Cada vez que un Gobierno echa a andar, especialmente cuando cambia el signo político del anterior, es norma que la agenda de asuntos tratados en las primeras reuniones del Gabinete se agrande en un afán lógico por colocar en su sitio cada pieza de acuerdo con la nueva ideología, programa o tendencia. Algo de esto es lo que está ocurriendo desde que la pasada semana tomaran posesión de sus cargos Rajoy y su equipo ministerial.
Sucede que en muchos de estos casos, como en otros ámbitos de la sociedad, los árboles pueden llegar a no dejar ver el bosque, y tras nombramientos y medidas de relumbrón se oculten otras decisiones menores susceptibles de provocar críticas tan respetables como las originadas por la asunción de aquellas resoluciones de mayor alcance.
Así, en la referencia del Consejo de Ministros celebrado ayer, las subidas de impuestos, los recortes sociales a los funcionarios, los nombramientos de altos cargos o la actualización de las pensiones, entre otras relevantes medidas que han provocado tanto gestos de alegría, en unos casos, como notables cabreos, en otros, han acaparado los titulares de los medios de comunicación minimizando otros acuerdos de aparente menor impacto social cual ha sido el caso de las condecoraciones concedida por el nuevo Ejecutivo a José Luis Rodríguez Zapatero y todos y cada uno de sus ministros.
Las distinciones en cuestión tienen como objetivo "premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil que redunden en beneficio de la Nación" (Orden de Isabal la Católica), en los casos de Zapatero y Chaves, o "recompensar a los ciudadanos que con sus esfuerzos, iniciativas y trabajos hayan prestado servicios eminentes y extraordinarios a la Nación" (Orden de Carlos III), para el resto de los integrantes del anterior Gabinete.
La primera reacción ante tan sorprendente decisión tiene que ser necesariamente de sorpresa y fastidio, cuando no de manifiesto reproche, salvo que el opinante sea militante o fiel seguidor del Partido Socialista. Para los amantes de los sondeos, invitaría a los gurús demoscópicos a realizar una rápida consulta entre los españoles para ver qué piensan de tal consideración. En cualquier otro escenario, la distinción sucedería a una labor y unos méritos mensurables. ¿De verdad alguien se piensa que a estas alturas la gestión del Ejecutivo saliente merece sinceramente tal reconocimiento? ¿Habrá muchos españoles que piensen que esos ex gobernantes se han ganado los méritos que dice recompensar la propia letra de las distinciones concedidas?
Se nos dirá que se trata de una medida de uso habitual desde hace muchos años y que todos los antecesores la han practicado y recibido. Sin embargo, no por establecida tiene que ser sistemáticamente acatada. Cualquiera con dos dedos de frente diría que siempre hay un momento para rectificar aquello que no está bien.
Y no es que, como en tantos otros casos conocidos, estemos hablando de derroche de los bienes públicos, que quizá también. En todo caso, se trata de orientaciones que van contra el sentido común y los sentimientos de millones de españoles.
Mal empezamos el 'Año Mariano'.
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