Promesas rotas

No por habitual deja de causar sorpresa tropezarnos cada mañana, a la hora de leer el periódico, con un recorte en nuestros ingresos o un aumento en nuestros gastos. Desde que los sucesivos gobiernos de la nación de los últimos años han decidido usar la tijera como instrumento habitual para gestionar la economía, afrontar la apertura de las páginas del diario se parece bastante a la indecisión de esos protagonistas de los relatos de terror que tienen que traspasar la chirriante puerta de la casa de los horrores.

El anuncio de hoy correspondiente a la dieta de sobresaltos a la que nos vemos sometidos un día sí y otro también tiene como protagonista a la empresa concesionaria de la explotación de la autovía de peaje que conecta Asturias con la Meseta. Y sus responsables no se andan con paños calientes para subir con nocturnidad y alevosía -hoy mismo- casi un euro a la tarifa hasta ahora vigente. Nada menos que 12,20 euros cuesta desde ahora mismo cruzar el Huerna. Si a ello le unimos que es previsible que Aucalsa no actúe en solitario y los responsables del túnel del Guadarrama hagan lo propio, ¿a cuánto se pone en estos momentos para los bolsillos de los asturianos viajar en automóvil a Madrid. ¡Ah! Y tampoco podemos dejar de lado que el día primero de este mismo año esa misma empresa ya había aplicado un aumento de los costes para el usuario.

Los argumentos utilizados por la concesionaria asturleonesa son, como ocurre siempre, de carácter general e impreciso: el decreto de ajustes del Gobierno Rajoy, lo que en la realidad se traduce en que hay que aprovechar que la ventanilla está abierta para hacer caja. Podría decirse que esta sorpresiva subida de tarifas se considera un 'daño colateral' de la política estatal, aunque Aucalsa sea una empresa privada.

¡Qué lejos quedan ahora aquellas ilusionantes palabras de un todavía joven José Luis Rodríguez Zapatero que, desde el 'púlpito' de Rodiezmo, se comprometía en firme a suprimir el peaje a cambio del voto de asturianos y leoneses! Después, la realidad fue bien diferente, y los tímidos esfuerzos por lograr alguna rebaja en las tarifas aplicada a unos exiguos 'usuarios habituales' o algunos transportistas no sirvieron para que durante ocho años agentes sociales, colectivos empresariales y ciudadanos en general dejaran de exigir aquel compromiso socialista a modo de estribillo reiterativo cada vez que la ocasión lo facilitase.

El entonces presidente del Gobierno y los suyos recurrieron repetidamente a sus antecesores y, más concretamente, al que había sido ministro de Fomento, el señor Álvarez-Cascos, don Francisco, como responsables de la imposibilidad de cumplir lo prometido. Fue otro estribillo recurrente. Y entre uno y otro el paso por la caseta de La Magdalena obligaba a 'soltar la mosca' sin rechistar.

El señor Rodríguez Zapatero, don José Luis, se fue, y detrás llegó el señor Rajoy, don Mariano, ahora factotum -no sé si voluntario o involuntario- ya no de una inimaginable supresión de peajes, sino, por el contrario, de una importante subida. ¿Con qué argumentos la señora Fernández, doña Mercedes, y el resto de la dirección del Partido Popular en Asturias van a defender ahora la medida? ¿Acaso piensan que a sus paisanos se les va a olvidar que mientras los socialistas gobernaron en Madrid la reivindicación del cumplimiento de aquel compromiso de Rodiezmo se convirtió en argumento político de primer orden para ejercer la oposición?

Al final, con unos o con otros los asturianos vamos a pagar más cada día, y ellos seguiran enzarzados en el cruce de responsabilidades en un triste remedo del "y tú más". Lo que nos queda, definitivamente, es una nueva constatación de que la mayor parte de los compromisos electoral de la clase política son casi siempre promesas rotas.

