Un Gobierno con prisas y falto de ayudas

Tras el acuerdo con el Partido Popular para sacar adelante el proyecto presupuestario para 2015, el Gobierno del Principado ha entrado en una vorágine que trata de compaginar un apurado normativo de la legislatura y la entrada a fondo en una precampaña electoral frenética originada por el temor a unos resultados adversos que les obliguen a complicadas alianzas, cuando no a volver a la oposición.

Se dirá que el Ejecutivo tiene una clarísima y prioritaria función, gestionar la administración pública, y que la otra, la electoral, corresponde al partido, o sea a la Federación Socialista Asturiana. Pero, por suerte o desgracia, ambas se confunden casi siempre, y Javier Fernández sólo hay uno, dirige ambos y aspira a mantener los dos máximos puestos el año próximo.

El temor a una previsible dispersión del voto entre varias ofertas electorales y la experiencia de este sufrido mandato ha impulsado a los responsables de la organización socialista asturiana a echarse a los caminos para dirigir a sus paisanos mensajes de conciliación y confianza sazonados con el ya clásico (ahora más que nunca) "que viene el lobo".

El Ejecutivo autónomo y el partido que lo sustenta está muy tranquilo con la muleta que le han aportado los populares de Mercedes Fernández y confían en que, aún limitándose a los presupuestos, les va a permitir afrontar el final de la legislatura con la vista puesta en las urnas. Excesiva confianza, a fe mía, en otra fuerza política que, electoralmente, tiene los mismos objetivos.

La realidad es que Javier Fernández y su equipo, lanzados a la arena electoral, parecen haberse olvidado de lo más importante, las responsabilidades específicas del Gobierno, que tiene su basamento económico en un proyecto presupuestario, pero que agrupan un sinfín más de metas que precisan de la máxima atención.

Días atrás, hemos visto como el Ejecutivo autonómico ha quedado en evidencia con la tramitación de dos futuras leyes que figuran entre sus prioridades normativas, la de la transparencia y la del buen gobierno e incompatibilidades, plagada de defectos redaccionales y de fondo fruto del "copia y pega" derivado de las prisas. Las mismas que han llevado a la sala de mando del mismo Ejecutivo a impulsar un proyecto presupuestario desajustado como consecuencia de una primera redacción en solitario y la posterior incorporación de la rebaja de impuestos acordada con el Partido Popular.

Pero, de puertas afuera Javier Fernández enfrenta muchos más problemas, algunos derivados de la falta de entendimiento con un Gobierno de la nación de distinto signo y con pocas ganas de ayudarle. Una desafección que tiene ubicación muy concreta en estos momentos y al que se le pueden poner nombre y apellidos: el Ministerio de Industria y su titular, José Manuel Soria, respectivamente.

A los oídos sordos que dicho departamento hace a las angustiosas reclamaciones asturianas sobre una posible modificación de la tarifa energética para las grandes empresas que aún operan en nuestro territorio, verdadera soga al cuello para los intereses de este territorio, se ha unido en las últimas horas la negativa del Ejecutivo del Estado a abonar los 213 millones de euros pendientes de fondos mineros que la Audiencia Nacional le ha reconocido (fruto, hay que recordarlo, de la intervención del fallido Gobierno de Foro Asturias Ciudadanos). Item, el inclemente señor Soria reclama a Javier Fernández la devolución de 26 millones de euros de subvenciones ya concedidas.

Son conflictos complejos y de relevancia más que notable para la economía de la región que exigen la dedicación plena de un equipo de gobierno demasiado obsesionado por lo que le puedan deparar las urnas en 2015.

