación. Si estamos en tiempos de recortes, los que ellos mismos nos solitan, o nos imponen por la brava, a diario, que empiecen por ellos mismos. Y los apaños de sus 'nóminas' no responden a esa 'filosofía'.
miércoles, 24 de julio de 2013
Las cosas por su nombre
Nadie que se asome de vez en cuando a esta mi humilde ventana puede tener dudas de mi consideración a propósito de la figura y actividades del 'multidiputado' de Unión, Progreso y Democracia en la Junta General del Principado. Puede decirse que, con el respeto debido a todo responsable político, nunca de mi teclado han salido términos complacientes sobre el papel que desde su aparición en la vida pública ha desarrollado Ignacio Prendes.
Sin embargo, tengo que reconocer ahora, tras haber leído la entrevista publicada hoy mismo por 'El Comercio', que el abogado gijonés, en esas precisas declaraciones, ha dicho muchas cosas de forma más clara e inteligible para la ciudadanía que todo un voluminosos dictamen resultante de cientos de horas de reuniones. Y es que esa clarificación se estaba ya haciendo necesaria después del aluvión de críticas y contracríticas que se han producido desde que la comisión especial de 'investigación' del Parlamento asturiano encargada de 'clarificar' el llamado 'caso Renedo' cerrara días atrás sus conclusiones.
Y más que por ser el presidente de dicha comisión, el discurso de Prendes cobra entidad propia frente a las cataratas de palabrería partidista que han utilizado las fuerzas políticas 'tradicionales' por su sencillez y sinceridad. ¿Ventajas de la bisoñez? Es posible.
Dice el diputado del partido magenta que "no puede ser que todo lo que no sea delito esté permitido". Y tiene mucha razón. Desgraciadamente, un entramado legal como el español permite que cada día nos estemos percatando de que numerosas autoridades y cargos públicos se libran de una acusación porque su actuación -a todas luces atentatoria contra la mínima ética social- no incurre en los supuestos del Código Penal. Justo lo contrario de lo que estamos viendo en otras latitudes, donde ministros y altos cargos se ven obligados a renunciar a causa de 'negligencias' que, en el lenguaje de nuestro país serían 'pecadillos' sin importancia.
Acierta también el diputado de UPyD cuando esquiva con elegancia las acusaciones contra esa misma comisión que él ha presidido del ex presidente del Principado Vicente Álvarez Areces. "Juicio paralelo", "trapicheo de votos", incluso la palabra "fraude", no son expresiones de recibo de quien ha ocupado las más altas responsabilidades en la Administración regional. Y todo porque en el dictamen final se le hace responsable político de la trama de corrupción que implica a algunas de sus personas de su máxima confianza. Faltaría más. "Esto va más allá de una funcionaria que engañó a sus superiores", asegura con buen tino Prendes, quien también desmonta el argumento arecista de que fueron sus gobiernos los que destaparon la trama, algo que él desmiente categóricamente, recordando que fue una particular la que alertó de la misma y, luego, el Ejecutivo autonómico se vio obligado a dejarse llevar por la corriente, tras comprobar que no había otras salidas.
También es destacable el hecho de que el diputado magenta ponga el acento en el caso de la Consejería de Educación, con 400.000 euros supuestamente destinados a un centro escolar que nunca llegó a verlos y de los que nunca se supo dónde fueron a parar. Por ello, señala al mismo Areces, que proclama su fervor por lo público pero nunca hizo nada por desvelar ese fraude contra la educación cometido en el Principado bajo su mandato.
En fin, podría seguir porque a los buenos planteamientos realizados en la entrevista por mi ex compañero Ramón Muñiz ha respondido con inusitada trasparencia Ignacio Prendes. Sus palabras son mucho mejor resumen clarificador que cualquier tipo de dictamen. Ahora falta que estos planteamientos puedan desarrollarse al llegar al Pleno de la Junta General, donde unos buscarán ampliar "la cacería" y otros intentarán avivar la "cortina de humo".
Sin embargo, tengo que reconocer ahora, tras haber leído la entrevista publicada hoy mismo por 'El Comercio', que el abogado gijonés, en esas precisas declaraciones, ha dicho muchas cosas de forma más clara e inteligible para la ciudadanía que todo un voluminosos dictamen resultante de cientos de horas de reuniones. Y es que esa clarificación se estaba ya haciendo necesaria después del aluvión de críticas y contracríticas que se han producido desde que la comisión especial de 'investigación' del Parlamento asturiano encargada de 'clarificar' el llamado 'caso Renedo' cerrara días atrás sus conclusiones.
Y más que por ser el presidente de dicha comisión, el discurso de Prendes cobra entidad propia frente a las cataratas de palabrería partidista que han utilizado las fuerzas políticas 'tradicionales' por su sencillez y sinceridad. ¿Ventajas de la bisoñez? Es posible.
Dice el diputado del partido magenta que "no puede ser que todo lo que no sea delito esté permitido". Y tiene mucha razón. Desgraciadamente, un entramado legal como el español permite que cada día nos estemos percatando de que numerosas autoridades y cargos públicos se libran de una acusación porque su actuación -a todas luces atentatoria contra la mínima ética social- no incurre en los supuestos del Código Penal. Justo lo contrario de lo que estamos viendo en otras latitudes, donde ministros y altos cargos se ven obligados a renunciar a causa de 'negligencias' que, en el lenguaje de nuestro país serían 'pecadillos' sin importancia.
Acierta también el diputado de UPyD cuando esquiva con elegancia las acusaciones contra esa misma comisión que él ha presidido del ex presidente del Principado Vicente Álvarez Areces. "Juicio paralelo", "trapicheo de votos", incluso la palabra "fraude", no son expresiones de recibo de quien ha ocupado las más altas responsabilidades en la Administración regional. Y todo porque en el dictamen final se le hace responsable político de la trama de corrupción que implica a algunas de sus personas de su máxima confianza. Faltaría más. "Esto va más allá de una funcionaria que engañó a sus superiores", asegura con buen tino Prendes, quien también desmonta el argumento arecista de que fueron sus gobiernos los que destaparon la trama, algo que él desmiente categóricamente, recordando que fue una particular la que alertó de la misma y, luego, el Ejecutivo autonómico se vio obligado a dejarse llevar por la corriente, tras comprobar que no había otras salidas.
También es destacable el hecho de que el diputado magenta ponga el acento en el caso de la Consejería de Educación, con 400.000 euros supuestamente destinados a un centro escolar que nunca llegó a verlos y de los que nunca se supo dónde fueron a parar. Por ello, señala al mismo Areces, que proclama su fervor por lo público pero nunca hizo nada por desvelar ese fraude contra la educación cometido en el Principado bajo su mandato.
En fin, podría seguir porque a los buenos planteamientos realizados en la entrevista por mi ex compañero Ramón Muñiz ha respondido con inusitada trasparencia Ignacio Prendes. Sus palabras son mucho mejor resumen clarificador que cualquier tipo de dictamen. Ahora falta que estos planteamientos puedan desarrollarse al llegar al Pleno de la Junta General, donde unos buscarán ampliar "la cacería" y otros intentarán avivar la "cortina de humo".
viernes, 19 de julio de 2013
Mejor callado
La comisión parlamentaria especial de la Junta General del Principado encargada de 'investigar' el llamado 'Caso Renedo', o 'Caso Marea', o 'Caso Riopedre', o como se quiera llamar, finalizó hoy la elaboración del dictamen que elevará al Pleno de la Cámara y que éste abordará en una sesión que previsiblemente se celebre la semana próxima. Y lo hizo con un resultado que, del desarrollo de sus numerosas y largas reuniones, era de prever: la exigencia de responsabilidades políticas al que fuera mandatario de la comunidad autónoma en los tiempos en que se produjeron las presuntas actividades delictivas de sus equipos. De nada le valió a su partido intentar por todos los medios evitar esta 'reprobación' de su actual senador, algo que, opiniones aparte, a nadie puede haberle sorprendido.
Conocida esta decisión, ha sido el propio Vicente Álvarez Areces quien ha salido al paso con unas acusaciones impropias de quien ha tenido la máxima responsabilidad autonómica durante doce años. Lo ha hecho descalificando a la propia comisión, a la que acusa de llegar a conclusiones "predeterminadas" mediante la fórmula de la "manipulación política", y al cargar contra todos los partidos que han apoyado esa exigencia de responsabilidades, consciente o inconscientemente, no salva a su propio partido -el único que se ha opuesto al dictamen- al mencionar que sus conclusiones son "un simple trueque de votos y de conveniencias donde meten a unos y sacan a otros". No parecen nada elegantes estas manifestaciones, aunque tampoco cabía esperar que Areces iba a aceptar cargar con una parte del mochuelo, aunque fuera mínima.
Como tantas otras veces, el ex presidente socialista hubiera estado mucho mejor callado, aunque nunca lo haga. A fin de cuentas, las famosas responsabilidades políticas que la comisión le atribuye no pasan de ser un mínimo formulismo, una 'reprobación' que, si no tiene efecto alguno cuando los políticos están en activo, mucho menos ahora que ya ha dejado la primera línea para instalarse en ese 'cementerio para elefantes' que es el Senado. Las críticas de la oposición no son, en definitiva, más que "voces en castañeu", como diría un viejo compañero ya fallecido, que, una vez superado el debate de la semana que viene, probablemente caerá en el olvido, cumplida la misión de contentar a Unión, Progreso y Democracia en sus condiciones para apoyar hace algo más de un año la investidura del también socialista Javier Fernández.
