Mientras PSOE y PP se entretienen en estas fechas en la búsqueda de un pacto nacional -¿por qué será que cada vez que oigo este término me entran escalofríos- por la Educación, uno no deja de sorprenderse día a día de los derroteros por los que desde hace años avanza el sector. Atrás quedaron las sucesivas medidas 'encaminadas' a combatir el fracaso escolar, un conjunto de iniciativas que, en líneas generales, han llevado al común sentido general de la ciudadanía de que la forma más rápida de obtener ratios de aprobados es rebajar el nivel educativo, suprimir el obstáculo de los suspensos para avanzar en la formación escolar, aumentar los 'derechos' del estudiante en detrimento de su formación final, para obtener así unos resultados que nos sitúen - aunque sea a base de falsear el trayecto- en niveles de los países desarrollados de nuestro entorno.
Por cada una de las medidas de ese compendio puesta en marcha llegábamos al convencimiento de que nuestra capacidad de asombro ya no podía ser superada. La ESO logró convertirse en sinónimo de devaluación de los niveles educativos, en una especie de paso que, dada la obligatoriedad de cursar la Secundaria, había que facilitar aunque para ello hubiera que rebajar las obligaciones a niveles vergonzosos. Aunque sin llegar a esos niveles de depreciación, la tónica siguió para el Bachillerato y en los últimos años a las pruebas de aceso a la Universidad, cada vez menos exigentes, con el consiguiente resultado de superar curso a curso el porcentaje de aprobados hasta rozar niveles 'a la búlgara'. El sentimiento extendido es que vamos camino del hipotético objetivo del aprobado general, algo difícilmente asumible desde la racionalidad, por mucho que los baremos se vayan reduciendo.
Esta política se encontraba, al final, con el grave obstáculo de una Universidad que, con sus más y sus menos, mantenía criterios más conservadores, conscientes sus responsables de que los profesionales que acabaría por preparar estarían en condiciones de salir al mercado con una formación aceptable. Las 'rebajas' de la Secundaria traían como consecuencia los 'tortazos' universitarios, algo que hizo a los responsables políticos plantearse llevar a la institución académica una cierta relajación que se acomodase a los planteamientos a los que se había adaptado a los chavales hasta entrar en esa nueva etapa.
Ese sentimiento no ha calado hasta ahora, en líneas generales, en la Universidad, aunque bien es cierto que, facultades y escuelas aparte, o dejando de lado a profesores inflexibles hasta la obstinación, el espíritu de poner las cosas cada día más fáciles ya pulula por las vetustas aulas, más bien fruto de presiones superiores que de los propios profesores.
En estas circunstancias era de esperar que en algún momento nos encontráramos con un aldabonazo que puede marcar un antes y un después en el marco de las más elementales normas universitarias y ha venido a darlo la Universidad de Sevilla, cuyos responsables, en un reglamento de pomposo y largo nombre que ahora no recuerdo, han elevado a categoría de práctica legal el copiar en los exámenes. El equipo rectoral andaluz ha puesto por escrito que un alumno tiene derecho a completar su examen -¡faltaría más!- y que ningún profesor se lo puede impedir por mucho que copie, intercambie conocimientos con el de al lado, utilice 'chuletas' o lo que sea; menos organizar un escándalo y agredir al profesor todo es válido para completar la demostración por escrito de sus conocimientos. Eso sí, como todo tiene que tener algún límite, ese comportamiento podrá merecer un informe por escrito del profesor correspondiente que evaluará una comisión paritaria de tres alumnos y tres docentes, que disponen de un mes para dar una solución al problema. El reglamento en cuestión tiene una larga serie de 'perlas' que los interesados pueden conocer a través de internet y que no me voy a explayar en exponer aquí. Baste decir que este tipo de barbaridades se comentan por sí solas y que nos ponen en el camino de una educación donde aquel que trate de hacer un esfuerzo probablemente se convierta en el blanco de las mofas de sus compañeros. ¿Para que estudiar si hay un gran interés en que todo el mundo apruebe, aunque sea por procedimientos absolutamente ilegales y fraudulentos? Vamos de una vez por todas a por el aprobado general. ¡Lástima que los responsables políticos no se planteen lograr también otro pleno, el del empleo; por cierto un derecho constitucional y un compromiso programático de las principales fuerzas políticas de este país. Entre tanto, que socialistas y populares gasten sus energías y el dinero de los contribuyentes buscando un pacto que se centre en si se puede ceder -el PP- y aceptar que, si ellos ganan, no se suprime Educación para la Ciudadanía u otras cuestiones más teóricas que prácticas. El único pacto es el de devolver la racionalidad a la educación, base sobre la que se sustenta todo el futuro de un país y recuperar el equilibrio de deberes y derechos de docentes y discentes. Por ahora, la balanza se inclina progresivamente hacia un sobrepeso de crecimiento exponencial de los 'derechos' de los estudiantes, mientras en niveles parecidos se incrementan los 'deberes' de los profesores. Cuando se acaben por perder los papeles de cada cual será demasiado tarde.
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