Orfandad y desubicación

Que el Partido Socialista Obrero Español anda un poco desnortado no es ya que lo certifiquen los sondeos con su machacona insistencia indicadora de que el actual segundo gran partido del Estado no consigue remontar a un deteriorado Partido Popular. Es que de ello dan fe los continuados pronunciamientos de sus dirigentes en el día a día de los tiempos que nos están tocando vivir en este país.

La muestra más reciente la ha puesto el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados al presentar una iniciativa que, entre otras cuestiones, tiene como estandarte la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos para ser enterrados en otro lugar menos célebre, ubicación que se deja a la discrecionalidad de sus familiares.

La iniciativa, a priori, no es sino una derivación más de la malhadada Ley de Memoria Histórica impulsada por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. De su redacción se derivaba la conversión del recinto monumental en "un lugar de culto y cementerio público sin que pudieran celebrarse actos de naturaleza política, ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo". Un texto que aludía fundamentalmente a un loable intento de convertir el conjunto arquitectónico en un auténtico símbolo de la reconciliación de los españoles.

Lo primero que a muchos se nos viene a la memoria es que, por mucho que nos haya podido joder (y lo hizo, y a conciencia), el franquismo forma parte de una etapa de la historia de este país (una etapa muy negra) y que nunca se podrá borrar del todo por mucho que se traten de 'dinamitar' sus expresiones en piedra. Personalmente, me parece que unas breves cenizas ahora 'indescifrables' no merecen tanta atención. Y siempre nos quedará la constancia de que los malos recuerdos de nuestra historia reciente se encuentran encerrados en un lugar preciso. Ojalá pudiéramos trasladar allí los residuos de la tiranía que todavía se perciben en ciertos sectores de nuestra sociedad para descansar sabiendo que los tenemos a buen recaudo.

Pero, por encima de esta teoría, supongo que para muchos cuestionable, está el hecho de que sean los socialistas quienes ahora reclaman la ejecución de uno de los objetivos de una normativa aprobada bajo su mandato y que, como tantos otras partes de su texto, fue maltratada por unos gobernantes más pendientes de recolevtar votos que de dar cumplida satisfacción a las víctimas de la contienda española.

Aunque más puntual este caso, podría afirmarse que es un eslabón más de muchas de las iniciativas con las que los socialistas tratan de salir del pozo al que les llevó el anterior Gobierno y sus principales representantes. Verbigracia: el PSOE siempre ha mantenido en su ideario el federalismo, aunque solamente lo ha colocado sobre la mesa de juego a modo de ficha después de perder unas elecciones y comprobar que aún están muy lejos de recuperar la confianza perdida en las urnas.

Dicen sus responsables que están poniendo en marcha un proyecto a diez años vista. Largo me lo fían. Si hasta entonces siguiera marcando las pautas el partido consevador no puedo ni imaginarme en que situación nos encontraría la pócima mágica de los hombres de Rubalcaba.

Otra muestra de la orfandad de ideas y de liderazgo del PSOE la dan con frecuencia algunos de sus propios dirigentes. Alfonso Guerra ha sido el más reciente con su llamada a que el partido tenga su propia marca en Cataluña, dada la sospechosa bipolaridad del PSC en el conflicto soberanista. Este tipo de posicionamientos se suele rechazar desde la dirección con veladas alusiones al 'chochismo' de su vieja guardia. Ya se ha practicado esta técnica con ex dirigentes como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Joaquín Leguina o José Bono; incluso, por qué no decirlo, con el propio Felipe González, máxima 'deidad' del socialismo español de los últimos cuarenta años.

El Partido Socialista Obrero Español hace tiempo ya que perdió su identidad, y ello se trasluce en su comportamiento político y social diario. La etapa de Zapatero como líder del partido y presidente de sucesivos gobiernos no hizo más que ahondar en la herida y ratificar la sensación de orfandad de una personalidad perdida por la ausencia de líderes y por la compraventa de la ideología propiciada por un largo y continuado ejercicio de las responsabilidades públicas y el poder. Desde luego, amén de su efecto en titulares y para fieles incombustibles, cambiar de sitio las cenizas del dictador no parece casar con la contribución a resolver los verdaderos grandes problemas que ahora tiene planteados España.

