El diputado número 45

Una de las prácticas más recurridas por las fuerzas políticas, especialmente cuando gobiernan, es la del uso de la dilación para tomar aire o ganar tiempo antes de adoptar posiciones o tomar decisiones de relevancia. Y en eso está la Federación Socialista Asturiana (PSOE) desde hace ya muchas semanas ante el dilema que le ha planteado la imputación de su diputado regional Francisco González.

Desde que se hiciera pública tal condición por un presunto delito de cohecho durante su etapa de alcalde del municipio de Cudillero, sus compañeros socialistas han dedicado todos sus esfuerzos dialécticos a aplazar cualquier decisión sobre su posible abandono del escaño remitiéndose sucesivamente a los avances que tuviere la causa judicial.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha decidido abrir una pieza separada por un presunto delito de prevaricación contra el diputado regional por la contratación de policías locales durante su etapa de regidor del municipio pixueto.

Se trata de un paso más en la escalada de acusaciones, un paso que arroja una amplia cortina de sospechas sobre la actuación del popularmente conocido como 'Quico' y que convierte su situación de parlamentario en una patata caliente ante la que sus compañeros socialistas prefieren guardar silencio.

También ahora, los socios de gobierno del partido mayoritario, Izquierda unida y Unión, Progreso y Democracia, han reforzado sus peticiones a Javier Fernández para que él mismo y su partido cojan al toro por los cuernos y resuelvan una situación que empieza a hacerse insostenible.

La salida solamente parece ser una y no es otra que la renuncia de Francisco González al escaño de diputado. El aplazamiento de la misma, más allá de las intenciones personales del interesado, únicamente contribuye a entopecer la labor parlamentaria de una mayoría exigua basada precisamente en la supremacia de un voto y a desplegar sobre la formación política un velo de sospechas sobre los posibles miedos que la misma pudiera tener a la reacción de su diputado de ser obligado a renunciar.

Desde que se hicieran públicas las primeras sospechas de la existencia de un delito en la persona del ex alcalde de Cudillero, la dirección de su partido anunció contundentemente su objetivo de hacerle dejar el escaño en el Parlamento autonómico en el caso de que fuera imputado. Confirmada tal condición, aquella fortaleza se relajó a la espera de acontecimientos en el proceso judicial, que ahora amenaza con sumar una segunda imputación.

Parece que el tiempo se les acaba a los socialistas, aunque los otros partidos que les sostienen en el Gobierno no han optado hasta ahora más que por la petición, que no la exigencia, para que el grupo mayoritario resolviera la situación medienta la salida de González y su relevo por el siguiente en la lista de las pasadas autonómicas, devolviendo la "normalidad" institucional a la Junta General.

La reiterada recurrencia a la segunda votación en el Pleno de la Cámara ante los repetidos empates es, como dijo el portavoz socialista, Fernando Lastra, una mera "incomodidad" sin mayor trascendencia. Algo que cambiará muy pronto cuando una iniciativa tenga rango de proyecto de ley (el de la reordenación del sector público regional) y se precise de una mayoría que el Ejecutivo no tiene sin su encausado diputado.

Pero por encima de los inconvenientes institucionales se sitúa la imagen que una situación como la actual traslada de la propia institución legislativa. La salida es obvia y afrontarla con dignidad es el único objetivo que debían plantearse ahora el PSOE y sus socios de gobierno. Dejar que el tiempo emponzoñe dicha imagen solamente provocará malos olores.