'Tini' Areces no ha podido evitar en su larga carrera política ser siempre el ombligo del universo, aunque éste sea tan nimio como una pequeña autonomía de un millón de habitantes. Ser protagonista incuestionable se convirtió en una seña de identidad de sus diferentes mandatos. Por eso la designación para ocupar un escaño en el Senado nunca le sentó nada bien, algo que no se molestó demasiado en disimular. En esta oscura etapa se ha esforzado por mantenerse de actualidad a base de una copiosa producción de artículos de opinión, la aparición en la primera mesa presidencial que no le negara un asiento y cosas por el estilo. Eso sí, siempre ha mirado para otro lado y silbado cuando sobre el tapete estaba la presunta corrupción practicada por algunos de sus más directos colaboradores. Ahora 'le han tocado el alma' y ha sentido la necesidad de saltar y poner en entredicho una práctica aplicada con naturalidad durante su gestión, la búsqueda de responsabilidades políticas, que no judiciales. Lo dicho, mejor estaba callado.
Conocida esta decisión, ha sido el propio Vicente Álvarez Areces quien ha salido al paso con unas acusaciones impropias de quien ha tenido la máxima responsabilidad autonómica durante doce años. Lo ha hecho descalificando a la propia comisión, a la que acusa de llegar a conclusiones "predeterminadas" mediante la fórmula de la "manipulación política", y al cargar contra todos los partidos que han apoyado esa exigencia de responsabilidades, consciente o inconscientemente, no salva a su propio partido -el único que se ha opuesto al dictamen- al mencionar que sus conclusiones son "un simple trueque de votos y de conveniencias donde meten a unos y sacan a otros". No parecen nada elegantes estas manifestaciones, aunque tampoco cabía esperar que Areces iba a aceptar cargar con una parte del mochuelo, aunque fuera mínima.
Como tantas otras veces, el ex presidente socialista hubiera estado mucho mejor callado, aunque nunca lo haga. A fin de cuentas, las famosas responsabilidades políticas que la comisión le atribuye no pasan de ser un mínimo formulismo, una 'reprobación' que, si no tiene efecto alguno cuando los políticos están en activo, mucho menos ahora que ya ha dejado la primera línea para instalarse en ese 'cementerio para elefantes' que es el Senado. Las críticas de la oposición no son, en definitiva, más que "voces en castañeu", como diría un viejo compañero ya fallecido, que, una vez superado el debate de la semana que viene, probablemente caerá en el olvido, cumplida la misión de contentar a Unión, Progreso y Democracia en sus condiciones para apoyar hace algo más de un año la investidura del también socialista Javier Fernández.
'Tini' Areces no ha podido evitar en su larga carrera política ser siempre el ombligo del universo, aunque éste sea tan nimio como una pequeña autonomía de un millón de habitantes. Ser protagonista incuestionable se convirtió en una seña de identidad de sus diferentes mandatos. Por eso la designación para ocupar un escaño en el Senado nunca le sentó nada bien, algo que no se molestó demasiado en disimular. En esta oscura etapa se ha esforzado por mantenerse de actualidad a base de una copiosa producción de artículos de opinión, la aparición en la primera mesa presidencial que no le negara un asiento y cosas por el estilo. Eso sí, siempre ha mirado para otro lado y silbado cuando sobre el tapete estaba la presunta corrupción practicada por algunos de sus más directos colaboradores. Ahora 'le han tocado el alma' y ha sentido la necesidad de saltar y poner en entredicho una práctica aplicada con naturalidad durante su gestión, la búsqueda de responsabilidades políticas, que no judiciales. Lo dicho, mejor estaba callado.
jueves, 18 de julio de 2013
Censura
Rajoy acudirá al Parlamento "cuando la mayoría de la Cámara lo decida". Con estas palabras ponía hoy sobre el tapete el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, las condiciones que van a primar en la general exigencia del resto de los grupos parlamentarios de que el presidente del Gobierno comparezca para hablar de los pormenores del 'caso Bárcenas'. Dicho de otra manera sería "cuando a nosotros nos dé la gana".
Si algo le queda en estos momentos al líder del Partido Popular en que apoyarse no es otra cosa que en su amplia mayoría parlamentaria y en la práctica seguridad de que, a pesar del alto grado de tensión que las confesiones a la prensa y al juez de su ex tesorero ha provocado internamente, sus apoyos son todavía muy consistentes y no le van a fallar.
Sin embargo, aun dentro de ese amplio margen de maniobra, en La Moncloa y en Génova son conscientes de que la situación ha llegado a un punto en el que resulta difícil sostener el equilibrio entre la constatación de muy serias irregularidades y la capacidad de la sociedad española para asimilarlas. Aceptar la moción de censura con la que amenaza el Partido Socialista sólo con el sustento de los votos parece demasiado riesgo incluso para este Partido Popular. Frente a quienes internamente han optado por sacar pecho y retar a toda la oposición a intentarlo, existe un grupo importante de dirigentes mucho más pragmáticos que, aun conscientes de que Alfredo Pérez Rubalcaba se la va a jugar con su propuesta reprobatoria, no ocultan su preocupación. Piensan que un debate a calzón quitado con todo el resto de los grupos apuntando a la línea de flotación del Gobierno ninguna ventaja podría reportarles y sí transmitir de nuevo la soledad de un partido acosado por las dudas y por el convencimiento social generalizado de que ha caído en la tentación del proceder corrupto.
Mariano Rajoy, en un nuevo alarde de su consustancial estilo retardador -paciencia lo llaman algunos- sigue debatiéndose entre la necesidad de no ceder al 'chantaje' ni a las exigencias que le vengan de sus enemigos y la obligación de dar, al menos, una explicación a los españoles ajena a los balbuceos y presuntas mentiras que han practicado en las últimas fechas tanto él como sus más íntimos colaboradores. Y en ello tiene trabajando a todo un equipo que trata de conjugar alguna forma de dar la cara que le permita salir medianamente airoso y sin un excesivo desgaste.
Son muchos los que le dicen desde dentro que tiene que hacerlo. También desde fuera. Y no sólo en España. La incertidumbre que sus silencios y huidas arrojan sobre el Estado no pasan desapercibidos para gobiernos y medios internacionales más influyentes. El cerco se estrecha y el político gallego sigue deshojando la margarita en una espiral en la que, si la mayoría que apoye una moción de censura en el Congreso de los Diputados tiene casi garantizado que no se va a conformar en estos momentos, sí que va creciendo en la sociedad día a día hasta el extremo de convertirse en clamor. Y si no, esperemos a ver cuándo se publica el próximo sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas que, seguramente ya se estará elaborando. Aun con 'cocina', es prácticamente seguro que ya se habrá convertido en una moción de censura mayoritaria.
Si algo le queda en estos momentos al líder del Partido Popular en que apoyarse no es otra cosa que en su amplia mayoría parlamentaria y en la práctica seguridad de que, a pesar del alto grado de tensión que las confesiones a la prensa y al juez de su ex tesorero ha provocado internamente, sus apoyos son todavía muy consistentes y no le van a fallar.
Sin embargo, aun dentro de ese amplio margen de maniobra, en La Moncloa y en Génova son conscientes de que la situación ha llegado a un punto en el que resulta difícil sostener el equilibrio entre la constatación de muy serias irregularidades y la capacidad de la sociedad española para asimilarlas. Aceptar la moción de censura con la que amenaza el Partido Socialista sólo con el sustento de los votos parece demasiado riesgo incluso para este Partido Popular. Frente a quienes internamente han optado por sacar pecho y retar a toda la oposición a intentarlo, existe un grupo importante de dirigentes mucho más pragmáticos que, aun conscientes de que Alfredo Pérez Rubalcaba se la va a jugar con su propuesta reprobatoria, no ocultan su preocupación. Piensan que un debate a calzón quitado con todo el resto de los grupos apuntando a la línea de flotación del Gobierno ninguna ventaja podría reportarles y sí transmitir de nuevo la soledad de un partido acosado por las dudas y por el convencimiento social generalizado de que ha caído en la tentación del proceder corrupto.
Mariano Rajoy, en un nuevo alarde de su consustancial estilo retardador -paciencia lo llaman algunos- sigue debatiéndose entre la necesidad de no ceder al 'chantaje' ni a las exigencias que le vengan de sus enemigos y la obligación de dar, al menos, una explicación a los españoles ajena a los balbuceos y presuntas mentiras que han practicado en las últimas fechas tanto él como sus más íntimos colaboradores. Y en ello tiene trabajando a todo un equipo que trata de conjugar alguna forma de dar la cara que le permita salir medianamente airoso y sin un excesivo desgaste.
Son muchos los que le dicen desde dentro que tiene que hacerlo. También desde fuera. Y no sólo en España. La incertidumbre que sus silencios y huidas arrojan sobre el Estado no pasan desapercibidos para gobiernos y medios internacionales más influyentes. El cerco se estrecha y el político gallego sigue deshojando la margarita en una espiral en la que, si la mayoría que apoye una moción de censura en el Congreso de los Diputados tiene casi garantizado que no se va a conformar en estos momentos, sí que va creciendo en la sociedad día a día hasta el extremo de convertirse en clamor. Y si no, esperemos a ver cuándo se publica el próximo sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas que, seguramente ya se estará elaborando. Aun con 'cocina', es prácticamente seguro que ya se habrá convertido en una moción de censura mayoritaria.
miércoles, 17 de julio de 2013
Federalismo
Federalismo es la palabra que se ha instalado estos días en el vocabulario más o menos corriente de la política española por mor de la necesidad del Partido Socialista Obrero Español y, sobre todo, de su secretario general de encontrar un camino por el que 'renovarse' o, lo que es lo mismo en el caso que nos ocupa, de evitar la permanente pérdida de apoyos entre la ciudadanía. Y ello en unos momentos en los que su principal oponente, el PP, se encuentra arrinconado por la corrupción y las malas prácticas sin cuento.
