El hombre tranquilo

Al menos en política, todo eso de los aniversarios y fechas acaba por reducirse al desarrollo de un guión repetitivo en el que quien cumple periodo pone de relieve sus 'logros' y los grupos de la oposición resaltan sus 'fracasos'. No es nada nuevo y se repite indistintamente tanto si los gobiernos son de un signo como de otro.

Quienes ahora celebran su 'onomástica' son el actual presidente del Principado, Javier Fernández, y los miembros de su Ejecutivo autonómico. Al máximo mandatario asturiano le ha tocado la 'celebración' por tierras americanas, donde ha estado de gira en compañía de un grupo de sus colaboradores y un puñado de empresarios, y lo ha hecho, como cabía esperar de él, con un balance autocomplaciente en el que la vitola es "la estabilidad institucional" lograda en estos doce meses.

Aquí, a miles de kilómetros de distancia, pisando la tierrina, le ha correspondido el papel de glosar los éxitos del Ejecutivo socialista al 'número dos' del partido. Jesús Gutiérrez, como buen representante de las cuencas, ha puesto terminología de paisanos al mismo eslogan al poner el acento de este último periodo en una forma de gobernar "tranquila", frente a la "bronca" de la derecha, antes de Foro Asturias y su líder y ahora del Partido Popular y su 'lideresa'.

En realidad, este recurso a la tranquilidad, a la paciencia, a la estabilidad, viene siendo la seña de identidad en el discurso socialista en esta región desde el mismo comienzo de la legislatura, siempre como contrapunto al convulso periodo de gobierno de Francisco Álvarez-Cascos.

En el otro platillo de la balanza, los dos partidos de la derecha también han respondido adecuadamente al guión convenido con aquello de "un año perdido" o "el peor de la última década". Seguramente no existe otro libreto, ni aquí ni en Katmandú.

Pero, más allá de estos guiones, la realidad es que el balance objetivo de los últimos 365 días es más bien pobre, por no decir paupérrimo. Javier Fernández accedió a la Presidencia del Principado con el claro compromiso de dar un golpe de timón a la recesiva economía regional, y es precisamente en este terreno donde los números son machaconamente adversos al mandatario. La tasa de paro, el estandarte de las políticas del Ejecutivo en este último año, no solamente no se ha reducido sino que ha aumentado peligrosamente; la actividad económica retrocede de forma acelerada con cierres de empresas, expedientes de regulación de empleo y una merma acumulativa en la captación de ingresos, amén de la sangría que supone en lo que a recursos humanos se refiere, el exilio exponencial de nuestros jóvenes en busca de alguna actividad que aquí no encuentran.

En suma, las grandes cifras económicas, las que en saldo positivo permitirían establecer un punto de inflexión en la crisis galopante, no han mejorado en forma alguna; al contrario, son cada vez peores y más preocupantes.

Y esta batalla, precisamente, está en el frontispicio del actual Gobierno asturiano desde sus primeros pasos. Todavía estos días lo han reiterado el propio Javier Fernández y su 'número dos' en La Federación Socialista Asturiana.

El recurso al logro de la calma institucional valió al principio, toda vez que veníamos de un auténtico campo de batalla ajeno a los intereses de los asturianos. Pero ya no sirve como argumento doce meses después. Como tampoco es excusa suficiente, aunque sea cierta, la política antiasturiana del Ejecutivo de Mariano Rajoy. A fin de cuentas, aunque con peores formas externas, sirvió a quienes ahora gobiernan para afear la gestión del anterior ejecutivo autonómico.

Cumplido este aniversario, el presidente, su gobierno y quienes desde fuera de él le sostienen en el cargo tienen la obligación de presentar unos logros capaces de devolver un ápice de confianza a sus paisanos. Y eso no se puede conseguir solamente con buenos gestos y paciencia, aunque tampoco sobren estas características. Conocíamos que Javier Fernández es un "hombre tranquilo" tanto dentro del partido como en la política institucional, pero no basta. Asturias tiene que sacar la cabeza del pozo en el que se está hundiendo y esa es tarea del Ejecutivo de turno, porque para eso llegaron al poder.

El presidente se va de gira

Mientras el presidente del Principado anda de gira por algunos países de Sudamérica intentando encontrar la fuente de la vida económica, aquí, en Asturias, las noticias que nos llegan en las últimas horas sobre el presumible marco en el que se debería producir la recuperación son francamente descorazonadoras.

