Sin señales de buen gobierno

No va a pasar a la historia el Gobierno socialista de Javier Fernández como un equipo de gestión precisamente cuidadoso. Más bien, si nos atenemos a estos últimos meses, como un grupo chapucero al que tiene que llamarle la atención no solamente la oposición -algo lógico-, sino los propios servicios jurídicos de la Junta general del Principado ante la que, en última instancia, le corrresponde rendir cuentas de su actuación.

Mientras el presidente del Principado pasea por el territorio su 'press book' de los mil días -cuidado Javier, no vayas a ser como Ana Bolena y acabes con la cabeza separada del tronco (figuradamente claro)- los coletazos de su legislatura acumulan muchas más sombras que luces por el día a día de la actuación de los miembros de su Ejecutivo. Pero si en algo se lleva la palma ésta más que dudosa gestión es en el permanente emplasto en que ha convertido su producción legislativa de un tiempo a esta parte. Y entre la misma sobresale con nitidez esa astracanada escrita semana a semana sobre la base textual de la pomposamente llamada ley del buen gobierno, una norma que, desde que salió por vez primera del Consejo de Gobierno, ha ido en su trámite parlamentario dando tumbos, fruto de sus taras de nacimiento, inaceptables para todo un ejecutivo autonómico.

Cada vez que el Gobierno de Javier Fernández 'corrige' las indefendibles deficiencias legales detectadas por los servicios jurídicos del Parlamento asturiano, el laboratorio creativo del Ejecutivo provoca una auténtica 'brain storming' en la que supuestos expertos pescan ideas correctoras que acaban por mostrarse de difícil encaje en una norma legislativa. Como ahora ha ocurrido en el ¿penúltimo? episodio de su lamentable tránsito. Nuevamente la sospecha del tan recurrido corta y pega ha dejado al equipo socialista con las vergüenzas al aire al dejar fuera de una ley con el pomposo objetivo de regular "el buen gobierno" al presidente de la comunidad y los miembros de su ejecutivo, en concreto a la hora de establecer un régimen sancionador.

Creo que ya expresé en una ocasión anterior que los coletazos de esos famosos "mil días" del actual Gobierno del Principado transmiten más improvisación y prisas que objetivos e ideas. En su última proyección para este periodo, Javier Fernández estableció como prioridades irrenunciables unas metas legislativas claras que incluían dicha ley de buen gobierno y de incompatibilidades de altos cargos y su hermana gemela de transparencia, íntimamente relacionadas. Si las cosas siguen como hasta ahora nada hace prever que, finalmente, puedan ver la luz en una legislatura a la que le quedan algunas semanas.

Mal epílogo para un ejecutivo débil que, aunque sin entusiasmo, se había comprometido a completar una reforma del sector público autonómico que también se ha caído de la agenda recientemente. Cierto que abordaron esta tarea un par de años atrás empujados por los entonces socios de gobierno, Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia. La parcialización de sus objetivos y la ruptura de dicho acuerdo han dejado tal renovación o limpieza en prácticamente nada.

Puede que a algunos la agenda legislativa no les diga nada, pero en ella está la base de una gestión responsable y cabal. Es verdad que Javier Fernández ha logrado sacar adelante la ley entre las leyes, la de los presupuestos, merced a un trato hace poco inimaginable con el Partido Popular. Pero si en sus cifras están los cimientos de un gobierno, no es menos cierto que el resto de las normativas con rango de ley son las que ayudan a edificar el esqueleto organizativo de toda una administración. Corregir eso será una señal de auténtico buen gobierno.