Federalismo parece ser la pócima mágica a la que Alfredo Pérez Rubalcaba ha recurrido después de comprobar que no le funciona la medicina tradicional; y para ello convocó el cónclave celebrado en Granada hace unos días, una reunión del Consejo Territorial de su partido en la que, tras ingerirla él mismo, hizo beber la 'purga' a todos sus barones territoriales y hacerles confesarse entusiastas seguidores del nuevo modelo de Estado recurrido para la ocasión por su líder.
Ahora, cual profetas de la nueva religión, los dirigentes socialistas han regresado a los distintos confines de la geografía nacional para predicar la buena nueva, aunque, eso sí, tapándose la nariz para evitar las nauseas que les produce la defensa de algo en lo que la mayoría no parece creer.
Y, para muestra, nada mejor que aquella que los asturianos tenemos más cerca, la del propio presidente del citado Consejo Territorial, Javier Fernández, quien en su intervención en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, afirmó sin empacho ayer que "no soy ningún entusiasta del federalismo; quiero un Estado solidario". Y no es que el actual presidente del Principado haya dicho nada nuevo del ideario que le conocemos. No. Al contrario. Ha ratificado lo que ha sido su pensamiento político desde que ocupa cargos de relevancia en la estructura jerárquicas de partido e institucionales.
Lo que tienen de clarificadoras sus palabras en el conjunto de la política actual española es la ratificación de una impresión generalizada en la ciudadanía de que, más que la fórmula adecuada para tratar de frenar el deterioro al que ha sometido al Estado español durante los últimos años la llamada clase política, la conversión federalista del PSOE en los momentos actuales responde más a una necesidad partidista que al convencimiento en una doctrina política.
La presencia de Javier Fernández en los cursos de Madrid no es sino un reflejo de lo que les está ocurriendo a multitud de compañeros, que han apelado a la disciplina impuesta desde la cúpula del partido para abrazar la nueva fe, aunque, como muchos de los antiguos sefarditas, lo hagan para 'salvar el culo' y no por convencimiento alguno. El presidente asturiano recitó en la capital el nuevo catecismo durante una hora aproximadamente, con disciplina castrense, como se le pide, pero no pudo evitar que las palabras le traicionasen en el coloquio posterior, dejando patente que el camino elegido por el PSOE en estos momentos responde exclusivamente a una estrategia en un intento de evitar seguir desangrándose en la consideración de la sociedad española.
Puestos a analizar las declaraciones de los distintos dirigentes socialistas desde la convocatoria de Granada se podría afirmar que solamente responden a una falta de convicción que alcanza también a su propio líder actual. Almunia no ha ofrecido tampoco en momento alguno una imagen de ser un convencido profesante de la doctrina federalista. Entre otras cosa, quizá porque, conversiones bíblicas aparte, tendría que haberse manifestado creyente durante sus muchos años en el Gobierno. Y no lo hizo.
Lo más lamentable es que podríamos estar ante la prostitución de una idea del Estado, de un sistema político consolidado en otros países y que se ha mostrado adecuado para su gobierno con la experiencia de décadas. Y eso no está bien.
Federalismo parece ser la pócima mágica a la que Alfredo Pérez Rubalcaba ha recurrido después de comprobar que no le funciona la medicina tradicional; y para ello convocó el cónclave celebrado en Granada hace unos días, una reunión del Consejo Territorial de su partido en la que, tras ingerirla él mismo, hizo beber la 'purga' a todos sus barones territoriales y hacerles confesarse entusiastas seguidores del nuevo modelo de Estado recurrido para la ocasión por su líder.
Ahora, cual profetas de la nueva religión, los dirigentes socialistas han regresado a los distintos confines de la geografía nacional para predicar la buena nueva, aunque, eso sí, tapándose la nariz para evitar las nauseas que les produce la defensa de algo en lo que la mayoría no parece creer.
Y, para muestra, nada mejor que aquella que los asturianos tenemos más cerca, la del propio presidente del citado Consejo Territorial, Javier Fernández, quien en su intervención en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, afirmó sin empacho ayer que "no soy ningún entusiasta del federalismo; quiero un Estado solidario". Y no es que el actual presidente del Principado haya dicho nada nuevo del ideario que le conocemos. No. Al contrario. Ha ratificado lo que ha sido su pensamiento político desde que ocupa cargos de relevancia en la estructura jerárquicas de partido e institucionales.
Lo que tienen de clarificadoras sus palabras en el conjunto de la política actual española es la ratificación de una impresión generalizada en la ciudadanía de que, más que la fórmula adecuada para tratar de frenar el deterioro al que ha sometido al Estado español durante los últimos años la llamada clase política, la conversión federalista del PSOE en los momentos actuales responde más a una necesidad partidista que al convencimiento en una doctrina política.
La presencia de Javier Fernández en los cursos de Madrid no es sino un reflejo de lo que les está ocurriendo a multitud de compañeros, que han apelado a la disciplina impuesta desde la cúpula del partido para abrazar la nueva fe, aunque, como muchos de los antiguos sefarditas, lo hagan para 'salvar el culo' y no por convencimiento alguno. El presidente asturiano recitó en la capital el nuevo catecismo durante una hora aproximadamente, con disciplina castrense, como se le pide, pero no pudo evitar que las palabras le traicionasen en el coloquio posterior, dejando patente que el camino elegido por el PSOE en estos momentos responde exclusivamente a una estrategia en un intento de evitar seguir desangrándose en la consideración de la sociedad española.
Puestos a analizar las declaraciones de los distintos dirigentes socialistas desde la convocatoria de Granada se podría afirmar que solamente responden a una falta de convicción que alcanza también a su propio líder actual. Almunia no ha ofrecido tampoco en momento alguno una imagen de ser un convencido profesante de la doctrina federalista. Entre otras cosa, quizá porque, conversiones bíblicas aparte, tendría que haberse manifestado creyente durante sus muchos años en el Gobierno. Y no lo hizo.
Lo más lamentable es que podríamos estar ante la prostitución de una idea del Estado, de un sistema político consolidado en otros países y que se ha mostrado adecuado para su gobierno con la experiencia de décadas. Y eso no está bien.
sábado, 13 de julio de 2013
Los 'paganos' de siempre
El Tribunal Constitucional ha decidido, con argumentos, autorizar al Principado de Asturias a reanudar la recaudación del tributo a la banca, de nueva creación en los presupuestos del ejercicio en curso, recaudación suspendida en febrero pasado a raíz de un recurso presentado semanas antes por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Por encima de los criterios políticos que motivaron la implantación de esa tasa y de sus recovecos de aplicación, la decisión del Ejecutivo del Partido Popular fue una reacción intempestiva ante lo que consideraban un riesgo de contagio al resto de las comunidades autónomas, especialmente de las que controlan sus barones regionales. Y ello a pesar de que Andalucía, Canarias y Extremadura ya lo estaban aplicando. En paralelo con la presentación del recurso ante el Alto Tribunal por parte del abogado del Estado, desde el Gobierno nacional se procedió a la implantación de un nuevo impuesto a los depósitos bancarios de ámbito nacional... a tipo cero, medida que nadie en su sano juicio fue capaz de explicar con razonamientos sólidos. Más bien, la decisión de Rajoy y su equipo refrendó la teoría de que todos sus esfuerzos iban encaminados a los mismos objetivos de frenar como fuera la tendencia autonómica a buscar recursos a través de tributos orientados hacia el mismo sector, un sector con el que la derecha española se muestra muy sensible.
Ahora, el TC ha devuelto a Asturias la potestad de cobrar el nuevo impuesto, ya que, al estar incluido dentro de la ley presupuestaria autonómica para 2013, no recaudarlo significaría "graves perjuicios para los intereses generales de la comunidad autónoma". Y sustenta su decisión en que "los intereses particulares, como son los del sector financiero, no podían prevalecer sobre los generales". Hasta aquí el estado de la cuestión a día de hoy. Una buena noticia para el Gobierno asturiano, que calcula recaudar unos 30 millones de euros este año con el nuevo tributo.
Sin embargo, la decisión del Tribunal Constitucional, que ha sido recibida con alborozó por el equipo de Javier Fernández, plantea de cara a un futuro inmediato, al menos, dos problemas dignos de ser tenidos en cuenta.
El primero deriva de que el auto del Alto Tribunal se refiere solamente, como queda dicho, a la reanudación del cobro suspendida en febrero pasado. Aclara, sin embargo, que no ha convalidado en modo alguno la constitucionalidad del impuesto asturiano, sobre la que tardará aún un tiempo en pronunciarse. Significa eso que, si en su momento, una vez entrado en el fondo del asunto, lo declarase ilegal, el Principado debería devolver el dinero recaudado. Una empresa que se antoja muy difícil en los tiempos que corren, donde el dinero público escasea y se muestra insufiente siempre para dedicarlo al verdadero objetivo de prestar los mejores servicios a la sociedad y no a engrosar los bolsillos de políticos corruptos. No me imagino la puesta en situación de un Ejecutivo autonómico, probablemente no el actual porque las cosas del TC van despacio, ante la hipotesis de tener la obligación de reembolsar a la banca un montón de millones.