La más reciente ha sido la constatación de que el Gobierno de Mariano Rajoy va a abordar de forma inmediata la reforma del modelo de financiación autonómica vigente, un objetivo que, desde hace ya unos cuantos años, afrontan los sucesivos ejecutivos de la nación sin haber encontrado, hasta la fecha, la tecla que configure un sistema estable capaz de regular con raciocinio todas las variables capaces de dar forma a un modelo con vocación de pervivencia más allá de unos pocos años. Se trata de un debate repetitivo donde las presiones externas, la influencia de las comunidades 'ricas', la estrategia política, pesan mucho más que los criterios objetivos y de conjunto.

Una vez más, como hace unos cuatro años, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, la empresa tiene nombre propio: Cataluña y su deriva soberanista, un maremoto de consecuencias imprevisibles y que solamente podría ser frenado a base de millones de euros. Y si la comunidad autónoma gobernada por Convergencia i Unión es la parte a contentar también está meridianamente claro, sin necesidad de contar con título académico alguno, que entre las grandes perjudicadas, por no decir la más, estaría Asturias.

Los sucesivos ejecutivos de nuestra comunidad en este largo periodo de debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica han defendido siempre la necesidad de mantener el modelo actual, seguros como han estado de que cualquier cambio sería para peor. Lo de 'virgencita, que me quede como estoy' parece acuñado para esos mismos gobernantes. Más aún si se tiene en cuenta que el concepto de solidaridad, que imperó en los sucesivos modelos hasta el vigente, amenaza con caer en desuso, fruto del desprecio creciente hacia los menos favorecidos sazonado con los efectos de la crisis económica.

Podríamos confiar en que, el igual que ocurrió en otras ocasiones, las dificultades de repartir el pastel cuando éste se 'jibariza' anima a aventurar una ralentización en la definitiva toma de decisiones. Sin embargo, no parece el actual Gobierno del PP muy dado a andarse con demoras cuando los daños colaterales recaen sobre 'el rival más débil'.

La preocupación se acrecienta cuando recordamos que esta misma semana el ministro de Hacienda ha anunciado la creación de un tipo "moderado" a los depósitos bancarios, nueva vestimenta para el anunciado "sin afán recaudatorio" fórmula insólita lanzada con prontitud únicamente con el objetivo de paralizar las iniciativas autonómicas en esa misma dirección. El propio Cristobal Montoro se ha aprestado a aclarar que, aunque ese nuevo impuesto está dirigido a compensar a aquellas comunidades que ya lo habían implantado y se han quedado sin él, no será éste el caso del Principado, que no tendrá opción alguna de recibir fondos por esta vía. Eso sí, por "reducido" que sea, lo asturianos vamos a pagar como el resto de los españoles con nuestros ahorros el nuevo tipo estatal.

Por si todo esto fuera poco, la Agencia Tributaria nos despertaba la semana con el anuncio de la caída en enero pasado de un 22% en la recaudación fiscal en Asturias, dato que representa la confirmación de una evolución negativa galopante ya registrada el pasado año, con una caída de ingresos por impuestos superior a los 250 millones de euros.

Los periódicos sobresaltos a los que nos somete el señor Mittal; la política del ministro de Industria tendente a dar la puntilla a la minería del carbón; el inacabable y permanente cierre de empresas, son elementos acumulados que nos condenan a una actitud necesariamente pesimista sobre el futuro de nuestra región. Prácticamente ni un dato desde hace mucho tiempo contribuye a paliar este pavoroso escenario en el que nos está tocando vivir. Bueno, uno sí. El presidente del Principado se va de gira.

Las tres patas de la mesa

Como en todas las partes cueces 'fabes', el territorio donde más famosas son no iba a ser diferente. Sabemos que en el léxico de la llamada clase política no figura el verbo dimitir. Ejemplos de ello los tenemos a diario y en Asturias, además del ya muy comentado caso del portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Ángel González, está activo el del ex alcalde de Cudillero y actual diputado regional socialista Francisco González, también imputado por la fiscalía. Aunque la base de la acusación contra ambos es bien diferente, coinciden tanto los propios parlamentarios como los dirigentes de los respectivos partidos en no abordar decisiones 'traumáticas' para apartar a ambos de sus responsabilidades actuales.

