Aunque se supone que nuestra clase política se ha tomado un respiro vacacional en esta primera quincena de agosto, la información diaria se empeña en mostrarnos que su inactividad (la estival, no la habitual del resto del año) no es tal y que las elecciones de la primavera próxima ya priman en sus agendas de partido.
En algunos territorios, como en el Principado de Asturias, se antepone incluso en el calendario el preceptivo proceso de negociación presupuestaria, que para el Gobierno de Javier Fernández se antoja prioritario después de la actual prórroga de sus Cuentas.
Pero no es de eso de lo que pretendía hablar hoy, sino de la cada día más cercana cita con las urnas, sobre la que sabemos fechas y barajamos candidatos, lo primero que sube a los titulares de los medios de comunicación, mucho antes de hablar de programas o prioridades sobre objetivos.
Como ya he realizado algún comentario sobre quiénes puedan ser cabezas de cartel de las principales fuerzas políticas, hay un aspecto que me parece especialmente reseñable, y es el hecho de que vamos a votar con una ley electoral manifiestamente mejorable y claramente injusta, como ya quedó patente a raíz de la negociación emprendida en su momento por todos los grupos parlamentarios de la Junta General; la misma que dio al traste con los acuerdos de gobierno que permitieron al presidente asturiano sacar adelante con apoyos suficientes su gestión institucional durante doce meses.
Pero en política, como en tantas cosas, la memoria es frágil y ahora parece que ya nadie recuerda que una mayoría de la Cámara autonómica apoyó una reforma de la ley electoral tendente, fundamentalmente, a corregir la desigualdad de voto que consagra la vigente norma. Que los socialistas se escudaran entonces en la imposibilidad de alcanzar para dicha reforma una mayoría "cualificada" como argumento para echarse atrás, no empece para que los argumentos a favor de la modificación no sigan siendo válidos para la mitad más uno de nuestros "representantes" actuales.
Al PSOE asturiano, como beneficiario junto con el PP de la ausencia de equidad en la valoración de cada sufragio, le vino muy bien aquella situación. Más aún cuando el paso del tiempo ha manifestado la posibilidad de un entendimiento entre ambos partidos 'mayoritarios', los más perjudicados por la desafección del elector hacia lo que la emergente Podemos llama "casta".
Y no es que el texto de la reformada norma electoral fuera la panacea capaz de romper la tónica de que un voto a PSOE o PP tenga mayor valor que el dirigido a Izquierda Unida o Unión, Progreso y Democracia. No. Pero sí es cierto que los cambios corregían relativamente la manifiesta desigualdad vigente y aproximaban de alguna manera un criterio más acorde con los auténticos principios de la democracia.
A medida que se acerque la cita con las urnas sería conveniente que quienes salen claramente damnificados con el mantenimiento de las reglas del juego actuales recuerden que, si bien han luchado denodadamente en su momento por la reforma, parecen haber dado paso en sus discursos a un peligroso olvido. Y ello pese a que del asunto puede depender su futuro institucional.
Al final, tenemos que concluir que la práctica política, como tantas otras actividades, es inconstante, desvcuidada y superflua.
Por eso se hace necesario e inaplazable 'sancionar', como se merecen, a los dos partidos mayoritarios, compinchados para prolongar las condiciones de ventaja con las que concurren a los comicios. En primer lugar, para poner fin a una injusticia; y en segundo lugar por haberse hecho acreedores a un severo correctivo. Nadie debería dejarlo caer en el olvido. Sería como poner la otra mejilla, para que te sigan aplicando el mismo 'tratamiento'.
ResponderEliminar