Ahora que nos encontramos inmersos de lleno en una campaña electoral, se me antoja necesario dar la relevancia real que tienen dos iniciativas que circulan precisamente en estas fechas por los medio de comunicación. Los líderes y sus palabras han eclipsado de alguna manera estas dos importantes propuestas que, aunque su origen se sitúe en foros diferentes, tienen que ver, y mucho, con las relaciones entre políticos y ciudadanos, sobre todo por las diferencias que ambas documentos remarcan entre lo que deberían ser y lo que realmento son.
La más reciente de esas dos iniciativas es un libro denominado "Reacciona" y que fue presentado ayer, entre otros, por dos de sus promotores -hay muchos más-, el juez Baltasar Garzón y Federico Mayor Zaragoza -del que no voy a citar un currículo de títulos interminable, aunque sí destaco entre ellos su condición de copresidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones de la ONU o la de presidente de la Fundación para una Cultura de Paz, amén de haber sido ministro con Adolfo Suárez-. Esta publicación, por lo que he leído, trata de 'despertar' a la ciudadanía ante los usos y abusos que de sus votos hace los dirigentes políticos. Una frase que refleja el espíritu del libro es: "Lo peor que se puede hacer en democracia es reirse de los ciudadanos" y la pronunció el siempre polémico Garzón. Y ¿qué piensa el magistrado que es reirse de los ciudadanos? Pues, entre otras cosas "no decir la verdad", "tomarse a broma la corrupción" o "desprestigiar las instituciones" por citar solamente algunas de sus palabras. La iniciativa tiene como objetivo que los españoles dejemos de 'pasar' de los políticos, limitando nuestras quejas a colocarlos en los primeros lugares de los colectivos menos valorados en todas las encuestas del CIS, empecemos a reclamar que cumplan su parte del contrato que representa el apoyo que les damos en las urnas y tengan en cuenta que lo que son se lo deben precisamente a esos votos. Como otra perla de este libro recopilatorio me quedo con unas palabras de Mayor Zaragoza quien, al referirse a la actual situación de nuestro país, asegura que "Nos quitan la justicia social y nos la intercambian por los mercados". ¡No sabra este señor de lo que habla!
Más modesta, pero no menos importante, es la otra iniciativa, que parte de las asociaciones de periodistas y cuenta con el apoyo de otros colectivos involucrados en el sector de la comunicación. En este caso se trata de un manifiesto -que ya ha recogido miles de firmas- contra las ruedas de prensa sin preguntas, una modalidad que ha empezado a proliferar hace algunos años y que ha alcanzado su periodo de esplendor en estos tiempos en que nos encontramos actualmente. Este escrito -que invito a leer a quien no lo conozca- trata de lograr el apoyo de las empresas de comunicación para que los profesionales que tienen cada día la obligación de acudir a estas convocatorias de partidos e instituciones puedan realizar su trabajo sin arriesgarse a una reprimenda, cuando no una sanción, si deciden no dar cobertura a estos actos monologados.
Seguro que algunas personas se dirán: "¡Bah! Ese es un problema de los periodistas". Pero se equivocan. Sentarse en una silla mientras el responsable de turno lee un papel o explica escuetamente las razones de su decisión sin dar opción a conocer los pormenores y las razones de uno u otra, convierte al informador en un mero escribiente y acaba por matar la importante razón social de ser de tales profesionales y los medios a los que representan, que no es otra que servir de cable conductor de comunicación entre políticos y ciudadanos y que estos puedan conocer cualquier posible recoveco, arista o detalle de la actuación y las decisiones que toman sus representantes públicos.
Quede constancia de que, precisamente en estos momentos en los que la política pasa a un primer plano, ambas iniciativas, desde orígenes diferentes, se transforman en un serio aviso a la ciudadanía de los riesgos que la interpretación que de los derechos constitucionales, y de la democracia en general, puedan hacer los representantes públicos se transmuten en actitudes absolutistas como la que cada día más dirigentes políticos e institucionales practican. Son dos serias llamadas de atención para que los ciudadanos tomemos conciencia de que -como antes apuntaba- cada vez que acudimos a las urnas firmamos un contrato con siglas y personas y que estamos obligados a exigirles su cumplimiento.
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