Ausente y resignado

"No le pedimos a Fernández que se desnude, sino que se plante ante Rajoy". Con esta frase pronunciada ayer en una rueda de prensa se manifestaba el coordinador general de Izquierda Unida de Asturias a propósito de la situación que atraviesa el Principado un año después de que los socialistas recuperasen el poder tras el tumultuoso interregno de Foro Asturias Ciudadanos. No se quedó Manuel González Orviz ahí y añadió que "nos preocupa tener un presidente ausente en Asturias y vetado en Madrid", sin olvidar dos términos igualmente significativos: "excusas", a la hora de juzgar el argumentario del presidente del Principado, o "resignación", para referirse a la actitud del mismo ante el ninguneo manifiesto de Rajoy y su equipo. Son algunos importantes avisos de la que es principal fuerza política de apoyo al actual Ejecutivo autonómico (Después, obviamente, del propio Partido Socialista).

El posicionamiento de Orviz escarba en la herida señalada por el portavoz parlamentario de la coalición en el programa de la televisión autonómica 'Debate en 30' del pasado martes. Ángel González se expresó allí de forma contundente al afirmar que Asturias está hoy peor que hace un año, y lo está también por la gestión del Gobierno regional, además de como consecuencia de las políticas agresivas del Partido Popular desde Madrid.

Alguien apuntará que IU tiene bastante que decir sobre las posibles márgenes de maniobra de Javier Fernández y su equipo, dada la inestable mayoría que éste ha logrado sumar para su investidura. Quizá los dirigentes de la coalición hayan considerado que el actual es el momento adecuado para hacerlo, teniendo en cuenta que la presente será una legislatura inusualmente corta. En cualquier caso, no estaría de más recordar que la coalición eco-comunista viene prestando el apoyo con sus votos al Ejecutivo autonómico sin haber firmado papel alguno y habiéndose negado en su momento a suscribir un pacto de legislatura, al contrario que el otro socio de gobierno -Unión, Progreso y Democracia- que sí formalizó ese apoyo en un documento específico y que se configuró con vocación de aguantar los tres años de mandato de Fernández.

A este guión habría que unir la manifiesta discrepancia de PSOE e IU en el ámbito nacional a propósito de la intención del Ejecutivo estatal de establecer el "reparto asimétrico" del margen de déficit concedido a España por la Unión Europea, un reparto que repercutiría negativamente en las finanzas del Principado en beneficio de otras comunidades despilfarradoras, como es el caso de Cataluña. La coalición que lidera Cayo Lara apuesta por esa fórmula 'a la carta' que establece comunidades de primera y segunda categoría (quizá hasta de tercera) con vista a la reforma del sistema de financiación autonómica actual, mientras que sus correligionarios en Asturias se decantan por soluciones más acordes con la necesaria "solidaridad interregional".

Lo que a estas alturas nadie en su sano juicio se atreve a negar es que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene a Asturias en la más baja consideración a la hora de repartir, aunque sea lo que para algunos es la miseria. Como muestra, valga la información que hoy mismo facilita 'El Comercio' sobre los recortes del Ministerio de Fomento en las inversiones de la autovía del Cantábrico en nuestra región en paralelo con el aumento de las mismas en los tramos gallegos de la misma infraestructura. Dos paisanos de la vecina comunidad, José Blanco, primero, y Ana Pastor, en la actualidad (uno del PSOE y otra del PP), se han encargado de arrimar el ascua a su sardina y una autovía que fue concebida para desarrollarse de Oriente a Occidente a lo largo de la cornisa cantábrica, ha quedado 'ciega' en algunos tramos asturianos y en Galicia está a punto de culminar sus obras. Eso para aquellos que han defendido desde los dos grandes partidos que no es relevante tener un ministro oriundo en el Gobierno.

Además de las infraestructuras, podríamos hablar de los servicios sociales, de la minería, de la industria y de unos cuantos sectores más. Todos son víctimas de una política sectarista que mira por encima del hombro a una pequeña comunidad de algo más de un millón de habitantes que, además, tiene un Ejecutivo de signo contrario al de la nación y que, también, ha optado por ser disciplinado y seguir el 'buen camino'. Contra eso se ha alzado ahora la voz de Izquierda Unida, que, afortunadamente, solicita de Javier Fernández algo más de energía y que no parece resignarse a tener un presidente "ausente" y "resignado".

Astracanada pixueta

Si no fuera porque está en juego la credibilidad de las instituciones, la farsa del Ayuntamiento de Cudillero lleva camino de convertirse en una astracanada. Cuando a todos nos consta que un amplio espectro de las personas que integran la que acostumbramos a llamar clase política serían capaces de 'matar' por acceder a un cargo, en el municipio pixueto van al revés y los concejales del partido socialista, mayoritario en las últimas elecciones, se deshacen en argumentos para no aceptar el bastón de mando de la Alcaldía.

Todo ello después de que el Tribunal Constitucional haya echado abajo la elección del regidor en la persona de Ignacio Fernández, dirigente que no figuraba en la lista sometida a las urnas en la última convocatoria electoral, tras renunciar todos los que sí lo estaban.

La mayoría municipal sabía el riesgo que corría cuando decidió tomar la calle del medio y colocar al frente del Ayuntamiento a 'Nacho'. La decisión del Alto Tribunal lo ha puesto de manifiesto. Aunque lo peor de todo no es tanto la obligada interinidad del actual periodo en el concejo como la repercusión que tal episodio pueda tener en la credibilidad institucional presente y futura. Al margen de lo que dice el Constitucional, parece evidente que decisiones como la tomada por el PSOE abren un peligroso espacio de discrecionalidad que colisiona claramente con las vigentes leyes en la materia.

