¡A la escuela!

Si algo le faltaba a los ciudadanos para reafirmar su desconfianza en sus representantes políticos era el convencimiento de que, amén de ser sospechosos de desvergüenza, insolidaridad y desprecio a sus votantes, también acaben por convencerse de que, entre sus incapacidades, está la incultura y el analfabetismo. Parece obvio que para ser cargo público no se exige una titulación universitaria, ni siquiera lo que antes llamábamos el bachiller superior. Pero de ahí a incurrir en "errores sintácticos y gramaticales" o deslizar "descuidos redaccionales" a la hora de impulsar proyectos de ley con la vitola de relevancia en un programa de gobierno hay un enorme trecho, y resulta difícil de digerir que quienes tienen la responsabilidad de dirigir nuestros destinos puedan ser más ignorantes que un chavalín de Secundaria.

Mi apreciado compañero en la tareas informativas de "El Comercio" Andrés Suárez ha publicado hoy una interesante información que desvela que el Ejecutivo autonómico de Javier Fernández ha recibido un contundente varapalo del letrado mayor de la Junta General del Principado. Éste, cuál maestro exigente, recrimina a los responsables de la nueva normativa sobre transparencia su desaliño redaccional contrario a las más elementales exigencias del idioma español. Y lo hace gráficamente también con unos folios inundados de subrayados en rojo, como aquellos malos exámenes con los que el educador respondía a las muestras escritas de nuestra falta de conocimientos.

Ya no se trata de deslices contrarios a las mínimas bases legales exigidas para elaborar una ley, ni de introducir de tapadillo subrepticias intencionalidades ideológicas. No. Se refiere directamente a la deducible práctica de un "copia y pega" de la referencia nacional a trozos, sin pararse a pensar en la totalidad de la misma e incurriendo, como consecuencia, en manifiestas omisiones que convierten el texto en un jeroglífico indescifrable.

Desgraciadamente, no es la primera vez que esto ocurre. Anteriormente, el mismo letrado firmaba otro informe en similares términos sobre el proyecto de ley de buen gobierno e incompatibilidades que el Ejecutivo asturiano tramita en paralelo al anteriormente indicado.

El informe jurídico indica específicamente que el criterio más ajustado a la hora de elaborar una nueva normativa con referente nacional es "preferir, como regla, la remisión a la legislación básica especificando lo que la norma autonómica tenga de desarrollo propio, y sólo excepcionalmente reproducir la norma básica pero íntegra y sin omisiones".

Las inaceptables justificaciones del consejero de la Presidencia no hacen sino acrecentar la creencia de que el equipo de Javier Fernández está dispuesto a terminar su improductiva legislatura como sea, incluyendo en tal la opción de tratar de colar como una iniciativa legislativa la guía telefónica. Eso sí, incompleta y aleatoriamente seleccionados sus usuarios.

Y si al letrado mayor del Parlamento asturiano no le han colado el bodrio gramatical y sintáctico, tampoco ha pasado desapercibido para los diferentes grupos de la oposición que, mofas aparte, han registrado multitud de enmiendas a ambos proyectos gubernamentales desnudando más si cabe la desgana del Ejecutivo.

Ambos proyectos parten de un departamento cuyo titular era -decían- la gran esperanza del actual presidente para poder retirarse como así desea, manifestaciones triunfalistas aparte. Las dudas sobre la reacción de la militancia y el miedo a abrir en estos momentos el "cajón de las primarias" hicieron a Javier Fernández optar a la renovación.

Ahora, Guillermo Martínez y el conjunto de su equipo han quedado en evidencia ante todos los asturianos que, entre irritados e irónicos, les dicen que deberían volver otra vez a la escuela.