viernes, 1 de noviembre de 2013

Crónica de una ruptura anunciada

Nadie podrá decir que no estaba anunciado. El grupo parlamentario socialista en la Junta General del Principado consiguió hoy con sus votos, unidos a los de Foro Asturias y Partido Popular, que decayera la iniciativa firmada por ellos mismos para propiciar la reforma de la ley electoral autonómica. Para aquellos que no estén familiarizados con el tema puede resultar un tanto contradictorio tal proceder. Para quienes hayan seguido el devenir de esta iniciativa, no tanto.

Desde el propio presidente del Principado hasta los distintos portavoces parlamentarios o del partido habían abrazado el estandarte de que la modificación de la normativa que regula los procesos electorales en la comunidad no prosperaría si no lograba contar con una mayoría superior a la mitad más uno de la Cámara con la que se presentaba respaldada la iniciativa en la Cámara autonómica. De por medio quedaban estériles debates sobre los distintos apellidos que al término mayoría se le habían asignado, desde el original, de "absoluta" hasta el recientemente acuñado por el por el portavoz parlamentario del grupo socialista, Fernando Lastra, de "política", sin olvidar el intermedio de "reforzada". Estos adjetivos han servido en las últimas semanas a unos y a otros para desgastarse en absurdos debates que, en el fondo, han ocultado la intención de cada cual en salirse con la suya por el camino más corto.

Y en este conflicto una vez más han sido los socialistas quienes se han mostrado como avezados maestros en el arte del enmascaramiento. Plantear, como ha hecho hoy el señor Lastra, que la posición de su grupo es concordante con lo firmado con los otros grupos que hasta ahora han apoyado al gobierno de su partido tiene que ser tildado, cuando menos, de provocación.

No es de extrañar, pues, que esos, en este momento, los hipotéticos socios hayan respondido como si un abejorro les hubiera clavado su aguijón, sintiéndose legítimamente traicionados por el partido a cuyo candidato permitieron la investidura y aprobar los únicos presupuesto de la presente legislatura, los del ejercicio en curso.

Y no es que las primeras declaraciones hayan sido precisamente incendiarias. Tanto Ángel González, de Izquierda Unida, como Ignacio Prendes, de Unión, Progreso y Democracia, han respondido con términos como "engaño", "traición" o decisión "muy grave", pero ni el partido magenta ha confirmado su intención de romper el acuerdo de legislatura firmado con los socialistas hace casi un año y medio ni la coalición de la izquierda la retirada de la confianza sin 'cheques en blanco' depositada en aquel mismo momento en la persona de Javier Fernández y su equipo de gobierno.

La gran pregunta ahora es qué van a hacer desde este mismo momento los diputados de una y otra formación. Parece evidente que la gran cita para escenificar su desafección del grupo mayoritario sería el debate presupuestario, aunque a estas alturas somos muchos los que cuestionamos que sean capaces de llevar adelante sus amenazas. Para ello ya se han encargado los socialistas, con ayuda de numerosos voceros, de ubicar a sus hasta ahora socios en el papel de irresponsables buscadores del voto irreflexivo dejando de lado sus responsabilidades para con la interés general. Aquello de que la reforma electoral no es un problema para los asturianos ha corrido como un reguero de pólvora y ha calado en amplios sectores de la sociedad. Opiniones autorizadas en uno u otro sentido las hay.

Sin entrar en esa polémica, lo que se manifiesta obvio es que el grupo socialista, haciendo honor a su historia en este territorio, ha recurrido a la estrategia de ganar todo el tiempo posible y, llegados a un punto de difícil retorno, ha hecho caso omiso de sus compromisos firmados para atender a sus conveniencias particulares envueltos en la más que teórica bandera del interés general. Puede que al único diputado de UPyD, como novato en estas lides, le haya podido coger de sorpresa. No así a IU, que arrostra un conocido rosario de agravios a cambio de sus frecuentes respaldos al grupo mayoritario de la izquierda. Como muestra, baste recordar las fallidas reformas del Estatuto de Autonomía en los últimos tiempos, en los que, con la colaboración de los populares, alargaron indefinidamente el debate por un objetivo en el que siempre reconocieron no estar interesados. Igual que ahora.

1 comentario:

  1. Comenzaré reconociendo un alto grado de coincidencia con el comentario, incluso en la referencia al término "provocación", al que yo particularmente añadiría calificativos como cínica o desvergonzada. En efecto, el resultado estaba cantado.

    Pero a mí me interesa incidir en otro aspecto, que no es otro que el de los falaces argumentos utilizados por los partidos mayoritarios: el del necesario acuerdo entre ellos mismos, el del manejo de los intereses partidarios, así como el de la nada inocente interpretación del sentir de los asturianos y sus prioridades.

    El acuerdo entre los mayoritarios no se va a producir NUNCA para reformar una ley electoral que favorece su sobrerrepresentación. Podrán flirtear con engañosos acuerdos, como el PSOE; o manifestarse decididamente contrarios, como PP y Foro. Conviene aclarar que aunque en Asturias los mayoritarios son PSOE y Foro, el PP nunca ha abandonado su empeño por desgastar a los de Cascos para recuperar "su" eterna segunda plaza. Además, Mercedes Fernández nunca se saldría del carril de Génova, ni siquiera siguiendo las conspicuas iniciativas de Dolores de Cospedal en CLM.

    Los tres (PSOE, Foro y PP) han pretendido descalificar la iniciativa reformista de IU y UPyD aludiendo al interés partidario de estos. Naturalmente que se trata de un interés partidario el de intentar corregir la desventaja con la que la actual ley electoral lastra su representatividad. ¡Pero sería de justicia que todas las fuerzas participaran en igualdad de condiciones y que cada ciudadano dispusiera de igualdad de oportunidades a verse representado en las instituciones! ¿No es igualmente interés partidario, bastardo y espurio para más señas, imponer el mantenimiento de los privilegios que la ley electoral otorga a los mayoritarios y a los nacionalistas?

    Por último, la falaz interpretación de las prioridades de los asturianos. Nadie discute que las prioridades de todos se focalizan en el empleo, la sanidad, los servicios sociales. Pero ya vemos en qué situación se encuentran con las políticas de PSOE y PP, PP y PSOE: bajo mínimos. Abordar la reforma de la una ley electoral más justa y representativa es perfectamente compatible con todo tipo de iniciativas por el empleo, los servicios sociales y la reactivación industrial. ¿Dónde está escrito o demostrado que son conceptos antagónicos o incompatibles? Una cosa es que traten de engañar al personal y otra bien distinta que el personal se deje engañar.

    La reforma electoral supondría un paso previo, obligado y de justicia, para posibilitar un reajuste y renovación de nuestros representantes políticos (gestores de lo público), más necesario si cabe tras los recurrentes fracasos de los que no quieren soltar la poltrona y nos han conducido a esta situación de absoluta precariedad.

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