Populistas, que no populares

Reformar la Constitución ha sido desde hace muchos años un posible objetivo político de este país, aunque su ejecución ha despertado -con razón o sin ella- numerosos recelos en los dos grandes sustentadores del bipartidismo, especialmente cuando se encontraban sucesivamente al frente del Gobierno de la nación. Aunque el Partido Socialista ha mostrado en numerosas ocasiones su mal disimulado temor a tocar la vigente Carta Magna, ha sido siempre el Partido Popular el que ha puesto toda clase de objecciones en aquellos momentos en los que hipotéticos cambios se han planteado. Sólo ambos lograron ponerse de acuerdo cuando la Unión Europea les obligó a modificar la regulación del déficit público.

Por eso sorprende ahora especialmente que, cuando vamos a abordar el último tramo de una legislatura en la que los conservadores cuentan con amplia mayoría en las dos cámaras legislativas estatales, gobiernan en la mayor parte de las comunidades autónomas y controlan buena parte de los grandes ayuntamientos españoles, a sus máximos responsables les haya entrado el 'afoguín' para reformar aspectos de la vida institucional que afectan muy directamente al texto constitucional, lo que obliga a enmendarla.

Y si primero fue la iniciativa, ahora cuestionada no sólo por toda la oposición sino también por expertos constitucionalistas -hoy mismo se han pronunciado en igual sentido organismos de la Unión Europea-, para promover el cambio que permita la elección directa de los alcaldes, en las últimas horas se ha descolgado el ministro de Justicia con la ocurrencia de eliminar prácticamente el aforamiento que actualmente ampara nada menos que a 17.621 cargos públicos en todo el territorio español hasta reducir el número solamente a 22 personas.

Otra vez una propuesta que afecta a la actual redacción de la vigente Carta Magna, a la que habría que 'meter mano' seriamente para convertir aquella en palabra de ley. Pero no solamente, puesto que los privilegios judiciales con respecto a los ciudadanos normales que implica el aforamiento afectan también a presidente, gobiernos y parlamentos autonómicos y está regulada en los respectivos estatutos, a cuya reforma tendrían que enfrentarse las instituciones dada la condición de ley orgánica de esas máximas normativas regionales.

¿Por qué el Partido Popular se embarca precisamente ahora, en un periodo marcado por las citas electorales de la primavera próxima y la subsiguiente del ámbito estatal, a semejante empresa, sobre todo si se tiene en cuenta que existen precedentes, en momentos mucho más favorables desde el punto de vista de la estabilidad institucional, de oposición abierta y declaraciones específicas contrarias a lo que ahora propone?

Parece obvio que, desde el punto de vista de la sensibilidad ciudadana, elegir a los regidores de cada municipio directamente representa, a priori, un avance en la decisión popular. Lo que no se dice es cómo va a regularse la nueva normativa para evitar que los ayuntamientos se conviertan en verdaderos gallineros solamente controlables mediante la dudosa concesión de poderes de difícil encaje democrático a los nuevos titulares del bastón de mando.

En lo que se refiere a la supresión de privilegios judiciales a la mayor parte de esos 17.621 aforados actuales, tampoco aquí cabe pensar que se trate de un objetivo que choque con la voluntad de millones de españoles. Cualquiera diríamos que suprimir esa posición preponderante a tantos y tantos cargos públicos es objetivo más que loable. El problema, en este caso, sería la extensión y alcance de este procedimiento y la dificultad para compatibilizar las voluntades de diecisiete parlamentos autonómicos, amén de las correspondientes a unas Cortes cada día más 'multicolores'. Dificultades que, por cierto, ha admitido el propio Ruiz-Gallardón.

Llegados a este punto, habría que convenir que el gobernante Partido Popular ha decidido sacar en procesión una serie de propuestas que en todos los casos afectan a la reforma de la vigente Constitución y que responden más a las prisas populistas y a intenciones manipuladoras de un Gobierno y la organización política que le sustanta que a una verdadera intención regeneracionista de la vida pública.