Responsabilidades políticas

Respiraron los dirigentes de la Federación Socialista Asturiana cuando el pasado lunes el juez Ángel Sorando decidió cerrar la instrucción del conocido como 'caso Renedo'  con el procesamiento de 29 de los presuntos implicados en la trama de corrupción más grave que ha padecido la Administración autonómica del Principado desde su constitución. Durante algo más de dos años, el magistrado había sido el 'grano en el culo' que impedía a los socialistas de esta región sentarse en sus escaños sin experimentar un escozor molesto. En todo ese tiempo, la sombra de la duda ha estado planeando sobre la gestión de los gobiernos de Vicente Álvarez Areces, con la posibilidad evidente, para algunos, de que el largo brazo de la justicia pudiera alcanzar a otros altos cargos de esos mismos ejecutivos.

La decisión de exculpar, además, a Ana Rosa Migoya, ex consejera por partida doble y ex portavoz del Consejo de Gobierno, significó otro respiro más para la cúpula de su partido, ávida de pasar página y si fuera posible, como así ha sido, con los mínimos daños posibles.

Delimitados por el magistrado los indicios de delito a esas 29 personas, el largo proceso judicial que se adivina ha delegado protagonismo al escenario político y, más concretamente, a la comisión especial de investigación creada en su momento en la Junta General del Principado por mor del pacto de gobierno que llevó a Javier Fernández a la Presidencia del Principado; una comisión que ha aportado más bien poco en su objetivo de aclarar el alcance de la trama, limitándose a escuchar las autoexculpaciones de todos aquellos que acudieron a declarar.

Acotada ya de forma personalizada la responsabilidad judicial, no se ha hecho esperar la apelación de los grupos de la oposición a depurar en sede parlamentaria las responsabilidades políticas que pudieran haberse derivado por acción u omisión de quienes estaban al frente de la gestión de la Administración regional cuando se produjeron los hechos delictivos.

Y tampoco les ha faltado tiempo a los socialistas para apuntar ahora a sus adversarios que abandonen toda intención de hacer "juicios paralelos" obviando la exigencia de las susodichas responsabilidades políticas. Tan es así que se han quedado solos, incluso, en su empresa de evitar "la satanización" de los gobiernos de Areces.

Si el informe de la comisión parlamentaria no es el escenario adecuado para establecer responsabilidades políticas, ¿cuál es su meta? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué se creo? Esta claro que sus competencias son precisamente esas, las de exigir que cada uno de los cargos que gestionaron las diferentes consejerías en ese periodo oscuro responda personalmente.

Pero a la Federación Socialista Asturiana ya le ha saturado el alcance del escándalo y desearía silenciarlo de una vez por todas. Si accedió a la 'investigación' parlamentaria fue -como queda dicho- para permitir a su candidato recuperar la Presidencia del Principado que un año antes le había arrebatado Francisco Álvarez-Cascos y su partido. Ahora, sus siglas han salido bastante bien paradas en la vía judicial y el cierre de ese frente hará que concentren todas sus fuerzas en que no se les vaya de las manos ese otro de alcance político.

Y a estas alturas ya nadie se cree que pueda ser para preservar la buena imagen de Vicente Álvarez Areces, al que sus compañeros de la dirección socialista hace tiempo que considerar políticamente amortizado. No, esa no es la preocupación. El verdadero meollo del problema es que las responsabilidades políticas no son tan precisas y absolutas como las judiciales y, si alcanzan a otros consejeros o, por qué no, al que fuera presidente, ¿quién podría excluir de las mismas a la persona que lideraba el partido en Asturias?