Estamos en vísperas electorales y, desde hace unos días, los escándalos de la llamada clase política han vuelto a presidir las informaciones de relevancia en este territorio. En esta ocasión, por añadidura, han sido imputados nada menos que 22 cargos públicos o institucionales, fundamentalmente alcaldes y concejales de todo signo y diferente procedencia.
Hace tiempo que andaba rondando por ahí la constatación de una práctica habitual de la empresa Aquagest, la de hacer regalos e invitar a viajes pagados a ediles de diferentes concejos, incluso de algunos con la que no mantiene relación comercial alguna.
La conocida como "trama del agua" había sembrado sospechas en un buen número de puntos del territorio asturiano, pero solamente en estos últimos días hemos tenido conocimiento de la decisión judicial de considerar a esa veintena larga de políticos imputados por presuntos delitos de fraude, cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
La noticia ha caído como una bomba en el seno de PSOE, PP y Foro, que consideran un serio inconveniente la aparición de los nombres de sus cargos públicos en un momento en el que sus respectivos aparatos se hallan embarcados en la preparación de la inminente campaña.
De momento, quienes han tomado la iniciativa de salir al paso de su imputación han sido, esencialmente, los propios implicados, toda vez que algunos ocupan o han ocupado cargos de relevancia en algunos de los principales consistorios de Asturias.
Resulta cuando menos curioso escuchar los argumentos de algunos de los señalados, que apelan a su honradez y buscan la manera de relacionar viajes pagados por la empresa de gestión del agua con su actividad institucional. Incluso, provoca carcajadas escuchar a más de uno afirmar que sus viajes de ocio se los paga de su bolsillo. ¿A qué me recuerda esto? Sí, hombre, a ese presidente de Extremadura que cargaba al erario público el coste de sus traslados a Canarias para ver a una amiga del alma. O el de los trajes a coste cero. Nadie los creyó entonces y resulta muy difícil que sea diferente ahora. Sobre todo si quienes en estos momentos argumentan tal son los del mismo signo que en esas otras ocasiones aprovecharon para arremeter contra los rivales.
Entre tanto, los señalados por el dedo de la ley se rasgan las vestiduras y ponen el grito en el cielo en defensa de su "honorabilidad", pero muy pocos han sido capaces de argumentar razonadamente la relación contractual que les ligó a Aquagest en sus respectivos casos.
Dirán muchos que se trata de calderilla, que se magnifica el alcance del presunto delito; incluso, habrá quien para disipar dudas intentará devolver de su bolsillo aquellos importes "menores". Probablemente, también, la cosa no pase a mayores y acabe diluyéndose en un proceso largo y tedioso; probablemente, buena parte de los imputados acaben exonerados legalmente de los delitos que se les atribuyen. Lo que no podrán evitar los señalados es que, ante la ciudadanía, vuelvan a dejar patente la facilidad con que muchos políticos están dispuestos a abusar de su condición de cargo público para conseguir beneficios colaterales a sus emolumentos ordinarios, en forma de regalos o invitaciones.
Son cuatro perras, clamarán. Posiblemente, pero es que ahora esta "casta" está dispuesta a reclamar hasta por el precio de unos cojines. Los cojines de Asturias.
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