Cuestión de confianza

Son muchas las ocasiones en las que pienso que en la vida política de este país, sea cual sea en el estrato en el que nos movamos, existe un componente de teatralidad, de guión precocinado, que hace que el argumento sonoro responda más a la plasmación mediática de las diferentes actitudes de sus protagonistas que a una realidad identificable con la credibilidad.

Digo esto a cuenta de los 'acontecimientos' ocurridos estos últimos días en el Ayuntamiento de Gijón. El detonante ha sido una decisión del gobierno local de Foro, o de la alcaldesa, pues para el caso da igual. Concretamente, la destitución fulminante de la secretaria municipal letrada, cargo cuya consideración legal ha merecido un nuevo debate sobre el alcance de las palabras recogidas en la normativa actual vigente. Pérdida de confianza o atentado contra la necesaria independencia de un cargo funcionarial muy relevante en el devenir diario de la corporación son los argumentos de los responsable de la medida, en el primer caso, o de sus detractores, en el segundo. La oposición en pleno, entendiendo por tal a todos los grupos municipales con excepción, naturalmente, del que gobierna, se han apuntado a esa segunda postura. Faltaría más. Es su opción y para ello están, aunque no me creo que a una buena parte de ellos les importe demasiado la situación de Dora Alonso y sí, más bien, el descubrimiento de nueva munición que dirigir contra Carmen Moriyón y su equipo que, dos años y pico después de su sorprendente aparición en la escena local, se mantienen en el poder, si bien con más sobresaltos que alegrías, todo hay que decirlo.

Pero no es ahí adonde quería llegar exactamente, sino al debate posterior que han emprendido unos y otros. Y en este punto quiero detenerme en uno de los últimos capítulos del mismo. Me refiero a la petición del portavoz socialista de exigir a la alcaldesa que se someta a una cuestión de confianza con la que mostrar a los gijoneses que sigue contando con una mayoría, aunque exigua, para mantener el bastón de mando municipal.

Del estilo de un Santiago Martínez Argüelles envalentonado últimamente en su papel de jefe de la oposición ya he comentado algo anteriormente en esta tribuna. Quizá su inusual protagonismo (en los dos primeros años de mandato se le ha visto poco y mal) pueda deberse más bien a la toma de conciencia de que el tiempo corre contra sus intereses y que su objetivo de alcanzar la Alcaldía de Gijón se antoja cada día más improbable. Sin embargo, no parece que esta última iniciativa contribuya a mejorar su imagen, como no sea por conseguir algunos titulares llamativos en los medios de comunicación. La iniciativa socialista sucede a las fallidas amenazas de recurrir a la moción de censura, conscientes sus promotores de las escasas, por no decir nulas, posibilidades de prosperar.

En primer lugar, a nadie se le pasa por la cabeza que la regidora local vaya a poner su destino en manos de un pleno que, evidentemente, no controla. No lo va a hacer ella ni lo haría el proponente de estar en la misma situación. Nadie lo haría salvo aquellos que gustan de hacer brindis al sol amparados en una mayoría absoluta y sólida.

En cualquier caso, de darse el escenario que Martínez Argüelles plantea, todo apunta a que la tramitación tendría el mismo desenlace que la varias veces descartada moción de censura de los grupos de la izquierda municipal.

De lo que tienen que convencerse los socialistas y la coalición de izquierda es de que su verdadero problema no es el partido de Cascos, sino el PP. Sus concejales y no otros son los que viven prisioneros del resultado de las urnas desde 2011, desde que decidieron apoyar con sus votos la investidura de la actual alcaldesa. Por supuesto que los ediles de 'Cherines' en Gijón pagarían por echar a los concejales de Foro. En ello están desde hace tiempo, aunque todavía no han logrado encontrar la llave de una caja de los truenos que tiene una única traca final: entregarles sin condiciones a los socialistas el poder que perdieron hace dos años y pico. Y esto es algo que, sospechan, podría reportarles peores réditos electorales que su "apoyo condicionado" actual al partido de Cascos. Las matemáticas parlamentarias son incontestables (que se lo pregunten si no a Javier Fernández) y por mucho que algunos se empeñen en 'conjugar' los votos, las salidas son las que son y no hay nada más que rascar.