El segundo posible contratiempo será el relativo a quién va a pagar en realidad ese tributo. La Administración regional, evidentemente, va a cobrárselo a las entidades financieras en relación con el volumen de sus depósitos, pero a nadie se le escapa que el sector bancario no es precisamente dado a 'soltar la mosca' por las buenas y ya ha amenazado con repercutirlo sobre los titulares de esos depósitos. Por el momento es sólo una amenaza pero con visos de credibilidad. Según parece existen usuarios que ya han recibido notificaciones al respecto. Y, si al final se cumplen los pronósticos más negros, resultará que el Principado de Asturias añadirá unos millones a sus depauperadas arcas, pero será un dinero que provendrá de los 'paganos' de siempre, de los ciudadanos de a pie.
Por encima de los criterios políticos que motivaron la implantación de esa tasa y de sus recovecos de aplicación, la decisión del Ejecutivo del Partido Popular fue una reacción intempestiva ante lo que consideraban un riesgo de contagio al resto de las comunidades autónomas, especialmente de las que controlan sus barones regionales. Y ello a pesar de que Andalucía, Canarias y Extremadura ya lo estaban aplicando. En paralelo con la presentación del recurso ante el Alto Tribunal por parte del abogado del Estado, desde el Gobierno nacional se procedió a la implantación de un nuevo impuesto a los depósitos bancarios de ámbito nacional... a tipo cero, medida que nadie en su sano juicio fue capaz de explicar con razonamientos sólidos. Más bien, la decisión de Rajoy y su equipo refrendó la teoría de que todos sus esfuerzos iban encaminados a los mismos objetivos de frenar como fuera la tendencia autonómica a buscar recursos a través de tributos orientados hacia el mismo sector, un sector con el que la derecha española se muestra muy sensible.
Ahora, el TC ha devuelto a Asturias la potestad de cobrar el nuevo impuesto, ya que, al estar incluido dentro de la ley presupuestaria autonómica para 2013, no recaudarlo significaría "graves perjuicios para los intereses generales de la comunidad autónoma". Y sustenta su decisión en que "los intereses particulares, como son los del sector financiero, no podían prevalecer sobre los generales". Hasta aquí el estado de la cuestión a día de hoy. Una buena noticia para el Gobierno asturiano, que calcula recaudar unos 30 millones de euros este año con el nuevo tributo.
Sin embargo, la decisión del Tribunal Constitucional, que ha sido recibida con alborozó por el equipo de Javier Fernández, plantea de cara a un futuro inmediato, al menos, dos problemas dignos de ser tenidos en cuenta.
El primero deriva de que el auto del Alto Tribunal se refiere solamente, como queda dicho, a la reanudación del cobro suspendida en febrero pasado. Aclara, sin embargo, que no ha convalidado en modo alguno la constitucionalidad del impuesto asturiano, sobre la que tardará aún un tiempo en pronunciarse. Significa eso que, si en su momento, una vez entrado en el fondo del asunto, lo declarase ilegal, el Principado debería devolver el dinero recaudado. Una empresa que se antoja muy difícil en los tiempos que corren, donde el dinero público escasea y se muestra insufiente siempre para dedicarlo al verdadero objetivo de prestar los mejores servicios a la sociedad y no a engrosar los bolsillos de políticos corruptos. No me imagino la puesta en situación de un Ejecutivo autonómico, probablemente no el actual porque las cosas del TC van despacio, ante la hipotesis de tener la obligación de reembolsar a la banca un montón de millones.
El segundo posible contratiempo será el relativo a quién va a pagar en realidad ese tributo. La Administración regional, evidentemente, va a cobrárselo a las entidades financieras en relación con el volumen de sus depósitos, pero a nadie se le escapa que el sector bancario no es precisamente dado a 'soltar la mosca' por las buenas y ya ha amenazado con repercutirlo sobre los titulares de esos depósitos. Por el momento es sólo una amenaza pero con visos de credibilidad. Según parece existen usuarios que ya han recibido notificaciones al respecto. Y, si al final se cumplen los pronósticos más negros, resultará que el Principado de Asturias añadirá unos millones a sus depauperadas arcas, pero será un dinero que provendrá de los 'paganos' de siempre, de los ciudadanos de a pie.
Mayorías y mayorías
La reunión que ayer celebró la comisión especial de la Junta General del Principado creada para afrontar la reforma de la ley electoral autonómica avanzó algunos pasos importantes en sus objetivos de lograr un principio de acuerdo sobre el futuro marco normativo para el reparto de escaños. Parece que el estigma para el acuerdo, el mantenimiento o la supresión de las tres circunscripciones, que enfrentaba al grupo mayoritario en el Gobierno, el PSOE, con sus dos socios de legislatura, IU y UPyD, se ha superado a base de una fórmula mixta por la que 35 de los 45 miembros del Parlamento regional se someterían al la actual triple demarcación territorial, mientras que los diez restantes saldrían de la aplicación de la Ley D´Hont a los votos sobrantes que hubieran obtenido las distintas fuerzas políticas, siempre que superasen un mínimo de un tres por ciento de los sufragios. Se solventaría así la disconformidad de los dos partidos minoritarios con el actual sistema al considerar que el nuevo marco mejoraría la representatividad real.
Se trata de un escollo importante que las tres fuerzas políticas que permitieron el acceso a la Presidencia del Principado de Javier Fernández han logrado sortear adelantando un buen trecho del camino para alcanzar un acuerdo definitivo. Ni que decir tiene que, con ser importante, no se puede considerar ni mucho menos un éxito definitivo. Falta por concretar cómo se reparten ahora los 35 escaños 'cerrados', el número mínimo a establecer por circunscripción y algún que otro detalle que no es precisamente baladí, aunque puedan aparentar contratiempos menores.
Lo que me ha sorprendido de la mayoría de las informaciones que he podido leer sobre la reunión de ayer es la incertidumbre que reflejan, a partir de las declaraciones de portavoces de unos y de otros, sobre la posibilidad de que los 23 votos de socialistas, comunistas y 'magentas' sean suficientes para sacar adelante la reforma electoral. Y me sorprende porque el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en su artículo 25.2, establece claramente que "Por ley del Principado, cuya aprobación y reforma requiere el voto de la mayoría absoluta de la Junta General, se fijará el número de miembros, entre treinta y cinco y cuarenta y cinco, sus causas de inelegibilidad e incompatibilidad y las demás circunstancias del procedimiento electoral". Parece evidente, pues, que esa mayoría raquítica, pero absoluta, que tienen los socialistas y sus socios sería suficiente legalmente para consolidar la reforma de la normativa electoral autonómica.
Distinta cuestión es la valoración sobre si esa exigua mayoría es institucionalmente suficiente para dar la vuelta a una ley del calado de la que se está debatiendo. Como alguien ha recordado estos días, todas las normas básicas en la todavía corta historia de nuestra autonomía han tenido una amplia base de consenso, algo en lo que, buenas palabras aparte, resulta difícil creer en las actuales circunstancias. La apelación del portavoz socialista, Fernando Lastra, a dejar cauces abiertos en el acuerdo con IU y UPyD para incorporar a las dos fuerzas políticas de la derecha en Asturias, más parece un recurso retórico bajo el que subyace que, al menos en este asunto, hubiera preferido entenderse precisamente con sus rivales de Foro y Partido Popular, con los que, dicho sea de paso, mantiene posiciones más coincidentes que con sus socios de gobierno.
Dejando a un lado los requisitos legales, la aparente eliminación de obstáculos en el camino para lograr la reforma electoral no invita aún a ser demasiado optimista, toda vez que los dos bloques en un 'casi empate técnico' no se nos antojan con aquel espíritu de acercamiento que presidió los primeros compases de la naciente autonomía. El Ejecutivo del Principado podrá sacar adelante el objetivo de cambiar el marco electoral para dar satisfacción a los dos grupos que, con el propio, le sostienen, pero dejará abierta la herida para que, como ha recordado un portavoz forista, la futura legislación pueda ser moneda de cambio en un futuro más o menos cercano, aquel en el que se pudiera configurar otra mayoría distinta con otros 23 votos diferentes. Y eso no sería bueno para la salud institucional.
Se trata de un escollo importante que las tres fuerzas políticas que permitieron el acceso a la Presidencia del Principado de Javier Fernández han logrado sortear adelantando un buen trecho del camino para alcanzar un acuerdo definitivo. Ni que decir tiene que, con ser importante, no se puede considerar ni mucho menos un éxito definitivo. Falta por concretar cómo se reparten ahora los 35 escaños 'cerrados', el número mínimo a establecer por circunscripción y algún que otro detalle que no es precisamente baladí, aunque puedan aparentar contratiempos menores.
Lo que me ha sorprendido de la mayoría de las informaciones que he podido leer sobre la reunión de ayer es la incertidumbre que reflejan, a partir de las declaraciones de portavoces de unos y de otros, sobre la posibilidad de que los 23 votos de socialistas, comunistas y 'magentas' sean suficientes para sacar adelante la reforma electoral. Y me sorprende porque el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en su artículo 25.2, establece claramente que "Por ley del Principado, cuya aprobación y reforma requiere el voto de la mayoría absoluta de la Junta General, se fijará el número de miembros, entre treinta y cinco y cuarenta y cinco, sus causas de inelegibilidad e incompatibilidad y las demás circunstancias del procedimiento electoral". Parece evidente, pues, que esa mayoría raquítica, pero absoluta, que tienen los socialistas y sus socios sería suficiente legalmente para consolidar la reforma de la normativa electoral autonómica.
