Jo, tío, ¿qué hacemos con las pensiones?

El actual Gobierno de la nación se ha metido en muchos berenjanales, esos que les han colocado la etiqueta de "ocurrente", especialmente en los últimos tiempos, pero si alguno se lleva la palma es el absurdo debate fuera de los conductos institucionales y sociales propios de su condición sobre el futuro de las pensiones. Desde que soltara en el ruedo de la opinión pública la idea de la ampliación a los 67 años de la edad para la jubilación, la bola de nieve ha ido creciendo y haciéndose enorme hasta el extremo de antojársele incontrolable, por mucho que algunos de sus miembros hayan tratado de parar su creciente acción desgastadora.
Si primero vino la puntualización de que era sólo una idea, el paso de los días llevó ese proyecto a una batalla perdida de antemano hasta llegar a el que parece decidido abandono, aunque matizado por la advertencia de que no se ha retirado de la mesa de forma definitiva.
De por medio han surgido otras posibles modificaciones en el actual sistema de pensiones, como la ampliación del periodo de cálculo, otra iniciativa que ha merecido el rechazo de trabajadores y sindicatos, aunque en este caso la presión social no ha conducido a esta otra alternativa a una vía muerta, al menos de momento. Sin concretar con precisión los años en que se aumentaría el cómputo, una medida que rebajaría obligatoriamente -así lo han reconocido miembros del equipo económico de Zapatero y, aunque no lo hubieran hecho, no hace falta estar titulado en Matemáticas para saberlo- la prestación en un futuro próximo es otro de los juegos en los que jornada a jornada fluctúa con matices diversos en las manifestaciones de los miembros del Ejecutivo.
Otra de las perlas de estos días han sido las declaraciones del ministro Corbacho recomendando a los españoles que se vayan haciendo sus propios planes privados de pensiones -él mismo ya lo ha hecho-, otra salida que ha originado malestar y revuelo entre sus compañeros del Consejo de Ministros, hasta el extremo de tener que reconocer a preguntas directas -unos cuantos- que han recurrido a esa alternativa, mientras que otros -los menos- se confiesan tranquilos son el sistema público y han renunciado a 'la hucha' privada para garantizarse el futuro. Lo que late bajo todo este debate es la manifiesta falta de tacto de algunos gobernantes que, en momentos de angustia económica entre la ciudadanía, no pierden oportunidad, lejos de lo que debía ser su obligación y por la que cobran -e incluso se hacen acreedores a pensiones vitalicias-, de alimentar el clima de desconfianza en uno de los pilares de la seguridad en un futuro tranquilo, la jubilación, y con ella una pensión digna para la que han estado contribuyendo, en muchos casos, durante decenas de años, con una parte importante de sus emolumentos.
Dejando de lado -cuestión nada baladí- que los planes privados de pensiones cuestan y que, en la actual situación, tampoco los sueldos, mayoritariamente, están pasa sacar unos miles de euros para tales menesteres, la conclusión es que a nadie puede extrañar que Zapatero haya cambiado recientemente de secretario de Estado de Comunicación. Las 'vacas flacas' han exteriorizado con más claridad que nunca la 'jaula de grillos' en que se ha convertido su equipo, con miembros que dicen lo primero que se les viene a la cabeza, para ser matizados, cuando no desmentidos, por los propios compañeros de bancada a las pocas horas.
Esta descoordinación galopante, que dudo mucho que el nuevo responsable de Comunicación elegido directamente por Zapatero vaya a poder controlar, tiene en el caso de las pensiones una gravedad especial.
Parece obvio que, dentro de las medidas que el Gobierno deberá afrontar responsabilizándose plenamente a la hora de afrontar con los agentes sociales una ineludible reforma laboral, el sistema público de pensiones va a ser una de las piezas a mover, y no precisamente para bien de sus beneficiarios. La situación y el cargo obligan -¡que le vamos a hacer1- a tomar medidas impopulares, pero esto es lo que no parece dispuesto a afrontar el actual Ejecutivo, más preocupado por hacer cuentas sobre la sangría de votos que se va a ir sumando a la que ya les sitúa, a medida que pasa el tiempo, bastante por detrás del PP, un Partido Popular sentado plácidamente y dispuesto a ver pasar por delante de su casa el 'cadáver' de su enemigo, aunque ello signifique una marea de 'daños colaterales' en el grueso de los españoles.
Son muchos los elementos que pueden configurar la búsqueda de una salida a la actual recesión salvaje, pero algunos de ellos son especialmente sensibles, y entre los que más está precisamente el de la reforma de las pensiones.
Ante este panorama, lo mínimo que se puede pedir al Ejecutivo es que se tome el asunto en serio y deje de barajar las cartas a ver si le sale el comodín o tiene que seguir eligiendo otro palo. Si todo el mundo está de acuerdo que la sostenibilidad del sistema actual está en riesgo, su obligación es poner al enfermo en la mesa de operaciones e intervenir para salvar el 'cuerpo social' con los menores daños posibles. No se puede trasladar a los preocupados futuros beneficiarios del sistema público de pensiones la sensación de que cada día sus responsables se levantan, se miran entre sí y dicen: "Jo, tío, ¿qué hacemos con las pensiones?".