Marear la perdiz

En páginas interiores correspondientes a la sección de Economía de la edición de hoy del diario 'El País' leo el siguiente titular: "El Gobierno planea medidas para limitar las indemnizaciones de los altos directivos". Si tuviéramos la paciencia y los medios para rastrear toda la información aparecida en estos últimos años seguramente nos tropezaríamos con la misma frase encabezando otras noticias publicadas en diferentes fechas del pasado próximo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la supuesta voluntad de gobernantes y legisladores de poner coto al 'sálvese quien pueda' o 'toma el dinero y corre' que han imperado últimamente entre los responsables de instituciones u organismos públicos, entidades financieras o grandes empresas 'estratégicas' a la hora de abandonar el barco estaría, cuando menos, bajo sospecha. Si además nos adentramos en la redacción de la noticia aparecida hoy mismo descubrimos que el Ministerio que gestiona Luis de Guindos "matiza que aún no hay una decisión tomada al respecto".

Llegados a este punto no podemos por menos que sentirnos agredidos en nuestra inteligencia al descubrir que los actuales gobernantes, como hicieron primero los anteriores, planean, estudian, analizan la forma de poner coto a tanta indecencia como encontramos a diario en la actualidad política y económica, pero, entre tanto, esos ex altos ejecutivos o ex altos cargos siguen tratando de hacer valer -y en muchos casos consiguiendo- las cláusulas y condiciones de privilegio de sus blindados contratos del pasado. Por uno al que 'pillan' y afirman que le van a obligar a devolver el dinero son docenas los que dejan la poltrona con los bolsillos repletos de un dinero con el que -por llamarlo por su nombre- se 'premia' su desastrosa y poco profesional gestión.

Si de verdad los gobernantes de turno quieren terminar con esa bofetada cotidiana a millones de españoles que representa el ponerles frente a la actual situación de aprovechados o sinvergüenzas que saben pescar en el rio revuelto de la profunda crisis para llevarse las mejores piezas a su mesa; si de verdad lo quieren -digo-, tienen que empezar, y ya, a obligar a que nadie se vaya con lo que no es suyo, por mucho que un papel firmado recoja, y a que quienes lo hayan hecho devuelvan aquéllo de lo que se han apropiado. Seguir planeando, analizando, estudiando no es sino marear la perdiz y ofender la inteligencia de la mayoría de la ciudadanía, la misma que está pagando lo platos rotos de la recesión. Si no se pasa de la intención a los hechos tendremos que pensar que esta nueva casta de dirigentes que tenemos únicamente piensa que, mientras el escenario sea el mismo, puede que mañana los beneficiarios de esta nueva forma de delincuencia sean ellos mismos.

Recuperar la calle

Revueltas andas estos días las tropas socialistas tras el nuevo trastazo que han significado este fin de semana las derrotas sin paliativos en Galicia y País Vasco. Hay llanto y crujir de dientes y golpes contritos en el pecho por la debacle y, en casi todos los casos, en los labios una frase repetida: "Hay que recuperar la calle".

Esta forma gráfica de expresar la desafección, cuando no el hartazgo, del electorado hacia lo que hoy es el Partido Socialista Obrero Español define más un sentir interesado que un reconocimiento de los auténticos errores cometidos con reiteración por los dirigentes de esta fuerza política. A fin de cuentas han sido lustros de gobernanza privilegiada, en muchos casos continuada y en otros con 'obligados' paréntesis para la derecha, que han llevado a la llamada clase política de dicho partido a pensar que la casa del pueblo no era solamente la sede correspondiente de la formación, sino también las instituciones, las organizaciones sociales, las asociaciones y, en fin, todo el entramado social que constituye la vida diaria de un país, una comunidad o un ayuntamiento. A costa de, en un despliegue endogámico sin parangón, perpetuarse e intercambiarse puestos, de forma que una casta determinada mantuviera una situación de privilegio económico y social, llegaron a convencerse de que la sociedad era su casa y "en mi casa hago lo que me da la gana", como rezaba un antiguo dicho popular.

Ahora entonan preces por la recuperación del espíritu que les otorgó el poder en diferentes épocas de la etapa democrática, lo que se formula como el objetivo de "recuperar la calle". Sin embargo, no parece que la ciudadanía haya decidido romper con una siglas o con unos principios en abstracto, sino más bien con las personas que, en muchos casos, los han prostituido.

Si de verdad existe en el PSOE voluntad de volver a las bases que los convirtieron en un referente de la izquierda española, en lugar de enfocar el objetivo hacia afuera, sus dirigentes deberían redireccionarlo hacia sí mismos y pensar que el 'tiempo de los chollos' se ha acabado e, igual que hay millones de españoles sin ocupación, podrían pasar a idéntico estatus cientos de camaradas que desde hace años mantienen su coto particular a base de cumplir las reglas de la tribu. No sé si a eso se le podrían llamar recuperar la calle; lo que es seguro es que significaría recuperar la credibilidad.