Distinta cuestión es la valoración sobre si esa exigua mayoría es institucionalmente suficiente para dar la vuelta a una ley del calado de la que se está debatiendo. Como alguien ha recordado estos días, todas las normas básicas en la todavía corta historia de nuestra autonomía han tenido una amplia base de consenso, algo en lo que, buenas palabras aparte, resulta difícil creer en las actuales circunstancias. La apelación del portavoz socialista, Fernando Lastra, a dejar cauces abiertos en el acuerdo con IU y UPyD para incorporar a las dos fuerzas políticas de la derecha en Asturias, más parece un recurso retórico bajo el que subyace que, al menos en este asunto, hubiera preferido entenderse precisamente con sus rivales de Foro y Partido Popular, con los que, dicho sea de paso, mantiene posiciones más coincidentes que con sus socios de gobierno.
Dejando a un lado los requisitos legales, la aparente eliminación de obstáculos en el camino para lograr la reforma electoral no invita aún a ser demasiado optimista, toda vez que los dos bloques en un 'casi empate técnico' no se nos antojan con aquel espíritu de acercamiento que presidió los primeros compases de la naciente autonomía. El Ejecutivo del Principado podrá sacar adelante el objetivo de cambiar el marco electoral para dar satisfacción a los dos grupos que, con el propio, le sostienen, pero dejará abierta la herida para que, como ha recordado un portavoz forista, la futura legislación pueda ser moneda de cambio en un futuro más o menos cercano, aquel en el que se pudiera configurar otra mayoría distinta con otros 23 votos diferentes. Y eso no sería bueno para la salud institucional.
miércoles, 10 de julio de 2013
¿Partidos o sucursales?
El sistema político de partidos se encuentra en entredicho. Y no solamente por la proliferación creciente de casos de corrupción que señalan hoy a unos y mañana a otros. También por el propio funcionamiento interno, aunque en muchos casos ese un baldón que queda para uso interno, y, sobre todo, por la escasa, por no decir nula, representatividad que en el ejercicio de sus responsabilidades institucionales ejercen de la voluntad de aquellos que les votaron.
El último ejemplo de esta realidad se produjo ayer en el seno de la Corporación Municipal gijonesa, convertida, por mor de su configuración bien diferenciada de las de otras administraciones públicas de rango superior, en microcosmos identificatorio del escenario mencionado.
El intento por parte del Gobierno local de Foro de sacar adelante una declaración institucional para solicitar al Ejecutivo autonómico más recursos para afrontar un plan de empleo "acorde con las cifras del paro" que registra esta ciudad se encontró con la 'zancadilla' del grupo socialista, sin cuyo concurso dicho documento no ha podido salir adelante. Se trata de una ya larga guerra entre el equipo municipal de gobierno y la Administración que preside Javier Fernández. En el reparto que éste y su equipo hicieron para el presente ejercicio Gijón ha salido claramente perjudicado, algo que los socialistas no están dispuestos a corregir mientras en la villa se mantenga un 'reinado enemigo'. Cualquier oportunidad de frenar su gestión o menoscabar sus políticas se aprovecha como munición para un futuro electoral que ya no parece tan lejano. De nada sirvió que el edil responsable de Desarrollo Económico y Empleo inquiriera al portavoz socialista para que aclarara si cree que los fondos asignados son acordes con las necesidades de Gijón. El silencio fue la respuesta.
Idéntica suerte corrió otra propuesta de declaración institucional en favor de la llegada del AVE a Gijón, en esta ocasión 'vetada' por los ediles del Partido Popular, cuyo partido, de cuya competencia depende ese objetivo, gobierna con mayoría absoluta en Madrid. La iniciativa partió, en este caso también, de Foro Asturias.
Y como en este pequeño circo no puede faltar de nada, también se quedó en el camino una tercera declaración, en este caso impulsada por el PSOE, orientada a la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel. Obvio decir que también en este caso quienes impidieron que prosperase fueron los integrantes del grupo municipal popular, por idéntica razón a la anterior.
Ilustrativa resulta esta reunión de la junta de portavoces de cómo funciona la maquinaria de los partidos políticos cuando de las instituciones públicas hablamos. Especialmente si repasasemos lo que decían esos mismos representantes locales cuando idénticos problemas se abordaban en el pasado con ejecutivos nacionales de signo diferente.
De corolario puede considerarse el consenso alcanzado por los cuatro grupos municipales a la hora de dar vía libre a una última propuesta, ésta en defensa del sector naval. En este problema, en Madrid, Gobierno y oposición van de la mano; por lo tanto no hay consigna alguna. O sí, la de decir lo mismo que en la capital.
Sirva esta muestra puntual para resaltar cómo los representantes en instancias inferiores hacen de trinchera, hasta donde la legalidad les permite, para evitar cualquier tipo de molestia a sus gobiernos en las superiores. Y es entonces cuando aquellos que votamos nos preguntamos para qué lo hacemos si aquellos a quienes apoyamos no van a hacer otra cosa que aplicar con disciplina militar aquellas instrucciones que les llegan de Oviedo o de Madrid (o de Europa o de otras instancias de más dudosa legitimidad). Mientras las organizaciones territoriales o locales de los partidos se mantengan como simples sucursales de las cúpulas superiores nadie podrá creerse ya que las soflamas electorales apelando al voto para defender nuestros intereses tengan la mínima fiabilidad.
El último ejemplo de esta realidad se produjo ayer en el seno de la Corporación Municipal gijonesa, convertida, por mor de su configuración bien diferenciada de las de otras administraciones públicas de rango superior, en microcosmos identificatorio del escenario mencionado.
El intento por parte del Gobierno local de Foro de sacar adelante una declaración institucional para solicitar al Ejecutivo autonómico más recursos para afrontar un plan de empleo "acorde con las cifras del paro" que registra esta ciudad se encontró con la 'zancadilla' del grupo socialista, sin cuyo concurso dicho documento no ha podido salir adelante. Se trata de una ya larga guerra entre el equipo municipal de gobierno y la Administración que preside Javier Fernández. En el reparto que éste y su equipo hicieron para el presente ejercicio Gijón ha salido claramente perjudicado, algo que los socialistas no están dispuestos a corregir mientras en la villa se mantenga un 'reinado enemigo'. Cualquier oportunidad de frenar su gestión o menoscabar sus políticas se aprovecha como munición para un futuro electoral que ya no parece tan lejano. De nada sirvió que el edil responsable de Desarrollo Económico y Empleo inquiriera al portavoz socialista para que aclarara si cree que los fondos asignados son acordes con las necesidades de Gijón. El silencio fue la respuesta.
Idéntica suerte corrió otra propuesta de declaración institucional en favor de la llegada del AVE a Gijón, en esta ocasión 'vetada' por los ediles del Partido Popular, cuyo partido, de cuya competencia depende ese objetivo, gobierna con mayoría absoluta en Madrid. La iniciativa partió, en este caso también, de Foro Asturias.
Y como en este pequeño circo no puede faltar de nada, también se quedó en el camino una tercera declaración, en este caso impulsada por el PSOE, orientada a la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel. Obvio decir que también en este caso quienes impidieron que prosperase fueron los integrantes del grupo municipal popular, por idéntica razón a la anterior.
Ilustrativa resulta esta reunión de la junta de portavoces de cómo funciona la maquinaria de los partidos políticos cuando de las instituciones públicas hablamos. Especialmente si repasasemos lo que decían esos mismos representantes locales cuando idénticos problemas se abordaban en el pasado con ejecutivos nacionales de signo diferente.
De corolario puede considerarse el consenso alcanzado por los cuatro grupos municipales a la hora de dar vía libre a una última propuesta, ésta en defensa del sector naval. En este problema, en Madrid, Gobierno y oposición van de la mano; por lo tanto no hay consigna alguna. O sí, la de decir lo mismo que en la capital.
Sirva esta muestra puntual para resaltar cómo los representantes en instancias inferiores hacen de trinchera, hasta donde la legalidad les permite, para evitar cualquier tipo de molestia a sus gobiernos en las superiores. Y es entonces cuando aquellos que votamos nos preguntamos para qué lo hacemos si aquellos a quienes apoyamos no van a hacer otra cosa que aplicar con disciplina militar aquellas instrucciones que les llegan de Oviedo o de Madrid (o de Europa o de otras instancias de más dudosa legitimidad). Mientras las organizaciones territoriales o locales de los partidos se mantengan como simples sucursales de las cúpulas superiores nadie podrá creerse ya que las soflamas electorales apelando al voto para defender nuestros intereses tengan la mínima fiabilidad.
lunes, 8 de julio de 2013
Villa, de saldo
Si la salida de David Villa del Barcelona era algo cantado desde hace tiempo, la sorpresa ha sido para muchos el club de destino, el Atlético de Madrid, y el coste de la operación, cifrada en un máximo de 5,1 millones de euros, en el caso de que permanezca tres temporadas en la plantilla colchonera (2,1 si fuera una solamente).
La noticia ha revolucionado hoy las redes sociales en las que se reparten los defensores y los detractores del delantero asturiano, orientados en muchos casos por la vergonzante nota del club azulgrana que trata de justificar el señalamiento de la puerta de atrás para un jugador que en sus tres temporadas con la camiseta blaugrana (menos si se tiene en cuenta la larga lesión que le mantuvo apartado meses de la plena actividad) ha marcado 48 goles en partidos oficiales, algunos de ellos tan relevantes como el que ayudó al Barça a ganar la Champions al Manchester United u otros de especial significación en los partidos de máxima rivalidad entre los azulgranas y el Real Madrid.