Tienen argumentos los partidos de la oposición para pedir a la Federación Socialista Asturiana que dé explicaciones sobre una actuación dudosa, en un principio, e ilegal, actualmente. No se puede suplantar la normativa estatal por la derivada de las oficinas partidarias, obediente de forma exclusiva a los intereses particular de tal o cual fuerza política.

Decía más arriba que la historia lleva camino de convertirse en astracanada cuando, tras el revés legal, los socialistas pixuetos, amparados por la dirección regional del partido, se han lanzado a una agresiva campaña interna cuyo único objetivo es vencer la resistencia de alguno de sus concejales para que acepte acceder a la Alcaldía. Nos imaginamos a sus dirigentes siguiendo el rastro de sus ediles por calle y bares para 'convencerles' de que den marcha atrás en sus renuncias y se 'sacrifiquen por la causa'. Conociendo el funcionamiento interno de las fuerzas políticas, es de suponer que será cuestión de horas la aparición de un 'converso'. ¿Quién? Da igual, parece. Sólo importa que alguno ceda. Y ello aunque estemos hablando de que esa persona va a ser el regidor del municipio. Otra perversión del sistema, aunque en este caso se mantenga dentro de la legalidad.

Intentar a estas alturas, como está haciendo ahora Francisco González, secretario general de la agrupación socialista de Cudillero, quien durante muchos años fuera alcalde del concejo y ex diputado regional hasta ser imputado por el Tribunal Superior asturiano, intentar -digo- atribuir la situación a contubernios externos y estrategias secretas de la oposición ya no es de recibo a estas alturas de la película.

La gestión socialista del Ayuntamiento pixueto está bajo sospecha desde el propio periodo de mandato de 'Quico' y toda esa serie de anomalías que han jalonado la historia reciente del municipio tienen un único responsable, el partido que ha gobernado con mayoría absoluta durante muchísimos años. Apelar ahora a elecciones anticipadas como solución al embrollo es una salida de pata de banco, porque ninguna ley lo permite. Eso o que, una vez intentado saltársela a la torera, prefieran intentarlo de nuevo.

Ex presidentes

Desde luego, algo tiene que ir muy mal en este país para que en los últimos días la atención informativa se haya centrado en las apariciones públicas de dos de los ex presidentes mediáticamente más relevantes que ha tenido la democracia española tras el franquismo.

La sensación de que nos conduce hacia el precipicio un Gobierno desnortado incapaz de convencer ya a sus propios correligionarios y de que la alternativa es un partido desorientado que se agita revolucionado como una gallina a la que le han cortado la cabeza, esa sensación -digo- ha puesto el acento en la vuelta a la actualidad del socialista Felipe González y del popular José María Aznar. Y ambos se nos han mostrado con la aureola de 'salvadores', aunque bien es cierto que la escenografía ha sido notablemente diferente.

Aznar ha elegido los focos y las tablas para dar su aldabonazo a quienes ahora dirigen su propio partido, fundamentalmnte a su sucesor, Mariano Rajoy, y mostrar su faceta más populista para recordar que durante sus mandatos el país 'iba mejor' (¿recuerdan aquel 'España va bien?) y que, aunque se retiró voluntariamente, el 'compromiso' con sus ciudadanos sigue vigente ahora que la travesía se ve amenazada por fuertes y violentas tormentas. Todo para, aunque de forma evanescente, recordar que podría estar disponible en caso de que la 'gran causa' lo solicitara.

González ha optado por la imagen de estadista que tan buen resultado le ha dado desde que abandonara La Moncloa. Aparte de sus cenáculos europeos, el sevillano ha aprovechado el momento para entrevistarse en ese mismo palacio con su actual ocupante. Se supone que no solamente para ofrecerle unas cuantas buenas palabras, sino, también en este caso, para ofrecerse a tirar por el carro que transita sobre caminos enfangados.

Que dos 'glorias' de nuestro pasado reciente acaparen protagonismo repentinamente no es fruto, evidentemente, de la avidez de los medios informativos por cambiar de titulares. Más bien es un claro indicador de que las cosas no solamente van mal, como todos los mortales sabemos, sino peor; de que quienes representan actualmente a sus respectivas ideologías no ofrecen credibilidad alguna; de que la confianza a todos los niveles está bajo mínimos.

Lástima que nos resulte difícil de creer el presunto altruismo de uno y de otro. En ambos casos, con las notables diferencias que antes reseñaba, nos asalta la sospecha de que tan desinteresada actitud responde más bien al enorme ego que sus trayectorias en la España democrática han engordado hasta niveles próximos al endiosamiento.

Alumno leal y aventajado

Asturias ha cerrado el primer trimestre del año con un superavit de 49 millones de euros, según los datos del departamento que gestiona Cristobal Montoro hechos públicos hoy mismo. El Principado es una de las ocho comunidades que han arrojado este saldo positivo de enero a abril, mientras que otras nueve han finalizado el mismo periodo con déficit. No hace falta pormenorizar aquí cuáles son unas y otras porque la inmensa mayoría de los interesados apuntarían con pequeño margen de error los nombres de cada grupo.

