Si un elemento destaca en el escudo de armas del actual presidente del Principado no es otro que el recurso al diálogo como vía para la consecución de acuerdos que permitan la gobernabilidad. En segundo lugar, y destacado también, reconocemos la tranquilidad como herramienta para afrontar los problemas de la gestión diaria de una administración como la autonómica. Pues bien, desde ayer podría afirmarse que a Javier Fernández se le ha caído la heráldica y se encuentra en estos momentos políticamente más perdido que un talibán en Wall Street.
El mandatario socialista ha hecho alarde de sus facultades para el entendimiento y el consenso desde el mismo momento en que pronunció su discurso de investidura hace algo más de un año. En todas sus intervenciones posteriores de cierta relevancia ha sacado reiteradamente pecho en clara alternativa al estilo 'broncas' de su predecesor en el cargo, un bagaje que le ha servido para gobernar sin apenas sobresaltos en todos estos meses.
Desde que, anteayer, el Pleno de la Junta General del Principado hiciera decaer la propuesta de reforma de la ley electoral autonómica, firmada por el propio grupo mayoritario y sus hasta ahora socios IU y UPyD, este basamento se ha resquebrajado mostrando un interior endeble. El acuerdo y la confianza, blasones de Fernández, han sido arrumbados a la historia del pasado próximo.
El partido de Rosa Díez ha aprovechado su congreso federal de este fin de semana para oficializar su ruptura del pacto con los socialistas asturianos y no ha escatimado críticas a sus hasta ahora socios. "No podemos fiarnos de quien no cumple un pacto" ha sido lo más suave que ha salido de su boca, hasta llegar a la acusación directa a los socialistas asturianos de cocinar un "pacto de hierro" con el Partido Popular. De por medio, términos como "chanchullos" o "falta de seriedad". En definitiva, decepción ante lo que considera una clara traición a los acuerdos firmados. La presidenta nacional del partido magenta escenificó así la primera gran embestida al pedestal sobre el que se sustentaba el presidente asturiano.
No por carecer de un pacto firmado se han mostrado menos contrariados los dirigentes de Izquierda Unida en el Principado con la actuación del grupo mayoritario a propósito de la reforma electoral. "Los socialistas han dinamitado la entente endeble que existía" con la fuerza política a la que él representa, afirmó el coordinador general de la coalición de izquierdas. Manuel González Orviz ha recurrido al término "desconfianza" para definir la que podría ser su relación con el PSOE a partir de ahora. Si a ello añadimos el recurso al muy asturiano verbo "frayar" utilizado por el portavoz parlamentario de IU, Ángel González, nos encontraremos con que el otro gran sustento del estilo Fernández, la "estabilidad" y la "tranquilidad", se muestran tan débiles como la capacidad de diálogo y de consensos.
Desprovistos de los principales elementos de su armadura, a Javier Fernández y a su equipo se le empiezan a apreciar los costurones interiores y, aunque la postura oficial es de tranquilidad absoluta y de mantenimiento de las posiciones, la realidad arroja una peligrosa debilidad que tiene su horizonte más evidente en la negociación del proyecto de presupuestos para el año próximo pero que podría manifestarse en el devenir de otras normativas o en debates ordinarios que acaben por desnudar al mandatario asturiano (humorísticamente ya habló en cierta ocasión de perder la vestimenta). "No voy a tirar la toalla", ha afirmado categóricamente en las últimas horas. Pues claro, pero la gestión a partir de ahora va a exigir experiencia en el encaje de bolillos.
En este indeseado escenario, ¿se le ocurrirá a su compañero de filas y secretario general en Gijón, Santiago Martínez Argüelles, recomendarle, como hizo a la alcaldesa de Foro, que se someta a una cuestión de confianza? Yo creo que no.
sábado, 2 de noviembre de 2013
viernes, 1 de noviembre de 2013
Crónica de una ruptura anunciada
Nadie podrá decir que no estaba anunciado. El grupo parlamentario socialista en la Junta General del Principado consiguió hoy con sus votos, unidos a los de Foro Asturias y Partido Popular, que decayera la iniciativa firmada por ellos mismos para propiciar la reforma de la ley electoral autonómica. Para aquellos que no estén familiarizados con el tema puede resultar un tanto contradictorio tal proceder. Para quienes hayan seguido el devenir de esta iniciativa, no tanto.
Desde el propio presidente del Principado hasta los distintos portavoces parlamentarios o del partido habían abrazado el estandarte de que la modificación de la normativa que regula los procesos electorales en la comunidad no prosperaría si no lograba contar con una mayoría superior a la mitad más uno de la Cámara con la que se presentaba respaldada la iniciativa en la Cámara autonómica. De por medio quedaban estériles debates sobre los distintos apellidos que al término mayoría se le habían asignado, desde el original, de "absoluta" hasta el recientemente acuñado por el por el portavoz parlamentario del grupo socialista, Fernando Lastra, de "política", sin olvidar el intermedio de "reforzada". Estos adjetivos han servido en las últimas semanas a unos y a otros para desgastarse en absurdos debates que, en el fondo, han ocultado la intención de cada cual en salirse con la suya por el camino más corto.
Y en este conflicto una vez más han sido los socialistas quienes se han mostrado como avezados maestros en el arte del enmascaramiento. Plantear, como ha hecho hoy el señor Lastra, que la posición de su grupo es concordante con lo firmado con los otros grupos que hasta ahora han apoyado al gobierno de su partido tiene que ser tildado, cuando menos, de provocación.
No es de extrañar, pues, que esos, en este momento, los hipotéticos socios hayan respondido como si un abejorro les hubiera clavado su aguijón, sintiéndose legítimamente traicionados por el partido a cuyo candidato permitieron la investidura y aprobar los únicos presupuesto de la presente legislatura, los del ejercicio en curso.
Y no es que las primeras declaraciones hayan sido precisamente incendiarias. Tanto Ángel González, de Izquierda Unida, como Ignacio Prendes, de Unión, Progreso y Democracia, han respondido con términos como "engaño", "traición" o decisión "muy grave", pero ni el partido magenta ha confirmado su intención de romper el acuerdo de legislatura firmado con los socialistas hace casi un año y medio ni la coalición de la izquierda la retirada de la confianza sin 'cheques en blanco' depositada en aquel mismo momento en la persona de Javier Fernández y su equipo de gobierno.
