Arquitectura institucional

Muchas veces nos olvidamos de que el tópico, como concepto, no es sinónimo de falso. Al contrario, generalmente se trata de una realidad que, de tanto repetirla y estereotiparla, se nos antoja como una exageración, cuando no un consumada mentira.

La práctica política no es ajena a ese planteamiento y, aunque a veces su uso reiterado tiene como objetivo introducir un mensaje más o menos adulterado en la mente de sus receptores, en otras muchas ese abuso indiscriminado acaba por adulterar una idea básica abrumadoramente real.

En el ámbito de la política regional caló hace ya muchos años un mensaje muy concreto: el de la consolidación de una forma autóctona de entender el bipartidismo. PSOE y PP se repartían los papeles -desiguales, pero aceptados, eso sí- para perpetuarse en el control de eso que ahora el portavoz parlamentario del primero de ellos ha denominado "arquitectura institucional".

Fueron muchos años en los que los socialistas gobernaron, apoyándose en Izquierda Unida solamente cuando necesitaban sus votos, aunque el verdadero sustento con que contaban era una oposición acomodada que no permitía en momento alguno que la sangre llegara al río. Todos estaban a gusto. Unos con el pastel y los demás, con las sobras.

El retorno de Francisco Álvarez-Cascos al Principado, tras su retiro voluntario, puso nombre y apellidos a aquella situación bipartidista: "el pactu del duernu". Mucho se ha escrito y debatido sobre el mismo y su existencia con la conclusión de que, como las meigas, "haberlu hailu".

Pero ha tenido que ser en estos dos últimos años cuando socialistas y populares han decidido dar corporeidad a su interesada entente. Pero nunca a través de un incordiante pacto formal, sino con acuerdos puntuales, pequeños y grandes, capaces de ir superando los obstáculos aritméticos de una Junta General más plural y, por tanto, más incómoda para los que gobiernan.

El primer aldabonazo de ese entendimiento entre los que fueron los dos grandes partidos omnipresentes durante décadas tuvo como reflejo la ruptura del Ejecutivo de Javier Fernández con los que habían permitido con su apoyo la formación de un gobierno monocolor socialista. Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia se quedaron con cara de tontos cuando su socio mayoritario les plantó en el altar de una reforma electoral por un quítame allá esas pajas.

Irritados, ecocomunistas y magentas replicaron con su rechazo al proyecto presupuestario que un año antes no habían tenido inconveniente en aceptar. Tras el trago de aceite de ricino que supuso para el presidente del Principado ver como dicho proyecto se iba a la papelera, muy pronto surgió el 'amigo responsable' que fundamentó con sus sufragios las necesarias normas de ampliación de créditos.

Las circunstancias han obligado progresivamente a los dos 'amantes' a ser cada día más atrevidos y a exteriorizar sus relaciones, por mucho que, cuando son pillados "in fraganti" reiteren que ni se conocen.

El reciente debate sobre la reforma de la Ley del Presidente, abortado ayer mismo, ha significado la oficialización del acuerdo entre socialistas y populares. Solamente unos y otros pueden sostener a estas alturas de la película esa aberración que impide a un diputado o a un grupo parlamentario emitir un voto en contra del candidato a ser investido presidente. Es una muestra más de los viejos contubernios trasladados a la actualidad. Máxime cuando la Federación Socialista Asturiana, otra vez, parecía dispuesta a ser flexible en medidas que podrían interpretarse como contrarias a sus intereses.

Al final, es esa "arquitectura institucional" la que alberga el bienestar de sus promotores y por ello no están dispuestos a dar entrada en el proyecto a peritos, delineantes, alicatadores o albañiles.