Mayorías y mayorías

La reunión que ayer celebró la comisión especial de la Junta General del Principado creada para afrontar la reforma de la ley electoral autonómica avanzó algunos pasos importantes en sus objetivos de lograr un principio de acuerdo sobre el futuro marco normativo para el reparto de escaños. Parece que el estigma para el acuerdo, el mantenimiento o la supresión de las tres circunscripciones, que enfrentaba al grupo mayoritario en el Gobierno, el PSOE, con sus dos socios de legislatura, IU y UPyD, se ha superado a base de una fórmula mixta por la que 35 de los 45 miembros del Parlamento regional se someterían al la actual triple demarcación territorial, mientras que los diez restantes saldrían de la aplicación de la Ley D´Hont a los votos sobrantes que hubieran obtenido las distintas fuerzas políticas, siempre que superasen un mínimo de un tres por ciento de los sufragios. Se solventaría así la disconformidad de los dos partidos minoritarios con el actual sistema al considerar que el nuevo marco mejoraría la representatividad real.

Se trata de un escollo importante que las tres fuerzas políticas que permitieron el acceso a la Presidencia del Principado de Javier Fernández han logrado sortear adelantando un buen trecho del camino para alcanzar un acuerdo definitivo. Ni que decir tiene que, con ser importante, no se puede considerar ni mucho menos un éxito definitivo. Falta por concretar cómo se reparten ahora los 35 escaños 'cerrados', el número mínimo a establecer por circunscripción y algún que otro detalle que no es precisamente baladí, aunque puedan aparentar contratiempos menores.

Lo que me ha sorprendido de la mayoría de las informaciones que he podido leer sobre la reunión de ayer es la incertidumbre que reflejan, a partir de las declaraciones de portavoces de unos y de otros, sobre la posibilidad de que los 23 votos de socialistas, comunistas y 'magentas' sean suficientes para sacar adelante la reforma electoral. Y me sorprende porque el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en su artículo 25.2, establece claramente que "Por ley del Principado, cuya aprobación y reforma requiere el voto de la mayoría absoluta de la Junta General, se fijará el número de miembros, entre treinta y cinco y cuarenta y cinco, sus causas de inelegibilidad e incompatibilidad y las demás circunstancias del procedimiento electoral". Parece evidente, pues, que esa mayoría raquítica, pero absoluta, que tienen los socialistas y sus socios sería suficiente legalmente para consolidar la reforma de la normativa electoral autonómica.

Distinta cuestión es la valoración sobre si esa exigua mayoría es institucionalmente suficiente para dar la vuelta a una ley del calado de la que se está debatiendo. Como alguien ha recordado estos días, todas las normas básicas en la todavía corta historia de nuestra autonomía han tenido una amplia base de consenso, algo en lo que, buenas palabras aparte, resulta difícil creer en las actuales circunstancias. La apelación del portavoz socialista, Fernando Lastra, a dejar cauces abiertos en el acuerdo con IU y UPyD para incorporar a las dos fuerzas políticas de la derecha en Asturias, más parece un recurso retórico bajo el que subyace que, al menos en este asunto, hubiera preferido entenderse precisamente con sus rivales de Foro y Partido Popular, con los que, dicho sea de paso, mantiene posiciones más coincidentes que con sus socios de gobierno.

Dejando a un lado los requisitos legales, la aparente eliminación de obstáculos en el camino para lograr la reforma electoral no invita aún a ser demasiado optimista, toda vez que los dos bloques en un 'casi empate técnico' no se nos antojan con aquel espíritu de acercamiento que presidió los primeros compases de la naciente autonomía. El Ejecutivo del Principado podrá sacar adelante el objetivo de cambiar el marco electoral para dar satisfacción a los dos grupos que, con el propio, le sostienen, pero dejará abierta la herida para que, como ha recordado un portavoz forista, la futura legislación pueda ser moneda de cambio en un futuro más o menos cercano, aquel en el que se pudiera configurar otra mayoría distinta con otros 23 votos diferentes. Y eso no sería bueno para la salud institucional.