Queda todavía algo más de un año para la próxima cita con las urnas y es de suponer que la izquierda, por un lado, y los populares, por el otro, seguirán investigando en sus respectivos laboratorios de ideas en busca de esa pócima mágica que finalice con Moriyón y su equipo en el 'destierro'. Es tarea harto difícil, pero no imposible, tienen que pensar. Y menos en esto que algunos eufemísticamente llaman el 'noble arte de la política'. Entretanto, perseverarán en sus intentos de asalto al poder mediante cualquier argumento que sus adversarios pudieran darles. Aunque ello les lleve a protagonizar espectáculos tan indecorosos como ese reciente plenario en el que, con la colaboración involuntaria del grupo gobernante, han conseguido un desacuerdo general sobre política impositiva lesiva para todos los gijoneses.

Señas de identidad

En la resaca del debate sobre la reforma de la normativa electoral y sus posibles repercusiones en el proyecto presupuestario para el año venidero se ha colado esta semana la apertura de juicio oral al actual portavoz de Izquierda Unida en la Junta General del Principado. Ángel González está imputado por un presunto caso de prevaricación administrativa al haber fraccionado, cuando ocupaba el cargo de viceconsejero de Bienestar Social, la contratación de el suministro de monolitos con los que señalar los lugares en los que han sido datadas fosas comunes de víctimas del régimen franquista.

Dejaré a un lado intencionadamente la consideración que me merece la actitud de González negándose a dimitir de su actual cargo y recabando el apoyo cómplice de la dirección de la fuerza política a la que representa. Me excuso apelando al aluvión de comentarios que han reflejado el sentir mayoritario sobre tal actitud. Sobre todo si recordamos que fue precisamente Izquierda Unida la que hace escasos meses solicitaba la renuncia de Francisco González, ex diputado regional del Partido Socialista, cuando éste recibió también la notificación de apertura de juicio oral, también bajo la acusación de presunta prevaricación en el ejercicio éste de sus funciones de alcalde de Cudillero.

Evidentemente, no se trata de valorar la existencia o no de un delito (para esos están los tribunales), ni siquiera la mala intención o el improbable apetito económico desordenado del imputado. Se trata más de una cuestión de higiene democrática, algo de lo que parecen carecer la mayoría de los partidos políticos cuando las malas caen de su lado.

Aparcando la imagen que la coalición de izquierda y su portavoz transmiten a la sociedad asturiana con su actitud de enrocamiento, quisiera centrarme en este comentario en el meollo de la actuación que ha llevado al banquillo al portavoz parlamentario de IU: la adquisición de las losas destinadas al cumplimiento de lo estipulado en el texto de la Ley de Memoria Histórica promovida en su momento por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Y habría que empezar por la propia normativa, una iniciativa bienintencionada que, al final, prácticamente no logró satisfacer plenamente a casi nadie y cuyo debate y probación se aceleró intencionadamente en lo que a mi entender podría ser una búsqueda deseperada de una de esas señas de identidad que algunas veces necesita la izquierda española para seguir sintiéndose como tal.

Mi ex compañero en las tareas informativas de 'El Comercio' José Ángel García publica hoy una información que al menos yo no conocía y se me antojaba necesaria para valorar la tramitación que ha terminado con la imputación de Ángel González. Me refiero a la situación actual de esos monolitos o losas: veintiuna instaladas en su lugar de destino, otras diez en proceso de colocación y otras cincuenta de las que se ignora cuando van a empezar a cumplir la función para la que se contrataron.

Con estos datos, alguien podría decir que las buenas intenciones del entonces ex consejero de Bienestar Social se han visto traicionadas por la realidad. Si recurrió a una táctica orientada a sortear la ley de contratos del Estado con el objetivo -el imputado "dixit"- de acelerar la compra e instalación de los monolitos para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica, ¿cómo se explican esas cifras? ¿Podrían haberse evitado los atajos y estaríamos en idéntica situación? Seguramente. Claro que la izquierda asturiana siempre ha querido ser más izquierda que el resto de sus correligionarios de otros lugares de España. Para ello se afanaron en ser los primeros en poner en práctica una ley timorata cuyos promotores nunca fueron capaces de transmitir convicción en el fondo del problema y siempre dieron la sensación de poner mucho más interés en reafirmar unas señas de identidad de partido que en rehabilitar la memoria de miles de represaliados por la dictadura.