Una palabra tuya

Somos muchos los que no salimos de nuestro asombro después de asistir ayer al 'milagro Draghi'. Resulta que después de pasar un día sí y otro también por sobresaltos y agobios que ponían en cuestión la credibilidad de España y de su economía, aparece el presidente del Banco Central Europeo y con sólo un par de frases le da la vuelta a la tortilla, y esas dos terroríficas amenazas que son ya para el común de los ciudadanos la prima de riesgo y el Ibex bursatil cambian de orientación y se apuntan al verde esperanza. Hay que suponer tras el efecto causado por sus 'insinuaciones' que el italiano posee poderes taumatúrgicos. "El BCE hará lo necesario para sostener el euro. Y, creanme, eso será suficiente". Así de sencillo. Un exiguo puñado de palabras y la fe retorna a esos descreídos mercados que nos han situado durante los últimos días al borde de la quiebra.

Si el efecto de esta alquimia verbal permanece en las próximas horas, o en los próximos días, habrá que convenir en que la fórmula funciona. Sin embargo, lo primero que a los ciudadanos se nos viene a la cabeza es que, si ésta era la receta para superar la caída libre en la que nuestro país se encontraba. ¿Por qué no se aplico antes? Si sólo un par de frases pueden resolver tamaño embrollo, ¿habrá que pedir responsabilidades al señor Draghi, don Mario, por no haber recurrido a su pócima mucho antes? ¿Habrá que preguntar al desnortado Gobierno del señor Rajoy, don Mariano, qué ha hecho hasta ahora, aparte de demorar sus propias recetas, para resolver una crisis sin precedentes? Desde luego, como en tantos sangrantes casos de nuestra realidad política y económica, este tipo de situaciones siempre tienen responsables; y tienen nombre y apellidos, por mucho que se empeñen en enmascararlos con eufemismos fantasmales, y a ellos hay que pedirles cuentas. ¿Cuantos miles de millones -luego repartidos desigualmente a la hora de la factura- hemos tirado por la borda en estos últimos meses por la indecisión, la desidia, la incapacidad de unos y de otros? (Y si no véase el caso de la desastrosa reordenación bancaria que ha llevado al Congreso de los Diputados una ópera bufa a la mayor gloria del cinismo, donde unos se muestran ignorantes a pesar de sus cargos y sus remuneraciones millonarias; otros señalan con el dedo en otra dirección, y unos terceros alardean de haber hecho las cosas con corrección pese a los nefandos resultados finales). Desde luego, tenemos que pedir responsabilidades, y hacerlo ya; no esperar a que sea demasiado tarde o la pátina del tiempo diluya la indignación actual.

Comentaba al principio que algunos todavía no nos hemos repuesto de las consecuencias en los indicadores económicos de la escueta y voluntariamente imprecisa plática del presidente del BCE. Si -como decía- el escenario se consolida, estaremos de acuerdo en que cuando la realidad se aproxima al desastre, a falta de una asidera mínimamente fiable a la que agarrarse, llega el momento de recurrir a la espiritualidad, a lo sobrenatural, a la fe. Reza la liturgia eucarística de los católicos, cuando nos dirigimos a nuestro dios, que "una palabra tuya bastará para sanarme". En este caso, Draghi parece estar en el camino de conseguirlo, lo que le concede una especie de cualidad divida, de ese ser superior al que recurrimos cuando no encontramos en este mundo un salvavidas del que aferrarnos.

¡¡¡Y lo que no sabremos!!!

Dice la sabiduría popular que el que no sabe es como el que no ve. No se si es el dicho más apropiado para la ocasión pero hace escasas horas nos hemos enterado de que el señor presidente del Gobierno, al margen de su asignación salarial como tal, percibe del Congreso de los Diputados todos los meses 870 euros para alojamiento y manutención. La primera sensación que esta información produce es perplejidad y, a renglón seguido, indignación. ¿Será que al señor Rajoy, don Mariano, su discreta esposa no le permite disfrutar de los beneficios residenciales del Palacio de La Moncloa? ¿O será que le facilita cada día lo justo para subsistir como antiguamente -dicen- hacían las sufridas esposas después de que el marido les entregara la paga del mes?