Estas cifras tienen mucha importancia porque se producen en el mismo momento en el que se ha suscitado un vivo debate nacional sobre la intención del Gobierno de España de establecer un reparto asimétrico de los nivles máximos de endeudamiento de las autonomías en función de las 'propinas' que Europa ha decidido darle al Estado; un reparto que, curiosamente premiaría precisamente al grupo de los incumplidores en detrimento de quienes responden a la disciplina impuesta con carácter general. Más margen de déficit para los 'insumisos' y menos para los 'formales'.

No es de extrañar, pues, que a las reclamaciones de "grandeza" o "altura de miras" de Mariano Rajoy, sus propios barones autonómicos hayan respondido airadamente con una auténtica revuelta. No es de recibo que, cuando vienen mal dadas, los que cumplen se vean penalizados y aquellos que utilizan medios inconfesables de presión, como el soberanismo, para enmascarar su gestión manirrota reciban el premio de una 'amnistia', aunque sea temporal.

Por lo que a Asturias se refiere, uno no acaba de entender el papel de alumno aventajado y responsable que ha adoptado el Gobierno de Javier Fernández en paralelo con la constatación de que otros actúan como colegiales gamberretes con la tolerancia de los 'profes' de Madrid. Mantener a Asturias en los últimos lugares de algunos de los datos económicos que más directamente afectan a la ciudadanía a costa del bienestar de sus paisanos, para que luego el presidente del Gobierno 'coleguee' con su homólogo catalán no acaba de casar con principio alguno de racionalidad.

Aceptar este escenario por las buenas sería lo mismo que enfrentarse en una mesa de juego a un grupo de tahures especialistas en hacer trampas con la convicción de que el 'bueno' puede ganar manejando su juego con limpieza.
 
Y, como indicaba más arriba, no se trata ya de un problema de ideologías. Muchas comunidades gobernadas por el Partido Popular se enfrentan a sus jefes nacionales por esta política injusta y otras, como Andalucía, gobernada por el PSOE, se suman al 'café a la carta' para tapar sus vergüenzas en forma de un endeudamiento exagerado, fruto de años de despilfarro y gastos a la ligera.

Al Gobierno socialista de Asturias pueden complicársele mucho las cosas de seguir por ese camino. Y la primera manifestación de esos problemasva a venir, sin lugar a dudas, de sus socios de gobierno, principalmente de Izquierda Unida, en cuyas bases ya ha calado la ídea del "¿qué hacemos nosotros metidos en ésto?". El rechazo socialista a la misma normativa sobre desahucios que en Andalucía aceptó José Antonio Griñán ha encendido los ánimos de la coalición.

Comentaba hace días que  a Javier Fernández está empezando a agotársele el recurso a las culpas de Madrid a la hora de justificar todas sus políticas de austeridad y recortes. Tratar de hacer compatible este papel y el real de alumno leal y aventajado de las políticas de Rajoy ya no cuajan.

A espabilar

"Apremio", "celeridad", "ponerse las pilas". Son algunos de los términos a los que en las últimas horas han recurrido los portavoces parlamentarios de Izquierda Unida y de Unión, Progreso y Democracia en la Junta General del Principado para dirigirse al presidente del Principado y a su equipo. Los socios del Ejecutivo asturiano se han dado cuenta casi un año después de que el cumplimiento de aquellos compromisos que les llevaron a apoyar la investidura de Javier Fernández van más lentos en su ejecución que las obras de la variante ferroviaria de Pajares o de la autovía del Cantábrico a su paso por Asturias.

Tampoco es nada nuevo, aunque las 'muletas' del Gobierno autonómico hayan optado por prestarle su confianza durante un periodo más que razonable de la presente legislatura. Desde esta tribuna he recalcado en varias ocasiones que El Ejecutivo asturiano avanza con el pie puesto en el freno y que el tiempo ganado día adía parece su principal herramienta de gestión. Repasando aquellos compromisos verbales formulados tras los comicios llegamos a la conclusión de que en pocos de ellos se ha pasado de las palabras a los hechos, salvo que la voluntad repetida de afrontar los problemas clave de esta región se consideren suficiente para mantener los apoyos sin molestar.

También he afirmado semanas atrás que a Javier Fernández empieza a agotársele el crédito con el que logró su acceso a la Presidencia de la comunidad. Y, por mucha serenidad que rebose la política asturiana hasta los más proclives a conchabar empiezan a darse cuenta de que, si esto sigue así, la marea del desencanto, por no hablar del cabreo popular, les puede arrastrar también a ellos.

Cierto que falta todavía mucha legislatura y que las estrategias políticas suelen dividir ésta en periodos de muy diferente signo a los que se adaptan los intereses partidistas adecuadamente. Todavía no ha llegado el tiempo de los desmarques, pero tampoco conviene que el entreguismo se transforme en un sedante letal que haga que el giro definitivo se antoje inoperante.

Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia son en todos los sondeos las fuerzas políticas en crecimiento, en detrimento de los dos partidos nacionales mayoritarios. Con Foro Asturias Ciudadanos en hibernación, Ángel González e Ignacio Prendes no pueden ignorar que sus pactos de gobierno, por mucho que se enmascaren, no van a beneficiarles cuando llegue la hora de ser llamados de nuevo a las urnas. El portavoz de la formación 'magenta' es novato en estas lides, pero los eco-comunistas ya tienen el diente retorcido en sortear tales guiones.

En este sentido, la abstención de ambos en la iniciativa de la derecha que culminó con la reprobación de la consejera de Bienestar Social la pasada semana, no deja de ser un aviso para navegantes, por mucho que todos los protagonistas traten de desligar posiciones 'de Estado' de las propias de partido.

