¡¡¡Y lo que no sabremos!!!

Dice la sabiduría popular que el que no sabe es como el que no ve. No se si es el dicho más apropiado para la ocasión pero hace escasas horas nos hemos enterado de que el señor presidente del Gobierno, al margen de su asignación salarial como tal, percibe del Congreso de los Diputados todos los meses 870 euros para alojamiento y manutención. La primera sensación que esta información produce es perplejidad y, a renglón seguido, indignación. ¿Será que al señor Rajoy, don Mariano, su discreta esposa no le permite disfrutar de los beneficios residenciales del Palacio de La Moncloa? ¿O será que le facilita cada día lo justo para subsistir como antiguamente -dicen- hacían las sufridas esposas después de que el marido les entregara la paga del mes?

Bromas aparte, la cosa tiene miga. Hay que dar por supuesto que no se trata de un privilegio particular del actual presidente del Gobierno y que antes que él lo disfrutaron los señores Zapatero, Aznar o González, por citar a algunos. Minucias, dirán los susceptibles. Calderilla, afirmarán otros. Con eso no se arregla nada, defenderán los de ese lado de la crisis. Y, aunque sea verdad, el caso es que actuaciones como la referida representan cualitativamente muchísimo más que su valor cuantitativo real. Ya saben, "la mujer del césar...". 870 euros al mes son una bagatela frente a las necesidades actuales. Y, por si hubiera alguna duda, seguramente ahora que lo sabemos todos el señor Rajoy, don Mariano, renunciará, muy digno, a esa cantidad y santas pascuas.

Sin embargo, la hipotética rectificación no consigue evitar que en la mente de los ciudadanos se forje la idea de que emolumentos como el mencionado sean moneda habitual en el mundo de la actividad política institucional. No nos tranquiliza nada el que, periodicamente, en los últimos años, se haya hecho gala de una presumible transparencia con la publicación de los datos salariales y patrimoniales de millares de cargos en los parlamentos, diputaciones y ayuntamientos. Al contrario, la evidencia de que dichos datos, aunque no falsos, sólo forman una pequeña parcela de los verdaderos patrimonios acumulados, invitan a solicitar de una vez por todas información veraz sobre salarios y propiedades de nuestra clase política antes, durante y después de ocupar cargos institucionales por lo que cobran del erario público.

A propósito, y ya que estamos en Asturias, habría que decir que hace algunas semanas un diputado nuevo en la Junta General mostraba su sorpresa a la hora de ir a recoger sus emolumentos y encontrarse con una partida de unos 900 euros para 'gastos de representación'. ¡Como si no cobraran ya suficiente! ¿Se han inventado ahora esa partida?. Seguro que no. Quede dicho al margen que no me consta que el parlamentario en cuestión se negara a coger su 'extra'. Total, ¡como no lo debe de saber nadie!

El caso es que en Madrid como en Asturias, en Valencia o en Carabanchel, en Zaragoza o en Ceuta,  todo parece indicar que la 'rebaja' no ha llegado a la práctica política y que, actualmente, esta profesión -digo bien- es tan segura como a mediados del siglo pasado podía ser la de ingeniero.

Me he referido a un par de casos, pero ¡¡¡y lo que no sabremos!!!