Los socialistas asturianos deberían retomar su calendario de prioridades y dedicar todos sus esfuerzos a llegar a mayo con una gestión responsable y acorde con los intereses de todos los asturianos. Quizá así podría también aprovechar el actual entendimiento con el PP para pedir a sus actuales socios en Asturias que aprovechen su "sintonía" con La Moncloa y Mariano Rajoy para tratar de resolver los conflictos antes mencionados. Sería otra buena muestra de "responsabilidad compartida" de los hasta ahora llamados dos grandes partidos políticos. Pero eso, seguramente me dirán, sería pedirle peras al olmo.

¡A la escuela!

Si algo le faltaba a los ciudadanos para reafirmar su desconfianza en sus representantes políticos era el convencimiento de que, amén de ser sospechosos de desvergüenza, insolidaridad y desprecio a sus votantes, también acaben por convencerse de que, entre sus incapacidades, está la incultura y el analfabetismo. Parece obvio que para ser cargo público no se exige una titulación universitaria, ni siquiera lo que antes llamábamos el bachiller superior. Pero de ahí a incurrir en "errores sintácticos y gramaticales" o deslizar "descuidos redaccionales" a la hora de impulsar proyectos de ley con la vitola de relevancia en un programa de gobierno hay un enorme trecho, y resulta difícil de digerir que quienes tienen la responsabilidad de dirigir nuestros destinos puedan ser más ignorantes que un chavalín de Secundaria.

Mi apreciado compañero en la tareas informativas de "El Comercio" Andrés Suárez ha publicado hoy una interesante información que desvela que el Ejecutivo autonómico de Javier Fernández ha recibido un contundente varapalo del letrado mayor de la Junta General del Principado. Éste, cuál maestro exigente, recrimina a los responsables de la nueva normativa sobre transparencia su desaliño redaccional contrario a las más elementales exigencias del idioma español. Y lo hace gráficamente también con unos folios inundados de subrayados en rojo, como aquellos malos exámenes con los que el educador respondía a las muestras escritas de nuestra falta de conocimientos.

Ya no se trata de deslices contrarios a las mínimas bases legales exigidas para elaborar una ley, ni de introducir de tapadillo subrepticias intencionalidades ideológicas. No. Se refiere directamente a la deducible práctica de un "copia y pega" de la referencia nacional a trozos, sin pararse a pensar en la totalidad de la misma e incurriendo, como consecuencia, en manifiestas omisiones que convierten el texto en un jeroglífico indescifrable.

Desgraciadamente, no es la primera vez que esto ocurre. Anteriormente, el mismo letrado firmaba otro informe en similares términos sobre el proyecto de ley de buen gobierno e incompatibilidades que el Ejecutivo asturiano tramita en paralelo al anteriormente indicado.

El informe jurídico indica específicamente que el criterio más ajustado a la hora de elaborar una nueva normativa con referente nacional es "preferir, como regla, la remisión a la legislación básica especificando lo que la norma autonómica tenga de desarrollo propio, y sólo excepcionalmente reproducir la norma básica pero íntegra y sin omisiones".

Las inaceptables justificaciones del consejero de la Presidencia no hacen sino acrecentar la creencia de que el equipo de Javier Fernández está dispuesto a terminar su improductiva legislatura como sea, incluyendo en tal la opción de tratar de colar como una iniciativa legislativa la guía telefónica. Eso sí, incompleta y aleatoriamente seleccionados sus usuarios.

Y si al letrado mayor del Parlamento asturiano no le han colado el bodrio gramatical y sintáctico, tampoco ha pasado desapercibido para los diferentes grupos de la oposición que, mofas aparte, han registrado multitud de enmiendas a ambos proyectos gubernamentales desnudando más si cabe la desgana del Ejecutivo.

Ambos proyectos parten de un departamento cuyo titular era -decían- la gran esperanza del actual presidente para poder retirarse como así desea, manifestaciones triunfalistas aparte. Las dudas sobre la reacción de la militancia y el miedo a abrir en estos momentos el "cajón de las primarias" hicieron a Javier Fernández optar a la renovación.

Ahora, Guillermo Martínez y el conjunto de su equipo han quedado en evidencia ante todos los asturianos que, entre irritados e irónicos, les dicen que deberían volver otra vez a la escuela.