Con estos posicionamientos, el actual presidente del Principado tiene que ser consciente de que su pacto de gobierno es mucho más frágil de lo que él quisiera, y ello a pesar de haber logrado sacar adelante el primer año con bastante éxito desde el punto de vista institucional. Pero ese mismo periodo se muestra excesivo cuando se trata de cuantificar la ejecución de programas de gobierno, máxime en una legislatura atípicamente corta.

Por ello, sus 'socios' han coincidido ahora en las fechas a la hora de mostrar su disconformidad con los tiempos y las velocidades que exigen plasmar en hechos aquellos compromisos. Y lo han hecho con un verbo muy español, de esos que todo el mundo entiende y utiliza a diario en sus conversaciones ordinarias: "Espabilar". De momento, sólo es un aviso, pero debería servir de advertencia para los tímidos y los indecisos que juegan a que sea el discurrir del tiempo el que resuelva, en un sentido o en otro, los problemas. Pues, ¡hala! A espabilar.

Un hombre solo

Siempre me ha caído bien Juan Luis Rodríguez-Vigil, aunque nunca entendí con claridad la razón que le llevó en su día a la Presidencia del Principado. Junto a algunos defectos evidentes, tiene una virtud personal que podríamos calificar de incompatible con la responsabilidad de altos cargos políticos o institucionales, una virtud que no es otra que la de decir casi siempre lo que piensa. Lo hizo como consejero de Sanidad en los gobiernos de su antecesor, Pedro de Silva, y también luego, al sustituir a éste en la más alta responsabilidad autonómica. Tal atipismo es probablemente una de las razones de que tenga el honor de ser uno de esos pocos mandatarios que renunciaron voluntariamente a seguir en el cargo (bien es cierto que el alcance del fraude del que le tocó ser triste protagonista invitaba por encima de todo a buscar esa salida).

Ahora, veinte años después de aquel polémico asunto, el ex presidente asturiano ha concedido una esclarecedora entrevista al mismo periódico, 'El Comercio', que 'desmontó' en unas pocas horas aquel entramado de promotores y empresarios que por activa o por pasiva construyeron una enorme mentira orientada a exprimir las arcas públicas asturianas.

Y nuevamente en este encuentro con los tres redactores que protagonizaron aquellos días de llamadas, de comprobaciones, de búsqueda del trasfondo de aquel gran 'bluf' en el que Vigil y su equipo actuaron con la ingenuidad de párvulos, nuevamente -digo- el entonces mandatario pone el acento en algunos de los grandes problemas que aquejan a la práctica política y que han llevado a la misma a un enquistamiento que la ha distanciado de la sociedad.

Voy a quedarme aquí con un aspecto concreto derivado de sus manifestaciones. Dice el hoy miembro del Consejo Asesor del Principado que fue José Ángel Fernández Villa, hasta hoy mismo líder incombustible del SOMA, el valedor de su en aquellos tiempos consejero de Industria, Víctor Manuel Zapico, "aunque no era la persona que yo hubiera querido como consejero". Sus palabras ratifican algo que todo el mundo sabía antes y después del abortado fraude empresarial, que el todopoderoso sindicalista quitaba y ponía a su antojo (al propio Vigil) y que nadie osaba en la Federación Socialista Asturiana tomar iniciativa alguna sin su previo consentimiento.

Más grave si cabe es la constatación de que la normativa que atribuye al presidente del Principado la capacidad exclusiva de elegir a los miembros de su gobierno es, como tantas otras, papel mojado en manos de los entramados partidistas que los sostienen. Familias, grupos y capillas congregan los intereses en una estructura férrea que tiene en uno o unos pocos líderes la mano ejecutora.

A título de recuerdo solamente apelaré a la renuncia de Pedro de Silva a repetir como candidato tras dos mandatos consecutivos, una decisión tomada desde el hartazgo de que algunas de sus decisiones presidenciales estuvieran siempre condicionadas desde la sede del partido.

Dice también en la entrevista de 'El Comercio' Juan Luis Rodríguez-Vigil que "tuve problemas personales y en el partido me sometieron a una persecución" o "en el PSOE había intrigas por todos los lados. Luis Martínez Noval (el entonces secretario general de la FSA recientemente fallecido) y yo estábamos hasta el gorro", sin obviar la insinuación de que los máximos líderes nacionales de aquella época, Felipe González y Alfonso Guerra, le presionaron para que se mantuviera en el cargo y evitara al partido la humillación de reconocer con hechos una metedura de pata capaz de deteriorar la imagen 'centenaria'.

Habrá quien considere que con estas palabras el ex presidente del Principado ha aprovechado para hacer su particular ajuste de cuentas con su partido y sus antiguos dirigentes. Sin embargo, conociéndole desde hace algunos años, me quedo con el convencimiento de que es la expresión en voz alta y muchos años después del desánimo de un hombre que reconoció su responsabilidad principal en un error de grupo y que, a pesar de actuar de acuerdo a sus principios, acabó por sentirse muy solo.

Cuestión de confianza

Resultaba obvio que el quebrantamiento de la 'fidelidad' dentro del pacto de gobierno asturiano era un episodio que más pronto que tarde tenía que acontecer. Ayer, el Pleno de la Junta General del Principado acordó, con los votos a favor de Partido Popular y Foro y la abstención de Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia, la reprobación de la consejera de Bienestar Social, y lo hizo no por un aspecto puntual de su actuación, sino por el conjunto de su gestión. Algunos de sus socios ya se lo habían advertido a Javier Fernández con antelación. La sensibilidad existente en todos aquellos aspectos que dependen del departamento de Esther Díaz hacían que el recurso a los recortes de Madrid no fuera suficiente para mantener en la trinchera a las dos fuerzas políticas que apoyan al Ejecutivo. El 'estilo' de la consejera tampoco ha sido precisamente en este caso un paliativo para la disconformidad de  sus apoyos.

