Un "pijo ácrata"

Mal, muy mal, andan las cosas en este país cuando un fallo judicial adverso es recibido desde las más altas instancias con insultos hacia el magistrado correspondiente. Había expectación por conocer cuál iba a ser la resolución del juez Santiago Pedraz sobre los detenidos por la manifestación convocada semanas atrás para expresar el malestar ciudadano hacia la clase política con un 'cerco' al Congreso de los Diputados. Desde el Gobierno y el partido que lo sustenta han aprovechado para calentar el tema en los días sucesivos a los hechos recurriendo a una terminología que ya creíamos olvidada: "golpe de Estado", "terrorismo", "sitio", "excepción"; en fin, un lenguaje más propio de regímenes dictatoriales que de una democracia parlamentaria.

El traslado de la 'patata caliete' entre la Audiencia y un jurado ordinario no hizo más que contribuir a esta ceremonia de la confusión que parecía disimular la negativa al reconocimiento de un derecho fundamental cual es el de la manifestación. Cierto que en una convocatoria tan multitudinaria siempre se esconden algunos de los alborotadores que únicamente en el desorden o el caos encuentran el caldo de cultivo para sus objetivos. Pero esta gente son solamente unos pocos y la inmensa mayoría encuentra en la calle la única oportunidad de expresar en voz alta su indignación y la desafección que les provocan quienes les han conducido a esa situación. La repetición de imágenes nos han permitido comprobar que, frente a esas minorías antisistema, millares de españoles con pinta de cualquier cosa menos de terroristas gritaban su malestar por una situación que se les hace cada día más insoportable.

Ahora, el juez ha emitido su dictamen, ha descartado que los imputados pretendieran asaltar el Congreso de los Diputados y ha archivado la causa. La respuesta inmediata del portavoz del Partido Popular en esa misma Cámara, Rafael Hernándo, ha sido la de tachar al magistrado de "pijo ácrata", además de considerar "indecente" e "inaceptable" la redacción de su fallo. Y todo porque Pedraz ha incluiso en sus consideraciones la "convenida decadencia de la llamada clase política". ¿Acaso el señor Hernando y sus correligionarios no se leen las encuestas que indican que la realidad en la consideración ciudadana mayoritaria va mucho más allá del suave término de "decadencia"?

Mal, muy mal -repito-, están las cosas en España cuando un fallo judicial adverso provoca esa inaceptable terminología de un alto responsable político. Por supuesto que la decisiones judiciales deber poder ser criticables, pero los límites también deben estar claros, salvo que sea esa misma clase política la que esté poniendo en cuestión todo el sistema, el mismo en que se apoyan para salvaguardar su deteriorado papel en la sociedad actual. Apoyar esta peligrosa postura con algo parecido a las amenazas, al responsabilizar al magistrado de hipotéticas agresiones a los parlamentarios, traspasa sin lugar a la duda todas las líneas rojas del andamiaje institucional, algo que el Partido Popular parece menospreciar últimamente, embarcándose en una posible involución orientada hacia los tiempos más oscuros de nuestra historia.

La dimisión del responsable de este nuevo 'matonismo' -como se ha exigido desde la posición de enfrente en otras ocasiones- debería ser automática.