Amistades peligrosas

Desde los primeros compases de la democracia, las relaciones entre política y banca han tenido una historia de claroscuros en la que la comunidad de intereses, el intercambios de roles y la seguridad que se garantizaban los protagonistas de una y otra cuando las cosas venían mal dadas han convergido en otros momentos con el objetivo intervencionista o de participación. Hay banqueros que se han atrevido con la cosa pública y políticos que han encontrado retiros de oro en entidades financieras.

Estas relaciones han tenido su máxima expresión en lo que a las antiguas cajas de ahorros se refiere. Desde sus principios fundacionales, estas entidades han tenido en sus consejos de administración una amplia nómina de cargos institucionales que llegaban por la vía de gobiernos autonómicos, diputaciones provinciales o ayuntamientos. Por otra parte, esas mismas administraciones públicas encontraban en las cajas un instrumento impagable para financiar sus necesidades de inversión. La condición de semipúblicas y la capacidad de decisión en su seno de las instituciones las convirtieron en la herramienta perfecta para las políticas regionales y locales. Hasta hace unos pocos años.

La crisis desatada formalmente en 2008 trajo consigo, entre otras medidas irrenunciables, la necesidad de poner cordura en unas entidades que a ratos funcionaban más bien como 'cortijos' particulares del partido o partidos en el poder que como un verdadero banco.

De entonces acá, el proceso de fusión y absorción de cajas de ahorros ha destapado la verdadera cara de su funcionamiento habitual. Desde el primer conflicto de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, el trayecto hacia la reducción actual del sector ha estado salpicado continuamente de escándalos donde lo mismo aparecían supermillonarias asignaciones de 'blindajes' a oscuras operaciones sin una base de seguridad financiera; de olvidadizos consejeros que aprobaban las operaciones desconociendo a qué se orientaban (o al menos eso decían algunos afectados) a la celebración de reuniones oficiales en lejanos países acompañadas de servicios de lujo y compañías insospechadas. Cualquiera que haya seguido la historia de estos últimos cuatro años sabe que lo antedicho es sólo una pequeña parte del guión protagonizado por una interminable pléyade de 'aprovechados', muchas veces sin oficio ni beneficio, provenientes de las bancadas de las instituciones públicas.

El último despropopósito ha sido el protagonizado por los primeros mandatarios de Unión del Pueblo Navarro, muy especialmente el anterior presidente de la comunidad foral, Miguel Sanz, y su sucesora, Yolanda Barcina, quienes, tras ser 'pillados' en la constatación del cobro en un mismo día de hasta cuatro dietas diferentes en los distintos órganos de la caja en los que estuvieron antes de su privatización, han anunciado ahora su intención de devolver ese dinero. Ambos han reconocido que, aunque absolutamente "dentro de la legalidad", su conducta responde a una práctica "errónea" desde el punto de vista de la repercusión social de su conducta. La duda que ahora asalta a la ciudadanía es qué hubiera ocurrido si alguien no hubiera tirado de la manta y esta práctica de cobro de dietas enmascaradas en convocatorias diferenciadas hubiera quedado al amparo del conocimiento de los beneficiarios, por cierto también los representantes del Partido Socialista de Navarra.

De toda esta historia reciente del sector financiero español queda la sensación de que las fuerzas políticas en el poder se han instalado en esas entidades y las han convertido en sus cotos particulares de caza, aprovechando todos los recursos para mejorar sus intereses personales o de partido. Y lo han hecho con plena conciencia de su comportamiento, como algo consustancial a los cargos en función de los cuales llegaban a los consejos. Además, se han visto reforzados por el hecho de que hasta sus propias 'víctimas' hayan llegado a aceptar con cierta naturalidad unos comportamientos inapropiados, cuando no corruptos.

La crisis y sus consecuencias ha desnudado a una larga lista de dirigentes que jamás se plantearon ni por asomo un cambio de comportamiento. Sin embargo, la reordenación del sector les ha obligado a mostrar sus miserias ante el espejo y lo han hecho pidiendo perdón o, como en el caso de Navarra, prometiendo devolver lo cobrado indebidamente. Pero tales actitudes ya no bastan. Lo que no han sido capaces ninguno de los gobiernos responsables ha sido no confomarse con ese 'arrepentimiento' formal para pasar a exigir las responsabilidades penales derivadas de tales actos. Quizá sea porque, dentro de esas amistades peligrosas que constituyen sus relaciones con la banca, puedan estar planteándose que algún día les pueda tocar a ellos.