Claro que los momentos de esplendor del de Tuilla con la camiseta barcelonista corresponden a la etapa de Pep Guardiola como técnico del club. Su salida hace algo más de un año y el relevo de Tito Vilanova coincidió con la grave lesión en el Mundial de Clubes. Luego, ya nada fue igual. El proceso de recuperación fue largo y la reincorporación al equipo contó con las dificultades físicas propias del comntratiempo, pero también con la poca disponibilidad a readmitirle como uno de los suyos del actual entrenador barcelonista y, sobre todo, su sustituto Jordi Roura en las numerosas ocasiones en las que el gerundense debió delegar a causa de tener que someterse a los tratamientos contra el cáncer en los Estados Unidos.
Fuimos muchos los que esta última temporada quisimos ver que al asturiano no se le ofrecían todas las oportunidades que su historial merecía, las mismas que se prodigaban a otros compañeros menos efectivos frente a la portería contraria. Por decirlo todo, la finura en su tarea de delantero que en otras ocasiones le acompañó cual amante fiel cambió de acera para serle esquiva. Eso tampoco colaboró.
Ahora, la Junta Directiva del Barça ha puesto al Guaje el cartel de saldos y lo ha colocado en el Atlético por la irrisoria cifra de 2,1 millones de euros (por esa tarifa casi podría haberle recomprado el Sporting, el club que le encumbró), pues ésta es la cantidad estipulada para el primer año (otros dos millones para el segundo y uno para el tercero). Una forma poco digna de deshacerse de él que el club azulgrana trata de enmascarar con una supuesta amortización de su fichaje tres años atrás procedente del Valencia (cuarenta millones), dando así pie a sus enemigos a hablar de "operación ruinosa".
Y como de mercancía se trata, por si acaso, su hasta ahora equipo se reserva un 50% de los derechos sobre un posible traspaso posterior. No se ha portado bien el Barça con David Villa. No se merecía ni mucho menos una salida así. Ahora empezará aquello de que tiene ya 31 años y "está acabado", en un afán de los seguidores blaugranas de justificar al club de sus amores.
Yo también soy del Barça y siento sus colores desde mi más tierna infancia, cuando por estas tierras eso no se llevaba mucho y la mayoría pensaba en blanco. Por eso me siento legitimado para criticar este comportamiento. Y no solamente por cortesía o señoría. Desde aquí mismo vaticino que el Guaje, en su primer año en las filas del Atlético de Madrid, y si causas ajenas a su olfato y capacidad de juego no lo impiden, marcará entre diez y quince goles. Será entonces el momento de hacer un recuento de, Messi y Neymar aparte, cuántos otros jugadores azulgranas de la plantilla 2013-2014 pueden exhibir esa cifra. Incluso desde una hipotética suplencia, estoy convencido que Villa reforzaría el potencial de la plantilla barcelonista. Otros antes que él han desempeñado ese papel con éxito.
La noticia ha revolucionado hoy las redes sociales en las que se reparten los defensores y los detractores del delantero asturiano, orientados en muchos casos por la vergonzante nota del club azulgrana que trata de justificar el señalamiento de la puerta de atrás para un jugador que en sus tres temporadas con la camiseta blaugrana (menos si se tiene en cuenta la larga lesión que le mantuvo apartado meses de la plena actividad) ha marcado 48 goles en partidos oficiales, algunos de ellos tan relevantes como el que ayudó al Barça a ganar la Champions al Manchester United u otros de especial significación en los partidos de máxima rivalidad entre los azulgranas y el Real Madrid.
Claro que los momentos de esplendor del de Tuilla con la camiseta barcelonista corresponden a la etapa de Pep Guardiola como técnico del club. Su salida hace algo más de un año y el relevo de Tito Vilanova coincidió con la grave lesión en el Mundial de Clubes. Luego, ya nada fue igual. El proceso de recuperación fue largo y la reincorporación al equipo contó con las dificultades físicas propias del comntratiempo, pero también con la poca disponibilidad a readmitirle como uno de los suyos del actual entrenador barcelonista y, sobre todo, su sustituto Jordi Roura en las numerosas ocasiones en las que el gerundense debió delegar a causa de tener que someterse a los tratamientos contra el cáncer en los Estados Unidos.
Fuimos muchos los que esta última temporada quisimos ver que al asturiano no se le ofrecían todas las oportunidades que su historial merecía, las mismas que se prodigaban a otros compañeros menos efectivos frente a la portería contraria. Por decirlo todo, la finura en su tarea de delantero que en otras ocasiones le acompañó cual amante fiel cambió de acera para serle esquiva. Eso tampoco colaboró.
Ahora, la Junta Directiva del Barça ha puesto al Guaje el cartel de saldos y lo ha colocado en el Atlético por la irrisoria cifra de 2,1 millones de euros (por esa tarifa casi podría haberle recomprado el Sporting, el club que le encumbró), pues ésta es la cantidad estipulada para el primer año (otros dos millones para el segundo y uno para el tercero). Una forma poco digna de deshacerse de él que el club azulgrana trata de enmascarar con una supuesta amortización de su fichaje tres años atrás procedente del Valencia (cuarenta millones), dando así pie a sus enemigos a hablar de "operación ruinosa".
Y como de mercancía se trata, por si acaso, su hasta ahora equipo se reserva un 50% de los derechos sobre un posible traspaso posterior. No se ha portado bien el Barça con David Villa. No se merecía ni mucho menos una salida así. Ahora empezará aquello de que tiene ya 31 años y "está acabado", en un afán de los seguidores blaugranas de justificar al club de sus amores.
Yo también soy del Barça y siento sus colores desde mi más tierna infancia, cuando por estas tierras eso no se llevaba mucho y la mayoría pensaba en blanco. Por eso me siento legitimado para criticar este comportamiento. Y no solamente por cortesía o señoría. Desde aquí mismo vaticino que el Guaje, en su primer año en las filas del Atlético de Madrid, y si causas ajenas a su olfato y capacidad de juego no lo impiden, marcará entre diez y quince goles. Será entonces el momento de hacer un recuento de, Messi y Neymar aparte, cuántos otros jugadores azulgranas de la plantilla 2013-2014 pueden exhibir esa cifra. Incluso desde una hipotética suplencia, estoy convencido que Villa reforzaría el potencial de la plantilla barcelonista. Otros antes que él han desempeñado ese papel con éxito.
domingo, 7 de julio de 2013
Hasta aquí hemos llegado
No es que nos haya cogido de sorpresa. Era cuestión de tiempo que el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas "tirara de la manta" y pusiera al descubierto las vergüenzas de sus dirigentes anteriores y actuales. Quizá para los que somos 'de provincias' lo que haya sorprendido un tanto es el momento en que hayan aflorado sus confesiones. El inefable director del diario 'El Mundo', Pedro J. Ramírez, se ha apuntado un gran tanto al recoger en la edición de hoy de su periódico el resultado de cuatro horas de conversaciones que supuestamente mantuvo con Bárcenas antes de que éste ingresara en prisión y en ellas, como era de suponer, el 'banquero' del PP admite sin tapujos la financiación irregular durante al menos veinte años del que todavía es su partido. También reconoce que el procedimiento, amén de detalles de 'ingeniería financiera', consistía en la consabida recepción de aportaciones de constructores y empresarios que, a su vez, lograban adjudicaciones de las distintas administraciones públicas que gobernaba el primer partido de la derecha.
No creo que a la actual dirección de los populares se les pasase por la cabeza que el polémico ex tesorero fuera a cargar él sólo con tan pesada carga, por mucho que pudieran haberle presionado. Pese a ello, mientras el clamor de la calle se hacía más ensordecedor, filtrándose a las propias filas del PP, algunos de cuyos dirigentes exigieron en público (en una actitud insólita en los tiempos que corren) el repudio de Bárcenas y sus prácticas delictivas, sus responsables han preferido dar la calla por respuesta.
En una nuevo alarde de Rajoy haciendo de Rajoy, el líder de los populares y presidente del Gobierno ha preferido poner mirada de póquer y mirar para otro lado asociando, primero directamente ("Nadie podrá probar que no es inocente", afirmó en su momento) y luego con el silencio derivado de la imposibilidad de seguir sosteniendo la presunción de inocencia, asociando -digo- su propia figura política al destino judicial de su ex tesorero.
Nadie puede estar seguro hasta qué niveles la red corrupta de financiación ilegal del Partido Popular alcanza directamente a sus principales dirigentes. Lo que parece obvio es que, en el increible caso de que no se hubieran enterado a tiempo, hubo plazo suficiente después para corregir tan bochornosa actuación y no se hizo.
Entre tanto, las declaraciones de la cúpula popular en las últimas semanas ha ido haciéndose opacas e inadmisibles, incluyendo alguna frase del propio Rajoy que ya ha alcanzado la categoría de chiste. Esta misma mañana, en esa especie de cónclave entre el presidente del Gobierno y su antecesor José María Aznar orientada -dicen- a ponerse de acuerdo, al menos en público, sobre la forma de coger al toro por los cuernos de la política económica, los dos mandatarios han ignorado nuevamente el conflicto en sus manifestaciones para la opinión pública.
Como en tantos otros casos, dejando a un lado los procesos judiciales en curso, es el momento de decir "hasta aquí hemos llegado" y exigir a la dirección del Partido Popular y a su líder responsabilidades políticas. El alcance del escándalo ha tomado ya proporciones exorbitantes y no vale mantener por más tiempo el silencio como paraguas a la espera de ver si escampa. esperar que el encarcelado ex tesorero siga diciendo que la información de hoy en 'El Mundo', como otras anteriores, es mentira resulta realmente una entelequia.
