El interesado debate de las diputaciones

La inseguridad del todavía presidente del Gobierno de la nación nos ha metido finalmente en una nueva campaña electoral en pleno verano, cuando todavía nos estábamos reponiendo de la cita con las urnas de mayo pasado. Mientras la economía, el tema que promete centrar la estrategia de la actual oposición, sigue dándonos sustos un día sí y otro también -con espejismos pasajeros que casi nunca duran más allá de las veinticuatro horas-, el aspirante a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, y sus equipos se esfuerzan con empeño en buscar nuevos temas que les permitan desengancharse del 'sobrepeso' de desencanto y de descrédito fruto de su pertenencia al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y buscar otros debates que aparentemente parezcan ajenos a la crisis económica en la que nos hallamos sumidos o, al menos, su conexión tenga que ver con la forma de poner remedio a ese grave panorama.

El último cebo lanzado al ruedo político ha sido el debate de la conveniencia o no de mantener las diputaciones provinciales, un debate interesado al que, como era de esperar ya ha entrado el Partido Popular.

Sorprende que la figura de las diputaciones se ponga en tela de juicio más de treinta años después de las primeras elecciones democráticas tras el franquismo. No recuerdo que esta reflexión haya estado presente durante todo este tiempo, al menos en un plano de mínima repercusión pública, un periodo en el que los socialistas han gobernado bastantes más años que sus oponentes de la derecha. Quizá, como estos han dicho, los agobios económicos sean un buen pretexto para enmascarar una derrota sin paliativos en los comicios del 22-M. Vamos, que como tantas otras de las ideas que el señor 'R' viene lanzando desde que fuera proclamado candidato a la Presidencia del Gobierno tienen , para su desgracia, una reiterada y única respuesta, la misma que ya le han dado millones de españoles -no se crea que son sólo sus adversarios políticos y ecuche a la ciudadanía ahora que parece que, aunque sólo sea formalmente, ha elegido ese camino para mostrarse 'próximo'-, una respuesta que siempre es :¿Y por qué no lo hizo mientras estaba en el Gobierno? Pero, entretanto, los compañeros del 'aspirante' cuando éste estaba en el Gobierno ya se han apresurado a sumarse incondicionalmente a la iniciativa en una imagen que se asemeja bastante a la de los coros de las tragedias clásicas griegas, caretas incluidas.

En todo caso, ahora que el 'rollito' de los indignados y del 15-M se ha visto que no da rendimientos apetecibles y que ya se desalojan de nuevo plazas y la Policía vuelve a cargar contra quienes hasta hace poco "nos transmitían un mensaje necesario que asumimos como propio", ahora -digo- hay que seguir buscando bajo las piedras cualquier tema que produzca beneficios en forma de votos, y en esa tesitura se sitúa el reciente debate sobre el futuro de las diputaciones.

Decía antes que el PP ha saltado sin reparos a este ruedo porque estos órganos provinciales son mayoritariamente feudos propios y nadie quiere renunciar a sus cuotas de poder, aunque sean de una teórica 'segunda división'. Quizá en Asturias no tengamos la perspectiva adecuada del posible conflicto porque, desde la misma constitución de las instituciones de autogobierno, como el resto de las comunidades uniprovinciales, las diputaciones representaban una duplicación obvia de servicios imposible de sostener y se procedió a su disolución.

Sin embargo, en otras autonomías territorialmente más extensas, con unas cuantas, o muchas, provincias, su existencia se ha convertido en un arma política relevante; de ahí que, hasta la fecha, no se haya puesto en cuestión su continuidad como se ha hecho ahora.

Al margen de los intereses de unos y de otros, lo cierto es que la existencia de las diputaciones provinciales es más que cuestionable. Se argumenta a favor de su existencia con que son decenas de miles los españoles que dependen de las mismas, porque prestan unos servicios concretos y directos. Lo que debería situarse también en el centro de la polémica es que esos organismos de origen franquista, aunque ahora genuinamente democráticos, dan ocupación a cientos de políticos y a millares de funcionarios cuya necesidad puede cuestionarse legítimamente.

En un Estado como el de las autonomías estructurado en tres niveles: el nacional, el de las comunidades y el local, no parece difícil ensamblar esos servicios que ahora prestan los órganos provinciales -como recordaba, ya se hizo en las autonomías uniprovinciales- y proceder a su progresiva desaparación.

Se podrá argumentar que comunidades como Andalucía o Castilla y León, de gran extensión geográfica y con ocho y nueve provincias, respectivamente, precisan de las diputaciones por su proximidad al administrado. No obstante, tal argumento no se sostiene cuando los ayuntamientos cumplen funciones superiores a las que la Constitución les asignan y los ejecutivos autonómicos tienen servicios descentralizados -en algunos casos desmesurados- en todas y cada una de las unidades provinciales de su ámbito. ¡Ah! Y no nos olvidemos de que estamos en el siglo de las buenas comunicaciones, de las autovías y de las altas velocidades, que cada día unen en tiempos mínimos lo que otrora eran distancias dignas de aventureros.

Personalmente pienso que las diputaciones provinciales son perfectamente prescindibles, pero ya lo eran hace veinticinco, veinte o diez años atrás. El problema es que con la clase política que nos ha tocado padecer en este país siempre tengamos que colegir que el que debiera haber sido un debate rsuelto hace mucho solamente haya aparecido ahora, cuando los intereses de los dos principales partidos están en juego. eso sí, comoocurre siempre, se trata de intereses que poco o nada tienen que ver con los españoles que les votan.