La gran pregunta ahora es qué van a hacer desde este mismo momento los diputados de una y otra formación. Parece evidente que la gran cita para escenificar su desafección del grupo mayoritario sería el debate presupuestario, aunque a estas alturas somos muchos los que cuestionamos que sean capaces de llevar adelante sus amenazas. Para ello ya se han encargado los socialistas, con ayuda de numerosos voceros, de ubicar a sus hasta ahora socios en el papel de irresponsables buscadores del voto irreflexivo dejando de lado sus responsabilidades para con la interés general. Aquello de que la reforma electoral no es un problema para los asturianos ha corrido como un reguero de pólvora y ha calado en amplios sectores de la sociedad. Opiniones autorizadas en uno u otro sentido las hay.
Sin entrar en esa polémica, lo que se manifiesta obvio es que el grupo socialista, haciendo honor a su historia en este territorio, ha recurrido a la estrategia de ganar todo el tiempo posible y, llegados a un punto de difícil retorno, ha hecho caso omiso de sus compromisos firmados para atender a sus conveniencias particulares envueltos en la más que teórica bandera del interés general. Puede que al único diputado de UPyD, como novato en estas lides, le haya podido coger de sorpresa. No así a IU, que arrostra un conocido rosario de agravios a cambio de sus frecuentes respaldos al grupo mayoritario de la izquierda. Como muestra, baste recordar las fallidas reformas del Estatuto de Autonomía en los últimos tiempos, en los que, con la colaboración de los populares, alargaron indefinidamente el debate por un objetivo en el que siempre reconocieron no estar interesados. Igual que ahora.
Desde el propio presidente del Principado hasta los distintos portavoces parlamentarios o del partido habían abrazado el estandarte de que la modificación de la normativa que regula los procesos electorales en la comunidad no prosperaría si no lograba contar con una mayoría superior a la mitad más uno de la Cámara con la que se presentaba respaldada la iniciativa en la Cámara autonómica. De por medio quedaban estériles debates sobre los distintos apellidos que al término mayoría se le habían asignado, desde el original, de "absoluta" hasta el recientemente acuñado por el por el portavoz parlamentario del grupo socialista, Fernando Lastra, de "política", sin olvidar el intermedio de "reforzada". Estos adjetivos han servido en las últimas semanas a unos y a otros para desgastarse en absurdos debates que, en el fondo, han ocultado la intención de cada cual en salirse con la suya por el camino más corto.
Y en este conflicto una vez más han sido los socialistas quienes se han mostrado como avezados maestros en el arte del enmascaramiento. Plantear, como ha hecho hoy el señor Lastra, que la posición de su grupo es concordante con lo firmado con los otros grupos que hasta ahora han apoyado al gobierno de su partido tiene que ser tildado, cuando menos, de provocación.
No es de extrañar, pues, que esos, en este momento, los hipotéticos socios hayan respondido como si un abejorro les hubiera clavado su aguijón, sintiéndose legítimamente traicionados por el partido a cuyo candidato permitieron la investidura y aprobar los únicos presupuesto de la presente legislatura, los del ejercicio en curso.
Y no es que las primeras declaraciones hayan sido precisamente incendiarias. Tanto Ángel González, de Izquierda Unida, como Ignacio Prendes, de Unión, Progreso y Democracia, han respondido con términos como "engaño", "traición" o decisión "muy grave", pero ni el partido magenta ha confirmado su intención de romper el acuerdo de legislatura firmado con los socialistas hace casi un año y medio ni la coalición de la izquierda la retirada de la confianza sin 'cheques en blanco' depositada en aquel mismo momento en la persona de Javier Fernández y su equipo de gobierno.
La gran pregunta ahora es qué van a hacer desde este mismo momento los diputados de una y otra formación. Parece evidente que la gran cita para escenificar su desafección del grupo mayoritario sería el debate presupuestario, aunque a estas alturas somos muchos los que cuestionamos que sean capaces de llevar adelante sus amenazas. Para ello ya se han encargado los socialistas, con ayuda de numerosos voceros, de ubicar a sus hasta ahora socios en el papel de irresponsables buscadores del voto irreflexivo dejando de lado sus responsabilidades para con la interés general. Aquello de que la reforma electoral no es un problema para los asturianos ha corrido como un reguero de pólvora y ha calado en amplios sectores de la sociedad. Opiniones autorizadas en uno u otro sentido las hay.
Sin entrar en esa polémica, lo que se manifiesta obvio es que el grupo socialista, haciendo honor a su historia en este territorio, ha recurrido a la estrategia de ganar todo el tiempo posible y, llegados a un punto de difícil retorno, ha hecho caso omiso de sus compromisos firmados para atender a sus conveniencias particulares envueltos en la más que teórica bandera del interés general. Puede que al único diputado de UPyD, como novato en estas lides, le haya podido coger de sorpresa. No así a IU, que arrostra un conocido rosario de agravios a cambio de sus frecuentes respaldos al grupo mayoritario de la izquierda. Como muestra, baste recordar las fallidas reformas del Estatuto de Autonomía en los últimos tiempos, en los que, con la colaboración de los populares, alargaron indefinidamente el debate por un objetivo en el que siempre reconocieron no estar interesados. Igual que ahora.
miércoles, 30 de octubre de 2013
Orfandad y desubicación
Que el Partido Socialista Obrero Español anda un poco desnortado no es ya que lo certifiquen los sondeos con su machacona insistencia indicadora de que el actual segundo gran partido del Estado no consigue remontar a un deteriorado Partido Popular. Es que de ello dan fe los continuados pronunciamientos de sus dirigentes en el día a día de los tiempos que nos están tocando vivir en este país.
La muestra más reciente la ha puesto el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados al presentar una iniciativa que, entre otras cuestiones, tiene como estandarte la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos para ser enterrados en otro lugar menos célebre, ubicación que se deja a la discrecionalidad de sus familiares.
La iniciativa, a priori, no es sino una derivación más de la malhadada Ley de Memoria Histórica impulsada por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. De su redacción se derivaba la conversión del recinto monumental en "un lugar de culto y cementerio público sin que pudieran celebrarse actos de naturaleza política, ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo". Un texto que aludía fundamentalmente a un loable intento de convertir el conjunto arquitectónico en un auténtico símbolo de la reconciliación de los españoles.