No creo que a la actual dirección de los populares se les pasase por la cabeza que el polémico ex tesorero fuera a cargar él sólo con tan pesada carga, por mucho que pudieran haberle presionado. Pese a ello, mientras el clamor de la calle se hacía más ensordecedor, filtrándose a las propias filas del PP, algunos de cuyos dirigentes exigieron en público (en una actitud insólita en los tiempos que corren) el repudio de Bárcenas y sus prácticas delictivas, sus responsables han preferido dar la calla por respuesta.
En una nuevo alarde de Rajoy haciendo de Rajoy, el líder de los populares y presidente del Gobierno ha preferido poner mirada de póquer y mirar para otro lado asociando, primero directamente ("Nadie podrá probar que no es inocente", afirmó en su momento) y luego con el silencio derivado de la imposibilidad de seguir sosteniendo la presunción de inocencia, asociando -digo- su propia figura política al destino judicial de su ex tesorero.
Nadie puede estar seguro hasta qué niveles la red corrupta de financiación ilegal del Partido Popular alcanza directamente a sus principales dirigentes. Lo que parece obvio es que, en el increible caso de que no se hubieran enterado a tiempo, hubo plazo suficiente después para corregir tan bochornosa actuación y no se hizo.
Entre tanto, las declaraciones de la cúpula popular en las últimas semanas ha ido haciéndose opacas e inadmisibles, incluyendo alguna frase del propio Rajoy que ya ha alcanzado la categoría de chiste. Esta misma mañana, en esa especie de cónclave entre el presidente del Gobierno y su antecesor José María Aznar orientada -dicen- a ponerse de acuerdo, al menos en público, sobre la forma de coger al toro por los cuernos de la política económica, los dos mandatarios han ignorado nuevamente el conflicto en sus manifestaciones para la opinión pública.
Como en tantos otros casos, dejando a un lado los procesos judiciales en curso, es el momento de decir "hasta aquí hemos llegado" y exigir a la dirección del Partido Popular y a su líder responsabilidades políticas. El alcance del escándalo ha tomado ya proporciones exorbitantes y no vale mantener por más tiempo el silencio como paraguas a la espera de ver si escampa. esperar que el encarcelado ex tesorero siga diciendo que la información de hoy en 'El Mundo', como otras anteriores, es mentira resulta realmente una entelequia.
viernes, 5 de julio de 2013
Sorteando obstáculos
Cuando allá por el mes de mayo del pasado año Unión, Progreso y Democracia llegaba a un acuerdo de legislatura con la Federación Socialista Asturiana para unir su voto a los del partido más votado y su socio ya habitual, cuando hace falta -Izquierda Unida-, y dar la Presidencia del Principado a Javier Fernández las expectativas de la política asturiana se centraron con más o menos credulidad en la capacidad de la fuerza política que lidera Rosa Díez para sacar adelante esa media docena de condiciones irrenunciables que habían puesto sobre la mesa para dar su apoyo al candidato socialista.
Hoy, algo más de un año después, se puede decir que aquellas esperanzas de algunos siguen siendo una asignatura pendiente. La conclusión generalizada es que de ese puñado de comisiones encargadas de investigar la trama corrupta judicialmente englobada bajo el epígrafe de 'caso Renedo' o 'caso Marea', de dar una vuelta de tuerca a la ley electoral autonómica o de reformar el reglamento de la Junta General del Principado, por citar algunos de aquellos compromisos de mayo de 2012, la conclusión -digo- es que han avanzado más bien poco, más allá del número de reuniones a las que los diputados hayan sido convocados.
Sobre la primera de ellas, a la que ya me refería aquí mismo ayer, tantos meses solamente han servido para un inútil desfile de consejeros, altos cargos o empresarios, que silbaron y miraron para otro lado mientras verbalmente hacían alarde de su presunta inocencia. Llegados a la que parece debería ser la fase final de sus trabajos, el objetivo de los socialistas de dar carpetazo rápido y evitar la exigencia de "responsabilidades políticas" a quienes tuvieron altas tareas de gobierno en la última legislatura de Vicente Álvarez Areces, invitan a sospechar que los intentos de los dos partidos de la derecha de avanzar en el camino contrario podrían ser baldíos si los dos apoyos de Fernández no se deciden a 'desestabilizar' al actual Gobierno.
Con IU ya todos sabemos que no va a entrar en esa 'agitación' (no en vano algunos de sus actuales dirigentes regionales ocupaban cargos en aquella Administración, incluido su coordinador general).
Más dudas puede ofrecer la posición del único diputado de UPyD, crecido como está tras convertir en ley del Principado la norma que regula la autoridad del profesorado, escenario inédito logrado a partir de una iniciativa suya que no contó con el favor ni los votos de la mayoría socialista. Aunque el sentido de esta comisión de investigación partió de una de sus condiciones para lograr un Gobierno 'estable', los cantos de sirena del PSOE invocando la estabilidad, esa que se ha convertido en su gran activo de este año largo, podrían dejar finalmente en un esfuerzo absolutamente inútil todos los trabajos desarrollados hasta la fecha. Si no hay responsabilidades políticas y éstas no las puede exigir el Parlamento, sobraban tantos meses de convocatorias y verborrea.
En lo que a la reforma de la ley electoral autonómica se refiere peor pintan aún las cosas. Mientras el presidente de esta comisión, el comunista Ángel González, habla de un principio de consenso, las declaraciones de otras fuerzas políticas desmienten radicalmente ese escenario en todos aquellos aspectos de la normativa que realmente importan: circunscripciones electorales, listas abiertas, exigencia de primarias,... cuyo logro solamente parece estar en la mente de las fuerzas minoritarias.
La constatación más reciente de la escasa viabilidad de estas comisiones se ha manifestado ayer, con la reunión de los miembros de la encargada de reformar el reglamento del Parlamento asturiano. Ahí si que ya nadie tiene rubor en admitir que sus resultados no serán ni para este año ni para principios del próximo (ardua tarea la que afrontan los señores diputados y sus decenas de asesores y consejeros). Aquí no solamente se está jugando con ideas, sino con dinero. Por eso no parece que, a pesar del generalizado reconocimiento de que hay que cambiar la norma que permite a los diputados cobrar todos los días del año por supuestos kilometrajes sin justificación alguna o recibir pecunio para comidas y pernoctaciones, igualmnte los doce meses del año, incluso cuando la Junta General está de vacaciones, no parece -digo- que se haya encontrado la llave para sacar adelante tan espinoso asunto sin perjudicar los bolsillos de sus señorías.
Y lo último han sido ya los planteamientos consensuados sobre la pérdida de la condición de diputado, con esa anuencia general en que no por el hecho de ser uno de ellos imputado tenga que dejar el escaño, y lo que ello significa económicamente. Unos lo defienden porque ya tienen a representantes suyos en ese estatus, y otros puede que lo hagan porque no descartan estar en similar situación en un futuro, o por no molestar, que aún sería peor.
En definitiva, que los discursos, la convocatorias y otras zarandajas de algo más de un año de 'reformas' se queda en la mayoría de los casos en un "dame tiempo", "ahora no" o "ya veremos". No mucho más queda de tantas horas de reuniones y tantos millares de líneas de información. Por el momento, quienes nunca han querido circular por este camino, aunque no hayan tenido otro remedio, se esfuerzan en seguir sorteando obstáculos con la esperanza puesta en que el alargamiento de estos trabajos puede acercarles al final de la actual legislatura y, ya que es moneda de uso común que en los últimos meses de la misma no conviene alterar los calendarios, alcanzar la meta de hacer dormir el sueño de los justos cualquier tipo de conclusiones definitivas y comprometerse a dejarlo para otra. A fin de cuentas, se trata de una película que ya conocemos. Y, como de muestra vale un botón, ahí quedan los largos debates sobre la reforma del Estatuto de Autonomía en el último mandato de Álvarez Areces.
Hoy, algo más de un año después, se puede decir que aquellas esperanzas de algunos siguen siendo una asignatura pendiente. La conclusión generalizada es que de ese puñado de comisiones encargadas de investigar la trama corrupta judicialmente englobada bajo el epígrafe de 'caso Renedo' o 'caso Marea', de dar una vuelta de tuerca a la ley electoral autonómica o de reformar el reglamento de la Junta General del Principado, por citar algunos de aquellos compromisos de mayo de 2012, la conclusión -digo- es que han avanzado más bien poco, más allá del número de reuniones a las que los diputados hayan sido convocados.
Sobre la primera de ellas, a la que ya me refería aquí mismo ayer, tantos meses solamente han servido para un inútil desfile de consejeros, altos cargos o empresarios, que silbaron y miraron para otro lado mientras verbalmente hacían alarde de su presunta inocencia. Llegados a la que parece debería ser la fase final de sus trabajos, el objetivo de los socialistas de dar carpetazo rápido y evitar la exigencia de "responsabilidades políticas" a quienes tuvieron altas tareas de gobierno en la última legislatura de Vicente Álvarez Areces, invitan a sospechar que los intentos de los dos partidos de la derecha de avanzar en el camino contrario podrían ser baldíos si los dos apoyos de Fernández no se deciden a 'desestabilizar' al actual Gobierno.
Con IU ya todos sabemos que no va a entrar en esa 'agitación' (no en vano algunos de sus actuales dirigentes regionales ocupaban cargos en aquella Administración, incluido su coordinador general).