Bromas aparte, la cosa tiene miga. Hay que dar por supuesto que no se trata de un privilegio particular del actual presidente del Gobierno y que antes que él lo disfrutaron los señores Zapatero, Aznar o González, por citar a algunos. Minucias, dirán los susceptibles. Calderilla, afirmarán otros. Con eso no se arregla nada, defenderán los de ese lado de la crisis. Y, aunque sea verdad, el caso es que actuaciones como la referida representan cualitativamente muchísimo más que su valor cuantitativo real. Ya saben, "la mujer del césar...". 870 euros al mes son una bagatela frente a las necesidades actuales. Y, por si hubiera alguna duda, seguramente ahora que lo sabemos todos el señor Rajoy, don Mariano, renunciará, muy digno, a esa cantidad y santas pascuas.

Sin embargo, la hipotética rectificación no consigue evitar que en la mente de los ciudadanos se forje la idea de que emolumentos como el mencionado sean moneda habitual en el mundo de la actividad política institucional. No nos tranquiliza nada el que, periodicamente, en los últimos años, se haya hecho gala de una presumible transparencia con la publicación de los datos salariales y patrimoniales de millares de cargos en los parlamentos, diputaciones y ayuntamientos. Al contrario, la evidencia de que dichos datos, aunque no falsos, sólo forman una pequeña parcela de los verdaderos patrimonios acumulados, invitan a solicitar de una vez por todas información veraz sobre salarios y propiedades de nuestra clase política antes, durante y después de ocupar cargos institucionales por lo que cobran del erario público.

A propósito, y ya que estamos en Asturias, habría que decir que hace algunas semanas un diputado nuevo en la Junta General mostraba su sorpresa a la hora de ir a recoger sus emolumentos y encontrarse con una partida de unos 900 euros para 'gastos de representación'. ¡Como si no cobraran ya suficiente! ¿Se han inventado ahora esa partida?. Seguro que no. Quede dicho al margen que no me consta que el parlamentario en cuestión se negara a coger su 'extra'. Total, ¡como no lo debe de saber nadie!

El caso es que en Madrid como en Asturias, en Valencia o en Carabanchel, en Zaragoza o en Ceuta,  todo parece indicar que la 'rebaja' no ha llegado a la práctica política y que, actualmente, esta profesión -digo bien- es tan segura como a mediados del siglo pasado podía ser la de ingeniero.

Me he referido a un par de casos, pero ¡¡¡y lo que no sabremos!!!

Su turno señor Fernández

El tiempo va pasando y el actual presidente del Principado y su equipo concretan su descenso a los sótanos de la Administración autonómica para proceder a su adecuación a los tiempos que corren.

Hasta hace pocos días, el secreto mejor guardado del nuevo Ejecutivo era la configuración del plan de ajuste al que obligaba imperativamente el Ministerio de Hacienda para que el Principado de Asturias no fuera intervenido, una amenaza que data de meses anteriores, cuando el entonces primer mandatario Francisco Álvarez-Cascos mereció el único rechazo formal del departamento del señor Montoro a los proyectos autonómicos para el cumplimiento del déficit.

Con el acceso del socialista Javier Fernández al Gobierno asturiano se abrió una nueva vía de entendimiento que culminó con la aprobación del plan remitido por el nuevo Gobierno autonómico. Desde entonces han sido numerosas las voces de la oposición que han pedido concreciones sobre los aspectos puntuales de los ajustes; una información que ha llegado con lentitud y con cuentagotas.

En los últimos días el presidente del Principado y sus consejeros han empezado a desbrozar el alcance de los tijeretazos autonómicos y el tantas veces recurrido 'vamos a cumplir con las exigencias de Madrid pero sin renunciar a nuestros planteamientos'. Era demasiado simple y de uso exclusivamente temporal. Los recursos son los que son y hay que empezar ya a señalar sobre sectores o colectivos muy concretos el sacrificio derivado del ahorro necesario.