Lo primero que a muchos se nos viene a la memoria es que, por mucho que nos haya podido joder (y lo hizo, y a conciencia), el franquismo forma parte de una etapa de la historia de este país (una etapa muy negra) y que nunca se podrá borrar del todo por mucho que se traten de 'dinamitar' sus expresiones en piedra. Personalmente, me parece que unas breves cenizas ahora 'indescifrables' no merecen tanta atención. Y siempre nos quedará la constancia de que los malos recuerdos de nuestra historia reciente se encuentran encerrados en un lugar preciso. Ojalá pudiéramos trasladar allí los residuos de la tiranía que todavía se perciben en ciertos sectores de nuestra sociedad para descansar sabiendo que los tenemos a buen recaudo.
Pero, por encima de esta teoría, supongo que para muchos cuestionable, está el hecho de que sean los socialistas quienes ahora reclaman la ejecución de uno de los objetivos de una normativa aprobada bajo su mandato y que, como tantos otras partes de su texto, fue maltratada por unos gobernantes más pendientes de recolevtar votos que de dar cumplida satisfacción a las víctimas de la contienda española.
Aunque más puntual este caso, podría afirmarse que es un eslabón más de muchas de las iniciativas con las que los socialistas tratan de salir del pozo al que les llevó el anterior Gobierno y sus principales representantes. Verbigracia: el PSOE siempre ha mantenido en su ideario el federalismo, aunque solamente lo ha colocado sobre la mesa de juego a modo de ficha después de perder unas elecciones y comprobar que aún están muy lejos de recuperar la confianza perdida en las urnas.
Dicen sus responsables que están poniendo en marcha un proyecto a diez años vista. Largo me lo fían. Si hasta entonces siguiera marcando las pautas el partido consevador no puedo ni imaginarme en que situación nos encontraría la pócima mágica de los hombres de Rubalcaba.
Otra muestra de la orfandad de ideas y de liderazgo del PSOE la dan con frecuencia algunos de sus propios dirigentes. Alfonso Guerra ha sido el más reciente con su llamada a que el partido tenga su propia marca en Cataluña, dada la sospechosa bipolaridad del PSC en el conflicto soberanista. Este tipo de posicionamientos se suele rechazar desde la dirección con veladas alusiones al 'chochismo' de su vieja guardia. Ya se ha practicado esta técnica con ex dirigentes como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Joaquín Leguina o José Bono; incluso, por qué no decirlo, con el propio Felipe González, máxima 'deidad' del socialismo español de los últimos cuarenta años.
El Partido Socialista Obrero Español hace tiempo ya que perdió su identidad, y ello se trasluce en su comportamiento político y social diario. La etapa de Zapatero como líder del partido y presidente de sucesivos gobiernos no hizo más que ahondar en la herida y ratificar la sensación de orfandad de una personalidad perdida por la ausencia de líderes y por la compraventa de la ideología propiciada por un largo y continuado ejercicio de las responsabilidades públicas y el poder. Desde luego, amén de su efecto en titulares y para fieles incombustibles, cambiar de sitio las cenizas del dictador no parece casar con la contribución a resolver los verdaderos grandes problemas que ahora tiene planteados España.
La muestra más reciente la ha puesto el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados al presentar una iniciativa que, entre otras cuestiones, tiene como estandarte la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos para ser enterrados en otro lugar menos célebre, ubicación que se deja a la discrecionalidad de sus familiares.
La iniciativa, a priori, no es sino una derivación más de la malhadada Ley de Memoria Histórica impulsada por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. De su redacción se derivaba la conversión del recinto monumental en "un lugar de culto y cementerio público sin que pudieran celebrarse actos de naturaleza política, ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo". Un texto que aludía fundamentalmente a un loable intento de convertir el conjunto arquitectónico en un auténtico símbolo de la reconciliación de los españoles.
Lo primero que a muchos se nos viene a la memoria es que, por mucho que nos haya podido joder (y lo hizo, y a conciencia), el franquismo forma parte de una etapa de la historia de este país (una etapa muy negra) y que nunca se podrá borrar del todo por mucho que se traten de 'dinamitar' sus expresiones en piedra. Personalmente, me parece que unas breves cenizas ahora 'indescifrables' no merecen tanta atención. Y siempre nos quedará la constancia de que los malos recuerdos de nuestra historia reciente se encuentran encerrados en un lugar preciso. Ojalá pudiéramos trasladar allí los residuos de la tiranía que todavía se perciben en ciertos sectores de nuestra sociedad para descansar sabiendo que los tenemos a buen recaudo.
Pero, por encima de esta teoría, supongo que para muchos cuestionable, está el hecho de que sean los socialistas quienes ahora reclaman la ejecución de uno de los objetivos de una normativa aprobada bajo su mandato y que, como tantos otras partes de su texto, fue maltratada por unos gobernantes más pendientes de recolevtar votos que de dar cumplida satisfacción a las víctimas de la contienda española.
Aunque más puntual este caso, podría afirmarse que es un eslabón más de muchas de las iniciativas con las que los socialistas tratan de salir del pozo al que les llevó el anterior Gobierno y sus principales representantes. Verbigracia: el PSOE siempre ha mantenido en su ideario el federalismo, aunque solamente lo ha colocado sobre la mesa de juego a modo de ficha después de perder unas elecciones y comprobar que aún están muy lejos de recuperar la confianza perdida en las urnas.
Dicen sus responsables que están poniendo en marcha un proyecto a diez años vista. Largo me lo fían. Si hasta entonces siguiera marcando las pautas el partido consevador no puedo ni imaginarme en que situación nos encontraría la pócima mágica de los hombres de Rubalcaba.
Otra muestra de la orfandad de ideas y de liderazgo del PSOE la dan con frecuencia algunos de sus propios dirigentes. Alfonso Guerra ha sido el más reciente con su llamada a que el partido tenga su propia marca en Cataluña, dada la sospechosa bipolaridad del PSC en el conflicto soberanista. Este tipo de posicionamientos se suele rechazar desde la dirección con veladas alusiones al 'chochismo' de su vieja guardia. Ya se ha practicado esta técnica con ex dirigentes como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Joaquín Leguina o José Bono; incluso, por qué no decirlo, con el propio Felipe González, máxima 'deidad' del socialismo español de los últimos cuarenta años.
