Si te vi, no me acuerdo.

Asegura mi buen profesor Benito Alaez que las elecciones europeas del próximo mes de mayo son especialmente relevantes en cuanto que significan un avance en la configuración de una estructura política, económica -ésta menos, obviamente- y judicial de la UE. Y tiene mucha razón. No me voy a detenar aquí en una explicación pedagógica de esas novedades que están al alcance de cualquiera en internet o en las págicas de documentación de los principales diarios.

Esbozo este preambulo para resaltar la importancia adquirida en los últimos tiempos por el Tribunal de Justicia de la UE, cuyas decisiones tienen en algunos casos una trascendencia generalizada, como ocurrió con la intensa polémica desatada a raíz de la desautorización de la llamada 'doctrina Parot', o la no menos relevante sentencia que consideró abusivos determinados aspectos de la ley hipotecaria española a propósito de los desahucios y de ciertas cláusulas de los préstamos bancarios para la compra de vivienda, aunque en otras el impacto social es mucho menor. Haciendo un repaso somero de su actividad no cabe duda alguna de que el Alto Tribunal europeo está haciendo su trabajo, y mucho mejor que la Comisión, el Consejo o el propio Parlamento de Estrasburgo.

Ayer nos llegó la noticia de otra decisión del mismo organismo que afecta de forma casi generalizada a los españoles: la anulación del mal llamado "céntimo sanitario", un impuesto con nombre finalista pero sobre cuyo destino definitivo podemos albergar serias dudas y que fue implantado progresivamente por buena parte de las comunidades autónomas -todas menos cuatro-, entre ellas Asturias. El tribunal considera que el Estado y las comunidades a las que éste cedió la aplicación de esta tasa actuaron "de mala fe" y obliga a las autonomías o al Ministerio de Hacienda a devolver a los usuarios unos 13.000 millones cobrados indebidamente desde el año 2002.

Hasta aquí los hechos concretos. El problema empieza cuando se trata de que todos y cada uno de los afectados puedan recuperar el dinero que se les cobró indebidamente. Admitido el escollo de la prescripción (cuatro años, según la Ley General Tributaria, lo que limita la aplicación real a los pagos de 2010 y años posteriores), falta por saber cómo podrían los españoles de a pie ejercer el derecho a la recuperación de sus dineros, toda vez que -cosa lógica- habría que presentar en todos los casos los documentos acreditativos de cada pago. ¿Acaso alguno de los hipotéticos lectores de esta columna conserva en una caja los recibos de esos abonos? Seguro que no. Así que, sea el gobierno autonómico correspondiente, sea el Ministerio de Hacienda (ahora andan enzarzados entre ellos sobre quién debe ser el responsable de la devolución), a usted y a mi se nos quedará la cara de idiotas por haber pagado unos impuestos manifiestamente "indebidos" sin opción real de recuperarlos.

Caso diferentes es el de transportistas y autónomos, que puedan tener debidamente asentados sus pagos y conservar las facturas. Pero, también en este caso, ya cuentan con el hándicap de las primeras reacciones gubernamentales que hablan de las "dificultades jurídicas" de acomodar la sentencia del Tribunal Europeo a la normativa española y de los largos procesos judiciales que se derivarán de las reclamaciones pertinentes.

En definitiva, que asistimos a la constatación de que las instituciones públicas implantan nuevos impuestos sin tener en consideración su posible ilegalidad con el convencimiento de que, si al cabo de unos años así se dictamina, el daño será menor por la complejidad de la aplicación de los fallos judiciales. En definitiva que, cuando uno les llega con la reclamación, se acogen a aquel viejo dicho popular de "Si te vi, no me acuerdo".

NOTA.- No me extrañaría nada que dentro de un cierto tiempo estemos repitiendo los mismos argumentos a propósito de la llamado Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA), otro manifiesto impuesto ilegal que los ayuntamientos se han aprestado desde hace años a implantar con satisfactorios resultados para sus gestores. Cualquier día, el mismo Tribunal de Justicia Europeo sentenciará que no se pueden pagar dos veces por la misma cosa (viñeta y ORA) y veremos entonces a los gestores municipales en igual actitud que ahora practican los gobiernos de la nación y autonómicos.

