Sorteando obstáculos

Cuando allá por el mes de mayo del pasado año Unión, Progreso y Democracia llegaba a un acuerdo de legislatura con la Federación Socialista Asturiana para unir su voto a los del partido más votado y su socio ya habitual, cuando hace falta -Izquierda Unida-, y dar la Presidencia del Principado a Javier Fernández las expectativas de la política asturiana se centraron con más o menos credulidad en la capacidad de la fuerza política que lidera Rosa Díez para sacar adelante esa media docena de condiciones irrenunciables que habían puesto sobre la mesa para dar su apoyo al candidato socialista.

Hoy, algo más de un año después, se puede decir que aquellas esperanzas de algunos siguen siendo una asignatura pendiente. La conclusión generalizada es que de ese puñado de comisiones encargadas de investigar la trama corrupta judicialmente englobada bajo el epígrafe de 'caso Renedo' o 'caso Marea', de dar una vuelta de tuerca a la ley electoral autonómica o de reformar el reglamento de la Junta General del Principado, por citar algunos de aquellos compromisos de mayo de 2012, la conclusión -digo- es que han avanzado más bien poco, más allá del número de reuniones a las que los diputados hayan sido convocados.

Sobre la primera de ellas, a la que ya me refería aquí mismo ayer, tantos meses solamente han servido para un inútil desfile de consejeros, altos cargos o empresarios, que silbaron y miraron para otro lado mientras verbalmente hacían alarde de su presunta inocencia. Llegados a la que parece debería ser la fase final de sus trabajos, el objetivo de los socialistas de dar carpetazo rápido y evitar la exigencia de "responsabilidades políticas" a quienes tuvieron altas tareas de gobierno en la última legislatura de Vicente Álvarez Areces, invitan a sospechar que los intentos de los dos partidos de la derecha de avanzar en el camino contrario podrían ser baldíos si los dos apoyos de Fernández no se deciden a 'desestabilizar' al actual Gobierno.

Con IU ya todos sabemos que no va a entrar en esa 'agitación' (no en vano algunos de sus actuales dirigentes regionales ocupaban cargos en aquella Administración, incluido su coordinador general).
Más dudas puede ofrecer la posición del único diputado de UPyD, crecido como está tras convertir en ley del Principado la norma que regula la autoridad del profesorado, escenario inédito logrado a partir de una iniciativa suya que no contó con el favor ni los votos de la mayoría socialista. Aunque el sentido de esta comisión de investigación partió de una de sus condiciones para lograr un Gobierno 'estable', los cantos de sirena del PSOE invocando la estabilidad, esa que se ha convertido en su gran activo de este año largo, podrían dejar finalmente en un esfuerzo absolutamente inútil todos los trabajos desarrollados hasta la fecha. Si no hay responsabilidades políticas y éstas no las puede exigir el Parlamento, sobraban tantos meses de convocatorias y verborrea.

En lo que a la reforma de la ley electoral autonómica se refiere peor pintan aún las cosas. Mientras el presidente de esta comisión, el comunista Ángel González, habla de un principio de consenso, las declaraciones de otras fuerzas políticas desmienten radicalmente ese escenario en todos aquellos aspectos de la normativa que realmente importan: circunscripciones electorales, listas abiertas, exigencia de primarias,... cuyo logro solamente parece estar en la mente de las fuerzas minoritarias.

La constatación más reciente de la escasa viabilidad de estas comisiones se ha manifestado ayer, con la reunión de los miembros de la encargada de reformar el reglamento del Parlamento asturiano. Ahí si que ya nadie tiene rubor en admitir que sus resultados no serán ni para este año ni para principios del próximo (ardua tarea la que afrontan los señores diputados y sus decenas de asesores y consejeros). Aquí no solamente se está jugando con ideas, sino con dinero. Por eso no parece que, a pesar del generalizado reconocimiento de que hay que cambiar la norma que permite a los diputados cobrar todos los días del año por supuestos kilometrajes sin justificación alguna o recibir pecunio para comidas y pernoctaciones, igualmnte los doce meses del año, incluso cuando la Junta General está de vacaciones, no parece -digo- que se haya encontrado la llave para sacar adelante tan espinoso asunto sin perjudicar los bolsillos de sus señorías.

Y lo último han sido ya los planteamientos consensuados sobre la pérdida de la condición de diputado, con esa anuencia general en que no por el hecho de ser uno de ellos imputado tenga que dejar el escaño, y lo que ello significa económicamente. Unos lo defienden porque ya tienen a representantes suyos en ese estatus, y otros puede que lo hagan porque no descartan estar en similar situación en un futuro, o por no molestar, que aún sería peor.

En definitiva, que los discursos, la convocatorias y otras zarandajas de algo más de un año de 'reformas' se queda en la mayoría de los casos en un "dame tiempo", "ahora no" o "ya veremos". No mucho más queda de tantas horas de reuniones y tantos millares de líneas de información. Por el momento, quienes nunca han querido circular por este camino, aunque no hayan tenido otro remedio, se esfuerzan en seguir sorteando obstáculos con la esperanza puesta en que el alargamiento de estos trabajos puede acercarles al final de la actual legislatura y, ya que es moneda de uso común que en los últimos meses de la misma no conviene alterar los calendarios, alcanzar la meta de hacer dormir el sueño de los justos cualquier tipo de conclusiones definitivas y comprometerse a dejarlo para otra. A fin de cuentas, se trata de una película que ya conocemos. Y, como de muestra vale un botón, ahí quedan los largos debates sobre la reforma del Estatuto de Autonomía en el último mandato de Álvarez Areces.