IU ha afrontado la polémica y ha sometido a la consideración de sus órganos de dirección la posible exigencia de dimisión para su portavoz en la Junta General. Y ha superado la prueba, aunque con una evidente y reseñable oposición interna.

No ha ocurrido así en el seno del Partido Socialista en el que, tras unas primeras declaraciones de su líder y actual presidente del Principado en defensa de obligar a cualquiera de sus representantes imputados a renunciar a los cargos, optó por establecer 'niveles' de implicación en un posible delito, amén de no hacer pasar cualquier posible medida por sus estatutarios órganos directivos. Desde entonces, nadie salvo el propio 'Quico' ha vuelto a salir a la palestra para establecer pautas sobre la conflictiva situación en un a modo de recurso para ganar tiempo.

Claro que las cosas son mucho más complicadas en el caso del diputado socialista. El personaje en cuestión, siempre bajo las siglas del PSOE, es uno de esos 'paisanos' que en su pueblo ha tenido un peso específico en la ciudadanía que le ha llevado a ganar elecciones, estatus que puede derivar en algunas formas de caciquismo. Dicha más directamente, que acaban por convertirse en protagonistas en sí mismos y que se apoyan en su nombre para establecerse por encima de los partidos bajo cuyas siglas acuden a las urnas. Posiblemente esa condición llevó a la FSA a 'gratificarlo' con un escaño en la Junta General del Principado.

Este tipo de protagonismo es el que acaba por convertir a este tipo de personajes en peligrosos para sus propios partidos. Y ese temor es el que parece haber llevado a la Federación Socialista Asturiana a 'dormir' el asunto en la medida de lo posible, especialmente porque no pueden olvidar que su mayoría en estos momentos en el Parlamento autonómico se asienta sobre un solo voto.

¿Qué pasaría si el ex alcalde es obligado por su partido a dimitir a la fuerza? ¿Podría el imputado optar por el grupo mixto como ha ocurrido ya en otras muchas ocasiones en el PSOE y en otras fuerzas políticas y en distintas instituciones de diferentes puntos de España?

La estabilidad de Javier Fernández y su gobierno se sustenta sobre 23 votos, no sobre 22. Todavía no recuperados de la debilidad del portavoz de IU, otra de las fuerzas que completan los escaños necesarios para mantener la mayoría justa, lo último que querrían los dirigentes socialistas es poner en peligro ese guarismo mágico desde dentro de sus propia filas.

Pero ahora ha vuelto a aparecer el 'comodín' de esta baraja, o sea Unión, Progreso y Democracia, cuyo voto redondea la cifra mágica de la preponderancia sobre los dos partidos de la derecha. Y lo ha hecho para "pedir" al presidente regional que actúe directamente y fuerce la dimisión de Francisco González ante la negativa de éste a retirarse voluntariamente.

Sorprende ya, de mano, el verbo elegido, cuando, aun tratándose de una cuestión semántica, podría haber optado por el más contundente de "exigir". A fin de cuentas nadie tiene constancia hasta la fecha de que hayan sabido rentabilizar la importancia de su solitario sufragio para influir de forma real en el Ejecutivo socialista. Algunas buenas palabras, promesas inconcretas y un par de comisiones llamadas de investigación y que no investigan nada es un pobre bagaje para tan 'sustancial aportación' a la gobernanza. Y lo es especialmente para una fuerza política que accedió a la política institucional en el Principado bajo la bandera de la limpieza y transparencia en la vida pública.

UPyD es la tercera pata de una mesa inestable y su contribución a la 'seguridad' es mucho más importante de lo que su relevancia numérica dice. Saber sacar partido democráticamente de la misma depende de sus dirigentes. Lo demás son 'voces en catañeu'.

Izquierda Unida y el circo

Ha dicho el portavoz parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General del Principado que "no es propio de una organización seria montar un circo todos los días". Y tiene mucha razón. Así debería ser. El problema es que el espectáculo no siempre lo protagonizan los de abajo; encaja perfectamente más bien con la actividad de quienes dirigen el negocio.

Y algo de esto le ha pasado a la coalición de izquierdas desde el mismo momento en el que la fiscalía decidió imputar a Ángel González por un presunto delito de prevaricación en su etapa de número dos de la Consejería de Bienestar Social en el Gobierno de Vicente Álvarez Areces.

