Voracidad recaudatoria

A estas alturas de la película ya nadie duda de que las administraciones públicas locales y autonómicas están pasando tan mal la crisis económica -en lo que a sus funciones de gestoras públicas se refiere, no tanto en las seguridades remunerativas de quienes las representan políticamente- como buena parte de los mortales. "No hay un duro" es la frase más repetida por el funcionariado, aunque sea siempre en voz baja no vaya a ser que se molesten los 'jefes'.
El principal problema, y para esto no hace falta ir a estudiar a Harvard, es que los ingresos se reducen progresivamente ante la falta de cotizantes activos y para ello hay que recurrir a nuevas fórmulas recaudatorias. Parece claro que en el tema de los impuestos ya no se puede tirar más del 'tetu de la vaca' y por eso hay que aguzar el ingenio para buscar otras fuentes de recaudación que el Estado tampoco está en condiciones de facilitar.
En el caso concreto del Ayuntamiento e Gijón, sus responsables ya han anunciado que este año habrá congelación de impuestos, tasas y precios públicos, excepción hecha del Impuesto de Bienes Inmuebles -lo que vulgarmente siempre conocimos como Contribución-, que tendrá una subida de un nueve por ciento, aunque bien defendida por el previo 'catastrazo' que ha dado lugar a la subida de valores de los citados bienes. Y como el responsable económico del equipo municipal no está dispuesto a emular al 'sheriff' de Sherwood para salir lanza en ristre a esquilmar a los ciudadanos, se han buscado -como siempre ocurre en épocas de vacas flacas- al ingenio para enontrar recursos como sea.
La última idea genial es el establecimiento de sanciones a aquellos gijoneses que no arrojen sus basuras a los contenedores en el periodo establecido para ello, de nueve a once de la noche, una práctica que si bien tiene una base indiscutible de civismo, hasta la fecha se la han pasado por la entrepierna usuarios y autoridades. Sin entrar a considerar que un horario tan estricto es el mejor para una gran mayoría, pero prácticamente imposible de cumplir para quienes desempeñan algunas profesiones, parece obvio que la medida tiene como objetivo principal el recaudatorio. Y para ello, se ha creado la figura del inspector cívico, por el momento cuatro personas que se encargarán de perseguir por Gijón a quienes circulen con sus residuos orgánicos con objetivos de deshacerse subrepticiamente de ellos fuera del horario establecido.
Dejando de lado qué van a hacer sólo cuatro personas en una ciudad del tamaño de la nuestra, parece obvio que investirles de la autoridad precisa para ejercer sus funciones va a exigir algo más que un papel con la firma de un papel oficial del concejal de turno. ¿Cómo van a obligar al infractor a identificarse y a pagar la multa? ¿Irán acompañados por un agente de la Policía Local, como tuvo que hacerse con la polémica de las sanciones de la ORA? Sinceramente, me parece que la nueva fuente recaudatoria tiene poca consistencia y dice poco de sus promotores, sobre todo si se tiene en cuente precisamente el antecedente de la medida sobre pago de aparcamiento en las calles a la que antes me refería. Claro que siempre hay alguien que se asusta ante la 'autoridad' y paga. Serán pocos, pero menos da una piedra.