Más dudas puede ofrecer la posición del único diputado de UPyD, crecido como está tras convertir en ley del Principado la norma que regula la autoridad del profesorado, escenario inédito logrado a partir de una iniciativa suya que no contó con el favor ni los votos de la mayoría socialista. Aunque el sentido de esta comisión de investigación partió de una de sus condiciones para lograr un Gobierno 'estable', los cantos de sirena del PSOE invocando la estabilidad, esa que se ha convertido en su gran activo de este año largo, podrían dejar finalmente en un esfuerzo absolutamente inútil todos los trabajos desarrollados hasta la fecha. Si no hay responsabilidades políticas y éstas no las puede exigir el Parlamento, sobraban tantos meses de convocatorias y verborrea.
En lo que a la reforma de la ley electoral autonómica se refiere peor pintan aún las cosas. Mientras el presidente de esta comisión, el comunista Ángel González, habla de un principio de consenso, las declaraciones de otras fuerzas políticas desmienten radicalmente ese escenario en todos aquellos aspectos de la normativa que realmente importan: circunscripciones electorales, listas abiertas, exigencia de primarias,... cuyo logro solamente parece estar en la mente de las fuerzas minoritarias.
La constatación más reciente de la escasa viabilidad de estas comisiones se ha manifestado ayer, con la reunión de los miembros de la encargada de reformar el reglamento del Parlamento asturiano. Ahí si que ya nadie tiene rubor en admitir que sus resultados no serán ni para este año ni para principios del próximo (ardua tarea la que afrontan los señores diputados y sus decenas de asesores y consejeros). Aquí no solamente se está jugando con ideas, sino con dinero. Por eso no parece que, a pesar del generalizado reconocimiento de que hay que cambiar la norma que permite a los diputados cobrar todos los días del año por supuestos kilometrajes sin justificación alguna o recibir pecunio para comidas y pernoctaciones, igualmnte los doce meses del año, incluso cuando la Junta General está de vacaciones, no parece -digo- que se haya encontrado la llave para sacar adelante tan espinoso asunto sin perjudicar los bolsillos de sus señorías.
Y lo último han sido ya los planteamientos consensuados sobre la pérdida de la condición de diputado, con esa anuencia general en que no por el hecho de ser uno de ellos imputado tenga que dejar el escaño, y lo que ello significa económicamente. Unos lo defienden porque ya tienen a representantes suyos en ese estatus, y otros puede que lo hagan porque no descartan estar en similar situación en un futuro, o por no molestar, que aún sería peor.
En definitiva, que los discursos, la convocatorias y otras zarandajas de algo más de un año de 'reformas' se queda en la mayoría de los casos en un "dame tiempo", "ahora no" o "ya veremos". No mucho más queda de tantas horas de reuniones y tantos millares de líneas de información. Por el momento, quienes nunca han querido circular por este camino, aunque no hayan tenido otro remedio, se esfuerzan en seguir sorteando obstáculos con la esperanza puesta en que el alargamiento de estos trabajos puede acercarles al final de la actual legislatura y, ya que es moneda de uso común que en los últimos meses de la misma no conviene alterar los calendarios, alcanzar la meta de hacer dormir el sueño de los justos cualquier tipo de conclusiones definitivas y comprometerse a dejarlo para otra. A fin de cuentas, se trata de una película que ya conocemos. Y, como de muestra vale un botón, ahí quedan los largos debates sobre la reforma del Estatuto de Autonomía en el último mandato de Álvarez Areces.
jueves, 4 de julio de 2013
Responsabilidades políticas
Respiraron los dirigentes de la Federación Socialista Asturiana cuando el pasado lunes el juez Ángel Sorando decidió cerrar la instrucción del conocido como 'caso Renedo' con el procesamiento de 29 de los presuntos implicados en la trama de corrupción más grave que ha padecido la Administración autonómica del Principado desde su constitución. Durante algo más de dos años, el magistrado había sido el 'grano en el culo' que impedía a los socialistas de esta región sentarse en sus escaños sin experimentar un escozor molesto. En todo ese tiempo, la sombra de la duda ha estado planeando sobre la gestión de los gobiernos de Vicente Álvarez Areces, con la posibilidad evidente, para algunos, de que el largo brazo de la justicia pudiera alcanzar a otros altos cargos de esos mismos ejecutivos.
La decisión de exculpar, además, a Ana Rosa Migoya, ex consejera por partida doble y ex portavoz del Consejo de Gobierno, significó otro respiro más para la cúpula de su partido, ávida de pasar página y si fuera posible, como así ha sido, con los mínimos daños posibles.
Delimitados por el magistrado los indicios de delito a esas 29 personas, el largo proceso judicial que se adivina ha delegado protagonismo al escenario político y, más concretamente, a la comisión especial de investigación creada en su momento en la Junta General del Principado por mor del pacto de gobierno que llevó a Javier Fernández a la Presidencia del Principado; una comisión que ha aportado más bien poco en su objetivo de aclarar el alcance de la trama, limitándose a escuchar las autoexculpaciones de todos aquellos que acudieron a declarar.
Acotada ya de forma personalizada la responsabilidad judicial, no se ha hecho esperar la apelación de los grupos de la oposición a depurar en sede parlamentaria las responsabilidades políticas que pudieran haberse derivado por acción u omisión de quienes estaban al frente de la gestión de la Administración regional cuando se produjeron los hechos delictivos.
Y tampoco les ha faltado tiempo a los socialistas para apuntar ahora a sus adversarios que abandonen toda intención de hacer "juicios paralelos" obviando la exigencia de las susodichas responsabilidades políticas. Tan es así que se han quedado solos, incluso, en su empresa de evitar "la satanización" de los gobiernos de Areces.
Si el informe de la comisión parlamentaria no es el escenario adecuado para establecer responsabilidades políticas, ¿cuál es su meta? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué se creo? Esta claro que sus competencias son precisamente esas, las de exigir que cada uno de los cargos que gestionaron las diferentes consejerías en ese periodo oscuro responda personalmente.
Pero a la Federación Socialista Asturiana ya le ha saturado el alcance del escándalo y desearía silenciarlo de una vez por todas. Si accedió a la 'investigación' parlamentaria fue -como queda dicho- para permitir a su candidato recuperar la Presidencia del Principado que un año antes le había arrebatado Francisco Álvarez-Cascos y su partido. Ahora, sus siglas han salido bastante bien paradas en la vía judicial y el cierre de ese frente hará que concentren todas sus fuerzas en que no se les vaya de las manos ese otro de alcance político.
Y a estas alturas ya nadie se cree que pueda ser para preservar la buena imagen de Vicente Álvarez Areces, al que sus compañeros de la dirección socialista hace tiempo que considerar políticamente amortizado. No, esa no es la preocupación. El verdadero meollo del problema es que las responsabilidades políticas no son tan precisas y absolutas como las judiciales y, si alcanzan a otros consejeros o, por qué no, al que fuera presidente, ¿quién podría excluir de las mismas a la persona que lideraba el partido en Asturias?
La decisión de exculpar, además, a Ana Rosa Migoya, ex consejera por partida doble y ex portavoz del Consejo de Gobierno, significó otro respiro más para la cúpula de su partido, ávida de pasar página y si fuera posible, como así ha sido, con los mínimos daños posibles.
Delimitados por el magistrado los indicios de delito a esas 29 personas, el largo proceso judicial que se adivina ha delegado protagonismo al escenario político y, más concretamente, a la comisión especial de investigación creada en su momento en la Junta General del Principado por mor del pacto de gobierno que llevó a Javier Fernández a la Presidencia del Principado; una comisión que ha aportado más bien poco en su objetivo de aclarar el alcance de la trama, limitándose a escuchar las autoexculpaciones de todos aquellos que acudieron a declarar.
Acotada ya de forma personalizada la responsabilidad judicial, no se ha hecho esperar la apelación de los grupos de la oposición a depurar en sede parlamentaria las responsabilidades políticas que pudieran haberse derivado por acción u omisión de quienes estaban al frente de la gestión de la Administración regional cuando se produjeron los hechos delictivos.
Y tampoco les ha faltado tiempo a los socialistas para apuntar ahora a sus adversarios que abandonen toda intención de hacer "juicios paralelos" obviando la exigencia de las susodichas responsabilidades políticas. Tan es así que se han quedado solos, incluso, en su empresa de evitar "la satanización" de los gobiernos de Areces.
Si el informe de la comisión parlamentaria no es el escenario adecuado para establecer responsabilidades políticas, ¿cuál es su meta? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué se creo? Esta claro que sus competencias son precisamente esas, las de exigir que cada uno de los cargos que gestionaron las diferentes consejerías en ese periodo oscuro responda personalmente.
Pero a la Federación Socialista Asturiana ya le ha saturado el alcance del escándalo y desearía silenciarlo de una vez por todas. Si accedió a la 'investigación' parlamentaria fue -como queda dicho- para permitir a su candidato recuperar la Presidencia del Principado que un año antes le había arrebatado Francisco Álvarez-Cascos y su partido. Ahora, sus siglas han salido bastante bien paradas en la vía judicial y el cierre de ese frente hará que concentren todas sus fuerzas en que no se les vaya de las manos ese otro de alcance político.
Y a estas alturas ya nadie se cree que pueda ser para preservar la buena imagen de Vicente Álvarez Areces, al que sus compañeros de la dirección socialista hace tiempo que considerar políticamente amortizado. No, esa no es la preocupación. El verdadero meollo del problema es que las responsabilidades políticas no son tan precisas y absolutas como las judiciales y, si alcanzan a otros consejeros o, por qué no, al que fuera presidente, ¿quién podría excluir de las mismas a la persona que lideraba el partido en Asturias?
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