La zanahoria y el palo

Son numerosas las ocasiones en las que las respectivas trayectorias vitales nos enfrentan a situaciones en las que un refrán, una fábula o un dicho popular nos sirven para dar forma verbal y gráfica a una situación concreta. Uno de los más generalmente conocidos es el de la zanahoria y el palo, usado en primer término para enfrentar dos formas de respuesta a la evaluación de alguien, el incentivo (con la imagen de la hortaliza) o la sanción (con la de la vara castigadora).

Se me ocurre que hay otra forma de representar esta dicotomía: la de hacer a una persona o un grupo más o menos amplio de personas perseguir con ansiedad la zanahoria que representa el objetivo buscado mientras se le represalía con medidas contrarias a sus intereses.

Me ha venido esta idea a la cabeza con un somero repaso a la actualidad política y económica de España, especialmente al conocer ayer que las temidas nuevas reformas del Gobierno del Partido Popular, negadas hasta la saciedad por sus integrantes hasta ahora, van a imponer otros 17.500 millones de euros de recortes orientados al rebajar el déficit del Estado, entendiendo por tal no sólo la administración central, sino las autonómicas y municipales.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha venido capeando como ha podido el temporal de las repercusiones generalizadas en la ciudadanía de sus políticas de austeridad con frecuentes apelaciones a la paciencia, "porque lo peor ya ha pasado", y con mensajes optimistas que situaban el inicio de la recuperación en un horizonte más o menos cercano. Estas han sido sus pretendidas zanahorias orientadas a hacer creer a los españoles que, si bien hasta ahora habían tenido que sufrir con sangre, sudor y lágrimas los escenarios de la crisis, ha llegado el momento de sacar la cabeza y ver la luz del sol. Para ello han contado con voces cómplices provenientes de las más altas instancias del poder económico que les alentaban a seguir profundizando con la tijera y dando barra libre a sus nada oscuras intenciones o, como ha ocurrido hoy mismo, con sonoros heraldos que hacen sonar sus trompetas doradas para anunciar el cuerno de la abundancia en forma de millonarias llegadas de inversiones.

Pero no hay nada de realidad en esta liturgia financiera. Solamente un ramillete de hortalizas anaranjadas sobre la que se trata de fijar la vista de los ciudadanos de a pie para que no sean capaces de apreciar la aplicación del palo que llega, como los maremotos, por trágicas oleadas de medidas depauperadoras.

Tal parece que este estrategia no va a tener nunca fin. El 'éxito' de las mismas, corroborado por el silencio resignado de millones de españoles, anima a sus ejecutores a seguir en el camino emprendido. De nada vale que la excusa de Europa ya no se la trague nadie, que cada día seamos más conscientes de que el poder geopolítico o de las fronteras territoriales se han venido abajo (si es que alguna vez estuvieron en pie) para entregar todo el protagonismo al capitalismo globalizado que no tiene ni patria ni bandera y sí un diós único con formas de patrón monetario único.

El anuncio del nuevo ajuste implica, en términos que todo el mundo puede entender, más subida de impuestos, más recaudación arrebatada del bolsillo de los 'súbditos', por un lado, y por el otro, nuevas restricciones en la inversión, deterioro de los servicios públicos básicos y, más generalmente, un mayor empobrecimiento.

No parecen temer en estos momentos los poderosos, y los gobernantes que hacen de silenciosos ejecutores de sus fechorías, que de tanto tensar la cuerda ésta podría romperse. Por el momento, prefieren aplicarse febrilmente en la despreciable tarea en la que se han embarcado. Y, mientras tanto, los sujetos pacientes de este terrorífico guión seguimos gritando nuestras iras en las barras de los bares o en los corrillos de los parques aliviados someramente con un becerro de oro con forma de zanahoria.

Ensayo general

Superado el fragor del debate de política general de la recién cconcluida semana, un debate que ha merecido mayor número de comentarios que buena parte de cualquier otro acontecimiento de la política regional, se abre ahora un paréntesis para esbozar la que pueda ser la estrategia de todas y cada una de las fuerzas políticas asturianas con vistas al inminente periodo, marcado por la discusión del proyecto presupuestario para el próximo ejercicio económico. Solventada la parte teórica, ha llegado la hora de enfrentarse a las cifras, que son -a fin de cuentas- aquellas que permiten pasar de la teoría a la praxis.