Uno de los nuestros

Superado el impacto mediático que produjo el conocimiento del presunto enriquecimiento fraudulento del ex líder del SOMA, José Ángel Fernández Villa, las aguas se van calmando y permiten a propios y extraños vislumbrar con un poco más de nitidez el fondo del asunto. Si la reacción de los dirigentes de partido y sindicato fue fulminante y categórica, la reflexión y el calmado análisis del conflicto van llevando al convencimiento de que, como algunos manifestamos en su momento, nadie podía creerse que se pudiera erigir una especie de chivo expiatorio capaz de englobar todos los chanchullos de una trama que, como se viene demostrando, montan las organizaciones políticas y sociales en esta España que nos está tocando vivir.

Hace algunas semanas, conversando con un ex dirigente de la Federación Socialista Asturiana que en su momento tuvo amplias cuotas de poder en la organización, tras mostrar su estupor por la actuación de Fernández Villa -que todavía no acababa de asimilar, como otros muchos de sus compañeros-, me expresaba la dificultad de digerir tal tropelía, aún reconociendo que los hechos eran contundentes al apuntar a la culpabilidad del ex líder minero. "Podíamos pensarlo de otros, pero de Villa....", "era uno de los nuestros", expresión gráfica de la creencia generalizada en el partido de que tal personaje no podía engañarles y tendría que ser necesariamente ajeno a casos de enriquecimiento indebido como el que hora se le imputa. Seguía mi interlocutor repasando el 'estilo Villa', su poder desmesurado, su despotismo, su forma de controlar con mano de hierro las voluntades de muchos millares de compañeros , la capacidad para poner y quitar a secretarios generales y presidentes, "pero de ahí a esto...".

El estado de shock llevaba a esta persona, como a muchos de sus compañeros, a no entender que es precisamente en ese poder en donde alentaba el germen del uso indebido del mismo y, como consecuencia, la posibilidad de sacar un provecho económico personal o para un grupo de personas afines. "¿Y si resulta que percibía compensación en especies por sus 'favores'?", le preguntaba yo. Finalmente, acababa por admitirme que tal posibilidad era admisible como hipótesis, por mucho que se negara a admitirlo por las buenas.

Por aquel entonces, José Ángel Fernández Villa mantenía su condición de proscrito en solitario y los venablos de todos los grupos de la oposición apuntaban directamente hacia la gestión de los fondos mineros que, si bien era responsabilidad de los sucesivos gobiernos regionales, tenían su nicho precisamente en el feudo de sindicatos como el SOMA, o sea en las cuencas mineras.

Ni Villa ni los fondos mineros pueden compendiar el entramado de una red corrupta regional. Eso parece meridianamente claro. En cuanto a personas, al veterano sindicalista ya se ha unido el ex presidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, quien regularizo fondos de desconocida procedencia a la vez que el ex líder minero. Habrá más, y pronto los conoceremos. Además, a la gestión de los fondos mineros y del Montepío de la Minería habrá que añadir las sospechas sobre otros dos elementos relevantes. Uno, sería el conocido como vale del carbón, instrumento sobre el que las organizaciones sindicales han tenido buena parte de la capacidad de gestión. Pero, sobre todo, algún día se harán imprescindibles las pesquisas en torno a la forma de administrar las concesiones mineras, verdadera caja de Pandora dentro de la cual cabe cualquier tipo de susceptibilidades.

Mientras la Junta General del Principado se apresta a perder su tiempo y el dinero de los asturianos en una comisión de investigación más, mientras los socialistas se han avenido a no desgajar la gestión de los fondos mineros del llamado 'caso Villa', la sensación ciudadana es que -sin entrar en comparaciones- podríamos estar ante nuestro profundo pozo de mierda; pozo de mierda que pudiera llegar a salpicar a otras muchas personas.