Cuestión de confianza

Resultaba obvio que el quebrantamiento de la 'fidelidad' dentro del pacto de gobierno asturiano era un episodio que más pronto que tarde tenía que acontecer. Ayer, el Pleno de la Junta General del Principado acordó, con los votos a favor de Partido Popular y Foro y la abstención de Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia, la reprobación de la consejera de Bienestar Social, y lo hizo no por un aspecto puntual de su actuación, sino por el conjunto de su gestión. Algunos de sus socios ya se lo habían advertido a Javier Fernández con antelación. La sensibilidad existente en todos aquellos aspectos que dependen del departamento de Esther Díaz hacían que el recurso a los recortes de Madrid no fuera suficiente para mantener en la trinchera a las dos fuerzas políticas que apoyan al Ejecutivo. El 'estilo' de la consejera tampoco ha sido precisamente en este caso un paliativo para la disconformidad de  sus apoyos.

Pese a sus críticas, 'eco-comunistas' y 'magentas' no han querido hacer más sangre de la discrepancia y se han limitado a mantener un voto abstencionista que, si no ha evitado la reprobación de la representante del Gobierno, ha apartado cualquier impresión de debilidad en el pacto.

Más allá de la imagen que hayan querido dar unos y otros, la realidad nos indica que la normativa asturiana hace que tales desautorizaciones del Legislativo al Ejecutivo no tienen ningún valor práctico, como no sea el hipotético deterioro que la figura reprobada pueda echar sobre su trayectoria. Y tampoco este relativismo es nuevo. En toda la historia del parlamentarismo autonómico hay infinidad de casos de consejeros y altos cargos que han asumido la disconformidad de la Cámara como un 'gag' más del oficio sin trascendencia alguna. También es obvio que este escenario no es exclusivo del Principado de Asturias y que lo mismo ocurre en Andalucía o Navarra, en Galicia o Comunidad Valenciana.

Sin embargo, se me ocurre que la gestión en su conjunto de un miembro de un Gobierno autonómico tiene la suficiente trascendencia para que su reprobación fuera suficiente para que abandonara el cargo, bien voluntariamente, bien por decisión de quien preside el equipo. Supongo que los expertos en legislación administrativa me dirán que tal planteamiento es inapropiado y no responde a las elementales bases normativas de un parlamento. Y puede que sea así.

Partiendo de la manida frase de que los parlamentarios de la Junta General representan por encima de cualquier otra persona o institución el sentir del conjunto de los asturianos, si una mayoría de ese 'sentir' hace saber que alguno de los gestores no responde a tal voluntad, la puerta debería estar abierta para que se produjera la salida de esa o esas personas para dar paso a alguien que sí cuente con la mayoría del voto. Lo demás es lo normal, pero ello no quiere decir que sea lo adecuado. Dejar la permanencia de esos gobernantes a la voluntad exclusiva del presidente no me parece adecuado, aunque seguramente continuará así por los siglos de los siglos.