Bajo sospecha

Por mucho que el grupo mayoritario socialista se empeñe en publicitarlo, la Junta General se ha convertido en una institución en la práctica ingobernable, más allá de algún que otro debate de medio pelo. Algo más de un año con 'Mister Tranquilidad' al frente del Ejecutivo autonómico ha servido -eso sí, hay que ponerlo en su haber- para aprobar los presupuestos generales del ejercicio en curso. Pero no para mucho más, por muy bien que traten los protagonistas de vendérnoslo.

No hay que olvidar que Javier Fernández accedió a la Presidencia del Principado mediante un acuerdo no escrito con Izquierda Unida, que le apoyaría puntualmente asunto por asunto, y un pacto de legislatura con el solitario diputado de Unión, Progreso y Democracia, ostentador del voto llave necesario para alcanzar la mayoría absoluta. Pues bien, ahora mismo, una parte relevante -mediáticamente, la parte más relevante- de esos consensos está a punto de irse al traste por la constatación continuada de que las "mayorías necesarias" se cotizan muy por encima del discurso interesado de los dirigentes de turno.

Primero fue la reforma de la ley electoral, bandera de combate de los dos socios de gobierno de los socialistas, que no acaban de entender cómo el grupo mayoritario está dispuesto a quitarles la miel de los labios que antes les había acercado al no aceptar como suficiente la mágica cifra de 23 sufragios para reformar una normativa del calado de la ley electoral. Estatutariamente es suficiente ese número de apoyos, pero el PSOE no quiere seguir adelante con este proceso sabedor de que, de la misma manera que ahora se aprobaría, podría recibir otro vuelco dentro de un par de años, en función de la nueva composición que pudiera tener el Parlamento asturiano. Porque sabe que, pese a sus intentos, ni Foro Asturias ni el Partido Popular van a ayudarle en este conflicto. Por otra parte, seguir adelante e intentar nuevas negociaciones a cinco bandas lo único que le reportará será una ostensible pérdida de estabilidad en la gestión de la Administración autonómica y, por ende, el riesgo de enfrentarse a la aprobación de los presupuestos para 2014 en minoría o, lo que es lo mismo, perder esa batalla y enfrentarse a una prórroga de las cuentas del Principado. IU y UPyD ya se lo han dejado muy claro en los últimos días.

El segundo y más reciente revés para el Ejecutivo de Javier Fernández podría haber sido el rechazo del diputado Ignacio Prendes, hoy mismo, a la inicialmente pactada -eso parece, aunque alguno de los protagonistas lo niega- reforma del sistema de retribuciones de los señores diputados autonómicos, una reforma afrontada a la trágala tras el escándalo social desatado tras hacerse público que sus señorías cobraban dietas cuando no trabajaban y kilometrajes que no hacían, además de no tributar por estos conceptos, circunstancia no procedente de un error administrativo, sino de la normativa que ellos mismos aprobaron en su momento para retribuirse 'convenientemente'.

Primero, se desmarcó el partido de Francisco Álvarez-Cascos; le siguió el de Mercedes Fernández y hoy mismo lo hizo el 'multidiputado' magenta, quien tras un minucioso estudio de la letra pequeña del presunto acuerdo lo rechazó a causa de su desacuerdo con el hecho en sí de que se pague kilometraje a los parlamentarios.

De nada les ha valido a PSOE e IU, quienes estaban dispuestos a seguir adelante con su reforma nominal de conceptos y consideraciones para poder seguir cobrando lo mismo, atacar a sus adversarios, a los que tacha de inconsecuentes y les responsabiliza de un boicot. En todo caso, cabría recordar que durante varias legislaturas gobernaron conjuntamente y fue bajo su mandato cuando se establecieron las actuales retribuciones repudiadas por una aplastante mayoría de los asturianos, como hoy refleja un sondeo del diario 'La Nueva España'. No solamente durante todo este tiempo no se modificaron, sino que las cobrarón escrupulosamente sin hacerles ascos a estos 'sobres' legales.

Queda ahora la parte más importante. Y no es otra que convencer a la sociedad de que todo este reciente proceso no ha sido una cortina de humo para intentar un lavado de cara sin perder privilegios. El hecho de que la falta de un acuerdo haga que se mantengan el por ellos mismos considerado poco presentable sistema retributivo por el que se rigieron hasta ahora sitúa a todos -y digo absolutamene a todos, cada uno con su cuota parte de responsabilidad- bajo sospecha. Una sospecha que solamente podrían disipar si renunciasen desde ahora mismo a aquellas partidas de difícil justificación ética. Pero eso ya sabemos que no van a hacerlo.

