El disparate catalán

¿Aceptamos el Estado o no? Esta es la pregunta que corresponde hacerse a raiz de la polvareda levantada en los dos últimos días después de la filtración -con todos los visos de corresponderse con la realidad- de una inmediata decisión del Tribunal Constitucional sobre los recursos -no hay que dirigir todos los dardos contra el PP, promotor del más amplio y relevante, ya que también han tomado la iniciativa dos comunidades autónomas y el Defensor del Pueblo-, que no recurso, contra el contenido del nuevo Estatuto catalán. Una decisión que retiraría del texto aprobado por el Parlamento y ratificado en referéndum en Cataluña una buena parte de los signos "identitarios" logrados en arduas y prolongadas en el tiempo negociaciones de los dirigentes políticos de la mayoría de los partidos políticos de esa comunidad, socialistas incluidos.
Parece claro que, de confirmarse lo adelantado por 'El País' el pasado domingo al Título Preliminar del estatuto no lo reconocería "ni la madre que lo parió". Exclusión del término nación, rechazo al "deber" de conocer el catalán o negativa a admitir los "derechos históricos" son algunos de los ejemplos definitorios de que el texto que la Generalitat viene ya desarrollando desde hace tiempo puede quedar rebajado de categoría en aspectos de difícil digestión para el nacionalismo, incluyendo en el mismo al mismísimo PSC de José Montilla.
Buenos conocedores de la capacidad del medio informativo citado para acceder a la fuente clara, aunque el debate se encuentre oficialmente todavía abierto en el seno del Constitucional, todos los grupos políticos catalanes, excepción hecha -obviamente- del PP, se han aprestado a salir a la palestra para vaticinar con más o menos bravuconería que una decisión contraria a su Estatuto abriría la puerta a cualquier tipo de "rebelión" que alcanza, en algunos casos, a la advertencia de un posible argumento para cuestionarse la pertenencia de Catalunya al Estado español.
Al margen del mal papel en el que quedarían buena parte de los promotores del texto que desde hace años discute el más alto tribunal, lo verdaderamente preocupante es el sustrato que se deriva de las declaraciones de Montilla, de Carod-Rovira, de Mas,...: sólo admito la autoridad del órgano decisor de se pronuncia en una determinada dirección, la mía. En caso contrario, "la montamos" y "aquí puede pasar de todo". Como decía al principio, lo que realmente está en cuestión con este tipo de posicionamientos es la aceptación o no del Estado y su distribución de poderes, un tema que, por desgracia no es la primera vez que se plantea en "nuestra consolidada democracia". Si se rechaza ese campo de juego, no hay partido y entonces tendremos que empezar a plantearnos de nuevo todo desde el principio, empezando por la propia Constitución, herramienta básica que ha servido al país para avanzar armónicamente durante más de treinta años. Y no es que la Carta Magna tenga que ser intocable; eso lo admiten todos los partidos del arco parlamentario. La cuestión es si se afronta su reforma con criterios de racionalidad y de prudencia o si, por el contrario, como parecen apuntar algunos, hay que lanzarle un torpedo a sus cimientos y esqueleto sostenedor del cuerpo legislativo global, opción que tiene muy poco de democrático y puede retrotraernos a las cavernas del tardofranquismo y los balbuceos de una salida de la dictadura.
No me sorprende que arrecien las llamadas a la prudencia, aunque conociendo a buena parte de los protagonistas hay motivos más que suficientes para estar preocupados.
Cuestión aparte es que el órgano que tiene en este momento la responsabilidad de pronunciarse lleve años sumido en una situación de enfrentamientos y conjuras internas que han contribuido a dar armas a sus detractores para poner en duda su "credibilidad". Pero aunque sus integrantes son magistrados con una "probada solvencia" para dar cuerpo a la última instancia jurísica del Estado, no hay que olvidar que son las mismas fuerzas políticas que ahora se quejan de los retrasos, de las indecisiones, de los pronunciamientos los que se han encargado desde siempre de asegurarse que, a pesar de la consagrada separación de poderes, tienen vara alta para decidir -repartirse- quiénes van a estar ahí, dejando en muchos casos marcadas a fuego sobre sus espaldas unas siglas partidistas que son las que verdaderamente contribuyen luego a dar motivo a la duda sobre su independencia.
O se acepta pulpo como animal de compañía o me llevo el juego, parece que es la consigna que corre en estos momentos por la clase política catalana, capaz de recurrir en ciertos casos a argumentos "jurídicos" peregrinos para justificar su anunciada beligerancia. Pues no, las reglas son para todos o estamos hablando de cualquier cosa menos de democracia.
Y todo ello sin olvidar que, todos estos años de retraso en una decisión que ya debería conocerse hace tiempo si no fuera por el "miedo" que todavía representan en este país los nacionalismos, minoritarios en el conjunto del país, todo ello -digo- sin olvidar que la falta de una decisión sobre el Estatuto catalán ha ralentizado, cuando no paralizado, el desarrollo de idénticas normas para otras muchas comunidades autónomas, todos pendientes del camino que marquen -como antes en la financiación- los todopoderosos catalanes.