En primera instancia, el imputado dejó claro antes que cualquier otro aspecto de la acusación, que no pensaba dimitir de sus actuales cargos. A esta postura se unió el coordinador general de IU en el Principado, Manuel González Orviz. Tal actitud motivó infinidad de críticas, una buena parte de ellas provenientes del seno de la propia coalición.

El siguiente paso fue reunir a un órgano de dirección para cerrar filas. Orviz apeló a la 'unidad' en torno a su portavoz parlamentario, consigna que, en un primer momento, pareció funcionar: 'los trapos se lavan en casa' fue el estandarte de esos momentos. El propio coordinador aventuró, en unas declaraciones sorprendentes, que el conflicto provenía de un compló de la derecha contra la fuerza política que representa. Parecía difícil asimilar cómo las fuerzas conservadoras podían emprender toda una conspiración en regla para acabar con un rival que para ellas no es referente relevante.

En el siguiente capítulo, el propio Ángel González cambió el tercio y situó el origen de los ataques contra su persona en el seno de su propia formación y, más directamente, hizo recaer su dedo acusador en los perdedores del último congreso autonómico de Izquierda Unida. Ésta, dijo, "no ha superado aún la confrontación interna de tres candidaturas de la última asamblea". La responsabilidad pasaba sin solución de continuidad de la derecha a la propia izquierda, en un remedo de los viejos vicios de regímenes dictatoriales que aprecian el enemigo por todas partes, alejando de uno mismo cualquier responsabilidad.

El problema es que IU ha proclamado en todo momento que es una formación política que no actúa "como todos los demás" y que, incluso, han hecho de la persecución de esta práctica política en otros formaciones bandera ideológica. En esa línea aprobaron su Compromiso Ético para la Regeneración Democrática, orientado a diferenciarse claramente de las actuaciones de los grandes partidos ante los problemas de corrupción o de presuntos delitos.

En correlación con esa actitud ajena a la diferenciación, Ángel González, en su comparecencia de hoy ante el juez, ha repetido el mismo argumentario que aquellos de los que quería distanciarse a la hora de afrontar posibles responsabilidades legales, el habitual 'yo actúe corrctamente' y 'si se produjo la anomalía fue por la interpretación' bienintencionada o no de algún funcionario. En palabras suyas, "nadie le advirtió de que podía estar cometiendo una irregularidad" a la hora de fragmentar una inversión en contratos menores para eludir controles reglamentarios. ¿Les suena de algo? Seguro que sí. En los últimos meses es algo habitual en nuestra vida pública. Tal parece que quienes asumen una responsabilidad política o institucional son almas cándidas sujetas a la perversidad de los peones que transitan por sus respectivos departamentos.

Este es el circo de tres pistas en el que también se mueven grupos y colectivos de militantes que exigen un cambio de actitud y posibles dimisiones. Pero no son precisamente ellos quienes manejan los hilos del espectáculo. Al frente hay un director que es el que coordina y programa el espectáculo.

Amistades peligrosas

Desde los primeros compases de la democracia, las relaciones entre política y banca han tenido una historia de claroscuros en la que la comunidad de intereses, el intercambios de roles y la seguridad que se garantizaban los protagonistas de una y otra cuando las cosas venían mal dadas han convergido en otros momentos con el objetivo intervencionista o de participación. Hay banqueros que se han atrevido con la cosa pública y políticos que han encontrado retiros de oro en entidades financieras.

Estas relaciones han tenido su máxima expresión en lo que a las antiguas cajas de ahorros se refiere. Desde sus principios fundacionales, estas entidades han tenido en sus consejos de administración una amplia nómina de cargos institucionales que llegaban por la vía de gobiernos autonómicos, diputaciones provinciales o ayuntamientos. Por otra parte, esas mismas administraciones públicas encontraban en las cajas un instrumento impagable para financiar sus necesidades de inversión. La condición de semipúblicas y la capacidad de decisión en su seno de las instituciones las convirtieron en la herramienta perfecta para las políticas regionales y locales. Hasta hace unos pocos años.

La crisis desatada formalmente en 2008 trajo consigo, entre otras medidas irrenunciables, la necesidad de poner cordura en unas entidades que a ratos funcionaban más bien como 'cortijos' particulares del partido o partidos en el poder que como un verdadero banco.