Jugar de farol

Ha pasado ya más de una semana desde que se destapara la caja de los truenos en el Ayuntamiento de Gijón. El detonante, la decisión de la alcaldesa de suspender, nada más iniciarse, el pleno convocado por la oposición (¿.....?) para tratar un tema de 'interés vital' para el municipio cuál es una ordenanza de subvenciones para la reforma de fachadas. Y eso solamente unos pocos días antes de otra sesión reglamentada, la conocida como debate sobre el estado del municipio, foro adecuado -parece- para plantear los 'desastres' de la gestión del gobierno monocolor que preside Carmen Moriyón.

Hacía falta un pretexto y valía cualquiera. En ello anda toda la oposición, cada cual por su lado, buscando que les salgan las cuentas en el objetivo común de lograr que el ejecutivo municipal no llegue 'vivo' a los comicios de dentro de algo menos de dos años. El pastel se reparte mejor entre dos (o entre tres) que con otro invitado incómodo a la mesa. No vaya a ser que el partido de Cascos vuelva a sacar un puñado abundante de concejales que le permitan tener opciones de seguir gobernando la villa.

En ello está el desconcertado Santiago Martínez Argüelles, que dos años después de la anterior cita con las urnas todavía sigue sin entender cómo pudo perder la alcaldía que su partido mantuvo desde las primeras elecciones democráticas de la transición. Su balance de este tiempo no gusta siquiera a los suyos y ya suenan tambores internos de guerra sobre el cartel que los socialistas podrían presentar en 2015. Lo de las primarias a dos euros sonaría a chiste malo si no fuera porque lo han puesto en negro sobre blanco.

En ello anda también Izquierda Unida, que ha sido muleta con alguna que otra 'pedrea' de los gobiernos socialistas locales y que no sabe como capitalizar la buena imagen que tuvo el relevo de 'Churruca' por Jorge Espina. Sus arengas tienen como destinataria la Agrupación Socialista gijonesa, que las escucha y las hace suyas, aunque no acaba de encontrar la pócima mágica para transformarlas en poder.

Y en ello anda también el Partido Popular, aunque en este caso la escenificación resulta mucho más complicada de vender. "¿Cómo vamos a dar la Alcaldía al PSOE? ¿Hemos perdido la cabeza?", aseguraba la presidenta de la gestora local de los populares -imagen animada de la ventrílocua 'Cherines'- después de que algunos concejalillos traviesos hubieran intentado relaciones inconfesables precisamente con los socialistas.

El Partido Popular de Mercedes Fernández tiene un grave problema desde hace tiempo y no acaba de hallar la forma de resolverlo. Su crecimiento pasa por el retroceso del partido de Cascos y tal afán se ha convertido en su meta; pero, claro, ¿cómo arrebatarle el poder municipal sin dárselo al enemigo reconocido? "Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio", parecen decirse 'Cherines' y su equipo.
En algún momento, a una mente preclara de las filas conservadoras se le ocurrió la idea de que la única forma de vender el derribo de Foro en Gijón era si el bastón de mando pasaba a sus manos. A fin de cuentas, ¿no es ese el objetivo de todos los partidos políticos, gobernar?

Fue entonces cuando apareció sobre el tapete de los conciliábulos a tres bandas el nombre del actual portavoz del PP en el Consistorio. "Habrá moción de censura si el candidato alternativo es Manuel Pecharromán". Y éste, que nunca lo vio tan gordo, se subió a la tribuna y elevó el tono -ese que nunca le habíamos visto- de las críticas a los casquistas. El otrora 'recadero' de Ovidio Sánchez, de infausto recuerdo; el submarino de la dirección regional en el perseguido equipo de Pilar Fernández Pardo; el hábil nadador, siempre, entre dos aguas, ya se veía de regidor, 'banda de honor' incluida.

Pero, claro, si el PP no puede dar la Alcaldía al PSOE, mucho menos concebible es la operación a la inversa. ¡Con cinco concejales! Y eso lo plantean los mismos que han basado su labor de desgaste a Moriyón y su equipo en ésta dispone sólo de nueve escaños. Los socialistas quieren derrocar al ejecutivo municipal, pero no a costa de hacerse el 'harakiri'. Todo ello sin contar con el tercero en discordia, IU, que encomendaría su alma al diablo (o a Francisco -el Papa, quiero decir, no FAC-) antes que aliarse con los populares ni para ir a 'apañar duros', como se decía antiguamente.

