Subvenciones inaceptables

Desde hace ya varios años afrontamos cada día, por las mañanas, con el convencimiento de que entre las noticias de última hora nos vamos a encontrar, a buen seguro, alguna o algunas que van a herir nuestra sensibilidad, que nos van a irritar, que van a sacar a la luz nuestros deseos de 'venganza'. Pasa cada jornada pero, cuando creemos que hemos llegado al límite, siempre aparece algo capaz de generar una mayor agresividad en el ciudadano.

El de hoy ha sido uno de esos, cuando he leído en la primera página de "El Comercio" que el Principado da a Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras y la Federación Asturiana de Empresarios más ayudas que a los centros de investigación. Algo capaz de hacer montar en colera a cualquier asturiano con dos dedos de frente.

Pone la noticia el dedo en la llaga de una práctica que se remonta prácticamente al inicio de la presente democracia y que se ha ido institucionalizando a través de sucesivos acuerdos de rimbombantes nombres firmados por los respectivos gobiernos, los sindicatos mayoritarios y la patronal. Los datos no se los ha inventado ningún grupo opositor, ni pertenecen a la libre interpretación de los 'enemigos externos'. No. Están recogidos en papel oficial, el de la Ley de Presupuestos Generales del Principado para el presente ejercicio económico y arrojan 450.000 euros de subvención a cada uno de los mencionados agentes sociales (casi millón y medio de euros en total) frente a los 1.130.000 consignados a las principales entidades que desarrollan la I+D en la región.

Como digo, la cosa no debería extrañar a nadie, ya que se trata de una práctica habitual de todos o casi todos los gobiernos que en Asturias -y fuera de Asturias- han sido y son. Sin embargo, como tantos otros guarismos de los dineros públicos cobran un mayor significado cuando se ponen en relación con otras cifras del mismo documento, como es el caso comentado. Y encorajinan aún más, si cabe, cuando se da lectura al epígrafe bajo el que se recogen en las Cuentas regionales: "Participación institucional".

Nadie pone en duda que el edificio social de un país democrático precisa de la existencia de sindicatos y que, en contrapartida, debe haber enfrente una agrupación organizada de los empresarios que completan el marco del diálogo social. La cosa se complica cuando se analizan este tipo de ayudas (perfectamente legales y recogidas en todas las normativas al efecto) y la falta de control que sobre las mismas existe. Máxime si se ponen en paralelo con ese otro "instrumento" que han sido los fondos de formación, que están bajo sospecha permanente aquí y en todas partes, aunque a veces nos olvidemos, sobre todo por el ruido evidente de los EREs andaluces. Como a los partidos políticos, a las vías de financiación de sindicatos y patronal les acompañan muchas dudas que sería preciso despejar de una vez por todas. Los presupuestos públicos no pueden recurrir a ese paraguas para consolidar a organizaciones que deberían sostenerse por sí mismas o, en todo caso, percibir subvenciones para asuntos específicos y urgentes de carácter finalista y con una ejecución transparente. No suele ser este el caso.

Decía antes, y me ratifico en ello, que estas líneas de ayudas han significado un importante grifo de millones para los agentes sociales. Lo han sido; y han sido, también, un flotador para los gobiernos que los han concedido, que se han servido de ellas para 'domesticar' a sindicatos y patronal, incapaces de morder abiertamente la mano que les alimenta. eso y la inclusión de sus dirigentes en tantos y tantos viajes institucionales que jalonan la historia de la autonomía.

Sé que lo que acabo de decir es "políticamente incorrecto" y que levantará ampollas en algunos de mis hipotéticos lectores afectados directamente. No importa.

Quizá en los años de bonanza este tipo de actuaciones podrían ser relativamente consentidas y muchos habrán mirado para otro lado. Pero ahora, cuando esa etapa ha finalizado y es preciso recontar cada partida para ofrecer esos buenos servicios a la ciudadanía de los que se presume, poner en negro sobre blanco la aportación "institucional" y situarla en consonancia con las ayudas a la investigación de fundaciones (con participación total o parcial de capital público) no son sino una muestra palpable de una mala gestión de un Ejecutivo, sea del signo que sea.