De entonces acá, el proceso de fusión y absorción de cajas de ahorros ha destapado la verdadera cara de su funcionamiento habitual. Desde el primer conflicto de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, el trayecto hacia la reducción actual del sector ha estado salpicado continuamente de escándalos donde lo mismo aparecían supermillonarias asignaciones de 'blindajes' a oscuras operaciones sin una base de seguridad financiera; de olvidadizos consejeros que aprobaban las operaciones desconociendo a qué se orientaban (o al menos eso decían algunos afectados) a la celebración de reuniones oficiales en lejanos países acompañadas de servicios de lujo y compañías insospechadas. Cualquiera que haya seguido la historia de estos últimos cuatro años sabe que lo antedicho es sólo una pequeña parte del guión protagonizado por una interminable pléyade de 'aprovechados', muchas veces sin oficio ni beneficio, provenientes de las bancadas de las instituciones públicas.

El último despropopósito ha sido el protagonizado por los primeros mandatarios de Unión del Pueblo Navarro, muy especialmente el anterior presidente de la comunidad foral, Miguel Sanz, y su sucesora, Yolanda Barcina, quienes, tras ser 'pillados' en la constatación del cobro en un mismo día de hasta cuatro dietas diferentes en los distintos órganos de la caja en los que estuvieron antes de su privatización, han anunciado ahora su intención de devolver ese dinero. Ambos han reconocido que, aunque absolutamente "dentro de la legalidad", su conducta responde a una práctica "errónea" desde el punto de vista de la repercusión social de su conducta. La duda que ahora asalta a la ciudadanía es qué hubiera ocurrido si alguien no hubiera tirado de la manta y esta práctica de cobro de dietas enmascaradas en convocatorias diferenciadas hubiera quedado al amparo del conocimiento de los beneficiarios, por cierto también los representantes del Partido Socialista de Navarra.

De toda esta historia reciente del sector financiero español queda la sensación de que las fuerzas políticas en el poder se han instalado en esas entidades y las han convertido en sus cotos particulares de caza, aprovechando todos los recursos para mejorar sus intereses personales o de partido. Y lo han hecho con plena conciencia de su comportamiento, como algo consustancial a los cargos en función de los cuales llegaban a los consejos. Además, se han visto reforzados por el hecho de que hasta sus propias 'víctimas' hayan llegado a aceptar con cierta naturalidad unos comportamientos inapropiados, cuando no corruptos.

La crisis y sus consecuencias ha desnudado a una larga lista de dirigentes que jamás se plantearon ni por asomo un cambio de comportamiento. Sin embargo, la reordenación del sector les ha obligado a mostrar sus miserias ante el espejo y lo han hecho pidiendo perdón o, como en el caso de Navarra, prometiendo devolver lo cobrado indebidamente. Pero tales actitudes ya no bastan. Lo que no han sido capaces ninguno de los gobiernos responsables ha sido no confomarse con ese 'arrepentimiento' formal para pasar a exigir las responsabilidades penales derivadas de tales actos. Quizá sea porque, dentro de esas amistades peligrosas que constituyen sus relaciones con la banca, puedan estar planteándose que algún día les pueda tocar a ellos.

Indefensos

Dentro del suave oleaje de calma chicha en el que transcurre judicialmente el 'caso Marea', de vez en cuando el proceso ofrece algun tipo de aldabonazo en forma de dato o declaración que despierta de nuevo la atención del ciudadano.

Ayer le tocó el turno de comparecencia ante el juez a la ex consejera de Cultura y de Administraciones Públicas de los gobiernos de Vicente Álvarez Areces; y en el marco de las declaraciones más o menos esperadas sobre su responsabilidad en el asunto, ha dejado caer una frase que intranquiliza algunas conciencias. Al menos la mía.

Ha dicho Ana Rosa Migoya literalmente que se siente "indefensa" a la hora de afrontar su imputación porque en estos momentos "hay un clima social muy enrarecido" y "mucho cabreo en la ciudadanía" a raíz de la acumulación de casos de presunta corrupción política. Son ciertos los hechos a los que se refiere la ex consejera, pero no parece que ese pueda ser un argumento a la hora de enfrentarse a un tribunal de justicia, que se supone absolutamente independiente. Podría aludir a ello después de ser recibida en el juzgado por un pequeño grupo de personas que portaban carteles ofensivos y que le gritaron. Pero no por el hecho de estar imputada en función de unos hechos que discurrieron cuando desarrollaba una gestión pública en un gobierno autonómico.