Vagos

¡Qué nadie se llame a engaño! Nuestros diputados regionales han demostrado ser una panda de vagos y la Junta General del Principado el patio de colegio en el que montan, un día sí y otro también, sus grescas infantiles propias de tal escenario. Y no es porque lo diga Foro, cuyos responsables estarían con toda seguridad en el otro lado de la trinchera de mantener el poder que generosamente dilapidaron en su corto mandato.

Ayer, la gran mayoría de la Cámara decidió ampliar su periodo de vacaciones descartando fechas significativas de su calendario de sesiones como los primeros días de la Semana Santa o los previos al Primero de Mayo. En eso si son muy capaces de dejar a un lado sus enfrentamientos partidistas. Como los infantes, olvidan el odio al de la otra clase para soñar con el día del maestro o la maestra, el patrono, o lo que sea. En esto, como en lo que se refiere a asuntos que benefician directamente a sus bolsillos, como ocurrió hace unos meses a la hora de ajustar sus emolumentos. En aquella ocasión también hubo entendimiento para hacer las cuentas de modo y manera que no perdieran ni un euro de su sueldo hasta la fecha, escamoteando en partidas globales lo que venían percibiendo indebidamente por conceptos tales como desplazamientos no realizados o dietas por sesiones inexistentes.

Al final, aunque con nombres diferentes, conservaron sus retribuciones en unas cifras muchos escalones por encima de la media de sus representados, pese a dar muestras suficientes de que no hacen nada para ganarse el pan justificadamente.

Ahora, han decidido que no tienen suficientes vacaciones y que hay fechas en el calendario demasiado tentadoras para renunciar al descanso. Eso sí, con argumentaciones siempre institucionales. No estaría de más que vigilásemos su actividad en esas fechas para comprobar que tienen más que ver con billetes de avión o unas reservas de hotel que con el servicio a los asturianos que les han elegido y que les pagan esos dispendios.

Reposición

Como en las antiguas carteleras cinematográficas, la política de los partidos asturianos lleva incorporada generalmente la etiqueta de reposición. Historias que ya vimos y que, cuando se repiten, nos retrotraen a tiempos pretéritos.

Tal es el caso del día a día en el Ayuntamiento de Gijón, con escenas estelares cada vez que se celebra una sesión plenaria, como la de ayer. Todos los partidos de la oposición encuentran caldo de cultivo para arremeter al unísono contra el equipo de gobierno o, más directamente, contra su presidenta, aunque el motivo -que haberlos, hailos- tiene relativamente poca importancia en bastantes ocasiones. No se trata de los problemas de la ciudad, sino del acoso y derribo a un rival molesto, a ese advenedizo que llegó hace tres años para romper los cómodos equilibrios en los que se desenvolvían los dos grandes partidos en este territorio con la connivencia cómplice del tercero en discordia (sería mejor decir concordia).

Si uno ve o lee las intervenciones del plenario local de ayer, no puede evitar retrotraerse al pasado próximo, a la Junta General del Principado concretamente, y comprobar que el guión es el mismo, que son los mismos los protagonistas (no los nombres, pero sí las siglas) y que existen objetivos repetidos con respecto a aquel tormentoso periodo del Ejecutivo presidido por Francisco Álvarez-Cascos.

Le resultó bien entonces a la 'leal' oposición. Tratando de forzar una cuestión de confianza que soslayara la hipótesis de una moción de censura, los tres 'eternos' representantes de la voluntad de los asturianos lograron que Cascos adelantara unas elecciones que, como todo el mundo sabe, perdió. Volvió a gobernar el Partido Socialista, aunque con menos facilidades que en años anteriores porque el tablero de juego cambió sus fichas y los colores. En todo caso, podría decirse que los objetivos de los promotores del descabalgamiento de Foro triunfaron.

