¿Hasta cuándo el Constitucional?

Lo que todo el mundo sabía de antemano ha tenido su confirmación esta misma mañana. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado el nombramiento (el segundo) del socialista Luis Fernández Garay como alcalde (el quinto en algo más de dos años) de Cudillero. Los argumentos de la dirección de la Federación Socialista Asturiana se han disuelto como azucarillo en agua ante la doctrina ya implantada por el Tribunal Constitucional cuando echó abajo la primera vez la proclamación como regente del susodicho.

Hace ya mucho tiempo que el laberinto pixueto organizado por los propios socialistas ha mostrado una única salida en forma de elecciones anticipadas. Los fallos de los distintos tribunales han dejado claro que en este momento ningún militante del PSOE en el concejo puede acceder al cargo, por mucho que se le ponga entre ceja y ceja al secretario de Organización de dicho partido, Jesús Gutiérrrez. Esto ya lo sabía cuando el pasado mes de agosto consiguió 'fabricar' un fundamento jurídico para presentar de nuevo a Fernández Garay, poco tiempo después de que el TC invalidara su primer nombramiento.

Pero da la sensación de que los socialistas no quieren bajo ningún concepto afrontar una nueva cita con las urnas en el municipio; bien sea porque son conscientes de que este largo periodo de inestabilidad fabricado exclusivamente por ellos mismos podría retirarles el apoyo mayoritario recibido hasta la fecha en sucesivas elecciones, bien porque el posible acceso de otro alcalde al bastón de mando pudiera sacar a la luz supuestas tropelías, por llamarlas de alguna manera, del verdadero arífice de todo este embrollo, el primer regidor de este mandato, Francisco González, pendiente de juicio por presunto delito de prevaricación.

Sea por lo que sea, el 'laboratorio' que dirige Jesús Gutiérrrez ha preferido emprender el camino de 'sostenella y no enmendalla' y rizar el rizo de los recovecos jurídicos para alargar en la medida de lo popsible la continuidad en el poder de sus representantes, aunque estos hayan sido descalificados para el puesto por el más alto tribunal del Estado.

Ahora, desde la calle de Santa Teresa se nos dice que el Partido Socialista está estudiando recurrir en amparo al mismo Tribunal Constitucional. ¿En amparo de qué? ¿De quién? ¿Pretenden que el TC vaya en contra de su propia doctrina? ¿Qué rectifique su ya expresado criterio sobre la incapacidad legal para que Fernández Garay sea alcalde?

Son muchas las veces que nos quejamos de la lentitud o inoperancia de la Justicia. Sin embargo, en este caso, son ya demasiados los recursos ante el TC  y parece evidente (menos para algunos) que no se puede seguir apelando al mismo reiteradamente para un mismo asunto ya dictaminado.

Somos millares los que hemos comentado en numerosas ocasiones que, por suerte o desgracia, este vodévil trágico hace tiempo que agotó su guión y únicamente una convocatoria a las urnas puede acabar con una situación que pone en solfa al municipio pixueto y, por extensión, al conjunto de Asturias.

Mal acostumbrados

No parece haberle servido de mucho a la Federación Socialista Asturiana el hecho de haber perdido durante un año el Gobierno del Principado. Quizá el hecho de recuperarlo tan rápidamente (no hizo falta más que un año) haya invitado a sus máximos responsables a considerar que el interregno de Cascos fue solamnte un mal sueño del que hay que olvidarse nada más despertar. Que fuera más por demérito ajeno que por la acción propia tampoco se antoja como cortapisa para seguir instalados en el mundo del 'cortijo' particular.

Ya digo que, obviando el periodo del Ejecutivo de Foro, los socialistas han gobernado con relativa tranquilidad durante muchos años seguros de que con mayorías absolutas o minoritarias siempre han podido gestionar la cosa pública con relativa comodidad. El apoyo de Izquierda Unida fue suficiente siempre para, bien sea a cambio de una participación sustancial en el Ejecutivo o simplemente bajo la pancarta del "parar a la derecha", sacar adelante sus políticas de partido. Los sucesivos mandatos de Vicente Álvarez Areces son ejemplo fiel de lo antedicho. Curiosamente, las únicas muestras reales de debilidad de esos equipos sobrevinieron como consecuencia d ataques desde dentro de sus propias filas, cuando la guerra interna de familias colocó a 'Tini' al borde del precipicio.

Quizá fruto de esa seguridad, parece que Javier Fernández ya ha arrumbado al baúl del olvido el año de gobierno de Cascos y ahora navega más o menos comodamente porque tiene un pacto con otras dos fuerzas políticas (con una, escrito; con la otra, verbal) que le ha permitido hasta la fecha avanzar, con discreción pero sin sobresaltos.

Sin embargo, ese pacto estaba basado en unos compromisos entre los que -nadie lo ignora- figuraba una reforma de la ley electoral de mayor simbología que importancia real. Tras mucho más tiempo del que podría parecer razonable -el tiempo cuenta en política, y mucho-, la mayoría socialista logró el apoyo de sus dos socios parlamentarios para abordar, mediante una fórmula mixta que podía satisfacer los mínimos exigidos por IU y UPyD. No así, como era de esperar, el consenso de las dos fuerzas de la derecha en la Junta General del Principado.

