Con el dinero de todos

Atinaba días atrás mi compañero y amigo Alberto Menéndez al situar el foco, en su comentario habitual de 'La Nueva España', sobre la escasa diligencia mostrada hasta la fecha por los grupos de la Junta General del Principado a la hora de reformar algunos aspectos escandalosos de las retribuciones de sus parlamentarios.

Tras el 'escándalo' que supuso el que se hiciera público que un diputado del Partido Popular, concretamente Alfonso Román López González, del Partido Popular, cobraba kilometraje por sus supuestos desplazamientos desde su Tapia natal hasta Oviedo, aunque tenga domicilio en esta ciudad, también pudimos saber que esta práctica estaba normativamente consolidada y que tales partidas no eran excepción, sino generalizadas al conjunto de sus señorías con residencia fuera de la capital del Principado y referidas a todos los días del año con independencia de los periodos de sesiones del Parlamento asturiano. Una cantidad fija y, además, no sujeta a tributación por expreso deseo de los representantes de la soberanía popular asturiana.

No tan jaleada, pero igualmente reprochable ha sido la confirmación de que los mismos parlamentarios han venido cobrando otra partida fija mensual para manutención y gastos de representación. Algo parecido aunque mucho más modesto a la impresentable práctica de los parlamentarios en las Cortes Españolas puntualmente denunciada y ahora 'bendecida' por el Tribunal Supremo a raíz de una querella presentada por Democracia Real Ya.

No son ilegales estos cobros, dicen los afectados. Pues claro. Como que la normativa que los regula la han aprobado ellos mismos. Faltaría más.

Lo que parece meridianamente claro es que han sido pillados 'in fraganti'. De no ser así no se habrían puesto manos a la obra para intentar maquillar de alguna manera el cobro de unas cantidades a todas luces incompatibles con los tiempos que corren y las penurias de millares de sus conciudadanos.

Pero, como decía, lo preocupante ahora es el tiempo que se están tomando los 'padres de la patria chica' para resolver un problema que, una vez detectado, no se presenta especialmente complicado salvo para sus propios bolsillos. Es más, con tal dilación echan sobre sus espaldas las sospechas de que el plazo que reclaman para despejar las incógnitas responde más a su interés por salir lo menos perjudicados posible que al objetivo de solventar el problema.

Aunque en otro plano diferente, en paralelo hemos conocido que el el líder del PSOE en Gijón, Santiago Martínez Argüelles, cobró 87.000 euros como consejero de Liberbank el pasado año, una cifra sangrante a juicio no ya tanto de sus rivales políticos como de una gran mayoría de los asturianos. De nada ha servido que el concejal socialista dijera que tenía previsto hacer públicos esos emolumentos en estas fechas. Lo cierto es que sólo han salido a la luz cuando los ha hecho públicos 'El Comercio'. Como tampoco sirve que ahora informe de que el pasado año pagó más de 54.000 euros a Hacienda (evidentemente no por aquella cantidad, sino por el conjunto de sus ingresos) y 'regaló' otros 20.000 a su partido. Es indecente, y punto.

Y como en todas parte cuecen fabes, también estos días nos enteramos que el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, de Izquierda Unida, cargó a las arcas municipales los gastos ocasionados por él y otros tres compañeros de formación para participar en la 'marcha minera' de julio del pasado año. Sus explicaciones atribuyendo tal práctica a una representación "institucional" o el compromiso de devolver ese dinero (una cantidad insignificante para lo que estamos hablando) si se lo pide la oposición, no empece para considerar inadmisible tal actitud.

Son algunos casos recientes, aunque los medios informativos se encargan de agrandar la nómina día sí y día también. En Asturias y en Andalucía, en Castilla-La Mancha o en Galicia. Y, por supuesto, en Madrid. Como muestra vease el caso de dos ministros, Miguel Arias Cañete y Ana Mato, que recientemente se han gastado cientos de miles de euros en reformar y reamueblar sus respectivas sedes. Otra práctica que no suele responder a ningún color político específico, como si cada nuevo miembros del Gobierno accediera a su departamento después de que sus antecesores, cual banda desbocada de 'okupas', hubiera destrozado todo antes de abandonar.

Y estoy hablando en todos los casos de conductas ciudadanamente reprobable, aunque no delictivas, al menos a priori. En los juzgados se tramitan en estos momentos 1.661 causas de corrupción política o financiera, con lo que aquí sí que estamos hablando de presuntos delitos

Pero, por encima de la clasificación de cada una de esas prácticas, la realidad es que existe un amplio espectro de la llamada clase política que juega al 'monopoly' y no lo hace con su dinero, sino con el de todos los españoles. Y esto, digan lo que digan los implicados, es éticamente obsceno.