Ahora, en Gijón, el argumento es exactamente el mismo. Un grupo socialista compuesto por más concejales que cualquier otro no ha digerido nunca perder el poder en uno de sus feudos más seguros. El popular, por su parte, que apoyó en su día la investidura y las primeras decisiones de Carmen Moriyón y su equipo, anda a la deriva desde que la líder regional echó a Pilar Fernández Pardo y dio la orden de atacar al gobierno de Foro como un grupo más de la oposición. Izquierda Unida, por su parte, rema con lo que tiene a la espera de la vuelta de un 'gobierno de la izquierda'.

Claro que las reglas ahora son otras. Moriyón no puede convocar elecciones y el recurso a una moción de confianza no ofrece perspectivas para socialistas y populares, obligados a ponerse de acuerdo para tumbarla. No es lo mismo echar abajo unos presupuestos que 'derrocar', juntos, un gobierno. El mismo problema que para sacar adelante una moción de censura, la única solución aparente para apartar a Foro del baston de mando consistorial. La iniciativa sería vista con buenos ojos seguramente por el PSOE, con su candidato presto a asumir la responsabilidad aunque para ello tenga que taparse la nariz y aceptar el apoyo del que a nivel nacional es su rival principal. IU es de suponer que miraría para otro lado y valoraría los 'beneficios' para colar en la acción de gobierno alguna migaja de su programa. El que lo tiene muy jodido es el PP, y lo tiene muy jodido especialmente en Gijón, donde todas las encuestas les vaticinan un trompazo de los que hacen época y que podría rubricarlo la continuidad de una línea de actuación errática, indefinida, en cuyo horizonte sólo cuenta acabar con el partido de Cascos.

Como ayer les recordaba el portavoz municipal forista a sus adversarios, "si lo que quieren es presentar una moción de censura, háganlo". Pero no es tan fácil. Si lo fuera, hace tiempo que Santiago Martínez Argüelles sería el alcalde de la villa, cargo para el que fue reinventado por su partido hace unos tres años. En definitiva, que la película tiene un guión repetitivo, pero probablemente con un final diferente. Vamos, que más que una reposición, sería mejor hablar de 'remake', como ahora dicen los cinéfilos en esa galopante afición de incorporar extranjerismos sin cuento.

Hipocresía

Si una característica define el discurso político, en general, y del ámbito político asturiano, en particular, es la hipocresía: La vara de medir se utiliza según convenga, con criterios cambiantes para los demás o para uno mismo, en una práctica discrecional digna de mejores empresas.

Digo esto tras leer las diferentes informaciones sobre la sesión plenaria que hoy ha celebrado el Ayuntamiento de Gijón tras el fallo judicial que obligó a la alcaldesa de la villa a reanudar la sesión suspendida el 27 de julio pasado y convocada a iniciativa de la oposición para debatir el plan de ayudas para la rehabilitación de fachadas. Con independencia del presumible recurso posterior, Carmen Moriyón convocó al Ayuntamiento Pleno cinco después de conocerse la la resolución del juez y hace escasas horas se aprobó la ordenanza correspondiente con los únicos votos en contra del partido que gobierna el municipio.

Hasta aquí todo de acuerdo al lógico procedimiento de la política institucional ajustada a derecho.

Lo que escandaliza es que todos los grupos que no conforman el gogierno local -PSOE, IU y PP- han centrado sus críticas al equipo de Foro en el hecho de que haya tenido que ser un juez quien haya obligado a Moriyón a convocar esta sesión, por encima del asunto de fondo que lo provocaba, la atribución al Pleno de la concesión de las subvenciones a la rehabilitación de fachadas, cosa que, por otra parte, que era simplemente un recurso en el legítimo ejercicio de la oposición.

Aunque la portavocía del primer partido de la oposición, el socialista, correspondió a Begoña Fernández, ha sido su líder quien ha utilizado las redes sociales para remarcar la 'descalificación' de la mandataria local y su equipo por haber tenido que ser obligados a rectificar por un fallo judicial.