La dirección de la FSA  ha considerado desde un principio -en eso no ha engañado a nadie- que una mayoría pírrica como la alcanzada para cambiar la norma que regula los comicios en la comunidad autónoma no es suficiente para abordar tamaña empresa. Una postura objetivamente muy razonable, aunque no piensan igual los responsables de la coalición de izquierda y el partido magenta, que recuerdan que el actual presidente del Principado lleva un año y pico en el puesto gracias a que le han sustentado en cada votación importante de las realizadas hasta la fecha. En concreto, la fuerza política que lidera Rosa Díez apela al contenido textual del acuerdo de legislatura firmado al empezar ésta y reclama a Javier Fernández que ahora cumpla su parte. Para ellos, como para IU, la cifra de 23 diputados es suficiente para sacar adelante la reforma electoral.

La fuerza de la costumbre de saberse siempre respaldado durante muchos años quizá sea la que esté llevando a los socialistas a mantener de forma clara su rechazo a cambiar las reglas del juego electoral sin una mayoría mucho más amplia. Sin embargo, sus socios ya le han recordado que, a la vuelta de la esquina está el debate presupuestario y que un incumplimiento de los acuerdos firmados podrían echar abajo el proyecto de Cuentas de la comunidad, algo que, hasta donde uno sabe, no hace mella en el Ejecutivo y en el primer partido de la Junta General, que se muestran seguros de no dar su brazo a torcer.

Las apuestas están ya sobre la mesa y la FSA y el Ejecutivo asturiano se manifiestas dispuesto a repeler el órdago de sus apoyos parlamentarios. Una postura más que digna pero de dudosa efectividad si en la otra parte del tapete los jugadores aguantan también el tipo. Quizá la historia haga pensar a Fernández y los suyos que, al final, con dos o tres 'caxigalines' van a meter en el redil a los rebeldes. Al final, todo se reduce a que están mal acostumbrados.

Lo mío no me lo toquen

Cuando hace algo más de un mes decidí dar descanso al teclado para tomarme unas vacaciones familiares no se me habría podido ocurrir ni remotamente que cuatro semanas después, a mi regreso a Asturias, me iba a encontrar con que los diputados de la Junta General del Principado, quizá aprovechando el sopor ciudadano del estío, han encontrado la forma de mantener sus absolutamente impresentables emolumentos mediante la fórmula de llamar a las cosas de otra manera. Cambiar algo para que no cambie nada, como decía estos días mi querido compañero Alberto Menéndez.

Finalmente, la mayoría de la Cámara ha encontrado el camino para no dejar de percibir lo que hasta ahora recibían, aunque; eso sí, recubriéndolo todo con una patina de "legalidad". Como resulta indefendible ante la sociedad el anterior sistema de cobrar dietas por reuniones que no se celebran, kilometrajes que no se realizan o disfrutar de la impunidad fiscal a base de conceptos retributivos sin obligación de cotizar a Hacienda, al final se han unificado partidas y se ha creado un gran concepto salarial que les equipara a los sueldos de los altos cargos de la Administración autonómica. Como parte de aquellos conceptos no han desaparecido del cobro ordinario, al final, y eso hay que decirlo con todas las letras, a lo que han procedido es lisa y llanamente a subirse el sueldo.

Ni que decir tiene que tan indigno procedimiento no ha despertado la más mínima de las vergüenzas en los beneficiarios de esta "reforma", que parecen disponer de trabajados argumentos para mantener sus privilegios salariales, los mismos que niegan con sus políticas al común de los mortales.

Éramos muchos los que en el fragor de los intensos debates celebrados por sus señorías en los inicios del verano queríamos apreciar un claro intento de marear la perdiz para lograr un único objetivo: mantener su estatus retributivo. Suenan a broma ahora todos aquellos remilgos de unos y de otros (que no nos engañen, aquí no se salva nadie) a la hora de argumentar por qué no había forma de ponerse de acuerdo. Al final, siempre aparece la mayoría suficiente para mantener la "manduca". De alguna manera, podría decirse que los parlamentarios de uno y de otro signo han recurrido a aquel viejo y nada ortodoxo método de los tiempos escolares que consistía en resolver un problema matemático al revés; es decir, sabiendo la solución, reconstruir el proceso de planteamiento del final hacia el principio.

Como del escándalo no aprenden -hay ejemplos para aburrir- ahora van a dar vía libre a su nuevo sistema de retribuciones ignorando cualquier atisbo de decencia social. Y se van a quedar tan anchos. Luego, cuando les ataquen, recurrirán al 'catón' argumental que les han preparado los ideólogos de la causa para demostrar, sin recurrir a la prueba del nueve, que no hay nada ilegal en el estatus del que se han dotado. ¡Faltaría más! ¡Como que las normas las redactan ellos mismos!

Con el mal sabor de boca de saber que siempre trabajan con la sartén por el mango, cabría preguntarse ahora que, si el nuevo sistema de retribuciones viene a sustituir a otro considerado impresentable, si no sería procedente exigir a sus señorían todos esos miles de euros que en los últimos años se han embolsado por trabajos que no han desarrollado y por recorridos que no han hecho. Esta actitud tiene un nombre y está recogido en el Codigo Penal. Pero esa es otra historia.