A la señora Migoya, como no podía ser de otra manera, se le concede el supuesto de inocencia en los delitos de los que se la acusa. Y así está ocurriendo desde que se inició el proceso judicial. Pensar que el 'ruido' que la corrupción política produce a su alrededor es un agravante que puede influir negativamente en el resultado final de su causa sería tanto como mostrar su desconfianza absoluta en el sistema judicial, algo impensable en un personaje público como ha sido ella durante muchos años. Y lo sigue siendo.

No creo que tenga motivos la ex consejera para presentarse como alguien sin defensas en los difíciles momentos que está afrontando. Indefensos sí pueden sentirse muchísimos ciudadanos de a pie que han visto y siguien viendo como les ejecutan las hipotecas que no han podido pagar a causa de una crisis que parece no tener padre ni madre; indefensos pueden sentirse las víctimas de los 'subprimes' que pusieron torticeramente en marcha una entidades financieras siempre amparadas y protegidas legal y monetariamente desde los sucesivos gobiernos de uno u otro signo; indefensos pueden sentirse los millones de parados que no ven una salida a un mercado incapaz de reactivarse por muchas palabras que llenen la boca de los gobernantes, y pueden también sentirse indefensos la ingente cantidad de españoles a los que las cuentas no les salen para llegar a fin de mes y ven cómo, mientras tanto, suben los precios y, sobre todo, los impuestos, a pesar de la tétrica promesa que quienes ahora nos dirigen hicieron para obtener su apoyo en las urnas. Esos y muchos más ciudadanos sí pueden mostrarse indefensos ante un sistema que cada día que pasa se manifiesta más injusto, un sistema que han contribuido a prostituir el partido de doña Ana Rosa, de la misma manera que sus antagonistas de la derecha. Ellos, los grupos antes reflejados y otros muchos más, sí pueden quejarse de "indefensión". Usted no, señora ex consejera. Y sí lo hace es de vicio.

Dime de qué presumes...

Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Este popular dicho es de obligada aplicación en los tiempos que corren a la llamada clase política. Muchos de sus dirigentes se llenan la boca esgrimiendo principios y comportamientos irrenunciables cuando los de enfrente se sitúan bajo sospecha de un presunto delito, y los niveles de exigencia suben hasta límites de intransigencia. Hacer una relación de ejemplos sería tarea prolija, y siempre incompleta, al tratarse de una práctica que tanto ejerce desde la extrema derecha acogida bajo las alas de gaviota del Partido Popular como la izquierda radical que cohabita marginada en el seno de IU.

En esta coalición ha habido recientemente planteamientos contundentes a la hora de exigir actuaciones contra los presuntos implicados en los casos de corrupción que afectan al PP; incluso, de su dedo acusador no se ha librado siquiera su actual socio de gobierno en el Principado, a propósito de algunos de los imputados en el denominado 'caso Renedo'. De su verbo autoritario a la hora de solicitar 'ejecuciones' dan buena muestra las páginas de los periódicos de estos últimos meses.
Ahora es uno de los suyos, Ángel González, quien está imputado por la fiscalía por un presunto delito de prevaricación en los tiempos en que fue viceconsejero del área de Bienestar Social en uno de los gobiernos del socialista Vicente Álvarez Areces. Y lo que antes eran lanzas para otros se convierten en cañas cuando se trata de mirar hacia adentro.

Es verdad que Izquierda Unida ha llevado a debate interno en sus órganos de dirección el conflicto, incluida la posibilidad de apartar a su actual portavoz parlamentario del cargo a la espera de la decisión judicial. Es un avance si se compara con la opacidad con la que abordan sus trapos sucios los grandes partidos. Sin embargo, todos sabemos que esos 'directorios' de cualquier fuerza política que se escoja responden a equipos de personas más o menos instaladas y que, como en un férreo mecano, están fuertemente engarzados en una comunidad de intereses. En el caso que nos ocupa no hay que olvidar que el actual coordinador general de IU en Asturias, Manuel González Orviz, defensor incondicional de González desde el primer minuto, fue director general de Vivienda en el mismo Ejecutivo en la etapa en que el actual portavoz de la coalición en la Junta General cometió presuntamente prevaricación. Como tampoco hay que olvidar que el mismo coordinador lo es gracias al inestimable apoyo del susodicho portavoz que decantó los votos de sus seguidores en el úlimo congreso autonómico en detrimento de la tercera candidatura, la que encabezaba Noemí Martín.

