Hace escasas horas el Tribunal Constitucional ha revocado el fallo del Supremo que impedía a la coalición abertzale vasca en la que se integra Batasuna, Bildu, presentarse a los comicios del próximo día 22. Como siempre, lo más relevante no es tanto que los ahora 'arrepentidos' de los crimenes de ETA y neófitos en la condena de la violencia terrorista puedan pelear su presencia en los ayuntamientos del País Vasco -aunque su trascendencia en el futuro va a demostrar su importancia, y bastante, para Euskadi-, sino la forma en la que se ha producido y que muy brevemente paso a describir a base de unas breves pinceladas.
La Fiscalía y el Gobierno socialista pensaban hace unos cuantos días que Bildu formaba parte del entramado de ETA y, como tales, no consideraban conforme a derecho su presencia en las municipales de este mes. La decisión del Supremo de esta misma semana, ratificando ese argumentario, hizo salir al propio vicepresidente y responsable de la política antiterrorista, Alfredo Pérez Rubalcaba, a felicitarse por el fallo; otros compañeros del Ejecutivo también se pronunciaron en la misma línea. Conocida esta sentencia, el PNV de Iñigo Urkullu adelantó que quedaban rotos los puentes de colaboración de su partido con el PSOE, lo que se traduciría en la práctica imposibilidad de Zapatero y su equipo de contar con una mayoría suficiente para gobernar y, por ende, sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. En paralelo, y sin aparente relación, empezaron a surgir voces en el PSOE y en el Gobierno opinando que la presencia de los abertzales en los comicios, lejos de ser malo para el sistema democrático, era conveniente. De ahí a defenderlo abiertamente pasaron unas horas. Ayer, en torno a la medianoche, el Constitucional dio la vuelta a la tortilla y por una mayoría de seis votos -los de los magistrados propuestos por el PSOE- a cinco revocó el fallo del Supremo y abrio la puerta a la comparecencia electoral con todas las de la ley de Bildu. Un detalle final de última hora: El citado Urkullu, satisfecho lógicamente de este cambio, afirma que, a partir de ahora, "hay todo un mundo por construir" con los socialistas.
Como tontos ya no quedan en este país, ni los del pueblo que antes ponían su toque personal en cada villorio o aldea, excuso sacar conclusiones, tarea que dejo para mis presuntos lectores.
Llevamos años hablando de la politización de la Justicia y sus más altas instancias se han mostrado durante los últimos tiempos acordes con esa creencia gneralizada, fruto de la guerra entre los grandes partidos para controlarlas mediante la exclusividad que se reservan para nombrar a sus miembros. El Tribunal Constitucional, última instancia para el recurso en España, lejos de haber sido una excepción, se ha mostrado como el órgano más polémico e incapaz de transmitir a los ciudadanos la imagen de independencia que su alta responsabilidad y su papel institucional le conceden a través de la Carta Magna. En vez de mejorar esa imagen, su historia no ha hecho más que deteriorarla. Su última decisión hasta el momento no parece un paliativo a esta afirmación. Y si en esas estamos, ¿tenemos los españoles motivos fundados para confiar en la Justicia?
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