Si quieres sardinas, ruge

En los tiempos de conflictos sociales que España está viviendo este otoño son numerosas las voces que se alzan clamando por el diálogo y que rechazan la opción de una huelga general como paso inminente en la cronología del descenso a los infiernos. Desde luego que hay razones para apelar a que tal convocatoria acostumbra a traer perjuicios de carácter general para la economía, amplía la mala imagen del país hacia el exterior y casi nunca reporta una compensación efectiva al trabajador; por contra, suele tener repercusión monetaria en su bolsillo. Buena parte de estos argumentos se cimienta sobre algunas de las últimas experiencias vividas en España.

Sin embargo, la opción de renunciar a la protesta bajo el pretexto de que "no se va a conseguir nada" representa una conformidad que únicamente facilita las manos libres al legislador para continuar aplicando de forma implacable esas políticas 'de austeridad' que se vienen demostrando incapaces de revertir la tendencia a la recesión continuada y, sobre todo, crear empleo. Sería algo parecido, en versión más relevante, que aquellas llamadas a la desmovilización porque las protestas y manifestaciones en la calle tampoco suelen tener en su cuenta de resultados una mejora de la situación que denuncian.

Nadie en su sano juicio puede querer una huelga general 'per sé', pero tampoco se puede pretender que las ciudadanos se encierren en la resignación y esperen a ver si dentro de unos años las urnas cambian la tendencia (ya se ha demostrado que no es así; más bien al contrario).

Andrés Rábago, conocido como 'El Roto', que hoy mismo ha recibido con el mayor de los merecimientos el Premio Nacional de Ilustración, en su viñeta de este mismo día en 'El País', ilustra con agudeza e inteligencia la situación a que me refiero. En la imagen aparecen dos gatos, uno de ellos con un pez en la boca, que le dice al otro "Déjate de maullidos; si quieres sardinas ruge". No se puede decir más con menos palabras.

¿Por qué no aprenden?

Leo en la primera página de la edición de hoy del diario 'El País' que, cuando falta menos de un año para las elecciones federales en Alemania, todas las previsiones apuntan a una coalición de los democristianos y los socialdemócratas. La misma que ambos partidos alcanzaron en 2005 y que rigió el país hasta 2009 como consecuencia de una aritmética representativa que impedía el gobierno estable de uno de esos dos grandes partidos.

Hay que recordar, por si alguno todavía lo desconocía, que la CDU de Angela Merkel es al país teutón lo que el Partido Popular a España, y que el SPD es el equivalente germano del Partido Socialista Obrero Español. Pero, ¿alguien se imagina a los dos principales partidos españoles uniéndose en el Gobierno del Estado para sacar esto adelante? Desde luego que no. Sin embargo, la previsible coalición en el país del Norte de Europa se produciría -de nuevo- como una respuesta a la actual crisis internacional, por los momentos especiales que exigen altura de miras para encontrar salidas razonables a situaciones excepcionales. Si la coalición llegara a concretarse en un país que se presenta como el menos afectado por la recesión de la Unión Europea se convertiría en un ejemplo fehaciente de esa tan recurrida frase de la clase política de anteponer los intereses generales a los del partido, algo que suena mucho pero se practica poco, por no decir nada.

Aquí, en España, aunque los números de ambas fuerzas políticas sean diferentes, el momento es mucho más angustioso. Pese a ello, populares y socialistas, tras unos meses de relativo sosiego después de los comicios de finales del pasado año, han vuelto a cargar las escopetas, quizá por aquello de que en unos días volverán a enfrentarse en las urnas en Galicia y Euskadi. ¿Por qué no aprenderán?

Marear la perdiz

A la hora de escribir este comentario no me consta que la Junta Directiva del Sporting haya tomado decisión alguna, ni en sentido positivo ni en el negativo, sobre la continuidad al frente de la dirección técnica de Manolo Sánchez Murias. Ayer, tras la nueva decepción en Barcelona, se anunciaba para hoy una nueva consulta sobre la situación del entrenador rojiblanco, la misma que quince días antes, cuando tras caer derrotados en Girona, fijó el encuentro frente al Villarreal como ultimátum para una posible resolución del contrato con el preparador gijonés.

Me aterra la posibilidad de escuchar de nuevo estas palabras esta misma noche: Citar de nuevo al futuro con el resultado del próximo fin de semana en El Molinón. Y si sale bien, aunque sea sin una mínima imagen de cambio, vuelta a empezar.