Hasta ahora podría decirse que el mandatario asturiano ha podido parapetarse bajo el paraguas de Rajoy, responsable último de todos los ataques al estado del bienestar de los últimos meses. Sin embargo, no ser insumiso y cumplir con los deberes impuestos obliga a aplicar a escala las mismas recetas, aunque exista -es verdad- un margen relativo para la aplicación de esas políticas. La nueva 'medicación' empieza a ponerse en marcha y al Ejecutivo autonómico ya le están saliendo colectivos respondones de afectados. Es su turno señor Fernández.

Pedir perdón

Será por lo negro que se está poniendo todo o por la consciencia de que, incluso con ese panorama, hay límites que no se pueden traspasar. El caso es que ahora les ha dado a todos por pedir perdón.

Hace unos días fueron los responsables de la entidad resultante de la fusión de las cajas de ahorros gallegas los que hicieron pública una extensa nota publicitada a los cuatro vientos en la que admitían las malas prácticas de Caixanova y solicitaban el perdón a los afectados. Al final fue peor el remedio que la enfermedad, ya que la disculpa originó un alud de comentarios indignados en las redes sociales apuntando, con sabiduría popular, que antes de admitir sus errores era exigible la devolución del dinero.

Otra sonora rectificación ha tenido como protagonista a la diputada del PP Andrea Fabra, que se ha ganado a pulso el 'copyright' de una frase utilizada a diario por miles de españoles. El "que se jodan" ya va a quedar tristemente asociado a esta parlamentaria castellonense. Tras las primeras excusas infantiles -"iba para los socialistas"- y un inapropiado orgullo alimentado por el capote de todo el partido en el que milita, esta joven política ha tenido que ir bajando el diapasón de la grosería hasta dejar constancia por escrito de su equivocación y del posterior arrepentimiento. Lástima que su contricción resulte más falsa que la de un asesino en serie ante el juez de turno.

Cómo será la cosa que hasta el presidente del Gobierno, en sus intervenciones de los últimos días, transmite constantemente un sentimiento de culpabilidad y bajo las llamadas a la comprensión por los recortes brutales que está aplicando a diestro y siniestro aparece realmente ante nuestros ojos como un pecador impenitente que requiere el perdón, no se sabe muy bien si de un ente todopoderoso y supremo o a las víctimas de sus tropelías.

Sería deseable que unos y otros se dejaran ya de tanta disculpa y peticiones de indulto a la ciudadanía y se pusieran manos a la obra en la tarea que tienen encomendada. El perdón vendrá después.

Aprenden pronto

La reunión celebrada ayer por el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha servido para poner en negro sobre blanco algo que más o menos ya sabíamos: que el Gobierno de España pide flexibilidad a la Unión Europea para alcanzar los índices de déficit impuestos desde Bruselas pero no está dispuesto a aplicar la misma receta a las instituciones que dependen directamente de él, en este caso las comunidades autónomas.

Todos sabemos que las administraciones regionales, en su ya amplia historia de crecimiento competencial y organizativo, han llegado a consolidar un clientelismo que se ha plasmado en un gigantesco entramado capaz de acabar con cualquier raciocinio en el gasto autonómico. En muchos casos nada era bastante para emular 'en pequeño' a la configuración plena de un estado.

Sin embargo, no se puede decir que los sucesivos gobiernos del país en paralelo hayan actuado con una adecuada reducción de su complejo institucional en la medida en que la descentralización del Estado se iba produciendo. Aquí nadie ha querido cortarse en nada. ¿Para qué? Sobre todo si se tiene en consideración que el engorde del 'cuerpo' político-administrativo ha permitidoo a las principales fuerzas políticas crear unas suculentas bolsas de colocación para sus afines.

