A medida que transcurren los meses (los años se podría decir) se acumula la exigencia de responsabilidades a los sucesivos gobiernos autonómicos presididos por Vicente Álvarez Areces. Responsabilidades política, eso sí, porque las judiciales son más complejas y llevan otro 'timing'.
Todavía ayer, el presidente del Tribunal de Cuentas del Estado, en su comparecencia ante el Parlamento de la nación para explicar las irregularidades apreciadas en la contratación de personal por dicho organismo, volvió a dejar claro que una cosa es la legalidad y otra bien diferente el posible abuso que la normativa vigente concede a las instituciones.
Si hasta la fecha el conocido como 'caso Renedo', o 'caso Marea', o 'caso Riopedre', puso sobre el tapete las prácticas ilegales y, sobre todo, nulamente éticas, de una serie de personas relevantes de la Administración socialista de Areces, ahora le ha tocado el turno a otra de las patatas calientes sobrevenidas de aquellos años de dispendio. Me refiero a todo lo relacionado con la puesta en marcha y gestión del Centro Niemeyer, de Avilés. Mientras en el ámbito judicial el asunto sigue su curso, la comisión creada en la Junta General del Principado para investigar los pormenores de lo que ha terminado presentándose como un monumental chanchullo finalizó su tarea con una inculpación directa al entonces presidente del Principado, a su consejera de Cultura en aquel momento y a la todavía alcaldesa de Avilés, además de los gestores directos (director y secretario) y otros tres cargos públicos del Principado de segundo nivel.
La responsabilidad política está más que clara para la mayoría del arco parlamentario, excepción hecha del PSOE, que intenta vadear como puede las turbulentas aguas de su anterior paso por la administración autonómica. Estoy más que convencido de que a los Javier Fernández, Fernando Lastra y compañía les gustaría haber podido pasar página y no tener que dar la cara por alguien que ya no es 'uno de los suyos' por mucho que se empeñe en mantenerse en la foto. Ya ocurrió con el 'caso Renedo' y no sería de extrañar que la historia tenga que repetirse. Son servidumbres obligadas de atecharse bajo el mismo paraguas de unas siglas.
Se dirá que se trata de escaramuzas políticas y que, como tales, están condicionadas por la consustancial lucha por el poder. Y no es mentira. Lo que ocurre es que también parece evidente que los administradores deben dar cuenta de su actuación y cuando ésta transmite más sombras que luces estas 'sentencias' políticas calan en la ciudadanía y en el electorado.
El 'caso Riopedre' y el 'caso Niemeyer' son, en todo caso, dos hechos puntuales muy graves que indican lo que puede ser el ejercicio nepótico de un gobierno. Pero no los únicos. Tradúzcanse o no en nuevos procesos, políticos o judiciales, los doce años de gestión de los diferentes ejecutivos de Álvarez Areces han dejado tras de sí otros muchos conflictos que apuntan una dudosa ética política: los sobrecostes de las obras de ampliación del puerto de El Musel, el faraónico proyecto para la Universidad Laboral de Gijón, el sobredimensionamiento de la radio y televisión pública del Principado,.... En fin, un rosario de presuntos abusos (aunque no ilegales, se supone) que hacen pensar aquello de que "Algo huele a podrido en el arecismo".
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