El Partido Socialista Obrero Español hace tiempo ya que perdió su identidad, y ello se trasluce en su comportamiento político y social diario. La etapa de Zapatero como líder del partido y presidente de sucesivos gobiernos no hizo más que ahondar en la herida y ratificar la sensación de orfandad de una personalidad perdida por la ausencia de líderes y por la compraventa de la ideología propiciada por un largo y continuado ejercicio de las responsabilidades públicas y el poder. Desde luego, amén de su efecto en titulares y para fieles incombustibles, cambiar de sitio las cenizas del dictador no parece casar con la contribución a resolver los verdaderos grandes problemas que ahora tiene planteados España.
domingo, 27 de octubre de 2013
Cuestión de confianza
Son muchas las ocasiones en las que pienso que en la vida política de este país, sea cual sea en el estrato en el que nos movamos, existe un componente de teatralidad, de guión precocinado, que hace que el argumento sonoro responda más a la plasmación mediática de las diferentes actitudes de sus protagonistas que a una realidad identificable con la credibilidad.
Digo esto a cuenta de los 'acontecimientos' ocurridos estos últimos días en el Ayuntamiento de Gijón. El detonante ha sido una decisión del gobierno local de Foro, o de la alcaldesa, pues para el caso da igual. Concretamente, la destitución fulminante de la secretaria municipal letrada, cargo cuya consideración legal ha merecido un nuevo debate sobre el alcance de las palabras recogidas en la normativa actual vigente. Pérdida de confianza o atentado contra la necesaria independencia de un cargo funcionarial muy relevante en el devenir diario de la corporación son los argumentos de los responsable de la medida, en el primer caso, o de sus detractores, en el segundo. La oposición en pleno, entendiendo por tal a todos los grupos municipales con excepción, naturalmente, del que gobierna, se han apuntado a esa segunda postura. Faltaría más. Es su opción y para ello están, aunque no me creo que a una buena parte de ellos les importe demasiado la situación de Dora Alonso y sí, más bien, el descubrimiento de nueva munición que dirigir contra Carmen Moriyón y su equipo que, dos años y pico después de su sorprendente aparición en la escena local, se mantienen en el poder, si bien con más sobresaltos que alegrías, todo hay que decirlo.
Pero no es ahí adonde quería llegar exactamente, sino al debate posterior que han emprendido unos y otros. Y en este punto quiero detenerme en uno de los últimos capítulos del mismo. Me refiero a la petición del portavoz socialista de exigir a la alcaldesa que se someta a una cuestión de confianza con la que mostrar a los gijoneses que sigue contando con una mayoría, aunque exigua, para mantener el bastón de mando municipal.
Del estilo de un Santiago Martínez Argüelles envalentonado últimamente en su papel de jefe de la oposición ya he comentado algo anteriormente en esta tribuna. Quizá su inusual protagonismo (en los dos primeros años de mandato se le ha visto poco y mal) pueda deberse más bien a la toma de conciencia de que el tiempo corre contra sus intereses y que su objetivo de alcanzar la Alcaldía de Gijón se antoja cada día más improbable. Sin embargo, no parece que esta última iniciativa contribuya a mejorar su imagen, como no sea por conseguir algunos titulares llamativos en los medios de comunicación. La iniciativa socialista sucede a las fallidas amenazas de recurrir a la moción de censura, conscientes sus promotores de las escasas, por no decir nulas, posibilidades de prosperar.
En primer lugar, a nadie se le pasa por la cabeza que la regidora local vaya a poner su destino en manos de un pleno que, evidentemente, no controla. No lo va a hacer ella ni lo haría el proponente de estar en la misma situación. Nadie lo haría salvo aquellos que gustan de hacer brindis al sol amparados en una mayoría absoluta y sólida.
En cualquier caso, de darse el escenario que Martínez Argüelles plantea, todo apunta a que la tramitación tendría el mismo desenlace que la varias veces descartada moción de censura de los grupos de la izquierda municipal.
De lo que tienen que convencerse los socialistas y la coalición de izquierda es de que su verdadero problema no es el partido de Cascos, sino el PP. Sus concejales y no otros son los que viven prisioneros del resultado de las urnas desde 2011, desde que decidieron apoyar con sus votos la investidura de la actual alcaldesa. Por supuesto que los ediles de 'Cherines' en Gijón pagarían por echar a los concejales de Foro. En ello están desde hace tiempo, aunque todavía no han logrado encontrar la llave de una caja de los truenos que tiene una única traca final: entregarles sin condiciones a los socialistas el poder que perdieron hace dos años y pico. Y esto es algo que, sospechan, podría reportarles peores réditos electorales que su "apoyo condicionado" actual al partido de Cascos. Las matemáticas parlamentarias son incontestables (que se lo pregunten si no a Javier Fernández) y por mucho que algunos se empeñen en 'conjugar' los votos, las salidas son las que son y no hay nada más que rascar.
Queda todavía algo más de un año para la próxima cita con las urnas y es de suponer que la izquierda, por un lado, y los populares, por el otro, seguirán investigando en sus respectivos laboratorios de ideas en busca de esa pócima mágica que finalice con Moriyón y su equipo en el 'destierro'. Es tarea harto difícil, pero no imposible, tienen que pensar. Y menos en esto que algunos eufemísticamente llaman el 'noble arte de la política'. Entretanto, perseverarán en sus intentos de asalto al poder mediante cualquier argumento que sus adversarios pudieran darles. Aunque ello les lleve a protagonizar espectáculos tan indecorosos como ese reciente plenario en el que, con la colaboración involuntaria del grupo gobernante, han conseguido un desacuerdo general sobre política impositiva lesiva para todos los gijoneses.
