Aprenden pronto

La reunión celebrada ayer por el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha servido para poner en negro sobre blanco algo que más o menos ya sabíamos: que el Gobierno de España pide flexibilidad a la Unión Europea para alcanzar los índices de déficit impuestos desde Bruselas pero no está dispuesto a aplicar la misma receta a las instituciones que dependen directamente de él, en este caso las comunidades autónomas.

Todos sabemos que las administraciones regionales, en su ya amplia historia de crecimiento competencial y organizativo, han llegado a consolidar un clientelismo que se ha plasmado en un gigantesco entramado capaz de acabar con cualquier raciocinio en el gasto autonómico. En muchos casos nada era bastante para emular 'en pequeño' a la configuración plena de un estado.

Sin embargo, no se puede decir que los sucesivos gobiernos del país en paralelo hayan actuado con una adecuada reducción de su complejo institucional en la medida en que la descentralización del Estado se iba produciendo. Aquí nadie ha querido cortarse en nada. ¿Para qué? Sobre todo si se tiene en consideración que el engorde del 'cuerpo' político-administrativo ha permitidoo a las principales fuerzas políticas crear unas suculentas bolsas de colocación para sus afines.

Ahora, las vacas ya no es que sean flacas, es que están famélicas y moribundas; y, aunque a regañadientes, hay que aplicarse al recorte, al ajuste, al ahorro. El Ejecutivo del PP se ha puesto a ello -con más pena que gloria y más improvisación que acierto- y para ello ha tenido que transformarse en pedigüeño, colocarse los harapos del pordiosero y recurrir a la mendicidad con quienes parece que tienen más que nosotros, aunque sea a costa de vender la honra, lease cesión de soberanía.
Con este escenario ha logrado una flexibilidad relativa que le ayuda a tomar oxígeno precipitadamente antes de que los mercados vuelvan al ataque.

Pero, logrado este receso, ha aprovechado la circunstancia para centrarse en los correspondientes recortes que se deben aplicar las autonomías y lo ha hecho con el mismo talante que antes recriminaron a nuestros 'prestamistas'; es decir, ahora y lo máximo. Nada de prórrogas, nada de relajaciones, ningún guiño. Los límites de déficit son los impuestos -por cierto más drásticos de los previstos- y no hay margen para el cambio.

Más allá de la rebelión de algunas comunidades, incluidas algunas del mismo signo que el Ejecutivo de la nación, la situación inmediata pinta muy mal para los responsables regionales de las mismas, carentes de los recursos más inmediatos para seguir gestionando sus respectivas administraciones.

Ante la evidencia, el Gobierno de Rajoy ha planteado un nuevo mecanismo de financiación para aquellas autonomías que no puedan afrontar sus obligaciones presupuestarias más urgentes, mecanismo al que, lógicamente, ha dotado con la etiqueta de excepcional para que nadie se agarre a la hipotética nueva teta de la vaca.

En todo caso, esta nueva vía de recursos nace bautizada con un alto índice de "condicionalidad" y sujeta a las correspondientes y sucesivas medidas de "saneamiento presupuestario". Algo que nos suena a conocido si nos remitimos a las imposiciones europeas de hace algunos días al Ejecutivo español para conceder el rescate o rescates acordados. Aprenden pronto estos del Gobierno.