Puede que sea una de esas malas pasadas que nos juega la ley de probabilidades, pero el caso es que, en un escaso margen de tiempo, hemos asistido a varios casos de políticos situados en diferentes estratos de las instituciones y aledaños 'pillados' al volante con tasas de alcoholemia bastante por encima de las permitidas. En el caso de Asturias, el hecho más relevante lo ha protagonizado el alcalde de Siero, José Luis Corrales, quien hace ya unos cuantos días tuvo un espectacular accidente con su coche oficial y en el control correspondiente triplicó el máximo permitido por la ley de alcohol en la sangre. El incidente le costó la renuncia al cargo.
Pocos días después, otro veterano socialista, Francisco Villaverde, fue el protagonista de un caso similar. El tratamiento mediático fue bastante diferente, quizá porque no es lo mismo ser regidor que responsable de una empresa pública del entramado de la Administración regional de Areces. En este caso, parece ya evidente que también el implicado conducía un vehículo oficial, aunque algunas informaciones oficiales facilitadas han tratado de suavizar el conflicto poniendo en duda si el coche era del patrimonio público o privado.
El tercer caso se produjo en Madrid y fue el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Nacho Uriarte, el que repitió papel, aunque en esta ocasión si que se trataba de un vehículo privado el que conducía. Esta atenuante quedó anulada dada la condición de diputado del responsable de la organización juvenil de los populares y -ésta es la clave- miembro de la comisión de Seguridad Vial del parlamento de la nación.
Queda constancia de que la representatividad y las condiciones de los hechos no son iguales. Sin embargo, en lo que al principado se refiere parece obvio que nadie ha tenido la mínima intención de frenar el "escándalo" en el caso de Corrales, incluidos sus propios correligionarios que, no en vano, controlan la Administración Pública competente. El ya pronto ex alcalde de Siero tenía una cuenta pendiente por saldar con los dirigentes de su partido en el municipio y con la dirección regional de Javier Fernández. Quizá alguien lo haya olvidado, pero en 2006, a raíz de la elaboración de las listas para las elecciones municipales y autonómicas, y sin mediar aviso, el PSOE anunció que su cabeza de lista en Siero sería el diputado regional Faustino Álvarez. Corrales reaccionó y planteó su candidatura, obligando a sus superiores a unas primarias que ganó. Se ha hablado mucho de la desaparición de las 'familias' en el PSOE asturiano desde la llegada de Fernández a la secretaría general, pero aquel enfrentamiento fue una muestra palpable de que ese problema no estaba exactamente erradicado. Tanto no lo estaba que, a raíz de la renuncia -probablemente empujada desde arriba- de Corrales, ya se ha vuelto ma abrir la espita y vuelve a repetirse la historia con un candidato 'oficial' y otro apoyado -¿adivinan por quién?- por el sector del SOMA. En fin, que el problema no es sólo la grave infracción de Corrales, sino un trasfondo que huele un poco a podrido.
Al margen de las circunstancias políticas citadas, lo cierto es que parece que a los políticos, propagandistas de la tolerancia cero en lo que a combinar alcohol y volante se refiere, se les está yendo la mano a la hora de dar mal ejemplo. Justificar cualquiera de esos casos, como pasa en numerosas ocasiones- no debería tener fundamento alguno. la ley -no debería ser necesario ni mencionarlo- es igual para todos, y los que la redactan y la aprueban deben ser todavía más respetuosos con sus contenidos.
He hablado de casos recientes y próximos, pero para quien se quiera documentar sobre otros muchos -muchos- que se han producido -¡y los que no llegaremos a conocer!- les recomiendo una información que hoy recoge 'El País' en su edición digital -en la de papel yo al menos no la he visto-. Es una relación de infractores con cargo que, en la mayoría de los casos, se han justificado o los han justificado con cosas que creíamos ya olvidadas, como el "usted no sabe con quién está hablando". Leenla y diviértanse.
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