Digo esto a cuenta de los 'acontecimientos' ocurridos estos últimos días en el Ayuntamiento de Gijón. El detonante ha sido una decisión del gobierno local de Foro, o de la alcaldesa, pues para el caso da igual. Concretamente, la destitución fulminante de la secretaria municipal letrada, cargo cuya consideración legal ha merecido un nuevo debate sobre el alcance de las palabras recogidas en la normativa actual vigente. Pérdida de confianza o atentado contra la necesaria independencia de un cargo funcionarial muy relevante en el devenir diario de la corporación son los argumentos de los responsable de la medida, en el primer caso, o de sus detractores, en el segundo. La oposición en pleno, entendiendo por tal a todos los grupos municipales con excepción, naturalmente, del que gobierna, se han apuntado a esa segunda postura. Faltaría más. Es su opción y para ello están, aunque no me creo que a una buena parte de ellos les importe demasiado la situación de Dora Alonso y sí, más bien, el descubrimiento de nueva munición que dirigir contra Carmen Moriyón y su equipo que, dos años y pico después de su sorprendente aparición en la escena local, se mantienen en el poder, si bien con más sobresaltos que alegrías, todo hay que decirlo.
Pero no es ahí adonde quería llegar exactamente, sino al debate posterior que han emprendido unos y otros. Y en este punto quiero detenerme en uno de los últimos capítulos del mismo. Me refiero a la petición del portavoz socialista de exigir a la alcaldesa que se someta a una cuestión de confianza con la que mostrar a los gijoneses que sigue contando con una mayoría, aunque exigua, para mantener el bastón de mando municipal.
Del estilo de un Santiago Martínez Argüelles envalentonado últimamente en su papel de jefe de la oposición ya he comentado algo anteriormente en esta tribuna. Quizá su inusual protagonismo (en los dos primeros años de mandato se le ha visto poco y mal) pueda deberse más bien a la toma de conciencia de que el tiempo corre contra sus intereses y que su objetivo de alcanzar la Alcaldía de Gijón se antoja cada día más improbable. Sin embargo, no parece que esta última iniciativa contribuya a mejorar su imagen, como no sea por conseguir algunos titulares llamativos en los medios de comunicación. La iniciativa socialista sucede a las fallidas amenazas de recurrir a la moción de censura, conscientes sus promotores de las escasas, por no decir nulas, posibilidades de prosperar.
En primer lugar, a nadie se le pasa por la cabeza que la regidora local vaya a poner su destino en manos de un pleno que, evidentemente, no controla. No lo va a hacer ella ni lo haría el proponente de estar en la misma situación. Nadie lo haría salvo aquellos que gustan de hacer brindis al sol amparados en una mayoría absoluta y sólida.
En cualquier caso, de darse el escenario que Martínez Argüelles plantea, todo apunta a que la tramitación tendría el mismo desenlace que la varias veces descartada moción de censura de los grupos de la izquierda municipal.
De lo que tienen que convencerse los socialistas y la coalición de izquierda es de que su verdadero problema no es el partido de Cascos, sino el PP. Sus concejales y no otros son los que viven prisioneros del resultado de las urnas desde 2011, desde que decidieron apoyar con sus votos la investidura de la actual alcaldesa. Por supuesto que los ediles de 'Cherines' en Gijón pagarían por echar a los concejales de Foro. En ello están desde hace tiempo, aunque todavía no han logrado encontrar la llave de una caja de los truenos que tiene una única traca final: entregarles sin condiciones a los socialistas el poder que perdieron hace dos años y pico. Y esto es algo que, sospechan, podría reportarles peores réditos electorales que su "apoyo condicionado" actual al partido de Cascos. Las matemáticas parlamentarias son incontestables (que se lo pregunten si no a Javier Fernández) y por mucho que algunos se empeñen en 'conjugar' los votos, las salidas son las que son y no hay nada más que rascar.
Queda todavía algo más de un año para la próxima cita con las urnas y es de suponer que la izquierda, por un lado, y los populares, por el otro, seguirán investigando en sus respectivos laboratorios de ideas en busca de esa pócima mágica que finalice con Moriyón y su equipo en el 'destierro'. Es tarea harto difícil, pero no imposible, tienen que pensar. Y menos en esto que algunos eufemísticamente llaman el 'noble arte de la política'. Entretanto, perseverarán en sus intentos de asalto al poder mediante cualquier argumento que sus adversarios pudieran darles. Aunque ello les lleve a protagonizar espectáculos tan indecorosos como ese reciente plenario en el que, con la colaboración involuntaria del grupo gobernante, han conseguido un desacuerdo general sobre política impositiva lesiva para todos los gijoneses.
domingo, 20 de octubre de 2013
Señas de identidad
En la resaca del debate sobre la reforma de la normativa electoral y sus posibles repercusiones en el proyecto presupuestario para el año venidero se ha colado esta semana la apertura de juicio oral al actual portavoz de Izquierda Unida en la Junta General del Principado. Ángel González está imputado por un presunto caso de prevaricación administrativa al haber fraccionado, cuando ocupaba el cargo de viceconsejero de Bienestar Social, la contratación de el suministro de monolitos con los que señalar los lugares en los que han sido datadas fosas comunes de víctimas del régimen franquista.
Dejaré a un lado intencionadamente la consideración que me merece la actitud de González negándose a dimitir de su actual cargo y recabando el apoyo cómplice de la dirección de la fuerza política a la que representa. Me excuso apelando al aluvión de comentarios que han reflejado el sentir mayoritario sobre tal actitud. Sobre todo si recordamos que fue precisamente Izquierda Unida la que hace escasos meses solicitaba la renuncia de Francisco González, ex diputado regional del Partido Socialista, cuando éste recibió también la notificación de apertura de juicio oral, también bajo la acusación de presunta prevaricación en el ejercicio éste de sus funciones de alcalde de Cudillero.
Evidentemente, no se trata de valorar la existencia o no de un delito (para esos están los tribunales), ni siquiera la mala intención o el improbable apetito económico desordenado del imputado. Se trata más de una cuestión de higiene democrática, algo de lo que parecen carecer la mayoría de los partidos políticos cuando las malas caen de su lado.
Aparcando la imagen que la coalición de izquierda y su portavoz transmiten a la sociedad asturiana con su actitud de enrocamiento, quisiera centrarme en este comentario en el meollo de la actuación que ha llevado al banquillo al portavoz parlamentario de IU: la adquisición de las losas destinadas al cumplimiento de lo estipulado en el texto de la Ley de Memoria Histórica promovida en su momento por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Y habría que empezar por la propia normativa, una iniciativa bienintencionada que, al final, prácticamente no logró satisfacer plenamente a casi nadie y cuyo debate y probación se aceleró intencionadamente en lo que a mi entender podría ser una búsqueda deseperada de una de esas señas de identidad que algunas veces necesita la izquierda española para seguir sintiéndose como tal.