Ahora, las vacas ya no es que sean flacas, es que están famélicas y moribundas; y, aunque a regañadientes, hay que aplicarse al recorte, al ajuste, al ahorro. El Ejecutivo del PP se ha puesto a ello -con más pena que gloria y más improvisación que acierto- y para ello ha tenido que transformarse en pedigüeño, colocarse los harapos del pordiosero y recurrir a la mendicidad con quienes parece que tienen más que nosotros, aunque sea a costa de vender la honra, lease cesión de soberanía.
Con este escenario ha logrado una flexibilidad relativa que le ayuda a tomar oxígeno precipitadamente antes de que los mercados vuelvan al ataque.

Pero, logrado este receso, ha aprovechado la circunstancia para centrarse en los correspondientes recortes que se deben aplicar las autonomías y lo ha hecho con el mismo talante que antes recriminaron a nuestros 'prestamistas'; es decir, ahora y lo máximo. Nada de prórrogas, nada de relajaciones, ningún guiño. Los límites de déficit son los impuestos -por cierto más drásticos de los previstos- y no hay margen para el cambio.

Más allá de la rebelión de algunas comunidades, incluidas algunas del mismo signo que el Ejecutivo de la nación, la situación inmediata pinta muy mal para los responsables regionales de las mismas, carentes de los recursos más inmediatos para seguir gestionando sus respectivas administraciones.

Ante la evidencia, el Gobierno de Rajoy ha planteado un nuevo mecanismo de financiación para aquellas autonomías que no puedan afrontar sus obligaciones presupuestarias más urgentes, mecanismo al que, lógicamente, ha dotado con la etiqueta de excepcional para que nadie se agarre a la hipotética nueva teta de la vaca.

En todo caso, esta nueva vía de recursos nace bautizada con un alto índice de "condicionalidad" y sujeta a las correspondientes y sucesivas medidas de "saneamiento presupuestario". Algo que nos suena a conocido si nos remitimos a las imposiciones europeas de hace algunos días al Ejecutivo español para conceder el rescate o rescates acordados. Aprenden pronto estos del Gobierno.

Confianza

Confianza. Esa es la palabra clave que resume la esencia de la angustiosa situación que está viviendo el país. Se trata de un vocablo invocado permanentemente por los gobernantes aunque ninguno de ellos sea capaz de transmitirla a sus ciudadanos.

La inyección de confianza parece estar en la base de todas y cada una de las medidas de ajuste acometidas por éste y anteriores gobiernos desde que se reconociera la existencia de una crisis global imposible de subsumir en algo coyuntural o pasajero. Sin embargo, las medidas adoptadas para tratar de invertir la tendencia negativa, una tras otra, se han mostrado inadecuadas y han provocado, después de un paréntesis de días, cuando no de horas, una nueva vuelta a la caída en picado en la que España parece haberse instalado.

Desde luego, no va a generar esa confianza un presidente del Gobierno que ayer se ha mostrado ante los españoles derrotado, incapaz de mostrar un halo de esperanza más allá de las consignas que vienen de fuera. Más que como el primer mandatario de un país soberano, Mariano Rajoy transmitió en el Congreso de los Diputados la imagen del improvisado gestor de una empresa en suspensión de pagos al que la ha tocado la china de dar la cara en una situación originada por otros.

Tampoco contribuye a generar confianza un partido de la oposición que empieza a escuchar en sus filas las primeras críticas a un silencio que podría considerarse cómplice. En aras de la responsabilidad ante una situación extrema, Alfredo Pérez Rubalcaba no alcanza a comunicar la certeza de una posible alternativa para abordar todo lo que nos está pasando. Quizá habría que pensar, más bien, que el líder socialista es plenamente consciente de que al pozo en el que ahora nos encontramos nos arrastraron los gobiernos de los que fue miembro relevante, aunque quienes vinieron detrás amenacen con instalarnos definitivamente bajo tierra, en una continuidad temeraria por la cuerda floja que ya afrontaron sin éxito antes que nosotros otros países de la Unión Europea. También -quizá- habría que atribuir las formas 'elegantes' del PSOE al remoto temor de que un impensable en estos momentos giro electoral pudiera pasar a sus responsables la pelota de esa patata caliente en que se ha convertido la gestión política de España.

