Salpicaduras

Desde que estalló el conocido como 'Caso Renedo?, o 'Caso Marea?, o como cada cual quiera llamarlo, fuimos muchos los asturianos que nos preguntamos si un asunto de corrupción como el citado podría limitarse, dadas sus características, a una sola consejería o a un par de altos cargos. La investigación judicial, no obstante, aconsejaba siempre esperar a que el trabajo del magistrado Sorando avanzase para ampliar hipotéticass sospechas.

El tiempo ha transcurrido y el proceso ha seguido su curso lentamente -como suele ocurrir- mientras los folios se acumulan sin que parezca vislumbrarse una fecha para establecer definitivamente un escenario estable desde el punto de vista estrictamente judicial.

Entretanto, han crecido las suspicacias ciudadanas sobre la posibilidad de que una trama como la juzgada pudiera circunscribirse a un ámbito tan reducido como el que inicialmente dio pie a la denuncia. Pensar que ese tipo de actuaciones pueden sustraerse a la marcha normal de toda una administración autonómica se antoja realmente increible, y por ello choca mas si cabe la escasez de posibles involucrados directos en esa andadura por los juzgados.

Mientras ese capítulo sigue su curso, y como consecuencia de los 'pactos' que llevaron a Javier Fernández a la Presidencia del Principado, la comisión 'ad hoc' creada en la Junta General para investigar implicaciones políticas ha decidido convocar a su presencia como testigos al entonces mandatario autonómico, Vicente Álvarez Areces, y a media docena de antiguos componentes de sus equipos de gobierno. No se trata de ninguna acusación -tampoco podría hacerlo dicha comisión-, pero resulta plausible que quienes articulaban entonces la gestión de la administración del Principado se sometan a las preguntas que harían los asturianos si estuvieran presentes y que los parlamentarios deberían recoger en sus intervenciones si no quieren mostrarse tan sospechosos como quienes tuvieron las supuestas prácticas delictivas.

A falta de que el tiempo sitúe las cosas en su lugar en los tribunales, la iniciativa de la Junta General abre el camino a que se puedan averiguar las posibles salpicaduras en una entramado administrativo y político del calado del Gobierno asturiano. Por acción o por omisión, ejerciendo esas prácticas o consintiéndolas, los responsables deberían salir a la luz.

Muchos fuimos quienes pensamos que la mencionada comisión podía ser una cortina de humo para enmascarar las vergüenzas de unos y de otros y que su existencia discurriría cansina en el tiempo para no llegar a ninguna parte. Ahora, sus integrantes, y por extensión el Parlamento de los asturianos, tiene la opción de realizar un verdadero servicio a la comunidad: que dentro de sus limitaciones ayude a poner las cosas en su sitio. No hacerlo sería un fatal error.