Mi ex compañero en las tareas informativas de 'El Comercio' José Ángel García publica hoy una información que al menos yo no conocía y se me antojaba necesaria para valorar la tramitación que ha terminado con la imputación de Ángel González. Me refiero a la situación actual de esos monolitos o losas: veintiuna instaladas en su lugar de destino, otras diez en proceso de colocación y otras cincuenta de las que se ignora cuando van a empezar a cumplir la función para la que se contrataron.
Con estos datos, alguien podría decir que las buenas intenciones del entonces ex consejero de Bienestar Social se han visto traicionadas por la realidad. Si recurrió a una táctica orientada a sortear la ley de contratos del Estado con el objetivo -el imputado "dixit"- de acelerar la compra e instalación de los monolitos para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica, ¿cómo se explican esas cifras? ¿Podrían haberse evitado los atajos y estaríamos en idéntica situación? Seguramente. Claro que la izquierda asturiana siempre ha querido ser más izquierda que el resto de sus correligionarios de otros lugares de España. Para ello se afanaron en ser los primeros en poner en práctica una ley timorata cuyos promotores nunca fueron capaces de transmitir convicción en el fondo del problema y siempre dieron la sensación de poner mucho más interés en reafirmar unas señas de identidad de partido que en rehabilitar la memoria de miles de represaliados por la dictadura.
Dejaré a un lado intencionadamente la consideración que me merece la actitud de González negándose a dimitir de su actual cargo y recabando el apoyo cómplice de la dirección de la fuerza política a la que representa. Me excuso apelando al aluvión de comentarios que han reflejado el sentir mayoritario sobre tal actitud. Sobre todo si recordamos que fue precisamente Izquierda Unida la que hace escasos meses solicitaba la renuncia de Francisco González, ex diputado regional del Partido Socialista, cuando éste recibió también la notificación de apertura de juicio oral, también bajo la acusación de presunta prevaricación en el ejercicio éste de sus funciones de alcalde de Cudillero.
Evidentemente, no se trata de valorar la existencia o no de un delito (para esos están los tribunales), ni siquiera la mala intención o el improbable apetito económico desordenado del imputado. Se trata más de una cuestión de higiene democrática, algo de lo que parecen carecer la mayoría de los partidos políticos cuando las malas caen de su lado.
Aparcando la imagen que la coalición de izquierda y su portavoz transmiten a la sociedad asturiana con su actitud de enrocamiento, quisiera centrarme en este comentario en el meollo de la actuación que ha llevado al banquillo al portavoz parlamentario de IU: la adquisición de las losas destinadas al cumplimiento de lo estipulado en el texto de la Ley de Memoria Histórica promovida en su momento por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Y habría que empezar por la propia normativa, una iniciativa bienintencionada que, al final, prácticamente no logró satisfacer plenamente a casi nadie y cuyo debate y probación se aceleró intencionadamente en lo que a mi entender podría ser una búsqueda deseperada de una de esas señas de identidad que algunas veces necesita la izquierda española para seguir sintiéndose como tal.
Mi ex compañero en las tareas informativas de 'El Comercio' José Ángel García publica hoy una información que al menos yo no conocía y se me antojaba necesaria para valorar la tramitación que ha terminado con la imputación de Ángel González. Me refiero a la situación actual de esos monolitos o losas: veintiuna instaladas en su lugar de destino, otras diez en proceso de colocación y otras cincuenta de las que se ignora cuando van a empezar a cumplir la función para la que se contrataron.
Con estos datos, alguien podría decir que las buenas intenciones del entonces ex consejero de Bienestar Social se han visto traicionadas por la realidad. Si recurrió a una táctica orientada a sortear la ley de contratos del Estado con el objetivo -el imputado "dixit"- de acelerar la compra e instalación de los monolitos para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica, ¿cómo se explican esas cifras? ¿Podrían haberse evitado los atajos y estaríamos en idéntica situación? Seguramente. Claro que la izquierda asturiana siempre ha querido ser más izquierda que el resto de sus correligionarios de otros lugares de España. Para ello se afanaron en ser los primeros en poner en práctica una ley timorata cuyos promotores nunca fueron capaces de transmitir convicción en el fondo del problema y siempre dieron la sensación de poner mucho más interés en reafirmar unas señas de identidad de partido que en rehabilitar la memoria de miles de represaliados por la dictadura.
viernes, 18 de octubre de 2013
La zanahoria y el palo
Son numerosas las ocasiones en las que las respectivas trayectorias vitales nos enfrentan a situaciones en las que un refrán, una fábula o un dicho popular nos sirven para dar forma verbal y gráfica a una situación concreta. Uno de los más generalmente conocidos es el de la zanahoria y el palo, usado en primer término para enfrentar dos formas de respuesta a la evaluación de alguien, el incentivo (con la imagen de la hortaliza) o la sanción (con la de la vara castigadora).
Se me ocurre que hay otra forma de representar esta dicotomía: la de hacer a una persona o un grupo más o menos amplio de personas perseguir con ansiedad la zanahoria que representa el objetivo buscado mientras se le represalía con medidas contrarias a sus intereses.
Me ha venido esta idea a la cabeza con un somero repaso a la actualidad política y económica de España, especialmente al conocer ayer que las temidas nuevas reformas del Gobierno del Partido Popular, negadas hasta la saciedad por sus integrantes hasta ahora, van a imponer otros 17.500 millones de euros de recortes orientados al rebajar el déficit del Estado, entendiendo por tal no sólo la administración central, sino las autonómicas y municipales.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha venido capeando como ha podido el temporal de las repercusiones generalizadas en la ciudadanía de sus políticas de austeridad con frecuentes apelaciones a la paciencia, "porque lo peor ya ha pasado", y con mensajes optimistas que situaban el inicio de la recuperación en un horizonte más o menos cercano. Estas han sido sus pretendidas zanahorias orientadas a hacer creer a los españoles que, si bien hasta ahora habían tenido que sufrir con sangre, sudor y lágrimas los escenarios de la crisis, ha llegado el momento de sacar la cabeza y ver la luz del sol. Para ello han contado con voces cómplices provenientes de las más altas instancias del poder económico que les alentaban a seguir profundizando con la tijera y dando barra libre a sus nada oscuras intenciones o, como ha ocurrido hoy mismo, con sonoros heraldos que hacen sonar sus trompetas doradas para anunciar el cuerno de la abundancia en forma de millonarias llegadas de inversiones.