Al final, tras la algarada, cada uno volvió a su pupitre y se puso a haceren sus deberes. El farol no había colado. Para jugar con él hace falta tener mucho temple y esconder las intenciones tras lo que denominan cara de póquer. Y eso no lo tiene ninguno de los protagonistas de esta tremenda farsa.

Lecciones de filosofía

Revuelto anda estas semanas el Parlamento asturiano empeñado en cerrar de alguna manera los deberes extraordinarios que esta legislatura les ha impuesto como consecuencia de la complicada composición reflejo de los últimos comicios autonómicos. Otros años, por estas fechas, sus señorías estaban de vacaciones pagadas 'descansando' de su intenso trabajo del curso ordinario. Al menos en esto si se aprecia un acomodo a los tiempos que corren. Estas última sesiones de la Junta General harán que cobren por trabajar y no por 'folgar'.

Otra cosa bien distinta es el escandaloso método que los grupos parlamentarios han encontrado para justificarse y seguir siendo generosamente remunerados sin tener que renunciar a sus privilegios adquiridos. Alardean los firmantes del pre-acuerdo de que el mismo pone fin a los impresentables estatus actuales según los cuales sus señorías cobran siempre, trabajen o no trabajen; reciben dinero por kilometrajes que no hacen, y no tributan a Hacienda por alguno de los conceptos que engorda el bruto de sus pecunios públicos. Era una imagen difícil de sostener ante la sociedad asturiana y un riesgo para su integridad física cuando se proponían cumplir con sus presuntas funciones por aldeas y 'caleyes' de esta nuestra Asturias.

Se han tomado tiempo para encontrar la fórmula de suavizar esa imagen sin que ello comporte una pérdida del 'salario' que se 'ganan' con su trabajo. Y para ello han encontrado un camino la mar de sencillo, el de empezar a resolver un problema por el final, a partir de la solución que queremos que refleje la operación. Si nadie lo remedia, los diputados pasarán a cobrer sueldos brutos equivalentes a los de consejeros o directores generales en los que se subsumen aquellas cantidades de difícil defensa a las que me refería antes.

Como decía, les ha llevado tiempo a los grupos parlamentarios el 'lifting' de dignidad necesario para salvar la cara y, de paso, sus carteras. Cambiar algo para que todo siga igual. Esto es, en definitiva, el resultado buscado y, al parecer, logrado.

Ocurre que no hace falta ser demasiado listo para atisbar el engaño y por eso, una vez alcanzado el consenso de 'supervivencia', ha llegado el momento de 'desmarcarse' de la patraña, incluso cuando, como Foro Asturias, se rechaza el cambio y se defiende el inmoral sistema actual, o como el Partido Popular, que recurre a la ausencia de unanimidad para desmarcarse a última hora del pre-acuerdo inicial. Tanto desacuerdo se diluirá seguramente en el momento en que la mayoría suficiente restante acuerde la nueva fórmula y ésta se haga efectiva. También habrá que saber, es verdad, si al diputado de Unión, Progreso y Democracia le salen los números que dice estar haciendo para comprobar lo que llama la letra pequeña del acuerdo, con cuya 'filosofía' dice estar de acuerdo. Seguro que las cuentas le cuadran.

En definitiva, la 'filosofía' la ha resumido, quizá sin quererlo, el inafable portavoz socialista, quien ha asegurado que la aplicación del presumible acuerdo respeta la partida presupuestaria destinada a tal fin. Lo que parece querer decir Fernando Lastra es que sus señorías no van a costarnos mas a partir de ahora. Lo que ocurre es que lo que piensa una mayoría de asturianos es que todo este trasiego de reuniones debería haberse enfocado para que nos costasen menos no para seguir igual que antes aunque hayamos cambiado la denominación. Si estamos en tiempos de recortes, los que ellos mismos nos solitan, o nos imponen por la brava, a diario, que empiecen por ellos mismos. Y los apaños de sus 'nóminas' no responden a esa 'filosofía'.

Las cosas por su nombre

Nadie que se asome de vez en cuando a esta mi humilde ventana puede tener dudas de mi consideración a propósito de la figura y actividades del 'multidiputado' de Unión, Progreso y Democracia en la Junta General del Principado. Puede decirse que, con el respeto debido a todo responsable político, nunca de mi teclado han salido términos complacientes sobre el papel que desde su aparición en la vida pública ha desarrollado Ignacio Prendes.