Son ya demasiadas -nueve- las jornadas transcurridas de la Liga como para no considerar aventurado que la situación del equipo rojiblanco exige, y ya, un golpe de timón si se aspira a algo más que no sea luchar por la permanencia. Las posibilidades de la plantilla ya se ha visto que no son las que todos esperábamos: las de estar armada para retornar a la categoría de oro del fútbol español. Pese a ello, no me parece excesivamente optimista pensar que el Sporting tiene equipo para algo más que lo que ha venido demostrando desde el inicio de la temporada oficial. Aceptando esto, no es ceguera estimar que la elección del entrenador, por muy de la casa que sea, no ha sido precisamente un acierto de la Junta Directiva del club.

Enfrentarse a los aficionados y a los periodistas, como ya ha reiterado en más de una ocasión Manuel Vega-Arango, responsabilizándolos de una supuesta campaña de acoso y derribo contra el preparador, no viene más que a poner de manifiesto que el presidente de la entidad se siente intrínsecamente implicado en los evidentes errores cometidos. Mirar para otro lado y buscar culpables externos es consustancial a los regímenes totalitarios y poco practicantes de la obligada consideración hacia el cuerpo social que, en definitiva, es el que los mantiene.

Por eso, parece llegada la hora de afrontar la realidad y asumir la peligrosa situación a la que el club se enfrenta. Si a lo que se aspira es a algo más que a transitar tristemente por la Liga Adelante, los plazos para afrontar el giro necesario empiezan a agotarse velozmente. Buscar excusas cada siete días y tratar de ganar tiempo ya se antoja inasumible en estas fechas. Ha llegado la hora de reconocer responsabilidades, buscar soluciones y, sobre todo, dejar de marear la perdiz.

Un "pijo ácrata"

Mal, muy mal, andan las cosas en este país cuando un fallo judicial adverso es recibido desde las más altas instancias con insultos hacia el magistrado correspondiente. Había expectación por conocer cuál iba a ser la resolución del juez Santiago Pedraz sobre los detenidos por la manifestación convocada semanas atrás para expresar el malestar ciudadano hacia la clase política con un 'cerco' al Congreso de los Diputados. Desde el Gobierno y el partido que lo sustenta han aprovechado para calentar el tema en los días sucesivos a los hechos recurriendo a una terminología que ya creíamos olvidada: "golpe de Estado", "terrorismo", "sitio", "excepción"; en fin, un lenguaje más propio de regímenes dictatoriales que de una democracia parlamentaria.

El traslado de la 'patata caliete' entre la Audiencia y un jurado ordinario no hizo más que contribuir a esta ceremonia de la confusión que parecía disimular la negativa al reconocimiento de un derecho fundamental cual es el de la manifestación. Cierto que en una convocatoria tan multitudinaria siempre se esconden algunos de los alborotadores que únicamente en el desorden o el caos encuentran el caldo de cultivo para sus objetivos. Pero esta gente son solamente unos pocos y la inmensa mayoría encuentra en la calle la única oportunidad de expresar en voz alta su indignación y la desafección que les provocan quienes les han conducido a esa situación. La repetición de imágenes nos han permitido comprobar que, frente a esas minorías antisistema, millares de españoles con pinta de cualquier cosa menos de terroristas gritaban su malestar por una situación que se les hace cada día más insoportable.

Ahora, el juez ha emitido su dictamen, ha descartado que los imputados pretendieran asaltar el Congreso de los Diputados y ha archivado la causa. La respuesta inmediata del portavoz del Partido Popular en esa misma Cámara, Rafael Hernándo, ha sido la de tachar al magistrado de "pijo ácrata", además de considerar "indecente" e "inaceptable" la redacción de su fallo. Y todo porque Pedraz ha incluiso en sus consideraciones la "convenida decadencia de la llamada clase política". ¿Acaso el señor Hernando y sus correligionarios no se leen las encuestas que indican que la realidad en la consideración ciudadana mayoritaria va mucho más allá del suave término de "decadencia"?

Mal, muy mal -repito-, están las cosas en España cuando un fallo judicial adverso provoca esa inaceptable terminología de un alto responsable político. Por supuesto que la decisiones judiciales deber poder ser criticables, pero los límites también deben estar claros, salvo que sea esa misma clase política la que esté poniendo en cuestión todo el sistema, el mismo en que se apoyan para salvaguardar su deteriorado papel en la sociedad actual. Apoyar esta peligrosa postura con algo parecido a las amenazas, al responsabilizar al magistrado de hipotéticas agresiones a los parlamentarios, traspasa sin lugar a la duda todas las líneas rojas del andamiaje institucional, algo que el Partido Popular parece menospreciar últimamente, embarcándose en una posible involución orientada hacia los tiempos más oscuros de nuestra historia.

La dimisión del responsable de este nuevo 'matonismo' -como se ha exigido desde la posición de enfrente en otras ocasiones- debería ser automática.