Apenas ha tenido tiempo de tomar posesión el nuevo Gobierno del Principado de Asturias cuando se han situado a hacer cola a sus puertas con la fe de un incondicional de cualquier ídolo juvenil los llamados agentes sociales. Saben que el ratificado presidente es receptivo y que, como cualquier mandatario, especialmente de la izquierda, tiene que pegar en su maleta de viaje esa ambigua etiqueta de la concertación.
Patronal y sindicatos se han dirigido a Javier Fernández para preguntar "cuándo es lo mío" y se han apresurado a colocar como prioridad de prioridades lo que otrora se llamaba "pacto social" y que no deja de ser una componenda bien vestida que encubre una de las principales fuentes de financiación de una y de otros. Sé que lo antedicho es políticamente incorrecto, muy incorrecto, pero todo el mundo sabe a estas alturas de nuestro vigente sistema constitucional que la fórmula soluciona muchos de los problemas económicos de los agentes sociales, teniendo como contrapartida para los gobiernos el que los "representantes de los trabajadores" no le den dolores de cabeza con huelgas y conflictos laborales o "los representantes del empresariado" dejen de tocar la diana con la reducción de lo público o las facilidades para el despido.
Se trata, pues, de un intercambio al margen de los poderes legislativos que luego tiene su plasmación en cifras en los proyectos de presupuestos en los que esos interlocutores del Ejecutivo no tendrían, a priori, arte ni parte.
La llamada concertación social tiene, creo yo, un clarísimo e irrenunciable obejtivo: la creación de empleo. No tengo en mi poder cifras de los resultados obtenidos en la búsqueda de ese objetivo durante todos estos años de acuerdos. Sí sabemos que uno de sus instrumentos básicos, los cursos de formación, han servido demasiadas veces para encubrir chanchullos y no han contribuido apenas a rebajar la cifra de inscritos en el Inem. Y eso cuando se han celebrado porque tenemos ejemplos en todas las comunidades autónomas de convocatorias que jamás han visto la luz.
Pero, como decía anteriormente, el "pacto social" forma parte de ese inaludible bagaje que debe llevar en su mochila cualquier gobierno o gobiernín que se precie. Ahora, con un equipo nuevo en el Principado de Asturias, ya toca. Y a ello se han entregado los dirigentes sindicales y representantes de la patronal. Y su interlocutor no ha tenido inconveniente -faltaría más- en colocarlo en el frontispicio de su despacho.
Eso sí, esos acuerdos precisan de fondos y el lugar del que extraerlos no puede ser otro que los presupuestos generales de la autonomía. Quizá por eso los mismos que esperan recibirlos se han apresurado a exigir "responsabilidad" a los grupos políticos que no han apoyado la investidura de Javier Fernández. La misma "responsabilidad" que ignoraron hace cuatro años cuando un débil Ejecutivo de Foro Asturias se vio obligado a prorrogar las cuentas de Vicente Álvarez Areces y, de rebote, a llevar a Asturias a una convocatoria anticipada de elecciones.
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