El mercadeo de la democracia

Un Gobierno elegido democráticamente tiene la obligación de sacar adelante la gestión del país y para ello es exigencia indispensable, si no dispone de mayoría absoluta, que busque los apoyos necesarios en el arco parlamentario para poder ejercer su responsabilidad. De esta circunstancia ha dado muestras la reciente historia de España y nadie, más allá de los berrinches partidistas, puede oponer razones de peso para oponerse a esta práctica política.

Sin embargo, la democracia no son sólo números y los últimos equipos de Zapatero están transmitiendo a la ciudadanía la sensación de que el fin justifica los medios y prima el objetivo de perpetuarse sobre las más elementales principios de la democracia. Cualquier Ejecutivo de la nación tiene como principal meta para desarrollar su gestión la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. A fin de cuentas el dinero es el que permite desarrollar políticas y sin él todos los principios no son más que papel mojado. Zapatero, como sus antecesores, conoce bien esta máxima y para ello, aunque dentro de la más estricta legalidad, rozó los límites del sistema democrático para 'comprar' los apoyos necesarios -vascos y canarios- para sacar adelante las cuentas del Estado para 2011. Para ello no dudo -una vez más- en renunciar a principios básicos e ideológicos del programa socialista y romper la caja única de la Seguridad Social -que como Pedro había negado hasta tres veces, o más- y en retocar números de unos presupuestos de crisis para beneficiar a esas comunidades cuyos partidos nacionalistas estaban dispuestos a taparse las narices y ayudar al Ejecutivo socialista; a cambio 'recogerían' los frutos en forma de prebendas e inversiones de dudosa objetividad frente al principio de la igualdad de todos los territorios del Estado español.

No era el primer dato preocupante, pero sí el más significativo de la prioridad del Gobierno de la nación para perpetuarse a costa de lo que fuera. Se había iniciado -o mejor se explicitaba palmariamente- el inicio de un mercadeo con la democracia ajeno a sus principios fundamentales y basada exclusivamente en el elemento cuantitativo de una mayoría de votos en el Parlamento.

Este tipo de actuaciones parece haber dado pie al 'todo vale', siempre que se sorteen las líneas rojas que marca la ley, rozándolas sin traspasarlas. Solamente en este objetivo se puede explicar la más reciente maniobra del equipo de Zapatero de recurrir al veto -algo parecido al gobierno por decreto, pero en el ámbito parlamentario- para impedir una derrota en el Congreso frente a una iniciativa tendente a paralizar la congelación de las pensiones. Todos los grupos parlamentarios están en contra de tal medida y poner a prueba a los socios presupuestarios -PNV y CC- era demasiado arriesgado para el propio Ejecutivo y una exigencia excesiva para los citados nacionalistas, que quedarían con el 'culo al aire' si optaban por reforzar una vez más a Zapatero y su equipo.

El recurso al veto, aún dentro de normativas legales y reglamentos, es un escalón más en esa especie de deterioro de la imagen democrática que ya está calando en los españoles y que se puede palpar en cualquier conversación de la calle o en las civilizadas discusiones de bar. A estas alturas son mayoría los ciudadanos que mantienen la creencia de que nuestros actuales gobernantes están dispuestos a lo que sea con tal de mantenerse en la poltrona, incluso a recurrir a los mecanismos de más dudosa credibilidad de nuestro sistema democrático.

Entre tanto, como ya viene siendo habitual cuando arrecia la lluvia, el aparato 'goebbelsiano' del Ejecutivo, en la más pura esencia del maquiavelismo, busca ante las dificultades asuntos colaterales que no dejan de ser maniobras de distracción para ocupar la mente de sus gobernados en otras polémicas absurdas y estériles. No se puede considerar de otra forma, aunque a algunos les pueda parecer anecdótico, el lanzamiento de iniciativas de manifiesta tendencia de ocultación, humos que disipan la imagen real de los problemas reales, como esa noticia que ayer, de forma impropia, ocupaba espacios en las primeras páginas de algunos diarios nacionales sobre la inminente regulación por ley de la posibilidad de acabar con la primacia del apellido paterno para situar en igualdad de condiciones al materno. Si en un país con los graves problemas que tiene el nuestro una iniciativa como ésa puede disputar protagonismo a la crisis económica o al desempleo es para pensar que algo, y no baladí, va muy mal.

La posibilidad de un cambio de apellidos, de agrupación de los mismos, ya existe en estos momentos y lanzar al ruedo del 'interés' nacional una regulación legal no parece merecer otra consideración que una mera cosmética de camuflaje, máxime cuando todo parece indicar que la futura normativa tiene cabos sueltos como qué va a pasar con las madres solteras, obligadas -dicen- a contar con un segundo apellido, o cuando se baraja el azar de una moneda al aire para decidir el orden final en el caso de que la pareja discrepe respecto al mismo. Lo dicho, fuegos de artificio destinados a orientar las miradas de la ciudadanía hacia el cielo desviando el interés de los verdaderos problemas a los que se enfrenta.

Al final, el votante no es tonto -y esto nada tiene que ver con la conocida publicidad de una conocida firma- y el día a día se encarga de mantenerle con los pies en el suelo y ser consciente de por dónde le están atacando realmente sus intereses más elementales. Jugar con los márgenes que algo tan básico y relevante como es el sistema democrático representa una estrategia muy arriesgada. Item, cuando dentro de ese mismo escenario se entra en el mercadeo o en la maniobra de distracción propia de los trileros la consecuencia más grave no es ya que el grupo o grupos políticos que lo practiquen dilapiden toda su credibilidad, sino que el que la pierda sea el propio sistema democrático. A partir de este punto de inflexión las consecuencias son imprevisibles, y no solamente para quienes ejercen esas prácticas, sino para el conjunto de la sociedad.