Pese a sus críticas, 'eco-comunistas' y 'magentas' no han querido hacer más sangre de la discrepancia y se han limitado a mantener un voto abstencionista que, si no ha evitado la reprobación de la representante del Gobierno, ha apartado cualquier impresión de debilidad en el pacto.

Más allá de la imagen que hayan querido dar unos y otros, la realidad nos indica que la normativa asturiana hace que tales desautorizaciones del Legislativo al Ejecutivo no tienen ningún valor práctico, como no sea el hipotético deterioro que la figura reprobada pueda echar sobre su trayectoria. Y tampoco este relativismo es nuevo. En toda la historia del parlamentarismo autonómico hay infinidad de casos de consejeros y altos cargos que han asumido la disconformidad de la Cámara como un 'gag' más del oficio sin trascendencia alguna. También es obvio que este escenario no es exclusivo del Principado de Asturias y que lo mismo ocurre en Andalucía o Navarra, en Galicia o Comunidad Valenciana.

Sin embargo, se me ocurre que la gestión en su conjunto de un miembro de un Gobierno autonómico tiene la suficiente trascendencia para que su reprobación fuera suficiente para que abandonara el cargo, bien voluntariamente, bien por decisión de quien preside el equipo. Supongo que los expertos en legislación administrativa me dirán que tal planteamiento es inapropiado y no responde a las elementales bases normativas de un parlamento. Y puede que sea así.

Partiendo de la manida frase de que los parlamentarios de la Junta General representan por encima de cualquier otra persona o institución el sentir del conjunto de los asturianos, si una mayoría de ese 'sentir' hace saber que alguno de los gestores no responde a tal voluntad, la puerta debería estar abierta para que se produjera la salida de esa o esas personas para dar paso a alguien que sí cuente con la mayoría del voto. Lo demás es lo normal, pero ello no quiere decir que sea lo adecuado. Dejar la permanencia de esos gobernantes a la voluntad exclusiva del presidente no me parece adecuado, aunque seguramente continuará así por los siglos de los siglos.

Desangelada efeméride

Cualquier efeméride, a priori, no pasa de ser una fecha más en el calendario, aunque acostumbremos a celebrar aquel hecho o persona que en ese día tienen un referente anual preferente.

En este contexto, la Junta General del Principado celebró este mediodía el trigésimo aniversario de la celebración de las primeras elecciones autonómicas en esta comunidad. Y lo hizo sin brillantez alguna, con austeridad dirían sus actuales representantes populares, sin apenas reflejo público, casi de puntillas, quizá por aquello de que los tiempos no están para celebraciones.

Una exposición con unos cuantos paneles alusivos y fotografías de estos treinta años de parlamentariismo regional y un par de vídeos insulsos sirvieron de introducción para quienes acudimos como invitados, unos en su condición de protagonistas de la actividad parlamentaria desde los albores de la institución, allá por 1983, y otros -como el que suscribe- por los muchos años de trabajo desarrollados 'al otro lado de la trinchera', como observadores o notarios de esa misma actividad. Después, una sobria intervención del actual presidente de la Cámara y un posterior 'vino español' en el que hasta los pinchos menudearon (otra muestra de la austeridad conceptual de sus señorías para lo que les interesa).

Más allá de las convencionales palabras de Pedro Sanjurjo, por las que transitaron algunos lugares comunes como la delicada situación esconómica y el lastre del paro, o la voluntad de corregir ciertas prácticas que escandalizan a la sociedad civil (¡Ya va siendo hora de pasar de las palabras a los hechos y no prolongar en el tiempo un debate gastado que únicamente parece tener como objetivo alargar hasta donde se pueda los privilegios ganados por los parlamentarios en estos últimos años!), más allá de tales asertos -digo- los corrillos que los precedieron y aquellos subsiguientes se dividieron entre las conversaciones de quienes ocuparon los escaños del Palacio Regional en las primera legislaturas y los que actualmente tienen tal responsabilidad. Ambos bien diferentes, con independencia del signo político de los invitados. Sus caminos solamente se cruzaron para resonder a la habitual educación o cortesía parlamentaria.

Los primeros, afeando -naturalmente en voz baja- las sumas que sus sucesores se están embolsando últimamente, recurriendo en muchos casos al término de "profesionalización", en la acepción más peyorativa que imaginar queramos, y rememorando las exiguas dietas, exclusivamente en los días de trabajo parlamentario y no todo el año, como son ahora los sueldos de sus compañeros y camaradas, para una etapa de actividad sin duda mucho más exigente y frenética, aquella en la que -como muchos recordaban- estaba todo por hacer.

Los actuales, por contra, se esforzaban en justificar la retribución por su ingente trabajo, a la vez que se hacían cruces ante la incompresión que les está demostrando la sociedad. ¿De verdad no entienden lo que pasa? Defienden, algunos, que son personas más preparadas que aquellos primeros 'padres de la patria', olvidándose de que los mismos suplían con creces su bisoñez con un ímpetu y unas ganas de abrir puertas que pocas veces después hemos apreciado.