Sin embargo, tengo que reconocer ahora, tras haber leído la entrevista publicada hoy mismo por 'El Comercio', que el abogado gijonés, en esas precisas declaraciones, ha dicho muchas cosas de forma más clara e inteligible para la ciudadanía que todo un voluminosos dictamen resultante de cientos de horas de reuniones. Y es que esa clarificación se estaba ya haciendo necesaria después del aluvión de críticas y contracríticas que se han producido desde que la comisión especial de 'investigación' del Parlamento asturiano encargada de 'clarificar' el llamado 'caso Renedo' cerrara días atrás sus conclusiones.

Y más que por ser el presidente de dicha comisión, el discurso de Prendes cobra entidad propia frente a las cataratas de palabrería partidista que han utilizado las fuerzas políticas 'tradicionales' por su sencillez y sinceridad. ¿Ventajas de la bisoñez? Es posible.

Dice el diputado del partido magenta que "no puede ser que todo lo que no sea delito esté permitido". Y tiene mucha razón. Desgraciadamente, un entramado legal como el español permite que cada día nos estemos percatando de que numerosas autoridades y cargos públicos se libran de una acusación porque su actuación -a todas luces atentatoria contra la mínima ética social- no incurre en los supuestos del Código Penal. Justo lo contrario de lo que estamos viendo en otras latitudes, donde ministros y altos cargos se ven obligados a renunciar a causa de 'negligencias' que, en el lenguaje de nuestro país serían 'pecadillos' sin importancia.

Acierta también el diputado de UPyD cuando esquiva con elegancia las acusaciones contra esa misma comisión que él ha presidido del ex presidente del Principado Vicente Álvarez Areces. "Juicio paralelo", "trapicheo de votos", incluso la palabra "fraude", no son expresiones de recibo de quien ha ocupado las más altas responsabilidades en la Administración regional. Y todo porque en el dictamen final se le hace responsable político de la trama de corrupción que implica a algunas de sus personas de su máxima confianza. Faltaría más. "Esto va más allá de una funcionaria que engañó a sus superiores", asegura con buen tino Prendes, quien también desmonta el argumento arecista de que fueron sus gobiernos los que destaparon la trama, algo que él desmiente categóricamente, recordando que fue una particular la que alertó de la misma y, luego, el Ejecutivo autonómico se vio obligado a dejarse llevar por la corriente, tras comprobar que no había otras salidas.

También es destacable el hecho de que el diputado magenta ponga el acento en el caso de la Consejería de Educación, con 400.000 euros supuestamente destinados a un centro escolar que nunca llegó a verlos y de los que nunca se supo dónde fueron a parar. Por ello, señala al mismo Areces, que proclama su fervor por lo público pero nunca hizo nada por desvelar ese fraude contra la educación cometido en el Principado bajo su mandato.

En fin, podría seguir porque a los buenos planteamientos realizados en la entrevista por mi ex compañero Ramón Muñiz ha respondido con inusitada trasparencia Ignacio Prendes. Sus palabras son mucho mejor resumen clarificador que cualquier tipo de dictamen. Ahora falta que estos planteamientos puedan desarrollarse al llegar al Pleno de la Junta General, donde unos buscarán ampliar "la cacería" y otros intentarán avivar la "cortina de humo".

Mejor callado

La comisión parlamentaria especial de la Junta General del Principado encargada de 'investigar' el llamado 'Caso Renedo', o 'Caso Marea', o 'Caso Riopedre', o como se quiera llamar, finalizó hoy la elaboración del dictamen que elevará al Pleno de la Cámara y que éste abordará en una sesión que previsiblemente se celebre la semana próxima. Y lo hizo con un resultado que, del desarrollo de sus numerosas y largas reuniones, era de prever: la exigencia de responsabilidades políticas al que fuera mandatario de la comunidad autónoma en los tiempos en que se produjeron las presuntas actividades delictivas de sus equipos. De nada le valió a su partido intentar por todos los medios evitar esta 'reprobación' de su actual senador, algo que, opiniones aparte, a nadie puede haberle sorprendido.

Conocida esta decisión, ha sido el propio Vicente Álvarez Areces quien ha salido al paso con unas acusaciones impropias de quien ha tenido la máxima responsabilidad autonómica durante doce años. Lo ha hecho descalificando a la propia comisión, a la que acusa de llegar a conclusiones "predeterminadas" mediante la fórmula de la "manipulación política", y al cargar contra todos los partidos que han apoyado esa exigencia de responsabilidades, consciente o inconscientemente, no salva a su propio partido -el único que se ha opuesto al dictamen- al mencionar que sus conclusiones son "un simple trueque de votos y de conveniencias donde meten a unos y sacan a otros". No parecen nada elegantes estas manifestaciones, aunque tampoco cabía esperar que Areces iba a aceptar cargar con una parte del mochuelo, aunque fuera mínima.

