El ejemplo más reciente lo hemos vivido con estupefacción en estos últimos días a propósito del periodo abierto para la presentación de solicitudes para albergar el futuro gran almacén central de residuos nucleares del país. Han sido jornadas en las que hemos contemplado el enfrentamiento entre municipios, de éstos con sus comunidades autónomas y de los principales responsables de las mismas con el propio Gobierno de la nación, y todo ello por encima de la gresca de las siglas políticas: populares contra socialistas, populares contra populares y socialistas contra socialistas. Barones del PSOE no han tenido pelos en la lengua para plantarse ante el equipo de Zapatero, dentro del PP sus ediles desafían las orientaciones de sus dirigentes regionales o nacionales. En fin, una batalla, por el momento sólo dialéctica, que ha mantenido un espectáculo lamentable y, lo que es más sorprendente, para quedarse con las basuras de las centrales nucleares. Claro que no se trata de que los alcaldes quieran esos residuos para sus territorios, sino de las promesas de ayudas millonarias y de empleo que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa para aquellos que acepten cargar con el muerto; unas promesas, por cierto, nunca cuantificadas con rigor y siempre ofrecidas de palabra.
De esta manera, lo que representa un tema de vital importancia para el conjunto del país, se ha visto, por obra y gracia, de unos planteamientos inaceptables, convertido en una verdadera subasta en la que han llegado a la recta final al menos una docena de municipios, algunos a última hora, con nocturnidad y alevosía, sin consultar siquiera a los principales interesados, los ciudadanos. Veremos ahora, con esa lista de esperanzados receptores de Mr. Marshall, como resuelve la puja el Ejecutivo que, si bien dispone de muchas más alternativas de las que el más optimista de sus miembros hubiera podido esperar, tendrá que optar y tomar una decisiçon, una decisión que, al margen de la polémica nacional y partidista, creará un profundo malestar y reacciones en contra del resto de los aspirantes.
La fórmula, creo, no se sostiene por mucha democracia que se le quiera echar al asunto. Parece que lo lógico es que un tema de Estado no se deje al juego de las necesidades de muchos pequeños municipios que, en plena crisis económica, ven cómo les ponen delante un 'pastel' capaz a priori de resolver sus principales problemas financieros. Mejor hubiera sido que, como en tantas otras cosas, una decisión de tal calado se hubiera afrontado desde arriba y con la búsqueda del consenso entre los grandes partidos -ya sabemos que esos acuerdos hoy en día cuestan más que un viaje turístico a la Luna- y los colectivos sociales especializados en temas medioambientales. De esta forma, con voluntad y esfuerzo, se hubiera podido alcanzar un acuerdo que, si bien nunca iba a contentar a todos, tendría un apoyo sólido, toda vez que los grupos ecologistas e Izquierda Unida ya han aceptado que el almacén nuclear tiene que existir, aunque no dónde. De esta manera su hubiera evitado el 'show' de los 'paisanos' de una docena de pequeñas localidades dispuestos a recoger la 'mierda' y enfrentarse en muchos casos a sus propios partidos, a cambio de dar una aire de esperanza económica a sus vecinos. Pero tales planteamientos serían un milagro en la permanente improvisación de un Gobierno que ha preferido jugar a la subasta porque les resulta, en principio, más fácil que ejercer una verdadera gestión propia de un poder ejecutivo estatal.