Lo que realmente escandaliza son las palabras de Martínez Argüelles, insaciable cada vez que la ocasión se le presenta por conseguir un sillón que los electores no le han otorgado, quien arremeta contra la legitimidad de la alcaldesa. Y escandaliza porque resulta que ésta ha actuado como entendía que era su legitimidad para tomar aquella decisión del pasado verano y no ha buscado vericuetos para escurrir la decisión del juez. Quizá el 'líder' de los socialistas gijoneses prefiere ignorar que sus compañeros de partido en un municipio situado a unos cincuenta kilómetros de distancia llevan dos años 'regateando' las decisiones judiciales para mantenerse en el poder, unas decisiones que no se refieren a la convocatoria de un pleno, sino -mucho más grave- a la anulación de las decisiones adoptadas por sus integrantes. Naturalmente, me estoy refiriendo a Cudillero. Esto sólo tiene un nombre: hipocresía.

Marejada PP

Como nuestro Cantábrico en las últimas dos semanas, revueltas andas las aguas del PP asturiano. Pero, mientras que el océano se muestra alborotado con 'olonas' y 'cachones', entre los conservadores del Principado se detecta una fuerte marejada de fondo que, si bien en la superficie pasa desapercibida, los aparatos de medición registran con altos parámetros de intensidad en en interior.
Y no es ya que la concatenación de encuestas apunten una clara tendencia a la baja de los populares, sino que -mucho más importante- la constatación  de que el desánimo empiece a calar entre su militancia.

Lejos quedan ya los tiempos en los que el 'ciclón Cherines', bien controlado desde Génova, entró con fuerza desde el Sur en el panorama político asturiano con el propósito de barrer aquel desalentador escenario que personificabaa su antecesor en la dirección del partido, Ovidio Sánchez, o la garra atenazadora y paralizante de un endiosado Gabino de Lorenzo. Los primeros pasos de la nueva 'lideresa' daban a entender que se había inaugurado una nueva era para el que era hasta pocos años atrás el principal y único partido de la derecha en esta comunidad. Trasladado Sánchez a un cómodo asiento en las Cortes Generales y desactivado De Lorenzo en su 'palacio' de la plaza de España, el camino estaba expedito para la plenipotenciaria pupila de Rajoy. La tarea no era fácil: rescatar al Partido Popular de Asturias de la indolencia opositora de sus antecesores y desactivar la 'bomba Cascos', cuyo retorno al panorama político-institucional en el Principado había desterrado a su antiguo partido a la condición de tercera fuerza política.

Al margen del vendaval forista, entre los conservadores había el convencimiento de que la experiencia 'gabínista' con Isabel Pérez Espinosa era coadyuvante al éxito del nuevo proyecto del ex general secretario. La oportunidad de confirmarlo llegó antes de lo pensado con la convocatoria anticipada a las urnas del anterior mandatario regional, pero no sirvió para mucho ya que el PP volvía a cosechar con Mercedes Fernández el mismo resultado práctico al repetir el irrisorio resultado de diez escaños logrados algo menos de dos años antes. Los populares se consolaron en el convencimiento de que su 'mirlo blanco' no había disfrutado del tiempo suficiente para asentarse y ofrecerles los resultados esperados.

Sin embargo, el tiempo ha ido transcurriendo y los ánimos se han ido enfriando. La recuperación del electorado se antoja un tanto utópico y el estilo 'casquista' -escuela ha tenido- de 'Cherines' ha levantado ampollas entre un sector importante de sus compañeros. La política institucional tampoco da la impresión de funcionar, toda vez que la hoja de ruta de la lideresa fluctúa entre una clara oposición frente al Gobierno socialista y los amagos de recurso a una 'actitud de Estado', como en los recientes prolegómenos de la fallida negociación presupuestaria. Falta una personalidad propia, un carácter.

Por no hablar de la desastrosa gestión del 'conflicto' de Gijón, donde, tras descabalgar a la anterior dirección local presidida por Pilar Fernández Pardo, echo mano del recurso de una gestora cuya presumible interinidad se ha prolongado en el tiempo más allá de cualquier periodo razonable. Mercedes Fernández, pese a ser de Gijón, hace muchos años que no tiene apenas predicamento en su ciudad y ni siquiera esa gestora títere con la que saldó la crisis local le ha salido como ella esparaba seguramente. Un obligado congreso, cuando llegue a celebrarse, no ofrece garantía alguna para los intereses de la mandataria regional de los populares.