El meollo de la cuestión estará en el proyecto de ley que actualmente trata de ultimar el Gobierno autónomo. Y, más concretamente, en lo que se suelen denominar sus grandes cifras, es decir los guarismos que permiten establecer las líneas maestras de las Cuentas regionales. Hasta la fecha poco, casi nada, sabemos de las mismas. Javier Fernández, en su primera intervención del martes pasado, apenas si avanzó un par de datos. El más relevante, el establecimiento de 3.500 millones de euros como techo de los gastos para 2014, acompañada del más abstracto de definir en presupuesto como "continuista".

Por ahí, seguramente, empezarán los primeros escarceos del Ejecutivo socialista con sus, hasta ahora al menos, socios preferentes. Es de prever que también en estos prolegómenos puedan surgir las primeras desavenencias, especialmente con Izquierda Unida, cuyos representantes van a pedir al presidente un esfuerzo superior al realizado hasta la fecha, bien sea exigiendo un mayor nivel de inversiones, bien por la defensa numantina del recurso al endeudamiento.

Frente a estos planteamientos, el Gobierno de Javier Fernández va a apelar con reiteración al argumento ya esgrimido en los días precedentes: Si la coalición de izquierda y el partido magenta apoyaron con sus votos las Cuentas de este año, no hay razón alguna para que no aprueben las del próximo, que llevan el sello del "continuismo". Contra esas razones alegan los hasta la fecha apoyos parlamentarios de los socialistas que la ejecución presupuestaria de 2013, más allá de los números -un 55,38% a 31 de agosto-, no está satisfaciendo los planteamientos en cuanto a compromisos adquiridos sobre partidas relevantes correspondientes a servicios sociales, los mismos que les llevaron a apoyar el proyecto, razón por la cual la credibilidad del próximo puede considerarse en entredicho.

Frente a las grandes cifras, principios básicos. He aquí el primer obstáculo para un hipotético acuerdo.

En todo caso, el debate presupuestario parece que va a tener su propia mesa de ensayo con el trámite parlamentario de la ley de endeudamiento elaborada por el Gobierno socialista para la asignación de los 72 millones de euros logrados por el Principado de la 'generosidad' del Ejecutivo central, fruto del reparto del incremento del déficit concedido a España por la Unión Europea. En principio, IU y UPyD se muestran proclives a apoyar la norma en la Junta General. Ambas formaciones no ocultan, sin embargo, sus recelos sobre la posibilidad de que, guiños aparte, Javier Fernández y su equipo intenten "utilizar el dinero sólo para equilibrar las Cuentas y presentarse como los mayores cumplidores de la política de Mariano Rajoy", como apuntó el portavoz de la coalición de izquierda, Ángel González. El estilo y los modos manifestados hasta la fecha por el mandatario asturiano al respecto son motivo de desconfianza hasta el extremo de adelantar posibles modificaciones puntuales orientadas a que esta 'propina' presupuestaria se dirija mayoritariamente a "servicios básicos e inversión productiva", pilares de los dos socios del Consejo de Gobierno hasta la fecha.

Podría decirse, pues, que este inminente trámite parlamentario podría ser un excelente ensayo general para adelantar las pautas del que sería el gran estreno posterior: el debate y aprobación, en su caso, del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2014.

Vámonos de campaña

El balance pausado del debate de orientación política general del Consejo de Gobierno que ha polarizado la actividad de la Junta General del Principado está semana se podría resumir muy esquemáticamente en la ruptura de la estabilidad parlamentaria lograda por Javier Fernández con los acuerdos, firmados en un papel o verbales, que permitieron hace un año y medio aproximadamente su investidura. La negativa del presidente asturiano a dar su apoyo a la reforma electoral pactada con los hasta ahora socios de Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia, al menos sin contar con el apoyo de uno de los dos grupos de la derecha, esa negativa -digo- ha marcado, por muchas argumentaciones de todo tipo a las que se quiera recurrir, el devenir de los posibles equilibrios que permitirían a esta comunidad mantener una administración estable.

Al margen de la imagen de un Gobierno que piede 27 votaciones en el debate de las propuestas de resolución -más icónico que realista, pues ya se sabe que esas exigencias mayoritarias luego no se cumplen- nos queda la agresividad verbal del portavoz de la coalición de izquierdas (el asturianísimo término 'frayar ya queda para la galería de frases 'históricas'), el escepticismo derrotista del representante del partido magenta o la arrogancia de un mandatario dispuesto a 'inmolarse' por ser fiel a sus llamémosles fundamentos básicos.

