Las cosas por su nombre

Nadie que se asome de vez en cuando a esta mi humilde ventana puede tener dudas de mi consideración a propósito de la figura y actividades del 'multidiputado' de Unión, Progreso y Democracia en la Junta General del Principado. Puede decirse que, con el respeto debido a todo responsable político, nunca de mi teclado han salido términos complacientes sobre el papel que desde su aparición en la vida pública ha desarrollado Ignacio Prendes.

Sin embargo, tengo que reconocer ahora, tras haber leído la entrevista publicada hoy mismo por 'El Comercio', que el abogado gijonés, en esas precisas declaraciones, ha dicho muchas cosas de forma más clara e inteligible para la ciudadanía que todo un voluminosos dictamen resultante de cientos de horas de reuniones. Y es que esa clarificación se estaba ya haciendo necesaria después del aluvión de críticas y contracríticas que se han producido desde que la comisión especial de 'investigación' del Parlamento asturiano encargada de 'clarificar' el llamado 'caso Renedo' cerrara días atrás sus conclusiones.

Y más que por ser el presidente de dicha comisión, el discurso de Prendes cobra entidad propia frente a las cataratas de palabrería partidista que han utilizado las fuerzas políticas 'tradicionales' por su sencillez y sinceridad. ¿Ventajas de la bisoñez? Es posible.

Dice el diputado del partido magenta que "no puede ser que todo lo que no sea delito esté permitido". Y tiene mucha razón. Desgraciadamente, un entramado legal como el español permite que cada día nos estemos percatando de que numerosas autoridades y cargos públicos se libran de una acusación porque su actuación -a todas luces atentatoria contra la mínima ética social- no incurre en los supuestos del Código Penal. Justo lo contrario de lo que estamos viendo en otras latitudes, donde ministros y altos cargos se ven obligados a renunciar a causa de 'negligencias' que, en el lenguaje de nuestro país serían 'pecadillos' sin importancia.

Acierta también el diputado de UPyD cuando esquiva con elegancia las acusaciones contra esa misma comisión que él ha presidido del ex presidente del Principado Vicente Álvarez Areces. "Juicio paralelo", "trapicheo de votos", incluso la palabra "fraude", no son expresiones de recibo de quien ha ocupado las más altas responsabilidades en la Administración regional. Y todo porque en el dictamen final se le hace responsable político de la trama de corrupción que implica a algunas de sus personas de su máxima confianza. Faltaría más. "Esto va más allá de una funcionaria que engañó a sus superiores", asegura con buen tino Prendes, quien también desmonta el argumento arecista de que fueron sus gobiernos los que destaparon la trama, algo que él desmiente categóricamente, recordando que fue una particular la que alertó de la misma y, luego, el Ejecutivo autonómico se vio obligado a dejarse llevar por la corriente, tras comprobar que no había otras salidas.

También es destacable el hecho de que el diputado magenta ponga el acento en el caso de la Consejería de Educación, con 400.000 euros supuestamente destinados a un centro escolar que nunca llegó a verlos y de los que nunca se supo dónde fueron a parar. Por ello, señala al mismo Areces, que proclama su fervor por lo público pero nunca hizo nada por desvelar ese fraude contra la educación cometido en el Principado bajo su mandato.

En fin, podría seguir porque a los buenos planteamientos realizados en la entrevista por mi ex compañero Ramón Muñiz ha respondido con inusitada trasparencia Ignacio Prendes. Sus palabras son mucho mejor resumen clarificador que cualquier tipo de dictamen. Ahora falta que estos planteamientos puedan desarrollarse al llegar al Pleno de la Junta General, donde unos buscarán ampliar "la cacería" y otros intentarán avivar la "cortina de humo".