Compromiso de legislatura

Alterado anda el Gobierno del Principado de Asturias ante las críticas llovidas desde la oposición sobre el mínimo alcance que han tenido los planes anunciados por Javier Fernández para abordar en la presente legislatura una reordenación del sector público regional. El informe del Ministerio de Hacienda recientemente conocido, que refleja que nuestra comunidad figura a la cabeza entre las que menos entes públicos han suprimido, ha acrecentado las dudas sobre la verdadera intención del equipo de gobierno de llevar va buen término los prometidos recortes.

Como ocurre tantas veces, el Ejecutivo, por boca de su portavoz, ha acudido a las comparaciones y ha situado al sector público asturiano como ejemplo de "austeridad y eficacia". Cuantitativamente, porque -asegura- otras regiones disponían de un conglomerado de empresas netamente superior, y cualitativamente, al asociar a las asturianas existentes con una necesidad irrenunciable que implicaría la pérdida de servicios básicos o la privatización. En el primer caso, si bien es cierto que algunas comunidades de mayor tamaño que el Principado disponían de un sector público propio de superiores dimensiones y, por tanto, susceptible de superiores aminoramientos, también lo es que otras autonomías de tamaño similar al nuestro han asumido compromisos mucho más ambiciosos a la hora de meter la tijera. Respecto a la necesidad de su existencia o el riesgo de "privatización" de servicios "básicos", son numerosos los elementos que permitirían poner tal aseveración en duda.

La reordenación del sector público regional fue un compromiso asumido por el actual presidente del Principado al inicio de la presente legislatura para contentar a Unión, Progreso y Democracia, y así se recogió en el pacto de legislatura que firmaron ambas fuerzas políticas.

Muchos teníamos ya entonces la sospecha de que Javier Fernández recogía ese sentir, también expresado por los grupos de oposición de la derecha, de mala gana y sin ninguna convicción, más por exigirlo la urgencia de recolectar los votos necesarios para su investidura que por verdadero convencimiento. No son los socialistas, fervientes defensores de lo público por encima de cualquier consideración práctica o temporal, muy proclives a eliminar nada que tenga esa vitola, sin olvidar que el conglomerado de lo que se dio en llamar "chiringuitos" durante la etapa de Gobierno de Vicente Álvarez Areces, eran una perfecta agencia de colocación para militantes y afines. A un sector público más dimensionado, más plazas 'clientelistas' a cubrir.

Y, como ya ocurriera con la reforma de la ley electoral autonómica, el alcance de los acuerdos de legislatura los vuelven a ver los socialistas por la parte estrecha del embudo, rebuscando en sus argumentaciones para justificar la realidad de esa vieja máxima de la gestión política de "cambiar lo necesario para que no cambie nada". Sólo cuatro empresas públicas eliminadas y, según todos los indicios, aplicando criterios de reacomodación para sus responsables.

Podrá decirse que el pacto de legislatura con UPyD (y el acuerdo no escrito con Izquierda Unida) saltó por los aires cuando lo hizo la reforma electoral que ambas fuerzas políticas exigían para mantener su apoyo al Ejecutivo de Javier Fernández; y que, por lo tanto, aquellos compromisos ya no están vigentes. Sin embargo, los integrantes de todos los grupos parlamentarios lo son por el voto delegado de los asturianos, y de alguna manera se puede afirmar sin riesgo de error que la obligación contraída y la palabra dada a en mayo de 2012 eran con y para los ciudadanos de este territorio. Saltárselos sistemáticamente a la torera no deja de ser una forma más de prostituir el contrato que los parlamentarios fiman con los electores cada vez que estos acuden a las urnas.