Y, con el debido respeto para otras siglas, para otras fuerzas políticas, no nos queda nada más. En estas circunstancias, ¿A qué podemos agarrarnos ya?

España necesita un Gobierno

Han transcurrido ya las horas suficientes desde que el presidente del Gobierno anunciara el paquete de medidas económicas de mayor gravedad de la historia de la democracia española como para que las valoraciones puedan rehuir el calificativo de precipitadas o viscerales. Las reacciones a la intervención de Rajoy en el Congreso han pasado de la sorpresa a la indignación, y de ésta a la constatación de que lo que algunos denominamos hace escasos días como líneas rojas de lo permisible se han sobrepasado con creces.

Resulta difícil encontrar en esta jornada una sola imagen de comprensión, de aceptación, de resignación. La trayectoria de recargar el peso de una crisis galopante sobre la ciudadanía ha llegado a un punto de no retorno que los afectados -o sea, casi todos- no estamos dispuestos a tolerar.
Sobre todo porque, más allá de las declaraciones gubernamentales, ya no hay tragaderas para aceptar que los recortes -hachazos sería mejor decir- forman parte de una línea de gestión nacional; porque ya nadie duda de que España ha ido cediendo en todo este proceso una parte de su soberanía hasta situar al país en un régimen de tutela en el que las decisiones vienen impuestas por la señora Merkel, la señora Legarde o el señor Durao Barroso, entre otros poderosos personajes ocultos bajo eufemismos como ese al que ya todos nos hemos acostumbrado: los mercados.

Decía hace unas horas el señor Rajoy que a él no les gustaban nada esas medidas, las mismas que constituyen, precisamente, el certificado de defunción del programa con el que el Partido Popular ganó las últimas elecciones legislativas con una mayoría aplastante. Pues bien, ¿por qué entonces se ha decidido a llevarlas adelante con inapropiada diligencia? Y que no se nos diga que son necesarias, obligadas, la única vía que existe para llegar en algún momento a la ansiada recuperación. Eso ya no cuela. Ni siquiera los llamados expertos avalan a estas alturas ese camino y la experiencia de los que nos precedieron en su recorrido indica que la fórmula, lejos de ser el bálsamo, no es solución para casi nada.

De sus palabras da la sensación de que el presidente del Gobierno se siente atado de pies y manos para acometer algo en lo que no cree, que no le dan otra alternativa. Pero da la casualidad de que los españoles le eligieron precisamente a él en el convencimiento de que podía gestionar con acierto la salida de la recesión en la que nos sumergió el señor Zapatero y sus gobiernos. Si ahora se muestra ante sus ciudadanos como una marioneta incapaz de tomar las mejores decisiones para la supervivencia del país mejor sería que abandonara con dignidad antes de que sea la historia la que le abandone.

Como ciudadanos de este país no podemos aceptar que a quien elegimos para dirigir nuestros destinos lo haga por interposición de los citados Merkel, Lagarde o Durao, A esos nadie los ha elegido desde la legítima soberanía popular de los españoles, ni queremos que nos gobiernen. O recuperamos el derecho a decidir por nosotros mismos o, en caso contrario, que convoquen elecciones anticipadas para poder mandarles a casa.

No quiero terminar este comentario sin resaltar lo que para muchos ciudadanos puede ser la peor cara de los recortes anunciados hoy para dentro de pocos días. Y no es otra que la panorámica de los diputados del grupo popular puestos en pie aplaudiendo sonrientes las palabras de su líder. Escupir a los españoles lo peor del 'sangre, sudor y lagrimas' es grave, pero vitorearlo por una mal entendida concepción partidista es un auténtico insulto a la democracia. A algunos, por contraste, nos ha venido a la memoria la imagen de la ministra italiana de Economía cuando anunció en el Parlamento transalpino medidas similares. Entonces tuvo que interrumpir su intervención por las lágrimas que le impedías hablar. Algo bien diferente de esta corte de pelotas sin sensibilidad.