Pero no hay nada de realidad en esta liturgia financiera. Solamente un ramillete de hortalizas anaranjadas sobre la que se trata de fijar la vista de los ciudadanos de a pie para que no sean capaces de apreciar la aplicación del palo que llega, como los maremotos, por trágicas oleadas de medidas depauperadoras.
Tal parece que este estrategia no va a tener nunca fin. El 'éxito' de las mismas, corroborado por el silencio resignado de millones de españoles, anima a sus ejecutores a seguir en el camino emprendido. De nada vale que la excusa de Europa ya no se la trague nadie, que cada día seamos más conscientes de que el poder geopolítico o de las fronteras territoriales se han venido abajo (si es que alguna vez estuvieron en pie) para entregar todo el protagonismo al capitalismo globalizado que no tiene ni patria ni bandera y sí un diós único con formas de patrón monetario único.
El anuncio del nuevo ajuste implica, en términos que todo el mundo puede entender, más subida de impuestos, más recaudación arrebatada del bolsillo de los 'súbditos', por un lado, y por el otro, nuevas restricciones en la inversión, deterioro de los servicios públicos básicos y, más generalmente, un mayor empobrecimiento.
No parecen temer en estos momentos los poderosos, y los gobernantes que hacen de silenciosos ejecutores de sus fechorías, que de tanto tensar la cuerda ésta podría romperse. Por el momento, prefieren aplicarse febrilmente en la despreciable tarea en la que se han embarcado. Y, mientras tanto, los sujetos pacientes de este terrorífico guión seguimos gritando nuestras iras en las barras de los bares o en los corrillos de los parques aliviados someramente con un becerro de oro con forma de zanahoria.
Se me ocurre que hay otra forma de representar esta dicotomía: la de hacer a una persona o un grupo más o menos amplio de personas perseguir con ansiedad la zanahoria que representa el objetivo buscado mientras se le represalía con medidas contrarias a sus intereses.
Me ha venido esta idea a la cabeza con un somero repaso a la actualidad política y económica de España, especialmente al conocer ayer que las temidas nuevas reformas del Gobierno del Partido Popular, negadas hasta la saciedad por sus integrantes hasta ahora, van a imponer otros 17.500 millones de euros de recortes orientados al rebajar el déficit del Estado, entendiendo por tal no sólo la administración central, sino las autonómicas y municipales.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha venido capeando como ha podido el temporal de las repercusiones generalizadas en la ciudadanía de sus políticas de austeridad con frecuentes apelaciones a la paciencia, "porque lo peor ya ha pasado", y con mensajes optimistas que situaban el inicio de la recuperación en un horizonte más o menos cercano. Estas han sido sus pretendidas zanahorias orientadas a hacer creer a los españoles que, si bien hasta ahora habían tenido que sufrir con sangre, sudor y lágrimas los escenarios de la crisis, ha llegado el momento de sacar la cabeza y ver la luz del sol. Para ello han contado con voces cómplices provenientes de las más altas instancias del poder económico que les alentaban a seguir profundizando con la tijera y dando barra libre a sus nada oscuras intenciones o, como ha ocurrido hoy mismo, con sonoros heraldos que hacen sonar sus trompetas doradas para anunciar el cuerno de la abundancia en forma de millonarias llegadas de inversiones.
Pero no hay nada de realidad en esta liturgia financiera. Solamente un ramillete de hortalizas anaranjadas sobre la que se trata de fijar la vista de los ciudadanos de a pie para que no sean capaces de apreciar la aplicación del palo que llega, como los maremotos, por trágicas oleadas de medidas depauperadoras.
Tal parece que este estrategia no va a tener nunca fin. El 'éxito' de las mismas, corroborado por el silencio resignado de millones de españoles, anima a sus ejecutores a seguir en el camino emprendido. De nada vale que la excusa de Europa ya no se la trague nadie, que cada día seamos más conscientes de que el poder geopolítico o de las fronteras territoriales se han venido abajo (si es que alguna vez estuvieron en pie) para entregar todo el protagonismo al capitalismo globalizado que no tiene ni patria ni bandera y sí un diós único con formas de patrón monetario único.
El anuncio del nuevo ajuste implica, en términos que todo el mundo puede entender, más subida de impuestos, más recaudación arrebatada del bolsillo de los 'súbditos', por un lado, y por el otro, nuevas restricciones en la inversión, deterioro de los servicios públicos básicos y, más generalmente, un mayor empobrecimiento.
No parecen temer en estos momentos los poderosos, y los gobernantes que hacen de silenciosos ejecutores de sus fechorías, que de tanto tensar la cuerda ésta podría romperse. Por el momento, prefieren aplicarse febrilmente en la despreciable tarea en la que se han embarcado. Y, mientras tanto, los sujetos pacientes de este terrorífico guión seguimos gritando nuestras iras en las barras de los bares o en los corrillos de los parques aliviados someramente con un becerro de oro con forma de zanahoria.
lunes, 14 de octubre de 2013
Ensayo general
Superado el fragor del debate de política general de la recién cconcluida semana, un debate que ha merecido mayor número de comentarios que buena parte de cualquier otro acontecimiento de la política regional, se abre ahora un paréntesis para esbozar la que pueda ser la estrategia de todas y cada una de las fuerzas políticas asturianas con vistas al inminente periodo, marcado por la discusión del proyecto presupuestario para el próximo ejercicio económico. Solventada la parte teórica, ha llegado la hora de enfrentarse a las cifras, que son -a fin de cuentas- aquellas que permiten pasar de la teoría a la praxis.