En las mismas dependencias que compartían unos y otros y que servía de marco para esos "¡cuanto tiempo!", "¡cómo te va!" y cosas así, convivieron durante algo más de dos horas los protagonistas de los cabreos de los asturianos en estos momentos especialmente delicados y otros, teóricamente más próximos a los primeros, pero que transmitían, queriéndolo o sin querer, que su sitio está más cerca de los ciudadanos que de sus correligionarios.

Y si de presencias se trata, qué decir que las ausencias. Apenas algo más de medio centenar de ex parlamentarios y actuales diputados acudieron a la cita en el palacio de la calle de Fruela, de los algo  más de doscientos que lo han sido en estos treinta años. Algunas significativas ausencias "justificadas" no lograron obviar el sentimiento de que la desafección no corresponde únicamente al electorado. Dio la sensación, más bien, de que hubo un amplio grupo que prefirió desligarse de una casta 'intocable' con la que muchos de ellos optaron por no relacionarse. 

Al final, todos volvimos a casa y la desangelada celebración pasó a engrosar el fondo del cajón de la historia reciente de las instituciones autonómicas. Ahora, a esperar a los treinta y cinco y que sea en mejor situación.

¿Cocinero antes que fraile?

Asegura el dicho popular que no hay mejor desprecio que no dar aprecio. Y a ello me he aplicado en los últimos tiempos a la hora de valorar la reciente trayectoria y manifestaciones del líder de Foro Asturias Ciudadanos. De ahí, probablemente, la periódica reivindicación de algunos de los seguidores de esta tribuna reclamándome que en mis reflexiones haga alusión críticas a Francisco Álvarez-Cascos.

No entra dentro de mis planes cambiar esos planteamientos, aunque hoy no he podido resistir la tentación de pararme un instante ante la propuesta del partido del ex ministro de Fomento de incluir, dentro de la reforma del sector público, la supresión del Centro de Investigaciones Sociológicas, porque sus barómetros están "cocinados" y manejan la manipulación a la hora de referirse a las opciones reales de las siglas de dicha fuerza política.

Se trata de una acusación reiterada por parte de los partidos cuando no están en un gobierno y es más que probable que responda a una realidad manifiesta. Lo que ocurre es que nadie se cree que este organismo nacional haya derivado hacia el manejo y la tergiversación en el último año. Más bien habría que convenir en que si funciona tal y como señala Foro es porque así lo ha hecho desde sus albores o, al menos, durante un largo periodo de los últimos lustros.

Quizá el señor Cascos pueda sostener la aseveración de su partido basándose en su experiencia al ocupar las más altas responsabilidades en la Administración del Estado, lo que le hizo conocedor de las 'posibilidades' de arrimar el ascua a la sardina propia en los sondeos que se realizaban cuando ocupó la Vicepresidencia del Gobierno con despacho en La Moncloa. Dando por buena esta opción, cabría cerrar este breve comentario con otro viejo refrán: "El que ha sido cocinero antes que fraile, lo que pasa en la cocina bien sabe".

Una solución urgente

El embrollo en el que se metió en su día la Federación Socialista Asturiana al incluir en sus listas autonómicas a Francisco González, ex alcalde de Cudillero, lleva camino de convertirse ya en un culebrón que afecta seriamente al que debería ser funcionamiento ordinario de la Junta General del Principado. La precaria mayoría de sus compañeros de partido en el Parlamento hace que su situación de 'baja médica' haya equilibrado las fuerzas hasta configurar un reiterado empate entre la derecha (Foro y PP) y la izquierda 'reforzada' (PSOE, IU y UPyD), algo ejecutivamente irrelevante a la hora de trámites ordinarios, pero que no sirve para sacar adelante la necesaria producción legislativa.

Tras algo menos de un año, el presidente del Principado y su equipo de gobierno han logrado sacar adelante la normativa más relevante de la legislatura, los Presupuestos Generales del Principado, prueba de fuego que el pacto de gobierno solventó sin grandes problemas. Pero el tiempo pasa muy rápido y uno de los grandes compromisos de investidura de Javier Fernández, la reordenación del sector público regional, pide paso ya, a pesar de las sucesivas 'prórrogas' solicitadas en los últimos meses.

Hoy mismo, la Junta de Portavoces de la Cámara legislativa asturiana ha añadido "un par de semanas" a la ratificación parlamentaria de aquel compromiso, Y lo ha hecho porque el mencionado diputado socialista todavía no ha dicho la última palabra sobre si, después de acumular dos o tres imputaciones, está dispuesto a devolver su acta de parlamentario para permitir que otro compañero sin sombra de duda ocupe su asiento y devuelva la mayoría a la coalición de gobierno.

El portavoz socialista, Fernando Lastra, ha asegurado que, si se abre a González juicio oral en los próximos días, el partido exigirá a 'Quico' la dimisión, algo que debería haberse producido hace ya mucho tiempo, sin que ello implique privar de la presunción de inocencia al reiteradamente imputado.

El permanente recurso a ganar tiempo del grupo socialista desde que el ex regidor pixueto 'entró' en los juzgados ha dado pie a que sean muchos los asturianos a los que les asalta la sospecha de que todo este problema ya estaría resuelto si la FSA tuviera el convencimiento de que su parlamentario acata sin fisuras la disciplina de partido. Por contra, la prolongación aparentemente inecesaria del conflicto invita a pensar que, tras las bambalinas, hay una dura negociación interna entre los deseos de sus compañeros y su negativa a abandonar el escaño por las buenas.