No me voy a extender apenas en la adecuación o no a la realidad de todas estas posturas. Me limitaré a reseñar que, si bien la reforma electoral no entra dentro de ninguna de las prioridades de los asturianos en estos momentos, parece lógico que los apoyos del Ejecutivo reclamen el cumplimiento de los compromisos, especialmente aquellos que los formalizaron por escrito, sobre todo porque se nos antoja que no existe incompatibilidad alguna entre su aplicación y las medidas específicamente orientadas a la recuperación económica o la creación de empleo. Tampoco entiendo muy bien, purismos aparte, que Javier Fernández y su partido hayan convertido la negativa a abordar el cambio de las normas electorales sin esa concepción de mayoría "reforzada" en una cuestión de principios. La argumentación de la posible volatilidad de la nueva ley cuando las urnas provoquen un vuelco matemático de la correlación de fuerzas serviría para justificar el más rancio de los inmovilismos. ¿Acaso no se puede aplicar a cualquier normativa ese mismo fundamento? Por esa razón no habría forma de aprobar legislación alguna.

El caso es que el desenlace del debate sobre el 'estado de la región' ha colocado sobre el tapete un guión nuevo para la todavía larguísima parte pendiente de la presente legislatura, un guión que abandona el gran argumento sobre la gobernación (gobernanza les gusta decir ahora a nuestros políticos) del actual presidente autonómico y que abre las puertas a un periodo donde la refriega y la tensión sustituirán, previsiblemente al "diálogo tranquilo", sello del mandatario.

Desde el punto de vista de los ciudadanos, más allá de las hipotéticas consecuencias sobre el horizonte presupuestario, se plantea -al menos yo lo veo así- otra menos cuantificable en cifras, pero no menos dañina. Aclaro. Me estoy refiriendo a la conversión de una parte importante de una legislatura en una inmensa campaña pre-électoral. Éste, y no otro, ha sido el eslogan de los socialistas a la hora de definir la actitud de sus hasta ahora socios preferentes. Utilizan -afirman- la reforma electoral como señuelo para empezar a desmarcarse del partido mayoritario con tiempo suficiente para llegar 'limpios' a las urnas. Esta teoría se ve reforzada cuando esos socios son precisamente aquellos a los que todos los sondeos dan como beneficiarios del deterioro de los dos grandes partidos mayoritarios.

Sea por el convencimiento de que tal es la actitud de IU y UPyD, sea por la adaptación a los hechos consumados, el caso es que el PSOE asturiano también ha recogido ese guante y ha decidido unirse a la fiesta con ese sorprendente anuncio que promete una "millonada" para hacerle un 'lifting' de clínica para 'celebrities' al gijonés Hospital de Cabueñes. La incredulidad ha sido la respuesta generalizada a la promesa de los socialistas, sobre todo si, como parece, los ya de por sí escasos márgenes presupuestarios podrían verse aminorados por una prórroga en años subsiguientes (si Fernández no logra sacar adelante las Cuentas para 2014, ni el más optimista arriesgaría un chavo por las de 2015).
El anuncio suena más a programa electoral (sí, hombre, de esos que nunca se cumplen) que a una inversión con visos de realidad.

Y, puestos a prometer y no meter, qué mejor que hacerlo poniendo como beneficiario al municipio gijonés. La Federación Socialista Asturiana es muy consciente de que la villa de Jovellanos es su principal espina electoral y, tras el último susto en las urnas, se ha propuesto recuperar su buque insignia, el mismo que ahora sirve a Foro Asturias para navegar por los procelosos mares de la política regional con enseña propia. No es ajeno tampoco a esta actitud el progresivo desánimo de sus correligionarios con los pobres resultados cosechados como jefe de la oposición municipal por Santiago Martínez Argüelles, quien ha despertado recientemente de su condición de 'boxeador sonado' mantenida desde la derrota en las urnas con una inhabitual actividad en las redes sociales e, incluso, organizando fiestas a las que acude el secretario federal de Organización, como la celebrada ayer mismo.

Mientras tanto, los dos partidos de la derecha parlamentaria aplauden con las orejas ante la evidencia de que el río revuelto en el que amenaza con convertirse la política asturiana les va a permitir pescar cómodamente.