Una reciente encuesta filtrada por un medio digital y atribuida a la propia cocina del PP les concede solamente siete escaños en una proyección electoral a día de hoy. Pero esto es lo peor, sino el convencimiento de dirigentes del propio partido de que tal balance no sería precisamente el peor que podría depararles en la realidad una cita con las urnas.

Un Partido Popular con ambiciones de superar el ya largo bache en el reconocimiento de los asturianos empieza a pensar que la gestión de sus destinos exige ya un líder fuerte y con carisma. Y tal objetivo no se presenta demasiado factible para recabar el apoyo de la derecha social mientras sobre el mismo escenario siga actuando Francisco Álvarez-Cascos; éste sí, aunque siempre polémico y bronquista, con esa personalidad que los conservadores anhelan.

Compromiso de legislatura

Alterado anda el Gobierno del Principado de Asturias ante las críticas llovidas desde la oposición sobre el mínimo alcance que han tenido los planes anunciados por Javier Fernández para abordar en la presente legislatura una reordenación del sector público regional. El informe del Ministerio de Hacienda recientemente conocido, que refleja que nuestra comunidad figura a la cabeza entre las que menos entes públicos han suprimido, ha acrecentado las dudas sobre la verdadera intención del equipo de gobierno de llevar va buen término los prometidos recortes.

Como ocurre tantas veces, el Ejecutivo, por boca de su portavoz, ha acudido a las comparaciones y ha situado al sector público asturiano como ejemplo de "austeridad y eficacia". Cuantitativamente, porque -asegura- otras regiones disponían de un conglomerado de empresas netamente superior, y cualitativamente, al asociar a las asturianas existentes con una necesidad irrenunciable que implicaría la pérdida de servicios básicos o la privatización. En el primer caso, si bien es cierto que algunas comunidades de mayor tamaño que el Principado disponían de un sector público propio de superiores dimensiones y, por tanto, susceptible de superiores aminoramientos, también lo es que otras autonomías de tamaño similar al nuestro han asumido compromisos mucho más ambiciosos a la hora de meter la tijera. Respecto a la necesidad de su existencia o el riesgo de "privatización" de servicios "básicos", son numerosos los elementos que permitirían poner tal aseveración en duda.

La reordenación del sector público regional fue un compromiso asumido por el actual presidente del Principado al inicio de la presente legislatura para contentar a Unión, Progreso y Democracia, y así se recogió en el pacto de legislatura que firmaron ambas fuerzas políticas.

Muchos teníamos ya entonces la sospecha de que Javier Fernández recogía ese sentir, también expresado por los grupos de oposición de la derecha, de mala gana y sin ninguna convicción, más por exigirlo la urgencia de recolectar los votos necesarios para su investidura que por verdadero convencimiento. No son los socialistas, fervientes defensores de lo público por encima de cualquier consideración práctica o temporal, muy proclives a eliminar nada que tenga esa vitola, sin olvidar que el conglomerado de lo que se dio en llamar "chiringuitos" durante la etapa de Gobierno de Vicente Álvarez Areces, eran una perfecta agencia de colocación para militantes y afines. A un sector público más dimensionado, más plazas 'clientelistas' a cubrir.

Y, como ya ocurriera con la reforma de la ley electoral autonómica, el alcance de los acuerdos de legislatura los vuelven a ver los socialistas por la parte estrecha del embudo, rebuscando en sus argumentaciones para justificar la realidad de esa vieja máxima de la gestión política de "cambiar lo necesario para que no cambie nada". Sólo cuatro empresas públicas eliminadas y, según todos los indicios, aplicando criterios de reacomodación para sus responsables.

Podrá decirse que el pacto de legislatura con UPyD (y el acuerdo no escrito con Izquierda Unida) saltó por los aires cuando lo hizo la reforma electoral que ambas fuerzas políticas exigían para mantener su apoyo al Ejecutivo de Javier Fernández; y que, por lo tanto, aquellos compromisos ya no están vigentes. Sin embargo, los integrantes de todos los grupos parlamentarios lo son por el voto delegado de los asturianos, y de alguna manera se puede afirmar sin riesgo de error que la obligación contraída y la palabra dada a en mayo de 2012 eran con y para los ciudadanos de este territorio. Saltárselos sistemáticamente a la torera no deja de ser una forma más de prostituir el contrato que los parlamentarios fiman con los electores cada vez que estos acuden a las urnas.