"Un par de semanas" pueden no ser nada en el calendario legislativo del Principado, pero mucho más importante que el tiempo es el deterioro de la imagen de la propia Junta General que ofrecen sus protagonistas con episodios como el presente. Como en tantos otros aspectos de la política institucional, la relajación en la toma de decisiones únicamente contribuye a incrementar el descrédito de los protagonistas de la 'cosa pública'. Y acabar con ése descrédito sólo depende de la firmeza de quienes tienen en su mano la posibilidad de resolver los conflictos, algo que exige soluciones urgentes.

Salvapatrias

Que Asturias necesita algo diferente y que los últimos experimentos mejor hubiera sido hacerlos con gaseosa es algo con lo que resulta difícil estar en desacuerdo, salvo desde perspectivas partidistas o sectarias. En las conversaciones que a diario mantengo con amigos y compañeros salen a relucir los deseos de una amplia mayoría por encontrar esa llave maestra capaz de abrir todas las puertas de nuestras desdichas políticas y sociales para desterrarlas de una vez por todas. Pero, tras el habitual debate, ya sea reposado o encendido, según las circunstancias, la conclusión siempre es la misma: es el propio sistema el que falla y, si bien no todos son iguales, vale aquello de que, en definitiva, lo son "unos más que otros".

De un tiempo a esta parte, salvo algún ligero estribillo temporal, la canción para los asturianos es siempre la misma, como lo acaba de demostrar el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas en su apartado dedicado al Principado. Los recientes desafinados no pasan de ser una anécdota -desgraciada, pero anécdota- que poco cuentan salvo para dejarnos una pesada resaca.

Y cuando estábamos en aquello de que no hay dónde escoger, surge la sorpresa y aparece en escena un nuevo e inesperado personaje en la figura de Enrique Fernández Miranda, un exvicepresidente del Congreso de los Diputados  y ex secretario de Estado que ha sacado de la chistera sus genes asturianos para 'ofrecerse' como la solución a todos los problemas que en los últimos tiempos ha manifestado la derecha de este territorio y, por ende, a los de todos los asturianos.

Su puesta en escena ha tenido como maestro de ceremonias a mi querido y admirado compañero Andrés Suárez que, una vez más, ha mostrado su fino olfato para 'desnudar' a los personajes que entrevista y ponerlos ante el espejo de sus propias insuficiencias y contradicciones.

Es verdad que este hijo de un conocido procer ya había sonado en algunas ocasiones como posible alternativa al cartel electoral de su partido en anteriores citas con las urnas. Sin embargo, su perfil nunca llegó a dar la talla necesaria (incluso en el páramo 'popular' de bastantes de los últimos años), limitándose a retener la imagen del típico 'paracaidista' que nunca da el último paso para lanzarse al vacío (o no le dejan, que de todo hay).

Ahora, no se sabe muy bien por qué, se da una vuelta por la tierra de sus progenitores y lanza al aire su apuesta personal, por aquello de si cuela. El asturiano Enrique Fernández Miranda lleva ya muchos años en esto de la política y ha ocupado, como queda dicho, importantes cargos. Pues bien, en todo ese tiempo no recuerdo ni una sola iniciativa o una salida a la opinión pública en defensa de los intereses de esa comunidad a la que él parece estar diciendo que puede salvar de su 'indefensión'.

¿Por qué, pues, ese repentino altruismo? Eso él sabrá, aunque somos bastantes los que podemos imaginarlo. Y, por si fuera insuficiente, el ofrecimiento de su "experiencia personal, política y profesional al proyecto de centro-derecha en Asturias", no se olvida de colocar en el frontispicio de sus objetivos las políticas de su jefe de filas en Madrid, Mariano Rajoy, "una labor espléndida -en sus palabras-" de cuyos resultados en esta tierra ya tenemos demasiados y desgraciados ejemplos que se siguen acumulando cada día.

Solemos utilizar habitualmente esta palabra con un cierto carácter peyorativo, pero me parece que, después de conocer su 'programa', no resulta irrespetuoso calificar al señor Fernández Miranda de presunto "salvapatrias".

El ocaso del bipartidismo

Dentro del intenso seguimiento demoscópico que viene haciendo últimamente 'El País' sobre la evolución del criterio de nuestra ciudadanía con respecto a la política, le ha tocado hoy turno a tomar el pulso en la Comunidad de Madrid, auténtico buque insignia y bastión inexpugnable para el Partido Popular en los últimos tiempos.

El sondeo que el diario capitalino ofrece en su edición de hoy no hace sino constatar la desviación de voto que se manifiesta, estudio a estudio, tanto en el conjunto del Estado como en buena parte de las autonomías, de los dos grandes partidos políticos españoles a otros opciones hasta la fecha minoritarias, como IU o UPyD.

Como impresión inicial queda la caída en picado del PP, que después de muchos años pierde la mayoría en la comunidad. Es el fruto lógico de las políticas desarrolladas por la anterior presidenta, Esperanza Aguirre, reforzadas si cabe por su sucesor, Ignacio González, al calor de los continuados recortes sociales impuestos por el Ejecutivo de la nación, de su mismo signo. De esta tendencia se supone que participarán también otras de las autonomías gobernadas por los populares, pero también aquellas en las que, como en Asturias, hacen desde la oposición un seguidismo de sus 'superiores' de Madrid aprovechando torticeramente para descargar parte de sus responsabilidades en la fuerza o fuerzas políticas que gobiernan.