(Una nota al margen. ¿Alguien podría indicarle al señor ministro de Industria que nuestra lengua es muy rica y está para ser utilizada con propiedad? El señor Soria ha dicho hoy repetidamente que es "matafísicamente imposible" cambiar el recorte de las ayudas al sector del carbón consagrado en los Presupuestos del Estado. ¿Cómo interpretaría un académico, incluso un ciudano mínimamente versado, esa expresión? No sé si les será "metafísicamente" posible)

¡Basta ya!

Dentro de la improvisada huida hacia adelante en que el Gobierno del Partido Popular ha convertido el hipotético camino para la salida de la peor de las crisis sufridas por este país nos estamos acostumbrando ya, un día sí y otro también, a los peores sobresaltos a propósito de las consecuencias que las medidas aprobadas para cumplir tal objetivo van teniendo en nuestras economías particulares.

Aquellos primeros viernes de dolores pasaron a conjugarse en paralelo con los lunes de pasión hasta completar ya toda una trágica 'semana santa' de sufrimiento que empieza a quitar el sueño a los ciudadanos y se va concentrando en un hartazgo cívico imparable.

Se empieza por lanzar el globo sonda para ir preparando el terreno pero, al contrario que en otras etapas anteriores, ahora ni el unánime rechazo político y social hace que les tiemble el pulso a estos verdugos imperturbables -la cara del señor De Guindos es lo más parecido a aquellos tenebrosos 'funcionarios de la muerte' que evocan siglos pretéritos- que atinan para convertir en realidad todas nuestras peores pesadillas.

Hoy mismo, dentro de esa carrera sin fin hacia el altar del nuevo becerro de oro, el DEFICIT, desde fuentes de la derecha se ha lanzado la idea de una nuevo hachazo para la semana próxima, un hachazo que estaría orientado a ahorrar 30.000 millones y que, aparte de la ya asumida -mal, pero asumida- subida del IVA, incluiría "el recorte del gasto en funcionarios, la congelación de las pensiones y la bajada de las prestaciones por desempleo". Total nada.

Escribí hace tiempo que nuestros gobernantes, en su improvisada y errática política económica desde que accedieron al poder, estaban llegando al punto de no retorno que significa traspasar las últimas líneas rojas de lo aceptable. Con tales medidas, si se concretan -y existen indicios suficientes de que lo serán- ese punto se habría sobrepasado con creces hasta el extremo de concitar el rechazo social más importante y unánime de la democracia española.

Si a ello añadimos que, en paralelo, no se privan de uno solo de sus costosos y sangrantres privilegios -¿qué tal les va con los nuevos ipads estrenados esta legislatura a costa del bolsillo de los españoles?- el terreno está abonado suficientemente para que la ira fluya de las guaridas a las que la confinó hace meses el miedo y se produzca el alarido de millones de voces al unísono que claman un "¡Basta ya!".

Representantes... ¿de quién?

El Partido Popular se siente fuerte con su amplia mayoría parlamentaria y, pese a la que está cayendo, o precisamante por eso, no pierde ocasión de sacar pecho en un afán por mostrar una fortaleza que en términos reales no va más allá de los números de sus votos en el Parlamento.

Hace pocas horas se ha sabido que la dirección del partido mayoritario ha tomado la decisión de suspender de militancia y abrir expediente sancionador a uno de sus senadores, el único que decidió romper la disciplina de voto en la Cámara Alta y votar a favor de las enmiendas de la oposición para tratar de evitar el brutal recorte de las ayudas al sector del carbón. Podrían haberlo dejado correr, dada su amplísima superioridad en el Senado, pero han preferido recurrir a métodos del Medievo, donde el castigo ejemplar servía para meter el miedo en el cuerpo a posible seguidores de la rebeldía, insubordinación e indisciplina. Aunque se había apuntado a una multa para el parlamentario leonés, estos señores feudales del siglo XXI han optado por una nueva demostración de su 'superioridad' y poder absoluto.

