Bajo sospecha

Por mucho que el grupo mayoritario socialista se empeñe en publicitarlo, la Junta General se ha convertido en una institución en la práctica ingobernable, más allá de algún que otro debate de medio pelo. Algo más de un año con 'Mister Tranquilidad' al frente del Ejecutivo autonómico ha servido -eso sí, hay que ponerlo en su haber- para aprobar los presupuestos generales del ejercicio en curso. Pero no para mucho más, por muy bien que traten los protagonistas de vendérnoslo.

No hay que olvidar que Javier Fernández accedió a la Presidencia del Principado mediante un acuerdo no escrito con Izquierda Unida, que le apoyaría puntualmente asunto por asunto, y un pacto de legislatura con el solitario diputado de Unión, Progreso y Democracia, ostentador del voto llave necesario para alcanzar la mayoría absoluta. Pues bien, ahora mismo, una parte relevante -mediáticamente, la parte más relevante- de esos consensos está a punto de irse al traste por la constatación continuada de que las "mayorías necesarias" se cotizan muy por encima del discurso interesado de los dirigentes de turno.

Primero fue la reforma de la ley electoral, bandera de combate de los dos socios de gobierno de los socialistas, que no acaban de entender cómo el grupo mayoritario está dispuesto a quitarles la miel de los labios que antes les había acercado al no aceptar como suficiente la mágica cifra de 23 sufragios para reformar una normativa del calado de la ley electoral. Estatutariamente es suficiente ese número de apoyos, pero el PSOE no quiere seguir adelante con este proceso sabedor de que, de la misma manera que ahora se aprobaría, podría recibir otro vuelco dentro de un par de años, en función de la nueva composición que pudiera tener el Parlamento asturiano. Porque sabe que, pese a sus intentos, ni Foro Asturias ni el Partido Popular van a ayudarle en este conflicto. Por otra parte, seguir adelante e intentar nuevas negociaciones a cinco bandas lo único que le reportará será una ostensible pérdida de estabilidad en la gestión de la Administración autonómica y, por ende, el riesgo de enfrentarse a la aprobación de los presupuestos para 2014 en minoría o, lo que es lo mismo, perder esa batalla y enfrentarse a una prórroga de las cuentas del Principado. IU y UPyD ya se lo han dejado muy claro en los últimos días.

El segundo y más reciente revés para el Ejecutivo de Javier Fernández podría haber sido el rechazo del diputado Ignacio Prendes, hoy mismo, a la inicialmente pactada -eso parece, aunque alguno de los protagonistas lo niega- reforma del sistema de retribuciones de los señores diputados autonómicos, una reforma afrontada a la trágala tras el escándalo social desatado tras hacerse público que sus señorías cobraban dietas cuando no trabajaban y kilometrajes que no hacían, además de no tributar por estos conceptos, circunstancia no procedente de un error administrativo, sino de la normativa que ellos mismos aprobaron en su momento para retribuirse 'convenientemente'.

Primero, se desmarcó el partido de Francisco Álvarez-Cascos; le siguió el de Mercedes Fernández y hoy mismo lo hizo el 'multidiputado' magenta, quien tras un minucioso estudio de la letra pequeña del presunto acuerdo lo rechazó a causa de su desacuerdo con el hecho en sí de que se pague kilometraje a los parlamentarios.

De nada les ha valido a PSOE e IU, quienes estaban dispuestos a seguir adelante con su reforma nominal de conceptos y consideraciones para poder seguir cobrando lo mismo, atacar a sus adversarios, a los que tacha de inconsecuentes y les responsabiliza de un boicot. En todo caso, cabría recordar que durante varias legislaturas gobernaron conjuntamente y fue bajo su mandato cuando se establecieron las actuales retribuciones repudiadas por una aplastante mayoría de los asturianos, como hoy refleja un sondeo del diario 'La Nueva España'. No solamente durante todo este tiempo no se modificaron, sino que las cobrarón escrupulosamente sin hacerles ascos a estos 'sobres' legales.

Queda ahora la parte más importante. Y no es otra que convencer a la sociedad de que todo este reciente proceso no ha sido una cortina de humo para intentar un lavado de cara sin perder privilegios. El hecho de que la falta de un acuerdo haga que se mantengan el por ellos mismos considerado poco presentable sistema retributivo por el que se rigieron hasta ahora sitúa a todos -y digo absolutamene a todos, cada uno con su cuota parte de responsabilidad- bajo sospecha. Una sospecha que solamente podrían disipar si renunciasen desde ahora mismo a aquellas partidas de difícil justificación ética. Pero eso ya sabemos que no van a hacerlo.