Si el Partido Popular no cambia sus políticas, y todo hace indicar que no tiene intención de hacerlo, llegaremos al final de la legislatura con un deterioro en la gestión tal que ni toda la palabrería de sus dirigentes va a poder frenar el rechazo de la ciudadanía. Muchos pensamos que, en una lógica estrategia de gobierno, Rajoy y los suyos pensaban descargar la tijera sobre los dos primeros años de mandato para lograr que en la segunda mitad los números les favorecieran, aunque fuera sin llegar tan siquiera al punto de salida. Desde el punto de vista de 'mercado' eso funciona normalmente. Los datos preocupantes que se van superponiendo con el día a día apuntan a que ese presunta mejoría del final de los cuatro años de gobierno solamente anida en la mente calenturiante de los responsables de los ministerios económicos.

Tan importante como el desplome del PP en la Comunidad de Madrid aparece en la encuesta de 'El País' el práctico empate que se produce con la caída notable del PSOE y el no menos notable crecimiento del voto de IU, que se sitúa a poco más de un punto porcentual y un diputado de sus 'camaradas' de la izquierda.

Mientras en Ferraz se afanan por elegir entre el el escenario menos malo y el peor (líder, primarias,...) el desfondamiento de la credibilidad socialista parece no tocar fondo, apuntando ya algunos observadores al famoso 'surpasso' por el que los eco-comunistas podrían convertirse en dos años en la referencia de la izquierda y la alternativa a las fuerzas de la derecha.

No por cuantitativamente menor resulta irrelevante el espectacular crecimiento del partido de Rosa Díez, al que el estudio da 16 diputados y le convierte en la llave de la gobernación en el territorio madrileño (¿les suena eso a los asturianos?).

A la espera de que el diario capitalino nos facilite otros estudios de nuevas comunidades o la evolución del voto en el ámbito estatal, deberían tomar buena nota esa orquesta de 'virtuosos' sin partitura, como alguien gráficamente ha descrito al equipo de Rajoy, o la jaula de grillos que se apiña en torno al raído liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba, de que los caminos que transitan no son los más adecuados para recuperar la confianza de los españoles y de que el bipartidismo está empezando a ahogarse en sus propios excrementos.

El diputado número 45

Una de las prácticas más recurridas por las fuerzas políticas, especialmente cuando gobiernan, es la del uso de la dilación para tomar aire o ganar tiempo antes de adoptar posiciones o tomar decisiones de relevancia. Y en eso está la Federación Socialista Asturiana (PSOE) desde hace ya muchas semanas ante el dilema que le ha planteado la imputación de su diputado regional Francisco González.

Desde que se hiciera pública tal condición por un presunto delito de cohecho durante su etapa de alcalde del municipio de Cudillero, sus compañeros socialistas han dedicado todos sus esfuerzos dialécticos a aplazar cualquier decisión sobre su posible abandono del escaño remitiéndose sucesivamente a los avances que tuviere la causa judicial.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha decidido abrir una pieza separada por un presunto delito de prevaricación contra el diputado regional por la contratación de policías locales durante su etapa de regidor del municipio pixueto.

Se trata de un paso más en la escalada de acusaciones, un paso que arroja una amplia cortina de sospechas sobre la actuación del popularmente conocido como 'Quico' y que convierte su situación de parlamentario en una patata caliente ante la que sus compañeros socialistas prefieren guardar silencio.

También ahora, los socios de gobierno del partido mayoritario, Izquierda unida y Unión, Progreso y Democracia, han reforzado sus peticiones a Javier Fernández para que él mismo y su partido cojan al toro por los cuernos y resuelvan una situación que empieza a hacerse insostenible.

La salida solamente parece ser una y no es otra que la renuncia de Francisco González al escaño de diputado. El aplazamiento de la misma, más allá de las intenciones personales del interesado, únicamente contribuye a entopecer la labor parlamentaria de una mayoría exigua basada precisamente en la supremacia de un voto y a desplegar sobre la formación política un velo de sospechas sobre los posibles miedos que la misma pudiera tener a la reacción de su diputado de ser obligado a renunciar.

Desde que se hicieran públicas las primeras sospechas de la existencia de un delito en la persona del ex alcalde de Cudillero, la dirección de su partido anunció contundentemente su objetivo de hacerle dejar el escaño en el Parlamento autonómico en el caso de que fuera imputado. Confirmada tal condición, aquella fortaleza se relajó a la espera de acontecimientos en el proceso judicial, que ahora amenaza con sumar una segunda imputación.

Parece que el tiempo se les acaba a los socialistas, aunque los otros partidos que les sostienen en el Gobierno no han optado hasta ahora más que por la petición, que no la exigencia, para que el grupo mayoritario resolviera la situación medienta la salida de González y su relevo por el siguiente en la lista de las pasadas autonómicas, devolviendo la "normalidad" institucional a la Junta General.

La reiterada recurrencia a la segunda votación en el Pleno de la Cámara ante los repetidos empates es, como dijo el portavoz socialista, Fernando Lastra, una mera "incomodidad" sin mayor trascendencia. Algo que cambiará muy pronto cuando una iniciativa tenga rango de proyecto de ley (el de la reordenación del sector público regional) y se precise de una mayoría que el Ejecutivo no tiene sin su encausado diputado.

Pero por encima de los inconvenientes institucionales se sitúa la imagen que una situación como la actual traslada de la propia institución legislativa. La salida es obvia y afrontarla con dignidad es el único objetivo que debían plantearse ahora el PSOE y sus socios de gobierno. Dejar que el tiempo emponzoñe dicha imagen solamente provocará malos olores.