O sea que, formalmente, nadie duda de que Izquierda Unida ha actuado cabalmente con su reunión de ayer, lo mismo que el factor numérico indica que su órgano de dirección ha respaldado mayoritariamente (23 votos a favor, 12 abstenciones y  4 en contra) a Ángel González. Pese a ello, queda la sensación de que el espíritu de unos principios programáticos esgrimidos con vehemencia en los últimos tiempos ha quedado algo tocado. Ya se ha repetido hasta la saciedad que la vara de medir tiene que ser igual para todos. Y romper este axioma cuando te ves negativamente afectado puede ser especialmente perjudicial para una fuerza política que, de las últimas elecciones para acá, no hace sino crecen en apoyo ciudadano, y lo hace sobremanera por la impresentable actitud de quienes todavía son mayoritarios a la hora de tratar su basura interna.

Enfangados

A medida que el aire de la política institucional y partidaria a nivel nacional se va haciendo más irrespirable, aquí, en nuestro territorio, el hedor crece con el conocimiento de lo que alguna vez he denominado "nuestras pequeñas miserias".

Y ya no se trata solamente del denominado 'caso Renedo', el más relevante en lo que a sospechas de prácticas ilegales en la gestión de la cosa pública, con algunos de los integrantes de los ejecutivos de Vicente Álvarez Areces imputados y otros altos cargos que apenas si logran quitar de sí la sombra de la sospecha de encontrarse en idéntico papel. No es solamente este asunto, que se ofrece como una bola de nieve que va creciendo con el paso del tiempo y las investigaciones judiciales. No. Hay diputados regionales, alcaldes y concejales que en el desarrollo de su labor institucional han tomado decisiones que han llevado a los magistrados a imputarles en diversos casos de prevaricación. Y los hay de todos los colores. Eso es lo peor.

Ahora, el último episodio ha sido la decisión de la Fiscalía de imputar por idéntico delito al diputado autonómico y portavoz de Izquierda Unida en la Junta General del Principado. Ángel González, en su etapa de viceconsejero de Bienestar Social en el último Gobierno de Areces, habría fraccionado la adjudicación de centenares de monolitos destinados a recordar las fosas comunes de las víctimas del franquismo. Este procedimiento iría orientado a saltarse las normas de control legales.

No por reprobable se puede decir que alguien, especialmente entre la clase política, pueda poner el grito en el cielo, toda vez que se trata de una práctica de uso corriente en las administraciones públicas desde hace años. Dado que la ley impone un límite económico a los controles de los contratos, rebajemos esa frontera -parecen decir- al terreno de los que carecen de control mediante el sistema de repartir el importe en varias obras. Nadie debería de escandalizarse y cualquier funcionario con experiencia podría contarnos el día a día de este tipo de prácticas.

Al margen de la relevancia del asunto, respeto a la ley aparte, más preocupante resulta que Izquierda Unida haya salido rápidamente al paso de la imputación de su portavoz parlamentario para afirmar que no se trata de un "caso de corrupción" ni de un proceso que haya llevado "al enriquecimiento legítimo o ilegítimo" de su representante, dejando de lado la irregularidad de una práctica que podría decirse que reconocen.

Y peor aún es que las primeras palabras que el propio Ángel González pronunció anteayer tras conocerse la decisión judicial fueran para anunciar que en ningún caso piensa presentar la dimisión. Por si alguien tenía dudas.

En estos tiempos de enfangamiento generalizado en la práctica política resulta curioso que es dicha actitud la que prima en las consideraciones de los sospechosos de irregularidades, cuando no de delitos, por encima de explicarse sobre el objeto de los hechos que les llevan a tal condición.

Para quienes son los principales defensores del "no todos somos iguales", actuar exactamente de la misma manera que los 'desiguales' no dice mucho en su favor. Son muchos los que se tiran al monte cada vez que en las bancadas de enfrente aparece la sombra de la sospecha a propósito de la gestión política, aunque a renglón seguido se protegen con casco y coraza cuando los hedores soplan en su propia dirección.

El caso es que de un tiempo a esta parte se nos acumulan los casos y los nombres de políticos en ejercicio involucrados en presuntas prácticas ilegales. Y de poco para acá esta reiteración empieza a hacerse agobiante para el ciudadano, que sólo advierte cómo el campo en el que se desarrolla la vida pública asturiana se está convirtiendo en un barrizal impracticable.