La casa de los líos

Desde que la Administración del Principado decidió completar todas las posibilidades que el Estatuto de Autonomía le permitía para completar su estructura orgánica con una serie de órganos auxiliares, ha habido tiempo más que suficiente para dejar a éstos rodarse y asentar su trabajo de acuerdo con la citada norma máxima regional y las sucesivas leyes de desarrollo aprobadas que regulaban su composición, funcionamiento y objetivos.
Mientras que dos de ellos, el Consejo Consultivo y la Procuradoría General, han respondido a este guión con más o menos fortuna y su día a día pasa prácticamente desapercibido para el común de los mortales -damos por supuesto que están cumpliendo sus funciones-, el tercero, la Sindicatura de Cuentas ha logrado en unos pocos años un protagonismo, generalmente negativo, que la ha mantenido en el candelero como si de una institución política más se tratase.
Desde sus inicios, el órgano fiscalizador autonómico ha protagonizado una larga historia de conflictos internos y externos que la han situado con frecuencia en el punto de mira de los propios partidos, de uno y otro lado, que decidieron las normas por las que ha de regirse.
La inevitable presencia de criterios políticos a la hora de decidir quienes iba a ser los tres síndicos ya inició las hostilidades, que fueron desde la persona encargada de presidir el órgano hasta sus otros dos compañeros, con el añadido de conceder el mismo rango -un representante- a Izquierda Unida que a los dos mayoritarios. Lo que valía para otros órganos auxiliares no funcionó igual en este caso. La elección por la FSA de Avelino Viejo, ex consejero de Economía con Rodríguez-Vigil y con un carácter y un estilo poco convencional no despertó entusiasmos entre sus propios correligionarios; en el caso del PP no solamente ocurrió algo similar internamente con la designación de Mercedes Fernández, motivo de una de las más virulentas guerras subterraneas -y no tan subterraneas- que llegaron a merecer hasta el insulto cuando se trató de torpedear desde Gijón, concretamente por su presidenta entonces, Pilar Fernández Pardo, involucrando incluso el proceso con algo tan turbio como las responsabilidades asturianas de la masacre del 11-M -entonces 'Cherines' era delegada del Gobierno- y la inevitable irrupción en la batalla, entre otros, de Francisco Álvarez-Cascos, con quien la designada mantuvo siempe una fuerte vinculación política; decía que la polémica no solamente fue interna, sino desde los bancos de enfrente, ya que los socialistas, aún a sabiendas de la necesidad del pacto, vieron en 'Cherines' a una persona "muy politizada" y en la línea dura del ex ministro como para entrar en una órgano con funciones fiscalizadoras. El tercero en discordia, Antonio Arias, si bien se planteó como el candidato de IU, era, y es, más un técnico sin siglas específicas y como tal valorado por todos, aunque su carácter estricto y su defensa de su independencia, tambien despertaba algunos recelos.
Este simple proceso de elección fue la semilla que, con el tiempo, germinó y que se plasmó en conflictos de la Sindicatura con el propio Parlamento autonómico que los había elegido a próposito de plantilla, forma de selección, asignación a cada uno de los síndicos, problemas con los auditores, distribución del trabajo,... en fin, que con el tiempo el citado organo se llegó a convertir por méritos propios en 'la casa de los líos', una situación que llega hasta este mismo momento y que amenaza con no terminar nunca.
Dicho ya que los criterios políticos de reparto fueron los mismos que, por ejemplo, para el Consejo Consultivo, habrá que convenir en que, aunque pudiera resultar indeseable este procedimiento, es el habutual en cualquier administración pública y no debería dar lugar a su conflictiva historia.
Hay dos elementos, desde mi punto de vista, que podrían justificar esa gran diferencia ya apuntada. El primero y no necesariamente el más importante es el carácter de la Sindicatura, el órgano fiscalizador que va a controlar las finanzas de ayuntamientos -'rojos' y 'azules'-, empresa públicas y fundaciones,... Todavía estos días han aflorado elementos que justifican este matiz al apuntar desde las fuerzas políticas que no se mide con la misma vara a municipios gobernados por unos o por otros. La segunda razón que yo veo es el error en la elección de personas, algo en lo que no voy a insistir yque a grandes trazos ya comenté más arriba.
En la práctica, se han establecido dos criterios bien diferentes para justificar desde la derecha y desde la izquierda la imagen de inestabilidad permanente que ha transmitido y transmite la Sindicatura. Desde la izquierda se ha planteado que el número de tres ha permitido la formación de ese término del que tanto gustan los políticos de echar mano cuando las cosas no salen como ellos quieren, y es el de la pinza, en este caso la formada por 'Cherines' y Arias contra el 'solitario' Síndico Mayor. Desde la derecha, la solución que Viejo se buscó a esa soledad al incorporar como secretaria general a Rosa Zapico -por cierto, ahora señalada como la 'mano dura' del socialismo en el órgano fiscalizador, aunque tras de sí tenga una larga carrera como funcionaria que abarca no sólo a las sucesivas administraciones Areces, sino que llegó a ocupar cargos de responsabilidad en el Gobierno de Sergio Marqués- y otro funcionario 'afín' que trasladaron el trio decisor al despacho del síndico mayor. Este argumento se acompaña de unos criterios acaparadores que, según dicen, han dejado a los otros dos síndicos de brazos cruzados, o con informes de poca monta, estableciendo el nuevo 'mando' un muro de exclusividad en las decisiones importantes, evitando hasta donde la ley lo permite llegar a esa votación de los tres integrantes reales que podría dejar al principal en minoría y, por tanto, en evidencia para como en los ámbitos políticos se entienden este tipo de organismos.
Si con esos argumentos se dispara contra la Sindicatura desde la derecha y desde la izquierda, en líneas generales ni a unos ni a otros les ha gustado -y así hay que decirlo claramente- que el polémico órgano cumpliera con sus funciones y de esos descontentos están los periódicos, especialmente los de las últimas etapas llenos. Ya comentaba que los partidos están acostumbrados a llevar su poder mucho más allá de las instituciones habituales y hacerlo hasta los confines más alejados de los poderes ejecutivo y legislativo. No hace falta recordar lo que está pasando con el Tribunal Constitucional, o con los órganos judiciales en general, sería mejor decir. Es decir, que la actualidad del día a día nos demuestra que la famosa separación de poderes no es tal y que los tentáculos partidistas alcanzan hasta los últimos confines de organismos, instituciones, fundaciones y -perdonen la 'boutade'- hasta las propias asociaciones de vecinos. En cualquiera de ellos se plasma diariamente la bipolaridad y muy pocos se libran de ser de los unos o de los otros.
Dicho todo esto, las perspectivas nom pueden ser muy optimistas respecto al futuro inmediato de la Sindicatura de Cuentas. Solamente un hipotético 'pacto de estado' entre los principales partidos podría poner fin a un organismo en permanente convulsión. Claro que ya sabemos que PSOE y PP no se pueden poner de acuerdo ni en la hora, aquí y en cualquier parte de España.