Al margen del caso específico de Juan Morano, al que no tengo el gusto de conocer aunque haya sido alcalde de León hace muchos años, la actitud de Génova nos debería llevar a plantearnos muy seriamente cuál debe ser la actitud de los ciudadanos cuando acudimos a las urnas cada cuatro años para renovar las Cortes Generales. ¿De verdad alguien se puede tomar en serio a estas alturas que los diputados y senadores electos son representantes de la provincia o comunidad por la que se presentan? ¿De verdad hay alguien que acepte al depositar el voto en la urna que esas personas van a defender los intereses del territorio que les apoya? Taxativamente, no.

A los dirigentes del Partido Popular, y a los del PSOE, y a los de cualquier otra fuerza política que tenga mayor o menor representación parlamentaria siendo su ámbito de implantación el nacional, a todos ellos habría que emplazarlos a que, si la democracia representativa que tenemos ya no es la de los ciudadanos, sino la de los partidos políticos, de una vez por todas consoliden su coto privado con listas nacionales y dejen de tomarnos el pelo con esas candidaturas nuestras tan 'próximas'. Si el sistema es el que están implantando fehacientemente cada día un poco más, si es así, que no ofendan a nuestra inteligencia. A mi, al menos no me representan Mercedes Fernández -aunque ahora haya renunciado-, ni Antonio Trevín, ni Isidro Fernández Rozada, ni Vicente Álvarez Areces,...

La esfinge canaria

Todos sabemos aquello de que dos no discuten si uno no quiere. De la misma manera, dos no hablan si uno se niega a hacerlo. Y ésta es, precisamente, la actitud que mantiene desde que recogió su cartera ministerial el titutal de Industria, José Manuel Soria.

Un compañero de profesión canario, buen conocedor del personaje, ya me había advertido sobre él mucho antes de que Rajoy hubiera pensado siquiera en ganar unas elecciones. Sin embargo, su actual responsabilidad en un Ministerio de tanta relevancia para el país como el que ocupa ha puesto de manifiesto que las observaciones se correspondían con la cruda realidad ahora constatada.

Desde que se inició el conflicto del sector de la minería este individuo se ha limitado a apelar cual papagayo al diálogo y, en paralelo, encerrarse en un a modo de esfinge que se remite cual si de un operativo automático se tratase a un machacón 'no hay dinero'.

Hoy mismo, en sucesivas reuniones con lideres sindicales del sector industrial y con el presidente del Principado, ha vuelto a hacer de las suyas y, aferrándose a la coletilla de los problemas presupuestarios, que no de concepto o ideológicos, ha remitido a sus interlocutores a una hipotética negociación en 2013. De nada vale que estas personas le hayan recordado que para esa fecha, con los recortes de las ayudas al carbón del recientemente aprobado proyecto de presupuestos, de un 63%, probablemente no haya interlocutores con quien dialogar porque las empresas ya habrán cerrado.

Claro que a nadie puede haberlo cogido por sorpresa tal actitud dada la trayectoria reciente del político canario, especialmente si tenemos en consideración que hace solamente algunas semanas soltó el mismo mensaje grabado desde la sede del Consejo de Ministros y, además, lo hizo a un compañero de partido, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Ahora, el mandatario asturiano, Javier Fernández, se ha mostrado enfadado y ha anunciado que, ante la falta de diálogo del ministro va a solicitar una entrevista con el mismísimo presidente del Gobierno. ¿Le recibirá alguien tan proclive a enrocarse en el cargo y eludir cualquier tipo de responsabilidad directa en los problemas reales de España? Pronto lo sabremos, aunque es de temer que los resultados sean los mismos que los logrados con esa especie de ídolo totémico insular, clon imperfecto de José María Aznar, programado para repetir como una máquina: "Lo siento, no hay 'perres'".