Menuda sirvengonzonería

La primera página de 'El País' en la edición impresa de la jornada que acaba de terminar me 'descubre' -ya debería saberlo, pero esa parte de la normativa se me escapó cuando fue aprobada en el Parlamento- que la última reforma de la ley electoral impone a las televisiones privadas criterios de proporcionalidad similares a los que hasta ahora tenían las públicas. ¿En qué se traduce eso? Pues nada más y nada menos en que, cuando se de el pistoletazo de salida a la campaña para los comicios del 22 de mayo, todas esas empresas no sujetas a la condición de servicio público deberán olvidarse de cualquier criterio informativo a la hora de organizar debates o de dedicar los tiempos de sus telediarios a tal o cual formación política para atenerse simplemente a la ley del reloj.

Este cambio indignante, que cuando menos roza lo inconstitucional y que atenta contra los cimientos básicos de la libertad de expresión, está naturalmente apoyado por los partidos mayoritarios, fundamentalmente el PSOE y el PP, que son incapaces de ponerse de acuerdo sobre si en un momento determinado es de día o de noche, por no mencionar ya en los principios en los que el interés general debería imponerse a los meramente partidistas, pero que cuando se trata de repartirse la propaganda -con mayúsculas-, que no la información, pueden unir sus fuerzas para comerse entre ambos el pastel y dejar a otros algunas migajas cuando no negarles el pan y la sal: " A esos ni agua", deben pensar al unísono.

Cuando esos criterios se aplicaban solamente a los medios de titularidad pública siempre me pareció que lo del interés general era un argumento cuestionable. "Tiene que haber alguno", se dijo siempre y "el elegido es el más racional", dejando en entredicho, a mi modo de ver la profesionalidad de los periodistas que trabajan en esos medios; como si hubiera dos categorías y a los de las públicas se les considerase una casta inferior. Sin embargo, la generalización actual a todos los medios audivisuales no solamente elimina esa injusticia sino que recurre al viejo lema de los mediocres de igualarnos a todos por abajo, o sea, amordazar aún más a los medios de comunicación, ampliando la nómina de estos, cuando se trata de 'vender' el producto falsificado que esas poderosas fuerzas políticas acostumbran a sacar al mercado cuando las urnas están cerca.

Además de coartar absolutamente la libertad informativa, existe en la ley electoral, ahora ampliada por la reforma electoral aludida, un elemento que generaliza un criterio de reparto de espacios electorales basado en los resultados de la anterior convocatoria, es decir en lo que decidieron los españoles cuatro años antes. Todos sabemos que ese periodo de tiempo puede ser, también en política, una eternidad, y que no hace falta haber estudiado en Salamanca para colegir que, en muchas ocasiones -es el caso actual- los criterios del electorado pueden haber cambiado algo, bastante o mucho. eso puede traducirse en que un partido en caída libre pueda llevarse el gato al agua en lo que a comunicación con los electores se refiere y a otro emergente y con proyección no se le permita ni asomar la cabeza.

Todo ello es una de las nefastas consecuencias de que en este país hace ya algunos años que se ha impuesto el bipartidismo -imperfecto por la influencia cualitativa, que no cuantitativa, que pueden llegar a imponer fuerzas minoritarias o, en el caso de España, el desproporcionado peso que la Ley Electoral General ha concedido a los nacionalismos- y, aunque pueda producirse cada cuatro años la alternancia, PSOE y PP aceptan que las escasas plumas que en una ocasión puedas dejar en este reparto netamente injusto, las perderá tu adversario a la próxima.

Y, mientras tanto, como bien recogía el periódico al principio citado en un excelente reportaje, los peridistas se quedan reducidos a "sumadores de tiempos" y las empresas privadas con las manos atadas para aplicar su propia política informativa, sin entrar en si ésta es aséptica o marcadamente partidsta.

Al paso que vamos, con tanta normativa uniformadora, con tanto ley guiada antes por el criterio numérico que por el de la racionalidad, no me extrañaría que en algún momento a los grandes padres de la patria que ahora sufrimos se les ilumine la bombilla y aplican una reforma puentual del mercado laboral en función de los resultados de las elecciones sindicales. Dicho más claro, que le digan a un empresario a la hora de contratar que, de los seis puestos de trabajo que acaba de crear, cuatro tengan que ser para militantes de UGT y dos para Comisiones Obreras, o a a la inversa, siempre en función de los resultados obtenidos por ambas centrales en sus últimos comicios.

No sé si es una buena idea siquiera mencionar algo así. Como suele decirse: "no les des ideas", especialmente a unas personas con tan alta capacidad de decisión y tan poca vergüenza.