El meollo de la cuestión estará en el proyecto de ley que actualmente trata de ultimar el Gobierno autónomo. Y, más concretamente, en lo que se suelen denominar sus grandes cifras, es decir los guarismos que permiten establecer las líneas maestras de las Cuentas regionales. Hasta la fecha poco, casi nada, sabemos de las mismas. Javier Fernández, en su primera intervención del martes pasado, apenas si avanzó un par de datos. El más relevante, el establecimiento de 3.500 millones de euros como techo de los gastos para 2014, acompañada del más abstracto de definir en presupuesto como "continuista".
Por ahí, seguramente, empezarán los primeros escarceos del Ejecutivo socialista con sus, hasta ahora al menos, socios preferentes. Es de prever que también en estos prolegómenos puedan surgir las primeras desavenencias, especialmente con Izquierda Unida, cuyos representantes van a pedir al presidente un esfuerzo superior al realizado hasta la fecha, bien sea exigiendo un mayor nivel de inversiones, bien por la defensa numantina del recurso al endeudamiento.
Frente a estos planteamientos, el Gobierno de Javier Fernández va a apelar con reiteración al argumento ya esgrimido en los días precedentes: Si la coalición de izquierda y el partido magenta apoyaron con sus votos las Cuentas de este año, no hay razón alguna para que no aprueben las del próximo, que llevan el sello del "continuismo". Contra esas razones alegan los hasta la fecha apoyos parlamentarios de los socialistas que la ejecución presupuestaria de 2013, más allá de los números -un 55,38% a 31 de agosto-, no está satisfaciendo los planteamientos en cuanto a compromisos adquiridos sobre partidas relevantes correspondientes a servicios sociales, los mismos que les llevaron a apoyar el proyecto, razón por la cual la credibilidad del próximo puede considerarse en entredicho.
Frente a las grandes cifras, principios básicos. He aquí el primer obstáculo para un hipotético acuerdo.
En todo caso, el debate presupuestario parece que va a tener su propia mesa de ensayo con el trámite parlamentario de la ley de endeudamiento elaborada por el Gobierno socialista para la asignación de los 72 millones de euros logrados por el Principado de la 'generosidad' del Ejecutivo central, fruto del reparto del incremento del déficit concedido a España por la Unión Europea. En principio, IU y UPyD se muestran proclives a apoyar la norma en la Junta General. Ambas formaciones no ocultan, sin embargo, sus recelos sobre la posibilidad de que, guiños aparte, Javier Fernández y su equipo intenten "utilizar el dinero sólo para equilibrar las Cuentas y presentarse como los mayores cumplidores de la política de Mariano Rajoy", como apuntó el portavoz de la coalición de izquierda, Ángel González. El estilo y los modos manifestados hasta la fecha por el mandatario asturiano al respecto son motivo de desconfianza hasta el extremo de adelantar posibles modificaciones puntuales orientadas a que esta 'propina' presupuestaria se dirija mayoritariamente a "servicios básicos e inversión productiva", pilares de los dos socios del Consejo de Gobierno hasta la fecha.
Podría decirse, pues, que este inminente trámite parlamentario podría ser un excelente ensayo general para adelantar las pautas del que sería el gran estreno posterior: el debate y aprobación, en su caso, del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2014.
El meollo de la cuestión estará en el proyecto de ley que actualmente trata de ultimar el Gobierno autónomo. Y, más concretamente, en lo que se suelen denominar sus grandes cifras, es decir los guarismos que permiten establecer las líneas maestras de las Cuentas regionales. Hasta la fecha poco, casi nada, sabemos de las mismas. Javier Fernández, en su primera intervención del martes pasado, apenas si avanzó un par de datos. El más relevante, el establecimiento de 3.500 millones de euros como techo de los gastos para 2014, acompañada del más abstracto de definir en presupuesto como "continuista".
Por ahí, seguramente, empezarán los primeros escarceos del Ejecutivo socialista con sus, hasta ahora al menos, socios preferentes. Es de prever que también en estos prolegómenos puedan surgir las primeras desavenencias, especialmente con Izquierda Unida, cuyos representantes van a pedir al presidente un esfuerzo superior al realizado hasta la fecha, bien sea exigiendo un mayor nivel de inversiones, bien por la defensa numantina del recurso al endeudamiento.
Frente a estos planteamientos, el Gobierno de Javier Fernández va a apelar con reiteración al argumento ya esgrimido en los días precedentes: Si la coalición de izquierda y el partido magenta apoyaron con sus votos las Cuentas de este año, no hay razón alguna para que no aprueben las del próximo, que llevan el sello del "continuismo". Contra esas razones alegan los hasta la fecha apoyos parlamentarios de los socialistas que la ejecución presupuestaria de 2013, más allá de los números -un 55,38% a 31 de agosto-, no está satisfaciendo los planteamientos en cuanto a compromisos adquiridos sobre partidas relevantes correspondientes a servicios sociales, los mismos que les llevaron a apoyar el proyecto, razón por la cual la credibilidad del próximo puede considerarse en entredicho.
Frente a las grandes cifras, principios básicos. He aquí el primer obstáculo para un hipotético acuerdo.
En todo caso, el debate presupuestario parece que va a tener su propia mesa de ensayo con el trámite parlamentario de la ley de endeudamiento elaborada por el Gobierno socialista para la asignación de los 72 millones de euros logrados por el Principado de la 'generosidad' del Ejecutivo central, fruto del reparto del incremento del déficit concedido a España por la Unión Europea. En principio, IU y UPyD se muestran proclives a apoyar la norma en la Junta General. Ambas formaciones no ocultan, sin embargo, sus recelos sobre la posibilidad de que, guiños aparte, Javier Fernández y su equipo intenten "utilizar el dinero sólo para equilibrar las Cuentas y presentarse como los mayores cumplidores de la política de Mariano Rajoy", como apuntó el portavoz de la coalición de izquierda, Ángel González. El estilo y los modos manifestados hasta la fecha por el mandatario asturiano al respecto son motivo de desconfianza hasta el extremo de adelantar posibles modificaciones puntuales orientadas a que esta 'propina' presupuestaria se dirija mayoritariamente a "servicios básicos e inversión productiva", pilares de los dos socios del Consejo de Gobierno hasta la fecha.
Podría decirse, pues, que este inminente trámite parlamentario podría ser un excelente ensayo general para adelantar las pautas del que sería el gran estreno posterior: el debate y aprobación, en su caso, del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2014.
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