Enfangados

A medida que el aire de la política institucional y partidaria a nivel nacional se va haciendo más irrespirable, aquí, en nuestro territorio, el hedor crece con el conocimiento de lo que alguna vez he denominado "nuestras pequeñas miserias".

Y ya no se trata solamente del denominado 'caso Renedo', el más relevante en lo que a sospechas de prácticas ilegales en la gestión de la cosa pública, con algunos de los integrantes de los ejecutivos de Vicente Álvarez Areces imputados y otros altos cargos que apenas si logran quitar de sí la sombra de la sospecha de encontrarse en idéntico papel. No es solamente este asunto, que se ofrece como una bola de nieve que va creciendo con el paso del tiempo y las investigaciones judiciales. No. Hay diputados regionales, alcaldes y concejales que en el desarrollo de su labor institucional han tomado decisiones que han llevado a los magistrados a imputarles en diversos casos de prevaricación. Y los hay de todos los colores. Eso es lo peor.

Ahora, el último episodio ha sido la decisión de la Fiscalía de imputar por idéntico delito al diputado autonómico y portavoz de Izquierda Unida en la Junta General del Principado. Ángel González, en su etapa de viceconsejero de Bienestar Social en el último Gobierno de Areces, habría fraccionado la adjudicación de centenares de monolitos destinados a recordar las fosas comunes de las víctimas del franquismo. Este procedimiento iría orientado a saltarse las normas de control legales.

No por reprobable se puede decir que alguien, especialmente entre la clase política, pueda poner el grito en el cielo, toda vez que se trata de una práctica de uso corriente en las administraciones públicas desde hace años. Dado que la ley impone un límite económico a los controles de los contratos, rebajemos esa frontera -parecen decir- al terreno de los que carecen de control mediante el sistema de repartir el importe en varias obras. Nadie debería de escandalizarse y cualquier funcionario con experiencia podría contarnos el día a día de este tipo de prácticas.

Al margen de la relevancia del asunto, respeto a la ley aparte, más preocupante resulta que Izquierda Unida haya salido rápidamente al paso de la imputación de su portavoz parlamentario para afirmar que no se trata de un "caso de corrupción" ni de un proceso que haya llevado "al enriquecimiento legítimo o ilegítimo" de su representante, dejando de lado la irregularidad de una práctica que podría decirse que reconocen.

Y peor aún es que las primeras palabras que el propio Ángel González pronunció anteayer tras conocerse la decisión judicial fueran para anunciar que en ningún caso piensa presentar la dimisión. Por si alguien tenía dudas.

En estos tiempos de enfangamiento generalizado en la práctica política resulta curioso que es dicha actitud la que prima en las consideraciones de los sospechosos de irregularidades, cuando no de delitos, por encima de explicarse sobre el objeto de los hechos que les llevan a tal condición.

Para quienes son los principales defensores del "no todos somos iguales", actuar exactamente de la misma manera que los 'desiguales' no dice mucho en su favor. Son muchos los que se tiran al monte cada vez que en las bancadas de enfrente aparece la sombra de la sospecha a propósito de la gestión política, aunque a renglón seguido se protegen con casco y coraza cuando los hedores soplan en su propia dirección.

El caso es que de un tiempo a esta parte se nos acumulan los casos y los nombres de políticos en ejercicio involucrados en presuntas prácticas ilegales. Y de poco para acá esta reiteración empieza a hacerse agobiante para el ciudadano, que sólo advierte cómo el campo en el que se desarrolla la vida pública asturiana se está convirtiendo en un barrizal impracticable.