Los 'paganos' de siempre

El Tribunal Constitucional ha decidido, con argumentos, autorizar al Principado de Asturias a reanudar la recaudación del tributo a la banca, de nueva creación en los presupuestos del ejercicio en curso, recaudación suspendida en febrero pasado a raíz de un recurso presentado semanas antes por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Por encima de los criterios políticos que motivaron la implantación de esa tasa y de sus recovecos de aplicación, la decisión del Ejecutivo del Partido Popular fue una reacción intempestiva ante lo que consideraban un riesgo de contagio al resto de las comunidades autónomas, especialmente de las que controlan sus barones regionales. Y ello a pesar de que Andalucía, Canarias y Extremadura ya lo estaban aplicando. En paralelo con la presentación del recurso ante el Alto Tribunal por parte del abogado del Estado, desde el Gobierno nacional se procedió a la implantación de un nuevo impuesto a los depósitos bancarios de ámbito nacional... a tipo cero, medida que nadie en su sano juicio fue capaz de explicar con razonamientos sólidos. Más bien, la decisión de Rajoy y su equipo refrendó la teoría de que todos sus esfuerzos iban encaminados a los mismos objetivos de frenar como fuera la tendencia autonómica a buscar recursos a través de tributos orientados hacia el mismo sector, un sector con el que la derecha española se muestra muy sensible.

Ahora, el TC ha devuelto a Asturias la potestad de cobrar el nuevo impuesto, ya que, al estar incluido dentro de la ley presupuestaria autonómica para 2013, no recaudarlo significaría "graves perjuicios para los intereses generales de la comunidad autónoma".  Y sustenta su decisión en que "los intereses particulares, como son los del sector financiero, no podían prevalecer sobre los generales". Hasta aquí el estado de la cuestión a día de hoy. Una buena noticia para el Gobierno asturiano, que calcula recaudar unos 30 millones de euros este año con el nuevo tributo.

Sin embargo, la decisión del Tribunal Constitucional, que ha sido recibida con alborozó por el equipo de Javier Fernández, plantea de cara a un futuro inmediato, al menos, dos problemas dignos de ser tenidos en cuenta.

El primero deriva de que el auto del Alto Tribunal se refiere solamente, como queda dicho, a la reanudación del cobro suspendida en febrero pasado. Aclara, sin embargo, que no ha convalidado en modo alguno la constitucionalidad del impuesto asturiano, sobre la que tardará aún un tiempo en pronunciarse. Significa eso que, si en su momento, una vez entrado en el fondo del asunto, lo declarase ilegal, el Principado debería devolver el dinero recaudado. Una empresa que se antoja muy difícil en los tiempos que corren, donde el dinero público escasea y se muestra insufiente siempre para dedicarlo al verdadero objetivo de prestar los mejores servicios a la sociedad y no a engrosar los bolsillos de políticos corruptos. No me imagino la puesta en situación de un Ejecutivo autonómico, probablemente no el actual porque las cosas del TC van despacio, ante la hipotesis de tener la obligación de reembolsar a la banca un montón de millones.

El segundo posible contratiempo será el relativo a quién va a pagar en realidad ese tributo. La Administración regional, evidentemente, va a cobrárselo a las entidades financieras en relación con el volumen de sus depósitos, pero a nadie se le escapa que el sector bancario no es precisamente dado a 'soltar la mosca' por las buenas y ya ha amenazado con repercutirlo sobre los titulares de esos depósitos. Por el momento es sólo una amenaza pero con visos de credibilidad. Según parece existen usuarios que ya han recibido notificaciones al respecto. Y, si al final se cumplen los pronósticos más negros, resultará que el Principado de Asturias añadirá unos millones a sus depauperadas arcas, pero será un dinero que provendrá de los 'paganos' de siempre, de los ciudadanos de a pie.