Como tantas otras veces, el ex presidente socialista hubiera estado mucho mejor callado, aunque nunca lo haga. A fin de cuentas, las famosas responsabilidades políticas que la comisión le atribuye no pasan de ser un mínimo formulismo, una 'reprobación' que, si no tiene efecto alguno cuando los políticos están en activo, mucho menos ahora que ya ha dejado la primera línea para instalarse en ese 'cementerio para elefantes' que es el Senado. Las críticas de la oposición no son, en definitiva, más que "voces en castañeu", como diría un viejo compañero ya fallecido, que, una vez superado el debate de la semana que viene, probablemente caerá en el olvido, cumplida la misión de contentar a Unión, Progreso y Democracia en sus condiciones para apoyar hace algo más de un año la investidura del también socialista Javier Fernández.

'Tini' Areces no ha podido evitar en su larga carrera política ser siempre el ombligo del universo, aunque éste sea tan nimio como una pequeña autonomía de un millón de habitantes. Ser protagonista incuestionable se convirtió en una seña de identidad de sus diferentes mandatos. Por eso la designación para ocupar un escaño en el Senado nunca le sentó nada bien, algo que no se molestó demasiado en disimular. En esta oscura etapa se ha esforzado por mantenerse de actualidad a base de una copiosa producción de artículos de opinión, la aparición en la primera mesa presidencial que no le negara un asiento y cosas por el estilo. Eso sí, siempre ha mirado para otro lado y silbado cuando sobre el tapete estaba la presunta corrupción practicada por algunos de sus más directos colaboradores. Ahora 'le han tocado el alma' y ha sentido la necesidad de saltar y poner en entredicho una práctica aplicada con naturalidad durante su gestión, la búsqueda de responsabilidades políticas, que no judiciales. Lo dicho, mejor estaba callado.

Censura

Rajoy acudirá al Parlamento "cuando la mayoría de la Cámara lo decida". Con estas palabras ponía hoy sobre el tapete el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons,  las condiciones que van a primar en la general exigencia del resto de los grupos parlamentarios de que el presidente del Gobierno comparezca para hablar de los pormenores del 'caso Bárcenas'. Dicho de otra manera sería "cuando a nosotros nos dé la gana".

Si algo le queda en estos momentos al líder del Partido Popular en que apoyarse no es otra cosa que en su amplia mayoría parlamentaria y en la práctica seguridad de que, a pesar del alto grado de tensión que las confesiones a la prensa y al juez de su ex tesorero ha provocado internamente, sus apoyos son todavía muy consistentes y no le van a fallar.

Sin embargo, aun dentro de ese amplio margen de maniobra, en La Moncloa y en Génova son conscientes de que la situación ha llegado a un punto en el que resulta difícil sostener el equilibrio entre la constatación de muy serias irregularidades y la capacidad de la sociedad española para asimilarlas. Aceptar la moción de censura con la que amenaza el Partido Socialista sólo con el sustento de los votos parece demasiado riesgo incluso para este Partido Popular. Frente a quienes internamente han optado por sacar pecho y retar a toda la oposición a intentarlo, existe un grupo importante de dirigentes mucho más pragmáticos que, aun conscientes de que Alfredo Pérez Rubalcaba se la va a jugar con su propuesta reprobatoria, no ocultan su preocupación. Piensan que un debate a calzón quitado con todo el resto de los grupos apuntando a la línea de flotación del Gobierno ninguna ventaja podría reportarles y sí transmitir de nuevo la soledad de un partido acosado por las dudas y por el convencimiento social generalizado de que ha caído en la tentación del proceder corrupto.

Mariano Rajoy, en un nuevo alarde de su consustancial estilo retardador -paciencia lo llaman algunos- sigue debatiéndose entre la necesidad de no ceder al 'chantaje' ni a las exigencias que le vengan de sus enemigos y la obligación de dar, al menos, una explicación a los españoles ajena a los balbuceos y presuntas mentiras que han practicado en las últimas fechas tanto él como sus más íntimos colaboradores. Y en ello tiene trabajando a todo un equipo que trata de conjugar alguna forma de dar la cara que le permita salir medianamente airoso y sin un excesivo desgaste.