La evidencia es que, al final, los partidos políticos se sienten más cómodos y expresan su verdadero ser en las campañas electorales, esas en las que el lema común es "Prométele cualquier cosa", que luego ya hablaremos del Gobierno. Y, entretanto, la ciudadanía asistimos con cara embobada a este lamentable espectáculo.

¡Dejadme solo!

El guión previsto para la segunda sesión del debate de orientación política general del Consejo de Gobierno se cumplió según todas las previsiones aventuradas. Bueno, quizá no sea totalmente exacto, y sólo lo fuera en las pautas generales porque el presidente del Principado optó hoy por sacar pecho y reforzarse en sus planteamientos de rechazo a una reforma de la ley electoral que le exigen los hasta ahora socios de gobierno. Por su parte, Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia aceptaron recoger el guante y endurecieron sus discursos hasta el extremo de mostrarse a ratos más oposición que los dos grupos parlamentarios de la derecha en la Junta General.

Había expectación por ver como lidiaba Javier Fernández el victorino que ayer decidió mandar a chiqueros. Los pronósticos aventuraban una faena de aliño tendente a salvar los trastos sin apenas destrozos a la espera de una mejor oportunidad. Pero no fue así. El mandatario autonómico irguió el cuerpo, compuso la figura y se lanzó al ruedo con gesto y empaque para no eludir las embestidas; al contrario, entró directo a las distintas suertes con aquella especie de grito mítico del "dejadme solo". Al representante de UPyD le dijo sin reservas que aceptó negociar el cambio de las normas electorales porque lo necesitaba para ser investido. Así de directo, lisa y llanamente. Y al portavoz de Izquierda Unida le espetó que no se considere "pareja de hecho" de los socialistas porque aquí no hay nada firmado. Así de 'chulo' se mostró ayer el líder de la FSA. Y para rematar la faena a ambos les dijo que ellos sabrán lo que tienen que hacer, dando por hecho que la "responsabilidad" con Asturias debería reblandecer sus exigencias.

Rotos los puentes desde la Presidencia, Ignacio Prendes y Ángel González consideraron que ya no había razón alguna para poner paños calientes en unas relaciones muy deterioradas en los últimos meses y que amenazan con emponzoñarse aún más. Desde el suave "anclado en el pasado" a las acusaciones de "engaño" o la constatación de la "desconfianza" que les genera Javier Fernández y su equipo, los venablos silbaron la bancada del Ejecutivo en un escenario de manifiesta ruptura.
El cierre del debate de hoy, inicialmente intrascendente en anteriores ocasiones, solamente podría constatar el enfriamiento, si no la separación, de las relaciones entre Fernández y sus dos apoyos parlamentarios hasta la fecha.

La razón argumental principal para eludir la 'urgencia' de la reforma electoral, el escaso o nulo interés que la iniciativa pudiera tener para los asturianos, acuciados por problemas más relevantes, rebotó manifiestamente en los muros de la coalición de izquierda y el partido magenta. Curiosamente, manifestó compartirla la portavoz del Partido Popular, y lo cito no tanto por los planteamientos racionales del grupo conservador como por el hecho de subrayarlo Mercedes Fernández en un debate como éste del 'estado de la región'.

Líbreme dios de hacer futurología o entrar en vaticinios quirománticos pero, a medida que el tiempo pasa, cobra fuerza, y se envuelve con hechos y palabras concretos, la hipótesis de un presunto pacto de final de legislatura entre socialistas y populares para librar al Ejecutivo de Javier Fernández de los cepos que le suponen actualmente los hasta ahora socios. Claro que ni Fernández ni Fernández (el apellido es el mismo) pueden permitirse el lujo de 'encamarse' públicamente, no siquiera en una reedición del famoso 'pacto del duernu', pero los guiones de la política a veces se escriben con renglones torcidos y un acuerdo combinado de no agresión y 'salvación nacional' es un libreto que está pidiendo a gritos que alguien lo escriba.

El lenguaje más conciliador de Mercedes Fernández de esta mañana o la reiteración del mandatario asturiano en no romper puentes de diálogo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ni aún cuando te las esté dando todas en el mismo carrillo, son elementos a considerar en el actual paisaje institucional del Principado. Quizá algo de esto pudiera intuir el portavoz de IU cuando acusó al presidente regional de "escudarse detrás de la derecha". Si así fuera, a nadie le sorprendería que Javier Fernández haya entrado con valor y cercanía al toro de trapío que hoy fueron sus apoyos parlamentarios.