En campaña

El Partido Popular ha cerrado hoy en Valladolid su convención nacional con un discurso que, por encima de su contenido literal, transmite a las claras su marcado carácter electoral. Desde un principio se había establecido que el cónclave de los populares estaba pensado fundamentalmente para cerrar filas y reforzar la moral de sus dirigentes frente a los síntomas de desánimo de unos o las invectivas rupturistas de algunos otros. El guión se ha seguido y el broche final puesto por el líder del partido ha tenido tintes de mitin de campaña. Es verdad que este año tenemos cita con las urnas para renovar el Parlamento Europeo, una convocatoria que habitualmente merece escasa atención por parte de los españoles. Sin embargo, esa jornada se va a situar un año por delante de las legislativas de 2015, una fecha para la que los principales partidos políticos ya se han puesto a trabajar ante la ausencia de perspectivas claras de un posible triunfo de alguno de ellos. Las encuestas no ofrecen perspectivas halagüeñas para la fuerza política que actualmente gobierna el Estado con mayoría absoluta, pero tampoco dibujan mejor panorama para el principal partido de la oposición. El PP de Mariano Rajoy acusa ostensiblemente el deterioro de una gestión emparentada con los recortes sociales y el retroceso en las libertades, pero el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba, lejos de aprovechar esos dos años de desgaste de sus adversarios, sigue sin conseguir cuadrar sus números en una etapa de estancamiento que para su militancia ya se antoja demasiado larga.

Quizá por eso la convención nacional del partido mayoritario ha extendido por toda España ese tufillo a mitin orientado a captar el voto que les permita renovar su mayoría gobernante; en Valladolid, dirigido a cargos nacionales y autonómicos, que muy pronto saldrán como apóstoles hacia sus territorios para predicar la buena nueva de Mariano: habrá menos impuestos (¿cuántas veces hemos oído ya esta cantinela anteriormente?), veremos el fin de ETA y se le pararán los pies a los catalanes. Eslóganas directos de asunción fácil para el electorado, pero ni una palabra -al menos que yo haya leído- sobre una minoración sustantiva de las insoportables cifras del paro, por citar sólo un claro 'olvido'.

Pero no han sido los conservadores quienes han abierto esa exageradamente anticipada campaña para los comicios del año próximo. En eso ya se adelantaron sus rivales socialistas, porque no debemos olvidar que Rubalcaba y sus huestes hicieron su particular terapia de grupo hace escasos meses en Andalucía, en un intento de frenar la sangría social de unos ciudadanos que les dieron la espalda hace algo más de dos años y no parecen dispuesto a devolvérsela en 2015. También en la conferencia política de Sevilla los grandes mensajes tuvieron clave electoral, con objetivos y promesas formulados por un miembro destacado de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero que en momento alguno de aquellas etapas planteó como realizables.

Y si los mensajes políticos hay que analizarlos a la luz de las próximas convocatorias a las urnas, no es menos sintómatico el lenguaje de enfrentamiento directo entre sus protagonistas. La cita de Rajoy mandando callar a un Rubalcaba al que responsabilizó como vicepresidente del Gobierno de haber llevado España al borde de la ruina, fue reflejo fehaciente de la condición de mitin electoral de la cita de Valladolid. Un lenguaje que, por otra parte, vienen prácticando en el oytro lado de la trinchera desde hace semanas los Rubalcaba, Valenciano, López y López (Óscar y Patxi) y algunos más.

Al final, los dos partidos mayoritarios -aunque parece que cada vez lo son menos-  nos van pintando un marco cualificado para el enfrentamiento y la crispación, un marco en el que ellos se mueven como pez en el agua y que, temporalmente, promete ser, por innecesario para la ciudadanía, lastimosamente prolongado.