Son muchos los que le dicen desde dentro que tiene que hacerlo. También desde fuera. Y no sólo en España. La incertidumbre que sus silencios y huidas arrojan sobre el Estado no pasan desapercibidos para gobiernos y medios internacionales más influyentes. El cerco se estrecha y el político gallego sigue deshojando la margarita en una espiral en la que, si la mayoría que apoye una moción de censura en el Congreso de los Diputados tiene casi garantizado que no se va a conformar en estos momentos, sí que va creciendo en la sociedad día a día hasta el extremo de convertirse en clamor. Y si no, esperemos a ver cuándo se publica el próximo sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas que, seguramente ya se estará elaborando. Aun con 'cocina', es prácticamente seguro que ya se habrá convertido en una moción de censura mayoritaria.

Federalismo

Federalismo es la palabra que se ha instalado estos días en el vocabulario más o menos corriente de la política española por mor de la necesidad del Partido Socialista Obrero Español y, sobre todo, de su secretario general de encontrar un camino por el que 'renovarse' o, lo que es lo mismo en el caso que nos ocupa, de evitar la permanente pérdida de apoyos entre la ciudadanía. Y ello en unos momentos en los que su principal oponente, el PP, se encuentra arrinconado por la corrupción y las malas prácticas sin cuento.

Federalismo parece ser la pócima mágica a la que Alfredo Pérez Rubalcaba ha recurrido después de comprobar que no le funciona la medicina tradicional; y para ello convocó el cónclave celebrado en Granada hace unos días, una reunión del Consejo Territorial de su partido en la que, tras ingerirla él mismo, hizo beber la 'purga' a todos sus barones territoriales y hacerles confesarse entusiastas seguidores del nuevo modelo de Estado recurrido para la ocasión por su líder.

Ahora, cual profetas de la nueva religión, los dirigentes socialistas han regresado a los distintos confines de la geografía nacional para predicar la buena nueva, aunque, eso sí, tapándose la nariz para evitar las nauseas que les produce la defensa de algo en lo que la mayoría no parece creer.

Y, para muestra, nada mejor que aquella que los asturianos tenemos más cerca, la del propio presidente del citado Consejo Territorial, Javier Fernández, quien en su intervención en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, afirmó sin empacho ayer que "no soy ningún entusiasta del federalismo; quiero un Estado solidario". Y no es que el actual presidente del Principado haya dicho nada nuevo del ideario que le conocemos. No. Al contrario. Ha ratificado lo que ha sido su pensamiento político desde que ocupa cargos de relevancia en la estructura jerárquicas de partido e institucionales.

Lo que tienen de clarificadoras sus palabras en el conjunto de la política actual española es la ratificación de una impresión generalizada en la ciudadanía de que, más que la fórmula adecuada para tratar de frenar el deterioro al que ha sometido al Estado español durante los últimos años la llamada clase política, la conversión federalista del PSOE en los momentos actuales responde más a una necesidad partidista que al convencimiento en una doctrina política.

La presencia de Javier Fernández en los cursos de Madrid no es sino un reflejo de lo que les está ocurriendo a multitud de compañeros, que han apelado a la disciplina impuesta desde la cúpula del partido para abrazar la nueva fe, aunque, como muchos de los antiguos sefarditas, lo hagan para 'salvar el culo' y no por convencimiento alguno. El presidente asturiano recitó en la capital el nuevo catecismo durante una hora aproximadamente, con disciplina castrense, como se le pide, pero no pudo evitar que las palabras le traicionasen en el coloquio posterior, dejando patente que el camino elegido por el PSOE en estos momentos responde exclusivamente a una estrategia en un intento de evitar seguir desangrándose en la consideración de la sociedad española.

Puestos a analizar las declaraciones de los distintos dirigentes socialistas desde la convocatoria de Granada se podría afirmar que solamente responden a una falta de convicción que alcanza también a su propio líder actual. Almunia no ha ofrecido tampoco en momento alguno una imagen de ser un convencido profesante de la doctrina federalista. Entre otras cosa, quizá porque, conversiones bíblicas aparte, tendría que haberse manifestado creyente durante sus muchos años en el Gobierno. Y no lo hizo.

Lo más lamentable es que podríamos estar ante la prostitución de una idea del Estado, de un sistema político consolidado en otros países y que se ha mostrado adecuado para su gobierno con la experiencia de décadas. Y eso no está bien.